Porque lo cierto es que, hasta hace poco, la mora judicial era algo que se daba por hecho. Incluso en la Suprema, o mejor dicho, especialmente en la Suprema.

Jueces, empleados, abogados y usuarios convivían con la idea de que un caso podía durar cuatro, seis o diez años sin que nadie se sorprendiera demasiado. Había un fatalismo instalado: “los procesos tardan lo que tienen que tardar” así fueran diez años para, por ejemplo, una litis inmobiliaria.

Pero lo que entonces parecía inevitable, hoy es impensable. En la actualidad, la Suprema conoce el 90% de sus expedientes en el plazo de seis meses y se ha convertido en una de las cortes supremas que está más al día de América Latina.

Esa transformación no ha estado exenta de críticas. Algunos sostienen que la rapidez puede afectar la calidad de las decisiones. Pero la realidad es la contraria: estar al día también es una forma de calidad. La mora judicial no es eficiencia ni rigor, sino una carencia que daña derechos, desalienta inversiones y debilita la confianza ciudadana. Un sistema que resuelve con agilidad, con criterios claros y decisiones accesibles, es un sistema más justo y más democrático.

Para lograrlo, ha sido clave introducir filtros que ordenen el flujo de los casos, de forma parecida a como se hace en un sistema de salud eficiente. No todo paciente necesita una cirugía, del mismo modo que no todo conflicto debe llegar a la Suprema. La mediación, la conciliación y los acuerdos entre las partes son la atención primaria; los tribunales especializados son los médicos de segundo nivel; y la Suprema Corte de Justicia, con su función casacional, es el especialista que interviene sólo cuando es necesario. Este diseño permite que la Corte se concentre en los asuntos de mayor trascendencia y mantenga su jurisprudencia viva y coherente.

Y, por supuesto, uno de los mayores filtros para evitar la sobrecarga del sistema es el interés casacional, que define qué casos merecen llegar a la Suprema Corte de Justicia. Este principio no es una barrera, sino una garantía: permite que la Corte concentre su labor en aquellos asuntos que realmente tienen relevancia jurídica, que pueden unificar criterios, corregir interpretaciones erróneas o desarrollar nuevas líneas doctrinales. De ese modo, la Suprema actúa como una corte casacional en el sentido pleno del término: no revisa cada caso individual para volver a juzgar los hechos, sino que vela por la coherencia del Derecho, asegurando que las normas se apliquen con sentido y uniformidad en todo el país.

Este fue el espíritu que inspiró la creación de la Juriteca, una herramienta que democratiza el acceso a las sentencias y permite que abogados, estudiantes y ciudadanos conozcan los criterios más recientes de la Suprema. Cuando todos pueden acceder al precedente, el sistema se vuelve previsible y se reducen los casos innecesarios.

En este proceso, las academias jurídicas tienen mucho que aportar. Tradicionalmente, la enseñanza del Derecho se ha basado en los grandes doctrinarios: libros que la comunidad jurídica acoge y valida como fuente de autoridad. Esa ha sido una forma legítima de transmisión del saber, pero también limitada. Porque el Derecho no es un conjunto de textos fijos: es un ente vivo, que cambia con la sociedad y se alimenta de las decisiones judiciales. Una Suprema Corte de Justicia activa, con sentencias de calidad, mantiene ese Derecho en movimiento.

Por eso, en las aulas hay que enseñar las sentencias de la SCJ. No como anexos al final de la carrera, sino como parte del aprendizaje cotidiano. En el ejercicio profesional, los abogados no se enfrentan a tratados teóricos, sino a decisiones concretas, a interpretaciones vivas del Derecho. Y es en esas decisiones donde se expresa la evolución jurídica de un país. Me lo han comentado varios estudiantes de distintos países: muchas veces, las sentencias se estudian tarde o casi no se estudian. Esa costumbre debería cambiar si queremos un Derecho verdaderamente conectado con la realidad.

Algunos han manifestado en ocasiones la reticencia de que una Suprema Corte que resuelve rápido corre el riesgo de equivocarse. Pero los hechos desmienten esa idea. El porcentaje de decisiones revocadas por el Tribunal Constitucional es mínimo, apenas un 0,18 % entre 2019 y 2025, eso da cuenta de una labor seria, rigurosa y de calidad. La velocidad no es enemiga del rigor; la demora, en cambio, sí es enemiga de la justicia.

Lo que tenemos por delante es un objetivo claro: que las decisiones se resuelvan en menos de seis meses, en casos excepcionales de un año y que cada sentencia sea una verdadera aportación al desarrollo del Derecho dominicano.

