Desde esta perspectiva, la legitimidad de la actividad judicial trasciende la autoridad formal de los fallos. No basta con que las decisiones sean jurídicamente correctas; resulta indispensable que la institución disponga de las capacidades necesarias para hacer visible que cada resolución responde a un proceso deliberado, razonado y transparente. La explicación pública, en consecuencia, se convierte en un componente esencial de la institucionalidad judicial, pues permite conectar la racionalidad jurídica con la comprensión social.

La experiencia comparada muestra que las transformaciones institucionales no siempre derivan de reformas explícitas. Con frecuencia, emergen de prácticas excepcionales que, al reiterarse, terminan configurando nuevos patrones de actuación.

Cuando decisiones inicialmente adoptadas en contextos extraordinarios comienzan a reproducirse sin el debido acompañamiento explicativo, se introduce una tensión que afecta tanto los procedimientos como la percepción pública de la justicia. En esos casos, el problema deja de ser únicamente técnico para convertirse en un desafío de legitimidad.

En este punto, adquiere especial relevancia la dimensión pedagógica de la justicia. Cada decisión no solo resuelve un caso concreto, sino que también orienta conductas, fija estándares y contribuye a la construcción de confianza pública. Esta función resulta particularmente crítica en contextos de alta visibilidad. Precisamente en esos escenarios, la claridad y oportunidad de la explicación adquieren mayor importancia, ya que, en ausencia de una comunicación institucional comprensible se podría ceder espacio a interpretaciones fragmentadas o desinformadas.

En la República Dominicana, este desafío ha sido asumido como parte de una visión integral de transformación judicial. La construcción de una justicia al día, accesible y transparente implica tanto la reducción de la mora y la modernización de los servicios —apoyada en procesos de digitalización— como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para comunicar con claridad.

El impulso de prácticas de lenguaje claro, la accesibilidad de las decisiones y el desarrollo de una comunicación institucional directa se convierten en herramientas clave para acercar la justicia a la ciudadanía.

Conviene subrayar que la transparencia en la justicia, además de la disponibilidad de información, implica garantizar que las personas entiendan por qué se adopta una decisión, cuáles principios la sustentan y de qué manera incide en sus derechos constituye una condición esencial para la legitimidad democrática.

Por ello, la transformación judicial exige ir más allá de la gestión de expedientes y de la incorporación de tecnologías. Supone integrar, de manera sostenida, prácticas de lenguaje claro, pedagogía judicial y rendición de cuentas. En otras palabras, requiere una justicia que no solo actúe, sino que sea visible; que no solo decida, sino que haga comprensible su decisión.

En un contexto en el que la confianza institucional se construye de manera cotidiana, la justicia ocupa un lugar central. Su legitimidad depende, en última instancia, de su capacidad para ofrecer decisiones que, además de ser suficientemente motivadas, resulten comprensibles para la sociedad a la que sirven. Solo así es posible consolidar una justicia que, al decidir en derecho, también fortalezca la confianza pública que la sostiene.

Esa es la diferencia entre una justicia que se limita a funcionar y una justicia que, además, logra ser comprendida. Y solo en esa comprensión compartida es donde la confianza realmente se consolida.

La Conferencia fue un espacio de intercambio, aprendizaje y proyección, y , sobre todo, fue un punto de encuentro entre distintas generaciones, trayectorias y responsabilidades institucionales. En ese cruce, se hizo visible que la transformación de la justicia dominicana es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo.

En esa perspectiva, resulta inevitable mirar hacia atrás. Recordar el liderazgo del magistrado Jorge Subero Isa en los años noventa no es un gesto simbólico aislado, sino el reconocimiento de un momento fundacional. Allí se establecieron bases esenciales de independencia, institucionalidad y profesionalización que hoy siguen dando frutos. 

Las transformaciones profundas no comienzan de cero: se apoyan en decisiones valientes del pasado.

Esa continuidad institucional también se expresa en quienes han tenido la responsabilidad de conducir el Poder Judicial en distintas etapas. La gestión de Mariano Germán contribuyó a consolidar avances institucionales clave, mientras que figuras como Olga Herrera representan el compromiso sostenido con una justicia al servicio de las personas.

