La reforma del Estado no se ha limitado a los aspectos administrativos, sino que ha tocado atributos institucionales importantes, como lo ocurrido al amparo de dos reformas constitucionales que abordaron dimensiones muy relevantes, como las de 1994 y la de 2010.

Leyes como la de administración pública, la de los municipios, la creación de órganos constitucionales como las altas cortes, reforma de lo electoral, introducción de sistemas de control y gestión financiera y administrativa se encuentran entre las diversas renovaciones.

En 2014 serán casi 20 años de reformas ininterrumpidas en aspectos fundamentales, institucionales y administrativos.

Sin embargo, la calidad de nuestra gestión pública, de la administración de justicia, de prestación de servicios básicos para la convivencia, a pesar de las reformas, renovaciones y modernizaciones, siguen siendo percibidas como deficientes por la mayoría de la población y por los estudiosos y críticos más perspicaces.

Tengo la hipótesis de que mucho de lo que se ha renovado no ha tenido el efecto deseado porque no hemos estado actuando sobre el marco de comprensión e interpretación de lo que es una convivencia digna, de derechos y garantías.

Nuestra noción de lo público ha estado afectada por la concepción patrimonial del Estado.

Desde la colonia, la relación entre la población y la administración de los intereses y bienes comunes ha sido de enajenación. Y la relación entre los detentadores del poder público, del poder político y la administración ha sido de apropiación particular.

Un ejemplo concentrado de esto fue la era de Trujillo, en la que los intereses del grupo articulado alrededor del tirano prevalecieron sobre toda la sociedad, que permanecía alienada del poder.

Eso es lo que hay que cambiar.

Necesitamos que los gobernados nos comportemos con lo público como un espacio de acuerdo y garantías, de obligaciones y responsabilidades compartidas que permiten que los intereses comunes sean protegidos para a su vez garantizar que un mínimo básico de lo que importa a cada uno sea protegido y provisto por la acción estatal; y que los que tenemos la responsabilidad de gestionar lo público dejemos de comportarnos como si esto fuera un patrimonio personal o de grupo y comencemos a referir nuestro accionar, nuestra comprensión y nuestro discurso a un referente colectivo, institucional con fuertes ataduras a una ética pública, a un deber ser compartido por toda la sociedad, validado y legitimado por todos y todas.

Esta es la cuestión por resolver.

La validación moral o ética y la social son imprescindibles si queremos que lo legal y lo institucional funcionen conforme a las prescripciones de nuestras leyes y códigos. Necesitamos un gran pacto nacional de todos los actores sociales, económicos y políticos. O una serie de acuerdos o pactos parciales que articulados conformen un gran convenio, una coalición de intereses para producir el cambio necesario.

Es un reto difícil.

En su búsqueda, la administración del presidente Danilo Medina está fraguando nuevas formas y referencias de lo que es el ejercicio del poder.

Nuevas formas y referencias de lo que es el servicio público. Hacia esos grandes propósitos nos encaminamos.

Y es mucho lo que falta por hacer.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 14 de noviembre del 2013, ver publicación en el Periódico El Día  

Las políticas públicas en materia económica son una dimensión de la gestión de los intereses comunes que permite que los actores económicos, es decir, empresas, empresarios, profesionales, trabajadores y consumidores entre otros, podamos decidir con anticipación nuestras formas de actuar respecto de temas incluidos en ellas. Esto confiere a la dinámica de los intereses materiales o económicos una racionalidad imprescindible, porque permite saber con anticipación cuáles son las reglas de juego y cuáles son los escenarios posibles para determinados temas. De esta forma se pueden elaborar estrategias y planes. Y así funciona en gran medida la dimensión económica de la sociedad.

La estabilidad y confiabilidad son esenciales en una economía moderna, porque de ellas surge la previsibilidad que permite calcular los riesgos y generar las estrategias. Cambiar reglas de juego es posible, pero debe estar justificado en situaciones sobre las que exista cierto grado de consenso.

Necesitamos que la previsibilidad y las reglas de juego estables y de largo plazo se conviertan en elementos fundamentales de la cultura y las prácticas de nuestro país en los aspectos económicos, de modo que podamos generar la experiencia y las capacidades que llevan a la riqueza y la equidad.

Lo que se ha avanzado en la economía dominicana en los últimos años obedece fundamentalmente a estos atributos de estabilidad, confiabilidad y previsibilidad. No dejemos que situaciones de emergencias supuestas o reales destruyan ese patrimonio compartido.

Publicada en Santo Domingo, fecha 21 de julio de 2010, ver Publicación en Perspectiva Ciudadana

Miles de personas han expresado su indignación, rechazo o temor frente a “la policía” en campañas sobre el tema que básicamente han utilizado medios digitales.

Que paulatinamente se manifieste una creciente apreciación negativa sobre las fuerzas de orden público debe preocuparnos por cuanto, a pesar de la versión oficial de que la criminalidad se ha reducido, la percepción generalizada es que estamos siendo ferozmente acometidos por parte de  una ola de criminalidad, en diversos grados.

Si una ciudadanía amenazada hasta el punto que la percepción de protección personal está en entredicho también deslegitima al agente responsable de velar por el orden y la seguridad pública, estamos ante una situación sintomática de la anomia a la que se han hecho diversas referencias últimamente.

La gravedad del asunto es como para que desde las esferas de autoridad se les preste atención a las variables que son expresadas en la protesta, la indignación y el clamor crecientes. El problema es de cohesión social, de políticas sociales antes que de represión.

Lo que está haciendo crisis es un concepto y un modelo de seguridad pública autoritaria que debe ser sustituido por uno de seguridad ciudadana democrática basada en derechos y prestaciones sociales, pero en el que una estructura civil sea la responsable de velar por el bienestar de la población y en el que la sujeción de todo el sistema de seguridad pública al imperio de la ley, de carácter y origen civil, sea puesto en el primer plano por quienes detentan la responsabilidad de protegernos. La solución no es más autoritarismo sino más democracia en la sociedad y en las instituciones y procedimientos garantes de la seguridad pública.

Publicada en Santo Domingo, 28 de julio de 2010, verPublicación Perspectiva Ciudadana