El presidente de la SCJ dijo que la Justicia dominicana es fiel a la visión de una mayor equidad e inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.  

El Poder Judicial se reunió con representantes de instituciones gubernamentales e internacionales para socializar la propuesta “Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia”, que tiene como finalidad el abordaje en el trato digno a todas las personas usuarias del servicio de justicia y de manera especial, a aquellas con dificultad de acceso al servicio de justicia.  

Este encuentro se realiza en el marco de la implementación del Plan Estratégico del Poder Judicial, Visión Justicia 20/24, el cual establece en su primer eje “Justicia para todas y todos”, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de la población en condición de vulnerabilidad. Esta propuesta de Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia está fundamentada en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, y ha sido posible con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).   

La propuesta tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas de actuación que vinculen a todos los integrantes del Poder Judicial en el trato a los usuarios del sistema de justicia dominicano, con especial énfasis a aquellas poblaciones con mayor limitación o vulnerabilidad múltiple, tales como personas menores de edad, envejecientes, personas con discapacidad, migrantes, personas del colectivo LGTBI, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, personas en situación de pobreza y pobreza extrema y las personas privadas de libertad.  

La Guía ya fue presentada en sesión ante el Consejo del Poder Judicial, que a su vez instruyó a la Dirección de Justicia Inclusiva hacer las gestiones necesarias de consultas públicas, tanto a lo interno como a lo externo del Poder Judicial, desde el pasado 5 de abril hasta el 29, para su posterior solicitud de aprobación definitiva por parte del Consejo.  

Los encuentros externos están dirigidos a entidades y ONGs relacionadas a la protección de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y la promoción de sus derechos, las cuales presentarán propuestas.  

A la presentación de esta Guía están invitadas instituciones del Estado como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (Conape), Oficina Nacional de Defensa Pública, y organismos internacionales interesados en el tema.  

El proceso de socialización ha sido realizado con la presentación de la propuesta en tres modalidades: la primera, es la colocación en la página Web del Poder Judicial, a fin de que las personas puedan acceder y hacer sus opiniones por la misma vía, a través del correo electrónico del Consejo del Poder Judicial, la segunda es la conformación de mesas virtuales con la participación de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, además se han llevado a cabo, otras con jueces y juezas, así como con integrantes del Poder Judicial y la tercera son encuentros presenciales del Magistrado Presidente del Consejo del Poder Judicial, Lcdo. Luis Henry Molina Peña, acompañado de jueces y las direcciones responsables del proyecto.  

 Molina Peña aseguró que “el compromiso con la Justicia para Todas y Todos ha sido un marco de trabajo, ya no limitado al territorio, sino comprendiendo, en esencia, la función judicial. Pero, sobre todo, la idea expresada por el escritor Paul Auster, de que no es posible una justicia que no sea para todas y todos, que nadie puede quedar excluida o excluido, pues de lo contrario no sería justicia”.  

 Agregó que la Justicia dominicana es fiel a la visión de una mayor equidad e inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.  

  “Al establecer esta guía y ampliar el alcance de los mecanismos de dignificación y no revictimización, así como al trabajar la cultura y las barreras de acceso, nos acercamos más a nuestra finalidad constitucional y a la construcción de una justicia más humana”, indicó. 

 En tal sentido, se realizó una consulta que estuvo presidida por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Lcdo. Luis Henry Molina Peña, contó con la participación de la Sra. Pilar Pardo Rubio, consultora internacional que expuso la propuesta de Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, experta en temas de igualdad de género. También contó con la presencia de la Sra. María Blanca Yánez Minondo, Coordinadora General de AECID en el país.  

En el encuentro estuvieron presentes la Magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia, las Lcdas. Melisa Bretón, directora General Técnica y Rosa Iris Linares Tavárez, directora de Justicia Inclusiva del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela, secretaria general del Consejo del Poder Judicial. 

