Este anhelo, sumado al ejemplo de personas que impactaron mi vida, forjó mi carácter y el ímpetu que guía mis pasos. Uno de mis grandes maestros fue el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, en cuya oficina inicié mi carrera profesional. Nunca olvidaré cuando me dijo: «Henry, no soy el más inteligente; soy el más constante, el más paciente y el más trabajador». Esa lección me ha acompañado toda la vida, por lo que siempre la recordaré con gratitud.

Estos años al servicio de mi país me han enseñado que pocas cosas son tan reconfortantes como la satisfacción del deber cumplido. Saber que diste lo mejor de ti y que lograste sacar lo mejor de otros es, en sí mismo, un gran logro. Pero cuando esto se hace para contribuir al desarrollo de la nación, fortalecer las instituciones y ayudar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, el trabajo supera la satisfacción profesional para elevarse a la trascendencia.

Esa conciencia guió la transformación del Poder Judicial durante estos siete años en los que tuve el honor de presidir la Suprema Corte de Justicia. Enfrentar la mora, ampliar el acceso y desarrollar los servicios digitales respondió a la obligación de ofrecer mejores condiciones para hacer efectivos los derechos. Durante este período, esta alta corte resolvió más de 63 mil recursos de casación y, al cierre de 2025, el 87 % de los tribunales se encontraba al día. Asimismo, herramientas como el expediente electrónico, las audiencias virtuales y la firma digital acercaron la justicia a la gente.

Recuerdo a una joven abogada a la que un accidente le arrebató su movilidad y, con ella, la posibilidad de ejercer. Durante la pasada Conferencia del Poder Judicial nos relató que, gracias a los medios digitales, pudo regresar a la profesión que amaba y garantizar el sustento de su familia. Su testimonio explica el sentido de la innovación pública: eliminar barreras y abrir posibilidades en la vida de las personas.

Durante estos años, la República Dominicana avanzó veinte posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, un progreso al que contribuyeron los esfuerzos de transformación judicial. A su vez, el más reciente estudio de la OCDE sitúa a nuestro Poder Judicial con un desempeño que se acerca al de sus países miembros en materia de normas y prácticas de integridad.

Aunque toda obra humana es perfectible, me llena de orgullo lo que pudimos lograr. Agradezco a las juezas, jueces, servidores judiciales y a todos los que hicieron posible este cambio. Siempre he creído que las transformaciones verdaderas son aquellas que permanecen más allá de quienes las impulsan. Lo importante no es solo lo que hicimos durante estos años, sino lo que la institución queda en condiciones de seguir haciendo por las personas. 

Queda camino por recorrer, y el Plan Justicia del Futuro 2034 traza el horizonte para que las próximas autoridades y las nuevas generaciones de jueces y abogados continúen mejorando el servicio con constancia y lealtad procesal.

Hoy, al mirar en retrospectiva mi paso por la judicatura, experimento la gratitud del deber cumplido y el alto honor de haber servido a una institución fundamental para nuestra democracia. Ahora comienza una nueva etapa de mi vida. Cambiarán las responsabilidades y los espacios desde los cuales pueda contribuir, pero permanecerá intacta mi vocación de servir a la República Dominicana. Seguiré aportando con la misma constancia que me enseñó mi maestro, movido por la visión irrenunciable de construir un país próspero, institucionalmente fuerte y desarrollado.

Esta noche, al regresar a casa junto a mi esposa y mis hijos, podré descansar con tranquilidad, revestido de la paz mental que otorga el haber dado lo mejor de mí al servicio de la República, del bienestar de nuestra sociedad y de la dignidad de las personas.

Publicado en Listín Diario

Hace apenas unos minutos levantaron su mano (derecha) y pronunciaron un juramento, un gesto sencillo que duró unos segundos.

Hay decisiones que nos cambian la vida, y ésta es una de ellas. Porque si bien un título acredita lo que una persona sabe, un juramento compromete lo que una persona es.

Hasta hace unos minutos sólo eran licenciados en Derecho. Pero desde este instante son abogados y abogadas de la República Dominicana. Para algunos podría parecer un cambio de nombre. Sin embargo, es mucho más que eso: es un cambio de responsabilidad.

Desde hoy habrá personas que depositarán en ustedes sus libertades, su patrimonio, sus conflictos familiares, sus proyectos, sus derechos y, muchas veces, sus mayores temores. Habrá ciudadanos que confiarán en ustedes cuando sientan que todo lo demás ha fallado. Y esa confianza no se gana con un diploma. Se honra con una vida.

Por eso, lejos de marcar el final de una formación académica, esta ceremonia señala el inicio de una responsabilidad pública.

El puente entre generaciones y el desafío tecnológico

Hoy celebramos también la trayectoria del magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Además de reconocer su carrera ejemplar, su vida representa el puente entre dos generaciones de juristas.

En 1967 recibió su título de doctor en Derecho. Ese mismo año yo nacía. Mientras él comenzaba su vida profesional, comenzaba también mi propia historia… y para mí es un privilegio que hoy nos encontremos aquí.

Don Amadeo Julián representa una generación que nos entrega una herencia. Ustedes representan otra que deberá decidir qué hacer con ese legado. Entre 1967 y 2026, más allá de los cambios de fecha en el calendario, ha cambiado el mundo.

