La violencia contra las mujeres es una preocupación mundial y nacional que ha sido constante. Un horror latente ante el que algunos siguen desviando la mirada. En el pasado lo he calificado como hemorragia, por la insistencia de sucesos lamentables, en los que las mujeres son atacadas muchas veces hasta perder la vida. El horror de este drama pasma a los más indolentes, porque cada 25 de noviembre, que conmemora la tragedia contra las hermanas Mirabal, nos encuentra con políticas insuficientes ante la realidad de los hechos.
La ley suele parecer incapaz de ponerse en el lugar de las mujeres en un sistema regido por y para hombres. Por eso cobra sentido convocar a todo el liderazgo de la nación, hoy renovado, a verificar las vías con que cuentan las instituciones y el Derecho para combatir este lamentable fenómeno. Existe la necesidad urgente de identificar y poner en movimiento mecanismos jurídicos para proteger a las mujeres y sus derechos. Pero también hay formas a mano para impedir que en el curso del reclamo y busca de protección, las mismas sean afectadas y revictimizadas por el propio sistema ante las tragedias que las afectan.
Es necesario un sistema jurídico y una sociedad sensible a los problemas de las mujeres, que ponga atención y comprenda la situación en que las mujeres se encuentran a la hora de reclamar sus derechos y el cuidado del Estado ante su desprotección. Abogar para que los conflictos no se distorsionen ni pongan en peligro a las personas. Lograr que los tribunales vayan a la par con las necesidades de mejora de la sociedad y aporten a la solución de las problemáticas que afectan a todas las personas, en especial a las mujeres, quienes son vulnerables.
No toda la solución al problema de la violencia y el machismo está en nuestras manos. Sin embargo, la idea de someter a mujeres y niñas abusadas a revivir su infierno por debilidades del sistema es atroz y dolorosa. Por ello el Poder Judicial ha puesto en marcha acciones para la adecuación del funcionamiento del sistema de justicia para acoger y facilitar el acceso a las mujeres víctimas de violencia y asegurar un trato digno para todas las mujeres que acuden a la justicia.
Entre las acciones llevadas adelante se cuenta la puesta en funcionamiento y ampliación de los servicios de los centros de entrevistas especializados, para reducir el peso de la recolección de la prueba en mujeres maltratadas. El objetivo de estos centros es garantizar los derechos, la integridad y la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, victimas o testigos. De igual modo, se llevó a cabo la actualización del protocolo de funcionamiento, para acoger la protección de la imagen e integrar los aspectos del eje Justicia para todas y todos del Plan Estratégico Visión Justicia 20/24. Así como la realización de estudios para observar la situación de las personas en situación de vulnerabilidad en los procesos y el sistema, con la renovación y fortalecimiento del Observatorio Justicia y Género.
La transversalización de la perspectiva de género en la administración de justicia es urgente ante la insistente tragedia de la violencia machista y de los femicidios. La necesidad de comprender los temas de género permitirá a los servidores judiciales reducir el espacio de los prejuicios en los tribunales, como un paso de avance ante su persistencia en toda la sociedad.
Se trata de cambiar la cultura machista y sus espacios de reproducción, por ser fuente de violencias que, reproducidas, se materializan en hechos lamentables de la vida cotidiana que laceran la integridad y los derechos de las mujeres y destruyen el alma de la familia dominicana.