Seguiremos trabajando por una Suprema Corte de Justicia sin mora, que emita sentencias oportunas y de calidad, y que contribuya a mantener un ecosistema jurídico vivo, capaz de responder a los intereses de las personas, las instituciones y el país. Porque el Derecho, como la democracia, sólo existe plenamente cuando se mantiene en movimiento.

PUBLICADO EN DIARIO LIBRE: Una Suprema sin mora, un Derecho más vivo

LEER TAMBIÉN:

Discurso de apertura del XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica

Intervención en el Panel: “Eficiencia Judicial y Democracia”

GALERÍA:

En este contexto, el Poder Judicial tiene el deber de facilitar la labor de los notarios porque su trabajo de autenticar documentos y garantizar la veracidad de las transacciones legales ayuda a prevenir disputas y reduce la carga sobre los tribunales, promoviendo un sistema legal más eficiente.

Por eso recientemente presentamos el Reglamento de Firma Digital para Notarios, que proporciona un marco legal robusto y detallado para que  los documentos digitales se mantengan a la par de los documentos tradicionales, aportando un nuevo nivel de seguridad y confianza tanto para los notarios como para los usuarios dominicanos.  

El reglamento establece normas estrictas para garantizar que los datos suministrados en las distintas plataformas y sistemas notariales digitales gocen de la más amplia protección, de conformidad con la Constitución y los estándares de lo dispuesto en la Ley núm. 140-15 y la Ley núm. 126-02.

Para el sistema de justicia, representa una significativa mejora en la agilización de procesos. La digitalización reduce tiempos y costos administrativos, mejora la transparencia y trazabilidad de las actuaciones notariales, y también facilita el acceso a la información de manera segura y eficiente.  

Además, al integrar la tecnología digital, nos alineamos con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo nuestra posición y competitividad en un mundo cada vez más interconectado.

Para los usuarios, las ventajas son aún más palpables. El reglamento permite ya realizar trámites notariales de manera telemática, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos y permitiendo una mayor comodidad y accesibilidad. 

Imaginemos a un ciudadano que necesita autenticar un documento desde una ubicación remota. Con este reglamento, podrá hacerlo de manera segura y eficiente, ahorrando tiempo y recursos valiosos. 

Asimismo, la seguridad jurídica está plenamente garantizada, ya que las firmas digitales seguras cumplen con estrictos requisitos normativos y ofrecen la misma validez legal que las firmas manuscritas.

La integridad se garantiza mediante el uso de firmas digitales seguras o cualificadas y la implementación de medidas técnicas de protección que avalan los documentos en medios digitales seguros.

La trazabilidad y la transparencia son también esenciales. Los sistemas y herramientas utilizadas para la gestión de documentos digitales notariales deben permitir rastrear toda la historia de las interacciones y modificaciones de un documento, sin afectar la protección de los datos personales. 

La transparencia asegura que las partes tengan acceso a toda la información vinculada con los documentos notariales digitales, salvo las excepciones expresadas por la ley, fomentando así un entorno de confianza y seguridad.

Por último quiero destacar el liderazgo del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, cuyo compromiso y visión han sido fundamentales para llevar a buen término este proyecto.  

Gracias a su labor y a la de todos los que han colaborado en este proyecto, hemos dado un paso significativo. No solo mejoramos los procesos notariales en nuestro país sino que además avanzamos hacia un entorno legal cada vez más accesible y menos sobrecargado por los trámites burocráticos.

De acuerdo con la resolución número 50-2024 del Pleno de la SCJ, la medida busca modernizar y facilitar los procesos notariales, garantizando la seguridad de los documentos en formato digital, en atención a lo dispuesto en la Ley núm. 140-15, sobre Notariado, y Ley núm. 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.  

El Reglamento cuenta con el respaldo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Colegio Dominicano de Notarios, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.    

Durante el acto, el juez presidente de la SCJ sostuvo que la aprobación del reglamento obedece al proceso de trasformación de un Poder Judicial abierto, humano, eficiente, digitalmente competente y comprometido con el Estado de Derecho. 

“Con la entrada en vigencia de este marco jurídico, los ciudadanos podrán realizar trámites notariales desde cualquier lugar, eliminando desplazamientos, costos y obstáculos geográficos. Esto representa un cambio sustancial en el acceso a los servicios, especialmente para quienes viven en zonas alejadas, para las personas con movilidad reducida, y para quienes requieren respuestas rápidas y eficientes sin perder seguridad jurídica”, señaló. 

Aseguró que el nuevo marco refuerza la función del notario como garante de la fe pública, y conserva plenamente su rol legitimador, con herramientas para ejercerlo en escenarios virtuales, más ágiles y seguros.  

