La judicatura impulsa trasformación digital con miras a descongestionar tribunales y cambiar cultura ciudadana
Por: Hogla Enecia Pérez – El Caribe.
Los jueces y los demás actores del sistema de justicia de la República Dominicana han asumido el compromiso de transformar el modo de administrar justicia y en tal sentido, se han ocupado de reducir la mora en sus tribunales, fortalecer la profesionalización y adaptarse a las tecnologías del siglo.
Durante la entrevista especial de elCaribe-CDN, el presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, describió los avances, las transformaciones y los retos de ese poder del Estado para brindar justicia oportuna y que garantice la dignidad de las personas.
“Estamos trabajando en poder lograr que la justicia dominicana sea una justicia centrada en las personas, que sea una justicia abierta, transparente y que sea una justicia que tenga el acceso en el momento que requieran cada una de las personas”, dijo Molina al describir el proceso que ha llevado a que todos los jueces del país firmen de manera digital los expedientes, resoluciones y cualquier petición a su cargo.
Una de los principales retos de la judicatura dominicana, además de fortalecer la legislación, es promover un cambio cultural en los usuarios del sistema. Aunque lidian con los inconvenientes propios de procesos transformativos, el también presidente del Consejo del Poder Judicial describió cómo la Suprema Corte y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) pasaron a estar al día con todos sus casos.
Describió que la Suprema, en la compasión actual, pasó de tener nueve mil casos en atraso a no tener ningún caso en mora y el TSA pasó de tener casos de diez años, a no tener casos de más de un año.
“Eso es una gran transformación”, exclamó al destacar la justicia dominicana paso de estar abarrotada de papeles a no tenerlos porque todos los casos se manejan de manera digital y los magistrados asumen un rol mucho más profesional. El Poder Judicial está trabajando para que los administradores de justicia se concentren en los casos que requieren su atención.
Señaló que el acceso a la justicia de personas con condiciones de vulnerabilidad, en la actualidad es más digno porque se crearon protocolos que permiten que una mujer que ha sido violada o un niño que ha sido maltratado, no tenga que ser revictimizado a lo largo de todo el proceso ya que una única entrevista sirve para todo el proceso.
Reconoció que el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega son las jurisdicciones en donde permanecen más retrasos en impartir justicia y explicó que esto se debe a que, esos departamentos son los que tienen el 60% de la carga de trabajo de la judicatura.
Henry Molina es consciente de que eliminar la mora judicial no es algo que sucederá de la noche a la mañana y por eso apuesta a un cambio en la materia penal en donde los actores puedan llegar a mas acuerdos.
“En la justicia penal entran aproximadamente 30 mil casos por año. Por actuaciones procesales de las partes se convierten en 200 mil casos. Eso no es necesario. Pudiera haberse llegado a un acuerdo en el 90-805 de esos casos y que los casos que vayan a juicio de fondo sean casos que así lo ameriten y requiera entonces, toda la atención del sistema de administración de justicia para un juicio de fondo”, explicó.
Establecerán metas de acuerdos
Al preguntarle respecto a la declaración del director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respecto a que la judicatura no practica lo que predica respecto a los acuerdos, el presidente Molina dijo que están trabajando en el proceso de optimización del proceso penal junto con el Ministerio público y la Defensa Pública a fin de establecer una meta a los tribunales del país.
“Cualquier cambio de gestión requiere una gestión del cambio. Que sea lo suficientemente madura para que cada uno de los actores pueda asumir su rol y estamos estableciendo los mecanismos de supervisión para poder determinar cuántos casos están entrando al sistema y cuáles pueden ser sujetos de acuerdos. Queremos establecer una meta para cada uno de los tribunales del país”, señaló.
Destacó que llegar a acuerdos no es sinónimo de impunidad porque en el sistema judicial cada actor debe jugar su rol. Al mismo tiempo describió que la carga de la prueba recae sobre el órgano acusador, el cual deberá capacitar a los involucrados en la recolección de las pruebas y los jueces tendrán la responsabilidad de validar los acuerdos o en su defecto, rechazarlos y ordenar la celebración de juicios a fin de que en ese escenario se valoren todas las pruebas aportadas.
Molina obvió hacer referencia a los debates en torno a la necesidad de un nuevo Código Penal, sin embargo, enfatizó que ese poder del Estado no se preocupa por el código que se aprueba sino que se ocuparan de aplicarlo.
“La discusión del Código Penal está en el ámbito del congreso nacional y nosotros como jueces debemos ser muy cuidadosos de no intervenir en esa discusión”, respondió al ser cuestionado al respecto a la modificación que desde hace más de 2o años está en proceso.
Quiere seguir en la Suprema
En lo que respecta a la justicia civil, dijo que se debe repensar puesto que no es posible que una persona tenga que ir a un tribunal a una comunicación de documentos. Puso como ejemplo en caso de la Suprema Corte donde, gracias a las leyes de casación de uso y de uso de medios digitales las personas no tienen que trasladarse a un juicio; el proceso se resuelve en cámara de consejo.
El área inmobiliaria es el “dolor de cabeza” de todo el sistema, reconoció.
Luego del desplome de la discoteca Jet Set, donde murieron unas 235 personas, se dio la voz de alarma sobre las condiciones del Palacio de las Cortes del Distrito, razón por la cual se dispuso el traslado de algunos tribunales y personal administrativo.
Al ser cuestionado respecto a las infraestructuras del Poder Judicial, Molina reveló que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) está evaluando el palacio de justicia del Distrito Nacional y puntualizó que dicha infraestructura no representa peligro de vulnerabilidad.
“No tenemos ningún informe de que está en peligro de vulnerabilidad pero es una infraestructura vieja”, refirió sobre el palacio conocido popularmente como Palacio de Ciudad Nueva, donde ha reparado el ascensor pero tiene otras modificaciones pendientes para adaptarla a los requerimientos actuales sobre seguridad.
Al ser cuestionado respecto a la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a tres de los cuatro jueces de la Suprema cuyo período de elección se cumplió, el consejero Molina refirió que ese órgano ha demostrado que funciona y están en el proceso de revisar el reglamento de evaluación creado en el año 2019.
Recordó que hay dos plazas disponibles en la alta corte y que de producirse nueva vacante tras la evaluación que se haga a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, el CNM tendrá que motivar las razones por las cuales se produce. “Decir por qué esa persona no puede continuar”, explicó.
Aunque ahora es uno de los que evaluará el desempeño de los jueces electos hace siete años, Molina, quien el próximo año tendría que ser evaluado por ese mismo órgano, manifestó su interés en continuar ejerciendo la función de presidente del Poder Judicial.
Quiere seguir haciendo lo que está haciendo, siempre que así lo decida el CNM, al tiempo de que expresó su preocupación de que todo el proceso de transformación digital impulsado con la pandemia del COVID-19, se descontinúe.
“Lo que más me preocupa en estos momentos es todo este proceso. Que sean quien fuere, no se detenga”, enfatizó.
Jueces se presionan, pero se entrenaron
Al ser cuestionado sobre la presión social y cómo esto podría impactar en las decisiones de los jueces apoderados de casos que generan gran expectativa social, Henry Molina explicó que los magistrados están formados para lidiar con la presión que implica administrar justicia y que desde la Escuela Nacional de la Magistratura se advierte a los aspirantes a esas funciones sobre lo que implica ser juez.
La presión de la calle influye en los jueces porque son seres humanos “pero tiene que tener la responsabilidad de actuar conforme a lo que fue entrenado, conforme a una ética y conforme a lo que se le está presentando en el momento”, dijo el juez presidente de las salas reunidas de la Suprema.
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