La virtualidad en las operaciones del Poder Judicial ha sido una reacción de contingencia que se implementó como parte del Plan de Continuidad de labores en el marco de la pandemia. Su funcionamiento ha tenido críticas, quejas y resistencias a las cuales el Poder Judicial ha estado receptivo y atento. Desde su anuncio, se estableció que se trata de un proceso de prueba-error y que conlleva limitaciones y fallas a las cuales se les da seguimiento permanente para lograr la mejora continua. Difícilmente una respuesta, en el marco de una emergencia puede contar con el rigor necesario para satisfacer a todas las personas. Hay una curva de aprendizaje que necesariamente impacta en las operaciones. Y, sin embargo, día a día, se ha ido mejorando la capacidad de respuesta virtual.  

Durante la fase inicial del Plan de continuidad de labores posterior a la pandemia hubo un total de 2,897 audiencias programadas de forma virtual y un total de solución acumulado de 19.55%. En la fase intermedia hubo 4,483 audiencias y el total de solución aumentó a 39.74%. En la fase avanzada, a través del Servicio Judicial se han programado 25,455 audiencias, con un total de solución del 75.29%.  

Se han monitorizado las reacciones, escuchado a los distintos sectores, asumiendo y poniendo en marcha correctivos. Se sigue haciendo. Las soluciones remotas y la virtualidad buscan ser garantía de seguridad sanitaria para evitar contagios y proteger personas en riesgo, así como para no comprometer el sistema sanitario de nuestro país.  

Hemos ofrecido y pedido a la comunidad jurídica comprensión, paciencia y prudencia. A pesar de las problemáticas, la respuesta digital supone una opción para que abogadas y abogados puedan acceder a la Justicia desde sus hogares o donde se encuentren. El Servicio Judicial es una vía de acceso a los tribunales más directa. Agrega eficiencia, trazabilidad a la gestión y reduce los costos de traslado y el impacto ambiental. Se trata de un canal opcional para ejercer sin ir a la sede. 

Las abogadas y abogados que decidan el contacto remoto cuentan con una nueva oportunidad a disposición. El programa de formación y habilitación tecnológica para abogadas y abogados suple una necesidad para el acceso de aquellos que por la brecha digital o falta de habilidades no han podido incorporarse a la virtualidad. Conscientes de que la comunidad jurídica dominicana tiene profesionales del Derecho con recursos limitados, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), se ha determinado una serie de acciones para aumentar las capacidades y habilidades en el manejo de los programas y acelerar el proceso de implementación.  

“Yo me apunto a la virtualidad” incluye a los actuantes en justicia en general, abogadas, abogados, Ministerio Público y Defensa Pública. Sus componentes impactan directamente en el objetivo de reducir la brecha de acceso y que puedan disponer de equipos tecnológicos y servicios de conectividad apropiados. Se busca permitir soluciones remotas, consolidar la virtualidad como garantía, afrontar los desafíos de modo didáctico, comprendiendo las necesidades de los abogados y abogadas.  

Buscamos  fortalecer las capacidades y ampliar el radio de acceso en cumplimiento del eje estratégico Justicia para todas y todos, establecido en el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24.