“El principio de integridad de los documentos, la protección de los datos personales, el seguimiento de cada modificación a través de mecanismos de trazabilidad y la garantía de confidencialidad, constituyen blindajes éticos y técnicos indispensables en esta nueva era”, indicó Henry Molina. 

De su lado, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, valora que este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso con una República Dominicana más ágil, transparente y conectada con los estándares tecnológicos del siglo XXI. 

“Celebramos esta colaboración con el Poder Judicial como un paso firme hacia la transformación digital del Estado dominicano. La implementación de la firma digital en la función notarial fortalece la seguridad jurídica, y representa un avance significativo en la eficiencia y modernización de los servicios públicos.”, indicó. 

Mientras que, el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Jhon Richard Paniagua, manifiesta el respaldo del gremio que dirige a la iniciativa, y señaló que la misma, marca un hito en la modernización del notariado.   

“La firma electrónica fortalece nuestra función, siempre que se implemente con responsabilidad y respeto a la seguridad jurídica. Este avance debe ser gradual, voluntario y acompañado de formación adecuada. Reafirmamos nuestro compromiso con una transformación digital ética y eficiente”, señaló.  

El Colegio Dominicano de Notarios (CDN) es la institución encargada de ejercer la vigilancia permanente para garantizar el cumplimiento de las normas éticas y legales para la elaboración de los instrumentos notariales con firmas digitales seguras.  Para ello, el CDN deberá hacer una evaluación previa de quienes deseen habilitarse para emitir firmas digitales seguras, e impartirá los entrenamientos necesarios.   

Luego de obtenida dicha habilitación, los notarios podrán solicitar su firma cualificada ante las entidades certificadoras avaladas por el Indotel, acorde a la normativa vigente. En el caso de los funcionarios consulares, esta habilitación debe ser realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Asimismo, las medidas son aplicables a los funcionarios designados como cónsules en el extranjero. 

De igual forma, el Consejo de Administración de la Plataforma de Gestión Notarial es el órgano colegiado encargado de tomar decisiones estratégicas, administrativas, seguimiento, supervisión y funcionamiento para el presente reglamento, el cual entrará en vigor en un plazo no mayor de 12 meses a partir de la fecha de su publicación.   

En la actividad estuvieron presentes el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Rosanna Ruiz; representantes del Mirex, así como jueces, juezas y miembros de la comunidad jurídica.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ha asumido un rol transformador, redefiniéndose como una verdadera Corte de Casación centrada en el interés casacional, la consolidación del precedente y el acceso amplio a la jurisprudencia.

Esto no responde a una moda pasajera ni a una simple apuesta por la eficiencia: responde a una concepción jurídico-política del derecho como proceso vivo, enraizada en una tradición institucional profunda. Como señalaba Patricio Aylwin, "la misión de la casación es la de fijar el verdadero sentido y alcance de la ley, perfeccionando la que sea oscura, dudosa e incompleta mediante una recta interpretación", y en tal sentido, participa más de la función legislativa que de la judicial. Esa es precisamente la misión que hoy asume la Suprema Corte de Justicia: orientar, educar y transformar la cultura jurídica desde el precedente.

Lejos de degradar la calidad, el interés casacional ha elevado el nivel técnico de los recursos y ha consolidado una cultura del precedente. Los litigantes ya no pueden limitarse a citar normas aisladas: deben demostrar contradicciones entre fallos, fundamentar en la jurisprudencia consolidada, y plantear cuestiones de relevancia general. Este cambio metodológico ha profesionalizado el litigio, enriquecido el debate y reducido la dispersión de criterios. La Suprema Corte de Justicia, al actuar como guía doctrinal, emite fallos con mayor claridad, sabiendo que su palabra traza línea para el resto del sistema.

Esto se traduce en una mayor seguridad jurídica, más predictibilidad y una justicia más igual para todos. No se trata de acelerar por acelerar, sino de combatir la cultura del expediente estancado mediante una mejor organización, el estudio crítico de la jurisprudencia y la formación continua de nuestros jueces. Queremos decisiones buenas y oportunas: ágiles, pero también rigurosas.

Inspirada en la metodología de Paulo Freire de ver, analizar, actuar, esta transformación judicial promueve una pedagogía jurídica activa, que parte de los casos reales y construye conocimiento desde la experiencia. De esta forma,  la Suprema Corte de Justicia enseña con sus fallos: crea cultura jurídica en diálogo con la sociedad, involucrando a abogados, estudiantes y jueces en un proceso continuo de aprendizaje colectivo. Los boletines y el acceso digital a la jurisprudencia, sobre todo al Anuario de Jurisprudencia Casacional son expresión concreta de esa voluntad democratizadora.

