SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial (CPJ) firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional junto con otras entidades gubernamentales e internacionales para el registro oportuno y tardío de nacimientos en la República Dominicana.

El presidente del CPJ, magistrado Luis Henry Molina Peña, solicitó que se evalúe la posibilidad de promover reformas legales que permitan la des judicialización de los procesos de actas de nacimiento.

Molina Peña habló durante la firma del Acuerdo Macro sobre Registro de Nacimiento que se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

“Es preciso subrayar el hecho de que los únicos medios de prueba que admite el procedimiento de declaración son propios de la Junta Central Electoral. Por lo que es necesario evaluar la posibilidad de promover reformas legales que permitan la des judicialización del proceso relativo a las actas de nacimiento. Para que se establezca como trámite puramente administrativo en el seno de la Junta Central Electoral (JCE)”, sostuvo el magistrado presidente.

El también presidente de la Suprema Corte de Justicia señaló que complicar en sede judicial la solución a un trámite administrativo que reclama la ciudadanía resulta un escollo evitable.

“El interés superior del niño presupone que un menor de edad debería contar con su identidad sin necesidad de trabas ni retrasos. Asumiendo que es acogido el 99.77% de los casos de demandas en materia de ratificación de declaración tardía de nacimiento, pondero necesario y pertinente procurar que este sea un proceso administrativo en el seno de la Junta Central Electoral», indicó.

Además, aseguró que el Poder Judicial hará todo lo que está en sus manos para facilitar la agilización de los procesos y el logro del conocimiento oportuno.

“Se corresponde con el deber jurídico, pues es mandato legal, constitucional y relativo a diversos acuerdos internacionales. Pero es, también, como se ha dicho, una opción de convicción del sistema de justicia, que en su planificación estratégica ha decidido poner en primer lugar a las personas vulnerables, entre las que se encuentran niñas, niños y adolescentes”, agregó.

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Diez instituciones públicas en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Unicef) pusieron en marcha un plan para dotar de actas de nacimiento a los más de 200 mil niños que no fueron registrados tras su nacimiento.

El programa será ejecutado a través de los hospitales públicos, con la puesta en funcionamiento de 30 unidades de registros en esos centros médicos, número que sería elevado a 45 en 2022 y 60 para el 2023.

El programa iniciará con un plan piloto para dotar de registro civil a los 29,500 niños que no fueron declarados ante una oficialía durante la pandemia.

Para lograr esa meta, se firmó el Acuerdo Interinstitucional para el Registro Oportuno y tardío de Nacimientos en la República Dominicana entre la Junta Central Electoral, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio Público, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Nacional a la Primera Infancia y el Programa Supérate,

En un acto en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Abinader agradeció el apoyo y compromiso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), signatario del acuerdo.

Las partes firmantes constituyeron un comité que se reunirá trimestralmente para monitorear los avances del plan de acción y detectar demoras y dificultades.

Neney Cabrera, encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia, explicó que, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2018 un 8. 3% de los niños menores de cinco años no contaba con un acta de nacimiento, sobre todo en zonas marginadas y rurales.

Abinader sostuvo que, para el cumplimiento de este cometido ha sido necesaria la unificación de criterios y la buena disposición de diferentes organismos del Estado, empezando por la Junta Central Electoral, como organismo rector y responsable último de la inscripción de todos los actos oficiales del Estado Civil.

La primera dama, Raquel Arbaje, en su calidad de presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que “no podemos permanecer impasibles ante el hecho de que 200 mil niños y niñas dominicanos carezcan de identidad, y que esta situación adquiera carácter permanente, robándoles en el futuro la oportunidad de ejercer la ciudadanía y de ser miembros de pleno derecho de nuestra sociedad”.

“Como tampoco podemos no sentir rubor ciudadano cuando vemos que, según un mapa interactivo del Banco Interamericano de Desarrollo, la República Dominicana ocupa el quinto lugar del continente con un 18.9 de niños menores de cinco años cuyos nacimientos no han sido registrados. Es decir, niños y niñas que, para los efectos prácticos, no existen”, agregó Arbaje.

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