Lo que vimos durante la Conferencia fue, en muchos sentidos, la materialización de ese recorrido. La presencia del presidente de la República, de expresidentes, del presidente del Tribunal Constitucional y del presidente del Senado no solo aportó relevancia institucional al evento. Fue, sobre todo, una señal de que la justicia ocupa un lugar central en el proyecto de país y convoca a todos los poderes del Estado.

A ese respaldo se sumaron también voces independientes y respetadas que han acompañado críticamente el desarrollo institucional del país. Servio Tulio Castaños Guzmán, quien tuvo la generosidad de referirse a nuestra gestión como un “excelente desempeño” y destacó la evolución positiva de los indicadores internacionales.

Precisamente, la mejora experimentada en el Índice de Estado de Derecho adquiere un significado aún mayor cuando se observa el contexto internacional: en un momento en el que muchos países enfrentan retrocesos en sus indicadores institucionales, la República Dominicana avanza. Y ese avance no es casual. Es el resultado de voluntades consistentes, de esfuerzos acumulados y de una institucionalidad que ha sabido sostener el rumbo.

La Conferencia permitió, precisamente, hacer visible ese hilo conductor. Ver reunidos a actores del pasado, del presente y del futuro de la justicia dominicana no solo tiene un valor simbólico. Es una forma de reafirmar que la transformación depende de la capacidad de construir consensos duraderos en torno a un horizonte común.

Es importante entender qué representó realmente la Conferencia. No fue un evento aislado ni una cita puntual en el calendario institucional. Es en esencia el espacio de gobernanza, del Plan Justicia del Futuro, un mecanismo que nos permitió evaluar avances, alinear prioridades y renovar compromisos de manera colectiva. La Conferencia, con celebración bienal, es el lugar donde la visión se contrasta con la realidad, donde los planes se traducen en acciones y donde la transformación se organiza de forma consciente y participativa.

Entre los temas principales tratados en las distintas comisiones, estuvieron la gestión de casos y la optimización del proceso penal, el acceso digital a la justicia a través de justicia.gob.do, los métodos alternos de resolución de conflictos, la transparencia y la ética judicial, la infraestructura, la justicia restaurativa, las reformas estructurales, las buenas prácticas internacionales y la innovación aplicada al sistema de justicia.

Al cerrar la Conferencia, la sensación no fue de culminación, sino de continuidad. De estar en medio de un proceso que ha avanzado, que ha sido reconocido, pero que  tiene mucho por construir. 

Lo más valioso de una visión compartida es que no se agota en lo logrado, sino que proyecta lo que aún es posible.

Por eso, el desafío hacia adelante es claro: seguir construyendo sobre lo alcanzado, cuidar lo que se ha logrado y profundizar las transformaciones necesarias para responder a las demandas de la sociedad. Con la misma convicción, con el mismo compromiso y, sobre todo, con la misma capacidad de trabajar juntos.

Porque, al final, la justicia que queremos no se construye en un momento ni por una sola generación: se construye todos los días, sobre lo que otros hicieron antes y con la mirada puesta en quienes vendrán después.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

Construir sobre lo logrado, la fuerza de una visión compartida

EN FOTOS – CONFERENCIA DEL PODER JUDICIAL

Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra lo contrario: cuando se orienta con principios éticos y una visión humanista, la tecnología puede hacer la justicia más humana, porque la acerca a las personas, la hace más accesible y refuerza la confianza ciudadana en las instituciones. Lo aprendimos escuchando a quienes investigan estas transformaciones en el mundo y también mirando con honestidad nuestras propias limitaciones.

Desde la filosofía del derecho, voces como la de la jurista Mireille Hildebrandt recuerdan que los algoritmos “no justifican: simplemente ejecutan”, y que por eso deben permanecer bajo el control humano. A su vez, el filósofo Luciano Floridi plantea que toda inteligencia artificial aplicada a la justicia debe regirse por cinco principios: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad.

En otras palabras: la innovación solo es legítima si protege la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Si la respuesta a “¿para qué digitalizamos?” es “para la comodidad de la institución”, nos estamos equivocando; si es “para devolver tiempo de vida a las personas”, vamos en la dirección correcta.