Hoy, estudiar derecho en la República Dominicana implica conocer la jurisprudencia y comprender su función formativa. La Suprema Corte no sólo decide casos, sino que orienta, previene litigios innecesarios y fortalece la igualdad ante la ley. Esa función pedagógica es también una función democrática.

La experiencia dominicana no improvisa, se inscribe en una corriente republicana de alta calidad institucional. Referentes internacionales, como la CEPEJ, el Tribunal Supremo español o la Suprema Corte de Justicia mexicana, han avanzado en modelos semejantes de selección de casos y consolidación de precedentes. La Suprema Corte de Justicia se alinea con estas buenas prácticas, adecuándolas a nuestro contexto y necesidades.

Como afirmaba Aylwin, recogiendo la tradición del Tribunal de Casación francés y de los fundamentos históricos del recurso, este instrumento fue concebido para conservar la unidad de la jurisprudencia y asegurar la igualdad jurídica, no como una tercera instancia, sino como una garantía de legalidad y coherencia. Esa es la justicia viva que estamos construyendo en República Dominicana: una justicia que no se agota en el procedimiento, sino que se expresa como cultura, se enseña como formación y se vive como garantía de derechos.

En definitiva, el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación no es una apuesta por la velocidad en detrimento de la calidad, es una estrategia integral para mejorar ambas. La jurisprudencia como derecho vivo nos permite responder más rápido, pero también más justo. Y esa es, en esencia, la transformación que estamos impulsando, una justicia que aprende, que escucha, que orienta y que sirve con más rigor y más humanidad.

La calidad no se sacrifica en nombre del tiempo. La calidad exige tiempo razonable. Y el tiempo razonable exige instituciones que piensen, decidan y enseñen con visión. Esa es la Suprema Corte de Justicia que estamos construyendo.

Santo Domingo.- El Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, presentó este jueves ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas los logros alcanzados por el Poder judicial en el período 2019-2024 en reducción de la mora judicial, acceso a los servicios y la transparencia institucional. 

“Este encuentro, inédito por iniciativa del Poder Judicial, no es solo un gesto simbólico: es una manifestación concreta del ideal republicano que guía nuestra democracia, donde los poderes del Estado dialogan y cooperan para responder con eficacia a las necesidades del pueblo dominicano”, señaló el Juez presidente.  

Durante su presentación, el magistrado Molina sostuvo que en Cero Mora la SCJ resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023 y que, al cierre del año 2024, la Segunda Sala de esa alta corte cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes. 

“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, sostuvo Henry Molina. 

Calificó como grandes conquistas la implementación de la Ley Núm. 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y la aplicación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en la totalidad de tribunales, simplificando la tramitación electrónica de expedientes y transparencia en el proceso judicial.  

Henry Molina informó ante los legisladores que más de cinco millones de documentos jurisdiccionales y administrativos se han firmado digitalmente desde el 2020, gracias a la implementación de la firma digital, y la digitalización del expediente al 100%. 

Señaló que un gran logro ha sido la celebración de las audiencias virtuales para tribunales civiles, comerciales, laborales y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) de acuerdo con lo estipulado en la Ley Núm. 339-22. Asimismo, la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, reduciendo en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días. 

Sostuvo que, con la inauguración del Palacio de Justicia de Jarabacoa, el Poder Judicial acercó lo servicios de justicia a más de 57,000 personas y aseguró que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este servirá a unos 800 mil ciudadanos(as).

De igual manera indicó que la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste mejorará significativamente el acceso a la justicia de sus munícipes. 

Informó que el Registro Inmobiliario, en el marco del Plan de Titulación del Poder Ejecutivo, emitió más de 200 mil títulos de propiedad en los últimos cuatro años, habilitó el servicio de alertas registrales y fortaleció la digitalización y automatización de los procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuestas y garantizar una gestión más eficiente.  

Por otro lado, dijo que un logro significativo es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, que tiene como objetivo promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.

También la Co-creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal. 

En el ámbito internacional, subrayó que como Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en mayo de este año en Santo Domingo, se han liderado espacios de diálogo regional sobre acceso, eficiencia y transparencia, posicionando al país como referente regional.  De la misma forma, el Poder Judicial lidera el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas comunes sobre justicia abierta, datos abiertos, género y ética judicial. 

Durante el acto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco dijo.

Mientras que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco manifestó.

Henry Molina aboga por eliminación de tasas judiciales y aprobación urgente de leyes para la transformación de la justicia 

El Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, abogó también ante el Congreso Nacional por la eliminación de las tasas judiciales en una nueva legislación; a la vez que solicitó la aprobación de tres piezas legislativas, las que calificó como urgentes y fundamentales para alcanzar la transformación iniciada por el Poder Judicial. 

“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, argumento el juez presidente. 

