Por este motivo, como cada año, el pasado 30 de enero, quien suscribe este artículo presentó su informe de Desempeño 2025 tanto en su condición de juez del Pleno como en el ejercicio de las atribuciones propias de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

El informe recoge las actuaciones realizadas en el ejercicio de las distintas funciones institucionales vinculadas a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, a la Escuela Nacional de la Judicatura, al Registro Inmobiliario y a la Defensa Pública. Más allá de las cifras (sesiones celebradas, decisiones adoptadas o resoluciones aprobadas), su valor central reside en el mensaje que transmite: la función judicial puede y debe ser evaluada, sin menoscabo de su independencia.

Uno de los avances más significativos que refleja el informe es el impacto concreto de las políticas orientadas a reducir la mora judicial. En 2025, se asumió como compromiso que ningún expediente permanezca sin decisión por más de seis meses, con resultados verificables en la mayoría de las jurisdicciones y una reducción sostenida de los tiempos promedio de resolución.

Resolver en plazos razonables no es solo una exigencia de eficiencia; es una condición de dignidad para las personas que esperan una respuesta del sistema de justicia.

En esa misma línea, la transformación digital dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica cotidiana. El uso generalizado del Sistema de Gestión de Casos, la expansión del Portal de Acceso Digital y la automatización de servicios como la publicación de boletines judiciales han cambiado la forma en que ciudadanos, abogados y operadores interactúan con la justicia. Como hemos explicado en otros momentos, la digitalización no sustituye al juez ni al juicio, pero sí reduce tiempos, elimina barreras innecesarias y mejora la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

Esta práctica de rendición de cuentas se inscribe, además, en una concepción moderna de la ética judicial. La ética no se limita a la conducta individual del juez, sino que se proyecta como una responsabilidad institucional permanente. El fortalecimiento del Comité de Comportamiento Ético, la incorporación de expertos nacionales e internacionales y la aprobación de protocolos para la protección de datos personales y para la atención de personas en condición de vulnerabilidad son expresiones concretas de esa visión.

Otro hito mencionado en el informe es la presentación del Plan Estratégico Decenal 2025–2034, Justicia del Futuro, refleja la voluntad del Poder Judicial de pensar más allá del corto plazo, anticipar desafíos y fortalecer sus capacidades institucionales con una visión centrada en las personas, la innovación responsable y la toma de decisiones basada en evidencia.

Mirando hacia el futuro, rendir cuentas no debe ser una práctica excepcional ni limitada a los más altos cargos. Debe consolidarse como una cultura judicial, en la que todos los jueces, en el ámbito de sus competencias, asuman que informar sobre su trabajo es parte esencial del servicio público que prestan. 

La justicia del siglo XXI exige jueces técnicamente competentes, éticamente íntegros y socialmente responsables. Cuando la justicia se explica, se entiende. Y cuando se entiende, se confía en ella. Ese es uno de los mayores aportes que puede hacer un Poder Judicial comprometido con la dignidad humana, la legalidad y el futuro democrático del país.

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Publicado en Listín Diario

Rendir cuentas fortalece la justicia.

Desde hace años, enfrentamos el reto de reducir la mora judicial y mejorar la coherencia en las decisiones de los tribunales. Sabíamos que no sería fácil, pero hoy podemos decir que lo que antes era inercia ahora está de nuestro lado. Cada iniciativa que promueve el análisis de nuestras sentencias, que invita a la discusión y a la crítica constructiva, nos acerca más a una cultura jurídica en la que la justicia no solo se dicta, sino que también se examina y se perfecciona constantemente.

Con la promulgación de la Ley 2-23 sobre el Recurso de Casación, el rol de la Suprema Corte de Justicia en la construcción de un derecho coherente y predecible se ha vuelto aún más evidente. La norma establece con claridad que la labor de la Corte de Casación es garantizar la uniformidad en la jurisprudencia nacional. Pero esto no se logra sólo con normas; requiere una interpretación consistente y accesible que contribuya a la seguridad jurídica.

Este anuario responde precisamente a esa necesidad. No se limita a documentar lo que ya ha sido decidido, sino que:

• Nos permite entender las razones detrás de cada fallo.
• Nos ayuda a cuestionarlas cuando sea necesario.
• Contribuye a que la práctica judicial evolucione de manera coherente con los principios de un Estado de derecho fuerte.

Si hay algo que la experiencia me ha enseñado es que la justicia no solo se ejerce en los tribunales: también se construye en los espacios de reflexión académica, en las aulas, en el trabajo de quienes analizan las decisiones judiciales con rigor y compromiso. 

Durante mucho tiempo, el estudio del Derecho en nuestras universidades se ha centrado en la teoría, en la doctrina, en la interpretación de la norma escrita. Pero la realidad es que el derecho no vive en los textos legales: vive en sus aplicaciones, en sus fallos, en la manera en que cada decisión impacta la vida de las personas.

Más allá del análisis técnico, este anuario representa algo fundamental: la vigilancia sobre la calidad y prontitud de la justicia. Cada uno de los sesenta autores que han contribuido a esta obra ha asumido un rol clave en este proceso. Ninguno de ellos callará cuando vea que un caso ha tardado más de lo debido. Ninguno dejará de consignar las razones por las que una decisión fue correcta o por qué, en su criterio, no lo fue. Ese es el verdadero motor del cambio: el compromiso de cada actor del sistema con la transparencia y la rendición de cuentas.