El plano comparado confirma que este debate es universal. Instituciones internacionales como la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia han marcado pautas éticas para el uso de inteligencia artificial en tribunales. El National Center for State Courts en Estados Unidos promueve sistemas centrados en el usuario, con interfaces claras y accesibles para todos, incluidas las personas con barreras lingüísticas o de conectividad.

La OCDE, organización a la que la República Dominicana está en proceso de acceder, insiste en que la digitalización judicial no es solo un asunto técnico, sino una estrategia de gobernanza para recuperar la confianza en el Estado de derecho. Estonia ha logrado que el expediente judicial sea completamente electrónico y seguro gracias a la identidad digital y a blockchain.

Singapur y Canadá han creado tribunales en línea para reclamaciones de menor cuantía, con lenguaje ciudadano y procesos simplificados. Y en América Latina, Brasil puso en marcha el programa Justiça 100% Digital. 

Por supuesto, en la República Dominicana hemos implementado proyectos como la Juriteca, (para democratizar el conocimiento jurídico); el Tablero de Transparencias; el Observatorio Judicial, para medir y corregir con evidencia. Nada de eso es un despliegue técnico neutral. Es un compromiso con que cada decisión se oriente a la persona.

También asumimos con realismo los riesgos. La sociología digital aporta una advertencia decisiva: la brecha tecnológica puede traducirse en exclusión. Como señala el World Justice Project, si los sistemas digitales no se diseñan pensando en los más vulnerables, corremos el riesgo de crear una justicia para privilegiados conectados y otra para los marginados. Por eso apoyamos las cabinas de acceso, el lenguaje ciudadano, la asistencia remota y presencial, y por eso insistimos en que toda herramienta nueva venga con su manual ético: transparencia de funcionamiento, control humano, explicabilidad.

La justicia, incluso la más moderna, sigue siendo un acto humano: escuchar, ponderar, justificar, responder. La velocidad no puede atropellar la deliberación; la eficiencia no puede recortar garantías.

He hablado de tecnología y he hablado de ética, pero en realidad he hablado de personas. La transformación digital de la justicia, entendida así, no va de pantallas ni de software: va de tiempo ganado a la incertidumbre, de costos evitados a quien menos puede, de lenguaje común entre institución y ciudadanía.

Lo que muestran las experiencias globales y locales es que la justicia no se deshumaniza por el uso de pantallas o algoritmos; se deshumaniza cuando llega tarde, cuando es inaccesible, cuando es opaca o cuando discrimina. Al contrario, se humaniza cuando una madre puede consultar desde su teléfono el estado de un proceso de manutención; cuando un ciudadano en un pueblo remoto recibe una notificación sin viajar a la capital; cuando un joven puede resolver en línea una disputa de consumo sin gastar más en abogados que en el monto en juego.

Richard Susskind, uno de los teóricos más influyentes en este campo, lo resume con claridad: los tribunales digitales no son un capricho futurista, sino la forma más realista de garantizar acceso, transparencia y legitimidad en sociedades cada vez más interconectadas. Yo lo he visto en los ojos de las personas que sienten que, al fin, la justicia les respondió.

Mirando hacia adelante, me sigo guiando por cuatro palabras que han ordenado nuestras decisiones: dignidad, libertad, igualdad y solidaridad. Dignidad para tratar a cada persona como un fin y no como un número de expediente. Libertad para que los procesos no se conviertan en una forma de cautiverio temporal por demoras evitables. Igualdad para que la geografía, los ingresos o la discapacidad no sean fronteras. Solidaridad para que el diseño piense primero en quien más lo necesita. Estas palabras no son adornos; son criterios operativos. Nos han permitido priorizar, rectificar, aprender.

La tecnología nos está dotando de herramientas. Nosotros ponemos el propósito. Y cuando el propósito es servir mejor, cada avance, por pequeño que parezca, vale como una promesa cumplida.

Porque al final de todo, lo que nos justifica no es el brillo de una herramienta, sino la tranquilidad de un ciudadano que, por fin, sintió que la justicia le respondió.