Ante una presentación de logros y desafíos del Poder Judicial ante las comisiones de justicia de ambas cámaras legislativas, Henry Molina señaló esas iniciativas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley para la optimización de los procesos y actualización de la Ley de Registro Inmobiliario. 

Durante su presentación, aseguró que la primera actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; 

La segunda permitirá simplificar y agilizar los trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria y, la tercera con la finalidad de fortalecer los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados.  

Aseguró que con el apoyo del Congreso Nacional esas leyes harán sostenible la transformación en la justicia. “Una transformación que es fundamental para la seguridad jurídica, que permite el atractivo para la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”.   

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, presentó este jueves ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas los logros alcanzados por el Poder Judicial en el período 2019-2024 en reducción de la mora judicial, acceso a los servicios y la transparencia institucional.

“Este encuentro, inédito por iniciativa del Poder Judicial, no es solo un gesto simbólico: es una manifestación concreta del ideal republicano que guía nuestra democracia, donde los poderes del Estado dialogan y cooperan para responder con eficacia a las necesidades del pueblo dominicano”, señaló el juez presidente.

Cero mora

Durante su presentación, el magistrado Molina sostuvo que en Cero Mora la SCJ resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023 y que, al cierre del año 2024, la Segunda Sala de esa alta corte cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes.

“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, sostuvo Henry Molina.

Calificó como grandes conquistas la implementación de la Ley Núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y la aplicación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en la totalidad de tribunales, simplificando la tramitación electrónica de expedientes y transparencia en el proceso judicial.

Molina informó ante los legisladores que más de cinco millones de documentos jurisdiccionales y administrativos se han firmado digitalmente desde el 2020, gracias a la implementación de la firma digital y la digitalización del expediente al 100%.

Señaló que un gran logro ha sido la celebración de las audiencias virtuales para tribunales civiles, comerciales, laborales y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), de acuerdo con lo estipulado en la Ley Núm. 339-22.

Asimismo, la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, reduciendo en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día, y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.

Sostuvo que, con la inauguración del Palacio de Justicia de Jarabacoa, el Poder Judicial acercó lo servicios de justicia a más de 57,000 personas y adelantó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este servirá a unos 800 mil ciudadanos(as).

De igual manera, indicó que la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste mejorará significativamente el acceso a la justicia de sus munícipes.

Otros logros significativos

Informó que el Registro Inmobiliario, en el marco del Plan de Titulación del Poder Ejecutivo, emitió más de 200 mil títulos de propiedad en los últimos cuatro años, habilitó el servicio de alertas registrales y fortaleció la digitalización y automatización de los procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuestas y garantizar una gestión más eficiente.

Por otro lado, dijo que un logro significativo es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, que tiene como objetivo promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición efectiva de cuentas.

También la co-creación del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.

En el ámbito internacional, subrayó que como Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en mayo de este año en Santo Domingo, se han liderado espacios de diálogos regionales sobre acceso, eficiencia y transparencia, posicionando al país como referente regional.

De la misma forma, el Poder Judicial lidera el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas comunes sobre justicia abierta, datos abiertos, género y ética judicial.

Durante el acto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, calificó como un hecho sin precedentes y significativo para el fortalecimiento del sistema democrático la presentación de logros realizada por el juez presidente de la SCJ ante el Congreso Nacional.

“Nuestra voluntad de seguir colaborando con el Poder Judicial en las reformas necesarias para la modernización del sistema de justicia en los tiempos demandan eficiencia, celeridad y equidad en la administración de justicia, y estamos comprometidos a proporcionar el apoyo legislativo necesario para alcanzar esos objetivos”, reiteró.

Presidente Cámara de Diputados

Mientras que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco calificó el encuentro de significativo para los dos poderes del Estado que participaron, y vio con mucho entusiasmo que esa iniciativa sea institucionalizada de manera anual.

“El compromiso con la institucionalidad es extremadamente importante, y también contribuye significativamente con la transparencia de estos dos poderes del Estado”, aseguró Pacheco.

Henry Molina aboga por eliminación de tasas judiciales y aprobación urgente de leyes para la transformación de la justicia

El Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, abogó también ante el Congreso Nacional por la eliminación de las tasas judiciales en una nueva legislación; a la vez que solicitó la aprobación de tres piezas legislativas, las que calificó como urgentes y fundamentales para alcanzar la transformación iniciada por el Poder Judicial.

Los cambios en la Justicia

“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, argumento el juez presidente.

Ante una presentación de logros y desafíos del Poder Judicial ante las comisiones de justicia de ambas cámaras legislativas, Henry Molina señaló esas iniciativas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley para la optimización de los procesos y actualización de la Ley de Registro Inmobiliario.

