El 11 de agosto de 2024 se conmemoran 26 años de la promulgación de la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial, un hito en la historia de la República Dominicana como estado de derecho y un ejemplo digno de revisitar por la capacidad de los actores políticos de generar consensos institucionales tras la crisis electoral de 1994.
Esta pieza normativa estableció bases sólidas para la independencia judicial y facilitó el surgimiento de relaciones justas y armónicas dentro de la judicatura, sin lugar a duda, sustento de la filosofía de la meritocracia en la “primera ola de reformas” que lideró la integración de la Suprema Corte de Justicia designada en 1997, que incluso antes de contar con la ley se embarcó en una amplia evaluación de los aspirantes a ingresar o mantenerse en cuerpo judicial dominicano.
La ley trajo consigo la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dedicada a la formación de los jueces, que diseñó y desarrolló un plan de estudios para facilitar el ingreso con idoneidad de los nuevos miembros a la carrera judicial en 2001, e inició en 2002 el Programa de Formación de Aspirantes a Juez de Paz, el cual es considerado modelo internacional por su nivel de excelencia.
Desde sus inicios la Escuela se convirtió en un motor de cambio ideológico para lograr que las personas que integran el Poder Judicial asuman el rol de protagonistas en la transformación de la realidad.
Recuerdo que, en el marco del Programa Líderes de Orlando Jorge, cerca del final del período en el que me correspondió dirigir la ENJ, éste me preguntaba sobre cómo cuantificar el aporte de la institución en materia de recursos humanos.
De la respuesta de ese momento quisiera rescatar tres puntos: 1- Hasta que empezó a funcionar en la República Dominicana no se hablaba de la constitucionalización de los procesos, por ella la Constitución inició su aplicación como norma. 2- La inserción de la sana critica como un concepto habitual en nuestros tribunales. 3- Fue la pionera del e-learning en el país.
Todo lo anterior, entre otras cosas, fue capital para que en la reforma constitucional de 2010 se llenara de contenido de principio al estatuto de la carrera judicial – instituido en la reforma de 1994 – insertando los conceptos de mérito, capacidad y profesionalidad como orientadores de todo el desarrollo de la carrera y llevando la Escuela Nacional de la Judicatura a nivel de la Constitución en su ámbito de acción.
Si tuviera que elegir un elemento clave del éxito obtenido hasta ese momento, sin pensarlo dos veces, elegiría a la participación de nuestras juezas y jueces, de cada servidor que se interesó por compartir de manera horizontal lo mejor de su práctica y recibir lo mejor de la práctica de otro.
En los últimos años, del mismo modo, con las ideas y con esfuerzo de todos hemos venido abordando tareas pendientes para fortalecer la carrera judicial, donde un escalafón que considera la antigüedad, la capacidad y los méritos ha sido aprobado y actualizado en cuatro ocasiones (2021-24), permitiendo mayor transparencia en cientos de designaciones de promoción o traslado; o una nueva evaluación de desempeño sustentada en productividad y actualización ha empezado a funcionar, eliminando la posibilidad subjetividad en la valoración del rendimiento judicial. Esto, junto a otros componentes en etapa inicial, como la compensación variable por desempeño, van cimentando el camino para un nuevo salto cualitativo del sistema de carrera, que compite con los más avanzados de occidente.
Son muchos los desafíos que estos tiempos de digitalidad, posverdad y populismo imponen a nuestro Poder Judicial, sin embargo, nos llena de optimismo mirar todo lo recorrido tras la designación de la Suprema del 97, del primer ingreso a la carrera de profesionales y de las 516 egresadas y egresados del Programa de Formación de Aspirantes a Juez desde 2002. Celebramos la consolidación de nuestra carrera judicial y de contar con una Escuela Judicial modelo, no solo a nivel nacional, sino también en toda Iberoamérica y el mundo.
