El reporte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sobre el estado de las administraciones de justicia en América Latina bajo el Covid19 reúne las experiencias y medidas adoptadas por quince países de la región, analizando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en los procesos judiciales y el modo en que han actuado los poderes judiciales. Los casos observados son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Trece de estos tuvieron que atravesar por alteraciones del servicio, en ocho se reprogramaron audiencias y solo dos países mantuvieron los servicios presenciales.  

Suspensión de los servicios normales, suspensión de plazos, atención limitada a causas urgentes, teletrabajo, horarios especiales presenciales y semipresenciales en algunas localidades, suspensión de audiencias, reprogramaciones, asignación de turnos, realización de audiencias por escrito y virtuales. A través de distintas formas, protocolos y mecanismos cada institución ha definido de manera legitima el modo de abordar y responder a las necesidades del sector justicia y de la sociedad.  

Amparo, Habeas corpus, violencia de género y medidas de coerción han sido los tipos de procesos más comunes. El Salvador, Guatemala, Nicaragua y el Paraguay, por diversas razones, no implementaron tecnología para la realización de audiencias, aunque si tomaron medidas. En su mayoría los países se vieron obligados a suspender las labores y los plazos en lo que preparaban las estructuras y el personal para operar sin poner en extremo riesgo a los jueces, juezas, servidores y actuantes en justicia. Pero más allá de la pandemia, las tendencias internacionales en materia de Justicia indican una potenciación del uso de las tecnologías, sea a través de plataformas comerciales o con softwares especializados. Ante la necesidad de adecuar la institucionalidad judicial y su funcionamiento, distintos foros discuten las mejores vías y lo sucedido en marzo, a nivel planetario, no ha hecho más que acelerar el ritmo.  

Es hora de alzar la voz en la región por fortalecer los horizontes y herramientas de capacitación para la transformación digital, la incorporación de dispositivos y metodologías que mejoren los indicadores y aprovechen las ventajas de la automatización. Herramientas que puedan cimentar un ejercicio del Derecho acorde a la realidad post-pandemia.  

No cabe duda de que, a pesar de las limitaciones técnicas, la contingencia posibilitará una mayor apertura de todos los actores del sistema a las vías tecnológicas.  Aportando así a lo que ya se perfilaba en todos los foros internacionales sobre Justicia: una transformación regional que permita a los poderes judiciales cumplir su función de manera oportuna y eficiente. Y es que la tecnología ya no es simplemente una opción en sociedades conectadas. En el marco del desarrollo democrático y la configuración hiper-digitalizada de las relaciones humanas del futuro cercano, con ciudadanías exigentes e informadas, la Justicia deberá transformarse o su obsolescencia pondrá en peligro la convivencia.