Conscientes de que toda institución que maneja fondos públicos debe rendir cuentas sobre su uso, el 25 de julio de 2018, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán, remitió una comunicación a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, solicitando la realización de una auditoría que abarcara el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. Posteriormente, en la sesión ordinaria núm. 19-2021, celebrada el 1 de junio de 2021, se autorizó al magistrado presidente, Luis Henry Molina Peña, a remitir una nueva comunicación a la Cámara de Cuentas, ampliando la solicitud de auditoría para incluir los años 2019 y 2020. Más recientemente, en la sesión ordinaria núm. 39-2024, celebrada el 10 de diciembre de 2024, se reiteró esta solicitud para que se ampliara el período de auditoría hasta el año 2024.

Valoramos el trabajo de la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador externo y reconocemos la importancia de su labor para complementar y enriquecer nuestros propios esfuerzos de control interno. Por eso hemos instruido a las áreas financieras de los órganos de apoyo operativo para que faciliten el proceso de auditoría, garantizando así la mayor colaboración posible.

Pero además, el Poder Judicial ha ido más allá. El 4 de junio de 2019, en la sesión ordinaria núm. 019-2019, se aprobó por unanimidad la realización de un proceso de contratación para llevar a cabo una auditoría legal-financiera. Este proceso contempló una primera etapa de auditoría previa, que abarcó los ejercicios 2017-2018 y 2019-2020, y una segunda etapa de auditorías permanentes para el período 2019-2025. Para garantizar la independencia del proceso, se estableció que la empresa encargada de la auditoría permanente debía ser distinta de la que realizó la auditoría previa.

Nuestra posición ha sido clara y coherente desde el inicio: profundizar en una justicia abierta y que rinde cuentas ha sido eje central del Poder Judicial. Desde el primer momento se ha priorizado la actualización de las áreas y normas que tienen relación con la fiscalización, la ética y la transparencia.

De hecho, es importante subrayar que la información financiera y presupuestaria del Poder Judicial es pública y está permanentemente disponible en nuestro portal de transparencia, en cumplimiento con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

Adicionalmente, ahondando nuestro compromiso con la transparencia, compartimos los siguientes datos relevantes sobre nuestra gestión, desde el punto de vista del servicio prestado por el Poder Judicial a los dominicanos durante el año 2024.

• 68,703 usuarios atendidos.
• 26,148 notificaciones realizadas.
• 7,445 citaciones realizadas.
• 38,121 solicitudes secretariales finalizadas.
• 6,591 certificaciones de decisiones emitidas.
• 21,551 registros de depósitos de documentos.
• 7,994 certificaciones de estatus jurídico expedidas.
• 656 copias de expedientes digitales entregadas.
• 1,329 desgloses de expedientes procesados.

Estos datos reflejan el esfuerzo continuo de un Poder Judicial que se capacita, actualiza y pone toda su energía en mejorar la eficiencia, el acceso a la justicia y la atención a la ciudadanía.

La transparencia no es solo un principio, sino un eje fundamental de nuestro accionar. Pues, como hemos dicho, es la piedra angular del fortalecimiento y la legitimidad del sistema judicial. Seguiremos trabajando para garantizar que la justicia continúe aumentando la confianza de la sociedad y con ello aportando a la estabilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestro país.

La obra de Trías Monge es imponente. Toca el derecho, la literatura, la filosofía, las artes.  Para las generaciones que nos ha tocado sucederle en la administración de justicia en la región, sus aportes son un referente ineludible.  Así han sido para mi.    

Cada vez que me adentro en su colección de ensayos titulada “Sociedad, Derecho y Justicia” publicada en 1986 por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico, me asombra su vibrante actualidad. 

El constante reclamo de Trías por la atención de la realidad de la justicia es particularmente significativo en nuestra región, donde tantas veces nos dejamos fascinar ingenuamente con las abstracciones jurídicas,  recargadas de preciosismo, a la vez que damos la espalda al escenario real de la justicia. Así, embriagados de retórica, toleramos  brechas abismales entre la ley y la justicia.  

En ese sentido, el análisis de Trías no cesa de denunciar, “el persistente mal de la congestión de los calendarios y la consiguiente demora en el trámite de las causas”. “Es temible (añade) el efecto de este mal en el delicado tejido de la justicia de un país”.  

