La inclusión, en la Constitución de 2010, de mecanismos e instancias que habían demostrado su validez y eficacia ha sido un acierto y una confirmación de que hay que seguir fortaleciendo y avanzando en lo que está bien.

Las nuevas estructuras del Poder Judicial, la reorganización funcional que separa lo constitucional de lo administrativo y de lo jurisdiccional, el nuevo fortalecimiento de la carrera judicial, la defensa pública y la introducción del defensor del pueblo, así como las  medidas constitucionales que fortalecen la estructuración, la carrera y la independencia del ministerio público buscan superar debilidades, innovar y fortalecer la administración de justicia.

Con la aplicación y desarrollo, por la vía legislativa y administrativa, de las disposiciones constitucionales referidas a nuestras cortes y al ministerio público, se establecerán mejores condiciones para una administración de justicia eficiente y eficaz.

El resto de lo necesario corresponde al campo de la política pública: Una política de combate a la criminalidad que tome lo mejor del paradigma de las ventanas rotas, que comprenda que la cuestión de controlar la criminalidad no es de incremento de penas y reducción de garantías, sino de evitar, prevenir, contener y extender la cobertura de la seguridad ciudadana.

Debemos hacer más eficientes tanto a los cuerpos policíacos como al ministerio público y los tribunales. Además hay que establecer mecanismos independientes de control, seguimiento y verificación. Y, concurrentemente, las políticas sociales, las que dan base a la cohesión social, que es la verdadera fuente de la integración y de la seguridad ciudadana.

El apego a la legalidad, al cumplimiento y la superación de la impunidad. Todo esto es que necesitamos para el ahora y para los nuevos tiempos.

Publicado en Santo Domingo, fecha 5 de octubre de 2011, ver publicación en Perspectiva Ciudadana.

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