Durante su presentación, aseguró que la primera actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y agilizar los trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria, y la tercera, con la finalidad de fortalecer los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados.

Aseguró que con el apoyo del Congreso Nacional esas leyes harán sostenible la transformación en la justicia. “Una transformación que es fundamental para la seguridad jurídica, que permite el atractivo para la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”.

El juez presidente Henry Molina estuvo acompañado por jueces y juezas que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como por funcionarios (as) Judiciales.

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, presentó este jueves ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas los logros alcanzados por el Poder Judicial en el período 2019-2024 en reducción de la mora judicial, acceso a los servicios y la transparencia institucional.

“Este encuentro, inédito por iniciativa del Poder Judicial, no es solo un gesto simbólico: es una manifestación concreta del ideal republicano que guía nuestra democracia, donde los poderes del Estado dialogan y cooperan para responder con eficacia a las necesidades del pueblo dominicano”, señaló el juez presidente.

Durante su presentación, el magistrado Molina sostuvo que en Cero Mora la SCJ resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023 y que, al cierre del año 2024, la Segunda Sala de esa alta corte cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes. “Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país.

Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, sostuvo Henry Molina.

Calificó como grandes conquistas la implementación de la Ley Núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y la aplicación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en la totalidad de tribunales, simplificando la tramitación electrónica de expedientes y transparencia en el proceso judicial.

Henry Molina informó ante los legisladores que más de cinco millones de documentos jurisdiccionales y administrativos se han firmado digitalmente desde el 2020, gracias a la implementación de la firma digital y la digitalización del expediente al 100%.

Señaló que un gran logro ha sido la celebración de las audiencias virtuales para tribunales civiles, comerciales, laborales y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), de acuerdo con lo estipulado en la Ley Núm. 339-22.

Asimismo, la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, reduciendo en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día, y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.

Sostuvo que, con la inauguración del Palacio de Justicia de Jarabacoa, el Poder Judicial acercó lo servicios de justicia a más de 57,000 personas y adelantó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este servirá a unos 800 mil ciudadanos(as).

De igual manera, indicó que la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste mejorará significativamente el acceso a la justicia de sus munícipes.

Informó que el Registro Inmobiliario, en el marco del Plan de Titulación del Poder Ejecutivo, emitió más de 200 mil títulos de propiedad en los últimos cuatro años, habilitó el servicio de alertas registrales y fortaleció la digitalización y automatización de los procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuestas y garantizar una gestión más eficiente.

Por otro lado, dijo que un logro significativo es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, que tiene como objetivo promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición efectiva de cuentas.

También la co-creación del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.

En el ámbito internacional, subrayó que como Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en mayo de este año en Santo Domingo, se han liderado espacios de diálogos regionales sobre acceso, eficiencia y transparencia, posicionando al país como referente regional.

De la misma forma, el Poder Judicial lidera el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas comunes sobre justicia abierta, datos abiertos, género y ética judicial.

Durante el acto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, calificó como un hecho sin precedentes y significativo para el fortalecimiento del sistema democrático la presentación de logros realizada por el juez presidente de la SCJ ante el Congreso Nacional.

“Nuestra voluntad de seguir colaborando con el Poder Judicial en las reformas necesarias para la modernización del sistema de justicia en los tiempos demandan eficiencia, celeridad y equidad en la administración de justicia, y estamos comprometidos a proporcionar el apoyo legislativo necesario para alcanzar esos objetivos”, reiteró.

Mientras que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco calificó el encuentro de significativo para los dos poderes del Estado que participaron, y vio con mucho entusiasmo que esa iniciativa sea institucionalizada de manera anual.

“El compromiso con la institucionalidad es extremadamente importante, y también contribuye significativamente con la transparencia de estos dos poderes del Estado”, aseguró Pacheco.

Henry Molina aboga por eliminación de tasas

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, abogó también ante el Congreso Nacional por la eliminación de las tasas judiciales en una nueva legislación; a la vez que solicitó la aprobación de tres piezas legislativas, las que calificó como urgentes y fundamentales para alcanzar la transformación iniciada por el Poder Judicial.

“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, argumento el juez presidente. Ante una presentación de logros y desafíos del Poder Judicial ante las comisiones de justicia de ambas cámaras legislativas, Henry Molina señaló esas iniciativas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley para la optimización de los procesos y actualización de la Ley de Registro Inmobiliario.

Durante su presentación, aseguró que la primera actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y agilizar los trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria, y la tercera, con la finalidad de fortalecer los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados.

Aseguró que con el apoyo del Congreso Nacional esas leyes harán sostenible la transformación en la justicia.

“Una transformación que es fundamental para la seguridad jurídica, que permite el atractivo para la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”.