Mis esfuerzos hoy en la modernización del sistema judicial dominicano encuentran nutrientes valiosos en las reflexiones y ejemplos puestos en práctica por el jurista puertorriqueño, sobre todo en cómo los tribunales pueden y deben ser una herramienta eficiente para crear justicia, más que una base de frustración de los ciudadanos con las promesas de la ley. 

En la República Dominicana, es importante discutir sobre estos temas. Durante mucho tiempo la mora judicial, el acceso limitado a los tribunales y la percepción de un sistema judicial distante y poco transparente, han afectado la confianza ciudadana en la justicia. Contra ello trabajamos.  La implementación de la firma digital, por ejemplo, ha reducido los tiempos de respuesta en comunidades remotas, demostrando que la tecnología puede ser una herramienta de equidad y solidaridad dentro de nuestro sistema de justicia. 

 Asimismo, la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y la creación del “Espacio de Datos de Justicia”, son pasos hacia una justicia pronta y accesible. Al final del día, ya lo decía Trías, "la justicia lenta pierde el derecho a su nombre".   

Claro está, la justicia no es responsabilidad exclusiva de los jueces y de los tribunales. Para los abogados, se trata también de abstenerse de prácticas dilatorias contrarias a la ética procesal, las partes tienen también las vías alternas para lograr soluciones más rápidas a través de acuerdos que la ley permite. Cada ciudadano tiene un deber crucial a la hora de asegurar la calidad de la justicia de un país. Exigir transparencia, participar en los procesos democráticos que atañen la justicia, comunicar fuertes reclamos de un mejor servicio judicial, más próximo y equitativo, son elementos vitales para cualquier sistema judicial auténticamente democrático. Una sociedad que promueve estos valores será más fuerte, más justa y más solidaria.

El próximo martes celebramos el Día del Poder Judicial, tal como establece en su Capítulo V la Ley No. 327-98, que regula la Carrera Judicial. Este es una fecha especial que nos invita a detenernos y reflexionar sobre el papel esencial que juega la justicia en nuestra sociedad. No es solo un día de celebración institucional, sino una oportunidad para reconocer el esfuerzo colectivo que hace posible garantizar los derechos, las libertades y la convivencia pacífica en nuestra nación.

Es un momento para reconocer a quienes ejercen la judicatura, sino que abarca a todos los actores que hacen posible el funcionamiento de este engranaje complejo: servidores judiciales, abogados, académicos y, por supuesto, la sociedad civil. Todos somos parte de un mismo propósito: garantizar que la justicia sea un derecho efectivo, accesible y oportuno para todos los dominicanos.

En el marco de este día, se llevan a cabo diversas actividades que resaltan el significado de nuestra labor. Desde la ofrenda floral en el Altar de la Patria, como un homenaje a los ideales que dieron forma a nuestra nación, hasta la audiencia solemne en la Suprema Corte de Justicia, donde tenemos el privilegio de rendir cuentas del trabajo realizado y presentar las metas que nos guiarán en el nuevo año.

También es un momento para delinear algunas de nuestras principales metas para el año entrante. Entre ellas la celebración en nuestro país de la Cumbre Judicial Iberoamericana, una tarea a la que vamos a dedicarnos con especial entusiasmo.

En definitiva, el Día del Poder Judicial es, en esencia, un recordatorio de nuestra misión compartida. Por eso los invito a todos a sumarse a esta celebración, a seguir la cobertura en los medios y en nuestras redes sociales y, por supuesto, a seguir trabajando juntos para fortalecer este pilar fundamental de nuestra democracia.

Honorable presidenta de la Corte Suprema de Honduras, Rebeca Lizette Raquel Obando, Honorable vocal del Consejo del Poder Judicial español, Gema Espinosa. Honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia dominicana.  Distinguidos integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.  

Honorable magistrada Nancy Salcedo, honorable magistrada María Garabito, juezas de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, honorable magistrada Vanesa Acosta, jueza de primera sala civil y comercial de la Suprema Corte de Justicia. 

Distinguida consejera del Poder Judicial Octavia Carolina Fernández Curi. Jueces, juezas y servidores judiciales aquí presentes.  

Honorables  juezas y jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral que se encuentran presente.  

Distinguidos representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública.  

Distinguida Coordinadora del Programa País de ONU Mujeres en Argentina, Verónica Baracat.  