 El Plan Estratégico del Poder Judicial, Visión Justicia 20/24 señala que existen poblaciones con mayores dificultades para acceder al servicio de justicia que otras, y por tanto se hace necesario adecuar las formas para prestar el servicio, eliminando las barreras en sus distintas naturalezas. 

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La Visión Justicia 20/24 es el plan que durante meses proyectamos en el Poder Judicial. Lo hicimos en jornadas de trabajo, socialización y sesiones de revisión técnica. Un proceso inolvidable que además de unir más a las juezas, jueces y servidores judiciales, impregnó de entusiasmo y energía renovadora a quienes buscamos con nuestro trabajo lograr la Justicia que demanda y merece la sociedad dominicana.  

Esa motivación conlleva un fuerte compromiso de la judicatura con dar respuesta oportuna y atender de manera eficiente los casos. Además, buscamos remediar realidades y problemáticas que cuestionan el sistema de justicia. Distorsiones y problemas históricos que no han podido encontrar solución en el tiempo y que han llevado la legitimidad de la Justicia a niveles preocupantes. La ciudadanía dominicana ha sido testigo y protagonista del reclamo, y por ella se han ido abriendo espacios para la transformación de nuestro trabajo. 

Por mejorar el Poder Judicial se entiende hacerlo más eficiente en la atención a los casos, logrando mayores niveles de resolución en el tiempo. Además, de dotarlo de mayor capacidad de respuesta, sobre todo, mayor independencia y transparencia en sus funciones, para lo cual la virtualidad ofrece posibilidades. El conocimiento de los trámites judiciales electrónicos permite mayores niveles de fiscalización, medición y supervisión del trabajo de jueces y colaboradores. 

Es ya un cliché la frase "lo que no se mide no se puede mejorar”. Sin embargo, es totalmente cierta. En 2019, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionó la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, y se instaló el Consejo del Poder Judicial, existían 21 sistemas informáticos que no tenían relación entre sí. Esto es, 21 formas de gestionar expedientes de manera aislada, que impedían (e impiden todavía) la recolección de datos de modo integral y el seguimiento riguroso al trabajo de los tribunales.  

La lamentable pandemia que estremece al mundo aceleró el ritmo de la transformación de la Justicia, imponiendo la entrada de la gestión digital, así como el conocimiento de audiencias virtuales. Los cambios se esperaban implementar de modo paulatino en un periodo de cinco años y por eso existen fallas a corregir. Lo estamos logrando con paciencia, pero sobre todo preocupados por aumentar la capacidad de respuesta y mejorar la atención a los abogados, abogadas, ciudadanos y ciudadanas que requieren servicios de la Justicia. Este proceso en avance es un reto de capacitación para jueces y profesionales del Derecho, y la Escuela Nacional de la Judicatura se encuentra en jornada permanente para aumentar el manejo de las aplicaciones.  

La virtualidad, que para algunos es un dolor de cabeza, representa la posibilidad de unificar los sistemas estadísticos y cohesionar el seguimiento de la labor judicial. La Justicia digital permite indicadores que sirven para la toma de decisiones y la implementación de políticas con mayor alcance, reduciendo costos, agilizando y eficientizando los procesos. Generar indicadores en tiempo real es un paso gigante de avance en materia de transparencia,pues en los sistemas del pasado el seguimiento de los procesos se basaba en el reporte manual de entrados y salidos. Con el modelo de servicio judicial virtual se reportan números ciertos, que permiten la administración integral e integrada de los tribunales. 

La Justicia requiere seguir avanzando en ese camino y aprovechando sus ventajas, haciendo los ajustes para su optimización. De ello depende la posibilidad de medir el trabajo judicial a través de datos precisos, así como facilitar la detección de irregularidades, dotando de mayores herramientas al sistema de integridad. Es posible además establecer estándares ideales de tiempo de atención y resolución de casos, así como de calidad en la gestión de los centros de justicia. Solo así tendrá sustento la Visión de una Justicia oportuna, capaz de responder a las demandas y requerimientos de sus usuarios y de la sociedad.