Para quienes hoy están en su etapa universitaria: Les animo a aprovechar cada momento de formación. No hay experiencia comparable con la del salón de clases, con la conversación entre compañeros y profesores, con el aprendizaje que surge del debate y la reflexión.

Mi reconocimiento y gratitud para mis colegas, quienes han colaborado en hacer posible este anuario, especialmente a los doctores Mery Fernández y Antonio García Padilla por su labor de coordinación

Entre 2019 y septiembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dio solución a 46,070 expedientes, como parte del plan contra de la mora judicial, informó ayer el pleno de la alta corte, durante la actualización del programa para el período 2024-2026, con la finalidad de acelerar resoluciones de casos pendientes y fortalecer la seguridad jurídica.

Resaltó que esa cifra supera el porcentaje de resoluciones emitidas en 2020, cuando inicialmente la alta corte adoptó el plan contra la mora judicial, en respuesta a una situación crítica, en la que había más de 18,000 recursos pendientes, algunos de los cuales databan de 1982.

Agregó que el objetivo central es garantizar que los expedientes, tanto los interpuestos bajo la Ley 3726 (antigua Ley de Casación), como los de la Ley 2-23 (Ley de Casación), sean fallados dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Tiene, además, un enfoque tendente a fortalecer la seguridad jurídica nacional, con los pasos en la implementación de la Ley 2-23 y el interés casacional.

Respecto de los plazos, informó que el plan contra la mora judicial, tiene como meta intermedia “que los expedientes se decidan dentro de los seis meses, a partir de su ingreso a las salas correspondientes”.

Avances años 2021-2022

Indicó que en 2021 fueron resueltos, de manera definitiva, 11,637 recursos de casación y que en 2022 se le dio solución definitiva al 100% de los recursos que tenían bajo su responsabilidad las salas de la Suprema Corte de Justicia, antes de 2019, “reduciendo el tiempo de espera de los casos sin decisión de 40 a cuatro años”.

Para 2024-2026, reafirma el compromiso de seguir reduciendo tiempo.

Fuente: Loyda Peña HOY DIGITAL.

Este año se cumplen dos décadas desde la implementación del Código Procesal Penal, y seguimos comprometidos con el objetivo de consolidar el sistema acusatorio y honrar la misión de nuestra labor judicial.

Tener un sistema judicial y penitenciario humano es una condición indispensable para la dignidad de todas las personas, sin excepción. Sin embargo somos conscientes de las carencias del sistema, las cuales han sido analizadas y descritas en varias ocasiones, la última de ellas en el Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023, presentado en agosto de este año.

Este fue un objetivo y sobrio análisis que nos recuerda que esta necesaria dignificación no es aún una realidad. Queda mucho trabajo por hacer por parte de todos las instituciones presentes.

Con este marco en mente, he dirigido una carta a los Jueces Coordinadores, Jueces Penales y Jueces de Paz de nuestro país en la que detallo el alcance de este plan y las acciones específicas en las que nos enfocaremos para resolver deficiencias históricas. Este esfuerzo, liderado por un equipo de magistrados y altos funcionarios, tiene como pilares:

1. Asegurar la liberación puntual de los privados de libertad que han cumplido su condena.
2. Garantizar la presentación de actos conclusivos dentro del plazo legal.
3. Reducir el uso desproporcionado de la prisión preventiva.
4. Incrementar el uso de acuerdos penales para agilizar procesos.
5. Mejorar la coordinación en el procesamiento de casos de alto impacto.
6. Facilitar el acceso a servicios médicos para personas privadas de libertad que lo necesiten.
7. Fomentar la interoperabilidad entre los actores del sistema de justicia.
8. Desincentivar el abuso de recursos de apelación.
9. Crear tableros de indicadores compartidos para asegurar la transparencia del sistema.
10. Establecer un protocolo de comunicación interinstitucional para mejorar la pedagogía de la justicia.
11. Ampliar el sistema de compensación variable para todos los operadores, basado en indicadores objetivos.

Esta carta representa un llamado a la participación activa de todos los operadores de justicia para llevar a cabo esta misión, que no solo beneficiará al ámbito penal, sino que fortalecerá todo el sistema judicial.

Porque la transformación profunda que buscamos en nuestro sistema de justicia penal no depende únicamente de los jueces. Aunque el rol y esfuerzo de cada magistrado y juez son fundamentales en este proceso, es igual de crucial el respaldo y colaboración de todos los actores del sistema judicial, así como de la sociedad en su conjunto. Superar viejas prácticas y construir un sistema más justo y eficiente requiere una suma de voluntades y una disposición compartida para implementar cambios que fortalezcan la justicia en todos sus niveles.

Desde el Ministerio Público hasta la Defensa Pública, pasando por los operadores técnicos y administrativos del sistema, cada pieza tiene un papel único en la realización de esta transformación. Igualmente, la participación activa de la ciudadanía es fundamental: la sociedad necesita involucrarse, demandar transparencia y tener fe en que la justicia está trabajando para proteger sus derechos.

Lograr un sistema de justicia que sirva de manera íntegra y equitativa a la comunidad requiere entonces un cambio de cultura y actitud, tanto en el ámbito judicial como en el público. Solo así podremos avanzar hacia una justicia que actúe sin distinción, con un enfoque ético y humano. Este camino no es fácil y exige compromiso, pero cada esfuerzo invertido en este proceso acercará al sistema judicial a los valores de justicia, libertad, igualdad, solidaridad y respeto a la dignidad de las personas que nuestra sociedad merece.