El juez presidente Henry Molina estuvo acompañado por jueces y juezas que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como por funcionarios (as) Judiciales.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, instó al Congreso Nacional a aprobar tres leyes fundamentales para la modernización del sistema judicial dominicano: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para la Optimización de los Procesos y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario.

Lea también: Transformación digital de la justicia dominicana

Durante su comparecencia ante las comisiones de Justicia del Senado y la Cámara de Diputados, Molina enfatizó que estas normativas son esenciales para fortalecer la independencia, eficiencia y organización del Poder Judicial.

Además, su implementación permitiría agilizar los procesos, reducir la carga litigiosa y modernizar los trámites registrales en beneficio del sector público y privado.

«Si realmente creemos en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Esta es la contribución que el Poder Judicial quiere hacer», subrayó Molina, al defender la eliminación de las tasas judiciales en una futura legislación.

El magistrado resaltó que la aprobación de estas leyes garantizaría la sostenibilidad de la transformación judicial y reforzaría la seguridad jurídica del país, un factor clave para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico.

Avances del Poder Judicial 2019-2024

Molina presentó los logros alcanzados en los últimos cinco años, destacando la reducción de la mora judicial, la digitalización de procesos y la ampliación del acceso a la justicia.

Gracias a la iniciativa «Cero Mora», la SCJ resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores a 2023. La Segunda Sala de la alta corte logró que, al cierre de 2024, ningún caso tenga una antigüedad superior a seis meses, poniendo fin a 42 años de acumulación de expedientes. Además, se proyecta que para marzo de 2025 el 72% de los tribunales del país estarán al día.

Otro avance clave ha sido la implementación de la Ley No. 339-22, que autoriza el uso de medios digitales en los procesos judiciales.

Actualmente, el Sistema de Gestión de Casos (SGC) opera en todos los tribunales, con más de cinco millones de documentos firmados digitalmente y la aplicación del expediente electrónico en un 100%.

Las audiencias virtuales han optimizado el funcionamiento de tribunales civiles, comerciales, laborales y del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Además, un sistema de transcripción automática implementado en 31 tribunales ha reducido en un 80% el tiempo de elaboración de actas de audiencia.

También se ha logrado una reducción del 53% en los tiempos de respuesta de trámites registrales, pasando de 15 a 7 días.

En materia de infraestructura, el Poder Judicial inauguró el Palacio de Justicia de Jarabacoa, beneficiando a más de 57,000 personas, y la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que atenderá a 800,000 ciudadanos.

La construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste avanza para mejorar el acceso a la justicia en esa demarcación.

El Registro Inmobiliario ha emitido más de 200,000 títulos de propiedad en los últimos cuatro años en el marco del Plan de Titulación del Poder Ejecutivo.

Asimismo, ha fortalecido la digitalización y automatización de procesos para mejorar la eficiencia en la gestión.

Transparencia y Proyección Internacional

El lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial ha sido una medida clave para promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

A esto se suma la co-creación del Plan Estratégico Decenal, en colaboración con distintos sectores de la sociedad y organismos internacionales, con la participación de 3,000 personas y la generación de 746 iniciativas para modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.

En el ámbito internacional, República Dominicana lidera la agenda judicial regional al asumir la Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará en mayo en Santo Domingo. Además, encabeza el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, promoviendo temas de justicia abierta, datos abiertos, equidad de género y ética judicial.

Conscientes de que toda institución que maneja fondos públicos debe rendir cuentas sobre su uso, el 25 de julio de 2018, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán, remitió una comunicación a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, solicitando la realización de una auditoría que abarcara el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. Posteriormente, en la sesión ordinaria núm. 19-2021, celebrada el 1 de junio de 2021, se autorizó al magistrado presidente, Luis Henry Molina Peña, a remitir una nueva comunicación a la Cámara de Cuentas, ampliando la solicitud de auditoría para incluir los años 2019 y 2020. Más recientemente, en la sesión ordinaria núm. 39-2024, celebrada el 10 de diciembre de 2024, se reiteró esta solicitud para que se ampliara el período de auditoría hasta el año 2024.

Valoramos el trabajo de la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador externo y reconocemos la importancia de su labor para complementar y enriquecer nuestros propios esfuerzos de control interno. Por eso hemos instruido a las áreas financieras de los órganos de apoyo operativo para que faciliten el proceso de auditoría, garantizando así la mayor colaboración posible.

Pero además, el Poder Judicial ha ido más allá. El 4 de junio de 2019, en la sesión ordinaria núm. 019-2019, se aprobó por unanimidad la realización de un proceso de contratación para llevar a cabo una auditoría legal-financiera. Este proceso contempló una primera etapa de auditoría previa, que abarcó los ejercicios 2017-2018 y 2019-2020, y una segunda etapa de auditorías permanentes para el período 2019-2025. Para garantizar la independencia del proceso, se estableció que la empresa encargada de la auditoría permanente debía ser distinta de la que realizó la auditoría previa.