Invitados especiales, abogadas y abogados de la comunidad jurídica e integrantes de la sociedad que hoy nos acompañan. 

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Buenos días a todas y todos. Hoy, al iniciar este II Seminario Internacional de Justicia con Perspectiva de Género: un paso a la igualdad, quiero agradecer a todas las personas que participaron en la organización de este seminario. 

Es oportuno destacar que este seminario se celebra hoy, 25 de noviembre, en conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justamente hoy se cumplen 25 años de que fuera declarada por la Asamblea de las Naciones Unidas la designación de esta fecha. 

Este gesto internacional de denuncia y reclamo por la erradicación de la violencia contra las mujeres y la priorización de políticas para su erradicación, cobra especial sentido histórico para los dominicanos y las dominicanas.  

Fue en memoria de tres dominicanas asesinadas vilmente por personeros de la dictadura trujillista que se ponderó dicha conmemoración. Esas mujeres fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes. Por eso estamos hoy aquí, como demócratas y como personas comprometidas con el respeto a las mujeres y a la dignidad de las personas.  

Este seminario es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre el trabajo de los distintos países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana y para compartir experiencias, logros y compromisos .  

Saludo y felicito a la Comisión de Género y Acceso a Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo la iniciativa de celebrar este seminario en República Dominicana. Se celebra su décimo aniversario de trabajo y pido para todas las personas que la integran un fuerte aplauso. 

Quiero, además, dar las gracias por la consideración de Puerto Rico. La buena relación de cooperación y hermandad entre la rama judicial de Puerto Rico y la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez ha sido una constante en estos años. Hemos trabajado de la mano para mejorar el sistema procesal penal dominicano. Compartimos igualmente inquietudes en torno a la problemática de género, en especial, la violencia contra las mujeres.  

Dar las gracias también a las juezas y los jueces de Iberoamérica que apoyan este seminario con su presencia, de manera especial a la presidenta de la Corte Suprema de Honduras, Rebeca Raquel Obando, a Gema Espinosa Conde, vocal del Consejo Judicial de España, y a todas las delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, y por supuesto República Dominicana, el espacio Iberoamericano se une en esta fecha especial. 

Quiero también agradecer a todas las personas del Poder Judicial dominicano que han colaborado para que este seminario, que tenemos a cargo como secretaria pro tempore, sea hoy una realidad.  

Combatir el machismo y las violencias de género: un desafío pendiente 

El machismo y la violencia de género son problemas profundamente arraigados en nuestras sociedades, no puede ignorarlos.  

Según la Organización de las Naciones Unidas, cada 10 minutos muere una mujer a manos de su pareja o un miembro de la familia. Cada diez minutos es asesinada una mujer. El feminicidio es una tragedia planetaria. Y es el resultado directo e indirecto de la desigualdad, de la discriminación y de los usos sociales que arraigan el machismo. 

La violencia machista se manifiesta de muchas formas, desde el feminicidio hasta el acoso y la discriminación, y afecta no solo a las mujeres, sino también a sus familias y comunidades.  

El panel de este seminario dedicado a violencia de género y tecnologías es especialmente relevante, ya que aborda cómo la tecnología ha ampliado y transformado las formas de violencia.  

La tecnología, que podría ser una herramienta de protección, también ha sido utilizada para infligir daño. Esto nos plantea el reto de desarrollar estrategias que permitan enfrentar y reducir estas nuevas formas de violencia. 

El ciberacoso, la sextorsión, el abuso de imágenes y la suplantación de identidad son manifestaciones de violencia que requieren una respuesta judicial actualizada y efectiva.  

Esas prácticas, junto con las más arraigadas en nuestra vida diaria, deben ser entendidas con conciencia, abordadas para ponerle freno. 

Para esto hace falta modificar muchas normas sociales. Proteger de manera anticipada a quienes están en riesgo. Garantizar servicios judiciales conscientes de esto y con perspectiva de género.  

En el pasado hemos hablado de la necesaria feminización de la justicia. No se trata solo de números o de políticas: implica un cambio cultural profundo en nuestras prácticas y en la estructura misma del sistema judicial.  

