Las decisiones legislativas de reformar el Código Procesal Penal y el de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes constituyen una regresión. Son medidas retrógradas.

Los abanderados de las políticas de mano dura, de endurecimiento de las penas y reducción de las garantías de derechos consagradas en los tratados y convenios internacionales y en nuestra propia Constitución, han usado el temor público, la indignación y resentimiento normal de la ciudadanía frente a la vulneración y la inseguridad como el elemento de convicción para producir esta modificación del Código Procesal Penal.

Incrementar penas y reducir garantías no conduce a la reducción de la criminalidad y sí producirá nuevas vejaciones de los derechos humanos, en un contexto en que la conducta de nuestros cuerpos policiales es cuestionada incluso por organismos internacionales.

Ya lo han señalado voces autorizadas al referirse al problema de la criminalidad en nuestro país: es el resultado directo del debilitamiento de la cohesión social resultante de la desigualdad social, de la impunidad, de la pérdida de la autoridad moral por la generalización de la corrupción y de la inexistencia de políticas de prevención y disuasión de la delincuencia, lo que ha creado un clima muy propicio para que el crimen organizado penetrara nuestra sociedad y sus instituciones.

El camino correcto es el de corregir y prevenir, no el de violentar derechos y castigar. Lo que necesitamos es política social, generación de empleo y restauración del sentido de autoridad mediante el impulso de una cultura de la legalidad.

Las medidas aprobadas, si no son anuladas por su inconstitucionalidad, fracasarán, no van a reducir el crimen. Pero en su fracaso habrán debilitado todavía más el régimen de garantía de derechos que debe caracterizar a una sociedad democrática.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 01 de diciembre del 2011, ver publicación en el periódico El Día

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