Nuestra posición ha sido clara y coherente desde el inicio: profundizar en una justicia abierta y que rinde cuentas ha sido eje central del Poder Judicial. Desde el primer momento se ha priorizado la actualización de las áreas y normas que tienen relación con la fiscalización, la ética y la transparencia.

De hecho, es importante subrayar que la información financiera y presupuestaria del Poder Judicial es pública y está permanentemente disponible en nuestro portal de transparencia, en cumplimiento con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

Adicionalmente, ahondando nuestro compromiso con la transparencia, compartimos los siguientes datos relevantes sobre nuestra gestión, desde el punto de vista del servicio prestado por el Poder Judicial a los dominicanos durante el año 2024.

• 68,703 usuarios atendidos.
• 26,148 notificaciones realizadas.
• 7,445 citaciones realizadas.
• 38,121 solicitudes secretariales finalizadas.
• 6,591 certificaciones de decisiones emitidas.
• 21,551 registros de depósitos de documentos.
• 7,994 certificaciones de estatus jurídico expedidas.
• 656 copias de expedientes digitales entregadas.
• 1,329 desgloses de expedientes procesados.

Estos datos reflejan el esfuerzo continuo de un Poder Judicial que se capacita, actualiza y pone toda su energía en mejorar la eficiencia, el acceso a la justicia y la atención a la ciudadanía.

La transparencia no es solo un principio, sino un eje fundamental de nuestro accionar. Pues, como hemos dicho, es la piedra angular del fortalecimiento y la legitimidad del sistema judicial. Seguiremos trabajando para garantizar que la justicia continúe aumentando la confianza de la sociedad y con ello aportando a la estabilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestro país.

Desde hace años, enfrentamos el reto de reducir la mora judicial y mejorar la coherencia en las decisiones de los tribunales. Sabíamos que no sería fácil, pero hoy podemos decir que lo que antes era inercia ahora está de nuestro lado. Cada iniciativa que promueve el análisis de nuestras sentencias, que invita a la discusión y a la crítica constructiva, nos acerca más a una cultura jurídica en la que la justicia no solo se dicta, sino que también se examina y se perfecciona constantemente.

Con la promulgación de la Ley 2-23 sobre el Recurso de Casación, el rol de la Suprema Corte de Justicia en la construcción de un derecho coherente y predecible se ha vuelto aún más evidente. La norma establece con claridad que la labor de la Corte de Casación es garantizar la uniformidad en la jurisprudencia nacional. Pero esto no se logra sólo con normas; requiere una interpretación consistente y accesible que contribuya a la seguridad jurídica.

Este anuario responde precisamente a esa necesidad. No se limita a documentar lo que ya ha sido decidido, sino que:

• Nos permite entender las razones detrás de cada fallo.
• Nos ayuda a cuestionarlas cuando sea necesario.
• Contribuye a que la práctica judicial evolucione de manera coherente con los principios de un Estado de derecho fuerte.

Si hay algo que la experiencia me ha enseñado es que la justicia no solo se ejerce en los tribunales: también se construye en los espacios de reflexión académica, en las aulas, en el trabajo de quienes analizan las decisiones judiciales con rigor y compromiso. 

Durante mucho tiempo, el estudio del Derecho en nuestras universidades se ha centrado en la teoría, en la doctrina, en la interpretación de la norma escrita. Pero la realidad es que el derecho no vive en los textos legales: vive en sus aplicaciones, en sus fallos, en la manera en que cada decisión impacta la vida de las personas.

Más allá del análisis técnico, este anuario representa algo fundamental: la vigilancia sobre la calidad y prontitud de la justicia. Cada uno de los sesenta autores que han contribuido a esta obra ha asumido un rol clave en este proceso. Ninguno de ellos callará cuando vea que un caso ha tardado más de lo debido. Ninguno dejará de consignar las razones por las que una decisión fue correcta o por qué, en su criterio, no lo fue. Ese es el verdadero motor del cambio: el compromiso de cada actor del sistema con la transparencia y la rendición de cuentas.

Para quienes hoy están en su etapa universitaria: Les animo a aprovechar cada momento de formación. No hay experiencia comparable con la del salón de clases, con la conversación entre compañeros y profesores, con el aprendizaje que surge del debate y la reflexión.

Mi reconocimiento y gratitud para mis colegas, quienes han colaborado en hacer posible este anuario, especialmente a los doctores Mery Fernández y Antonio García Padilla por su labor de coordinación