Feminizar la justicia significa hacerla más humana, más empática y menos mecánica. Supone una justicia que no solo elimine las barreras de acceso, sino que también enfrente activamente las relaciones asimétricas y a las formas de violencia que son parte de la organización social. 

La perspectiva de género como pilar para la justicia: un llamado a la acción 

El enfoque de género en la impartición de justicia no es un tema adicional, ni un discurso cosmético u opcional. Es una necesidad ética y un pilar fundamental para construir una sociedad que verdaderamente valore la igualdad y la dignidad de cada individuo.  

Incorporar la perspectiva de género significa reconocer las desigualdades históricas que han limitado la participación y el acceso de las mujeres a espacios de decisión y justicia.  

Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de construir un sistema judicial que sea sensible y empático, un sistema que escuche y que responda a las necesidades de quienes buscan justicia. Que este seminario sea un paso más en nuestro compromiso de construir una justicia que reconozca y respete la dignidad de todas las personas, y que inspire a las futuras generaciones a continuar esta labor. 

Les invito a aprovechar este espacio para el intercambio de ideas, la construcción de soluciones y, sobre todo, para renovar nuestro compromiso con la justicia con perspectiva de género y conciencia de los grandes retos que enfrentamos ante la tragedia de la violencia contra las mujeres.  

Que este seminario sea un avance en la construcción de una sociedad en la que la igualdad y el respeto sean realidades tangibles. 

Sigamos adelante con la convicción de que solo en unidad podremos superar las desigualdades y construir una sociedad en la que la justicia y la igualdad de género sean realidades tangibles para todas y todos. 

Construyamos juntos una justicia que garantice la libertad, la igualdad, la solidaridad y la dignidad de las personas. 

¡Muchas Gracias! 

El Poder Judicial anunció la expansión de la Plataforma Acceso Digital a 50 salas adicionales en material Civil y Comercial de distintos departamentos Judiciales, lo que facilitará el acceso a la justicia de manera ágil, segura y desde cualquier lugar a usuarios (as) del servicio judicial.  

Para el Juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Justiniano Montero, el Poder Judicial concibe que la modernización de los procesos de prestación de servicios a la ciudadanía representa un avance impostergable en el tiempo. 

“En este contexto, fue implementado el Portal de Acceso Digital, herramienta tecnológica que facilita la interacción entre el sistema judicial y los usuarios, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la equidad en el acceso a la justicia”, sostuvo. 

Los Distritos judiciales en que se habilitarán los 50 salas y cuyos trámites judiciales estarán a un clic de distancia con la plataforma digital son: Barahona, Duarte, San Francisco de Macorís, Samaná, Constanza, Espaillat, Jarabacoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Montecristi, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Distrito Nacional, Valverde y Puerto Plata. 

A través de la referida plataforma, establecida en virtud de la ley núm. 339-22 de Uso de Medios Digitales del Poder Judicial, las y los usuarios podrán consultar expedientes, realizar trámites en línea y participar en audiencias virtuales. 

Entre los beneficios de la Plataforma están: facilidad de acceso, seguridad y confianza, transparencia en procesos, mejoras en la eficiencia, apoyo y capacitación y compromiso con la Justicia. 

La expansión de la Plataforma está en armonía con el eje estratégico 100% Acceso, y se traduce en ventaja para quienes requieran el servicio judicial, en virtud de que tendrán más tribunales con posibilidad de recibir sus solicitudes y trámites de manera digital, sin necesidad de desplazamiento. 

El reglamento define el Comité de Comportamiento Ético como un órgano especializado en ética e integridad judicial, encargado de aplicar, estudiar, promover y difundir los valores, principios y orientaciones establecidos en el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.  La regulación según el contexto del reglamento está a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.  

El Comité está integrado por seis (6) jueces de la Suprema Corte de Justicia, elegidos por el Pleno de ese alto tribunal a propuesta del juez presidente, quien lo presidirá y, además, le compete hacer la propuesta a dicho órgano de sus demás integrantes.  Las funciones del Comité incluyen recibir y resolver solicitudes sobre reproches éticos, brindar respuestas a consultas formuladas por servidores judiciales y hacer recomendaciones institucionales y protocolares para unificar criterios éticos a nivel nacional.   

El reglamento también consagra cuatro (4) Comisiones Consultivas Regionales, que actuarán como entidades colaboradoras del Comité, cuyo rol de gobernanza consiste en la promoción de los valores éticos. Estos órganos tendrán competencia para actuar dentro de sus respectivas demarcaciones o en las que sean comisionados por el Comité para realizar actuaciones determinadas; su función es siempre consultiva y no deliberativa.  

La distribución de estas comisiones obedecen a las premisas siguientes: Comisión Región Central, que abarca los Departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo; la Comisión Región Este, que comprende el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; la Comisión Región Norte, que comprende los Departamentos judiciales de Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi y Puerto Plata; y la Comisión Región Sur, que comprende los Departamentos Judiciales de San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona. 

Cada una de las nombradas Comisiones Consultivas Regionales, está integrada por un (1) juez de la Suprema Corte de Justicia que la preside, y cuatro (4) jueces de Corte de Apelación de la región correspondiente, los cuales son designados por el Comité de Comportamiento Ético, a propuesta de su presidente. 

En el contexto del referido instrumento se deja claramente establecido que la función del Comité y de las Comisiones Consultivas Regionales no tiene alcance sancionatorio, sino de prevención en aras de crear un efectivo ambiente de empoderamiento de los jueces y demás servidores judiciales tanto del Código de Comportamiento Ético como del Código Iberoamericano de Ética, como parte de un orden normativo que nos vincula por ser parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

Cabe destacar que previo a la aprobación de estas modificaciones, en su momento el proyecto de reglamento fue publicado para consulta pública durante 15 días hábiles, en virtud de lo dispuesto por los artículos 30 y siguientes de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos y deberes de las personas frente a la Administración Pública y los artículos 1, 2, 3 y 23 de la Ley núm. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, con el objetivo de garantizar los principios de transparencia y participación ciudadana. 

Finalmente, el Pleno Suprema Corte de Justicia, en fecha 17 de octubre del año en curso, después de aprobar el referido instrumento ordenó la publicación y difusión del nuevo reglamento en los medios oficiales, el cual entra en vigor en los 30 días siguientes a la presente publicación. 

Para consultar el Reglamento que regula el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial, clic aquí.

El Poder Judicial de la República Dominicana lleva casi 5 años acometiendo el proceso de transformación más amplio y participativo de su historia.

Por eso, la hora de plantearnos diseñar la justicia que queremos para los próximos diez años, nuestra metodología tiene que ser igualmente amplia y participativa. Debemos escuchar a todos, especialmente a los que mejor conocen la realidad de cada juzgado, porque trabajan día a día sobre el terreno.

Con ese objetivo, y con el apoyo técnico y acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vamos a recorrer el conjunto del país abriendo espacios de consulta y diálogo sobre el terreno.

No se trata solo de mirar el presente, sino de proyectar juntos un sistema de justicia que responda a las demandas futuras, con la participación activa de quienes mejor conocen la realidad de cada territorio: juezas, jueces, servidores judiciales, y todos los actores, incluso externos, que día a día acompañan la transformación del sistema.

El contacto directo con las comunidades judiciales nos permite tener una visión completa y precisa de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema. Escuchar sus perspectivas es esencial para identificar los desafíos críticos que enfrentamos y para anticipar los que surgirán en los próximos años.

Los insumos de este diálogo serán la base de nuestro Plan Estratégico Decenal, un ejercicio de planificación a largo plazo que ningún Poder Judicial de América Latina ha diseñado aún. Porque buscamos no solo solventar las carencias del pasado, sino también trazar un camino claro hacia el futuro, con un enfoque innovador y democrático.

Sabemos que los grandes planes solo son efectivos cuando se aterrizan en el terreno, y es por eso que estos encuentros son fundamentales para definir conjuntamente las prioridades y procesos que nos llevarán a la justicia del futuro.

El próximo 7 de enero, con ocasión de la celebración del Día de la Justicia, divulgaré algunas de las conclusiones de estos encuentros, y del Plan que nazca de ellos.

Este es por tanto un esfuerzo colectivo para transformar la justicia desde la base, con una visión clara: construir un sistema que se anticipe a los desafíos futuros, que sea sólido y duradero, y que tenga siempre a las personas como su centro. Ahora, y en los próximos diez años.