El magistrado Julián comenzó su carrera en el tiempo del expediente físico, de las bibliotecas jurídicas, de la consulta paciente de los códigos, de las notas manuscritas y del estudio silencioso. Ustedes la comienzan en la era del expediente en línea, de la gestión del conocimiento digital, de las audiencias virtuales, de la firma electrónica y de la inteligencia artificial.

Sería fácil pensar que la diferencia entre ambas generaciones está en las herramientas con que cuentan. Creo que es más que eso. La verdadera diferencia está en las preguntas que cada época obliga a responder.

La generación del magistrado Amadeo Julián tuvo que crear y consolidar instituciones democráticas. La de ustedes deberá preservar la dignidad humana en tiempos en los que la transformación es más rápida que nuestra capacidad para asimilarla. Este es el desafío de su tiempo. Y también su oportunidad.

Durante siglos, los abogados fueron valorados por la información que podían recordar, por la biblioteca que poseían o por el acceso que tenían al conocimiento jurídico. Ustedes pertenecen a la primera generación para la cual la información dejará de ser la principal ventaja profesional.

Con las directrices humanas correctas, la inteligencia artificial encontrará normas. Encontrará precedentes. Comparará contratos. Organizará expedientes. Redactará borradores. Realizará en segundos tareas que antes requerían días de trabajo.

Pero hay algo que jamás podrá hacer. Nunca podrá prestar un juramento. Nunca podrá responder moralmente por una decisión. Nunca podrá asumir la responsabilidad de una firma. Nunca podrá comprender el miedo de quien enfrenta un proceso penal, la incertidumbre de una familia que espera una sentencia o la angustia de quien siente amenazada su dignidad.

Porque la inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas. Esa es la diferencia que seguirá definiendo esta profesión. La herramienta puede asistir, mientras que la responsabilidad seguirá siendo humana.

El papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humánitas, advierte que el verdadero desafío de la inteligencia artificial no consiste únicamente en desarrollar máquinas más inteligentes, sino en evitar que los seres humanos renunciemos a nuestra propia humanidad. Más allá de cualquier convicción religiosa, esa afirmación contiene una verdad universal.

Cuanto mayor sea nuestro poder, mayor deberá ser nuestra responsabilidad. Cuanto más rápidas sean nuestras herramientas, mayor deberá ser nuestra prudencia. Y cuanto más capaces sean nuestras máquinas, más necesario será recordar que ninguna innovación tiene sentido si olvida al ser humano.

Ésta ha de ser la ética de su generación. Custodiar la verdad frente a la desinformación. Custodiar la confidencialidad frente al poder de los datos. La igualdad frente a los sesgos. El debido proceso frente a la presión de la inmediatez. Y custodiar, por encima de todo, la dignidad de cada persona.

La justicia: confianza y servicio a la República

Cada generación es recordada por las herramientas que inventó. Pero la historia juzga a las generaciones por aquello que decidieron proteger con esas herramientas. Nosotros debemos decidir proteger la dignidad humana. Ésa es la razón por la que existe el Derecho. Ésa es la razón por la que existe la justicia. Y ésa es la razón por la que hoy ustedes han prestado juramento.

Con frecuencia decimos que la justicia existe para resolver conflictos. Es verdad. Pero ese decir es insuficiente. La justicia existe para algo todavía más importante. Existe para hacer posible la confianza.

La confianza de que la ley estará por encima de la fuerza. De que quien tiene poder deberá explicar cómo lo ejerce. De que toda persona será escuchada antes de ser juzgada. La confianza de que la dignidad humana no dependerá de la riqueza, de la influencia ni de la posición social.

Cada sentencia resuelve un caso. Pero también educa a una sociedad. Cada abogado íntegro fortalece la confianza pública. Cada juez independiente fortalece la democracia. Cada servidor judicial respetuoso fortalece la dignidad de las personas.

Porque la justicia no solo administra únicamente procesos, administra confianza. Y allí donde crece la confianza, también crece la libertad.

Por eso la profesión que hoy abrazan es mucho más que una actividad técnica. Es una forma de servicio a la República.

El legado del magistrado Amadeo Julián y la ética de la nueva generación

El homenaje que hoy rendimos al magistrado Amadeo Julián tiene precisamente ese significado. Su legado no reside solamente en los cargos que ocupó ni en las responsabilidades que ejerció. Reside, sobre todo, en una manera de entender el Derecho.

Estudiar antes de opinar. Comprender antes de juzgar. Servir antes de presumir.

En un tiempo que premia la inmediatez, su trayectoria nos recuerda el valor de la profundidad. En un tiempo que confunde visibilidad con prestigio, nos recuerda que las instituciones se construyen muchas veces desde el trabajo silencioso.

Y en un tiempo que parece fascinado por la velocidad, nos recuerda que la prudencia sigue siendo una de las virtudes más altas de la justicia. (Gracias por tanto Don Amadeo)

Honrar el juramento con la vida

Abogadas y abogados:

Habrá días en que ejercer esta profesión será difícil. Habrá derrotas. Frustraciones. Habrá momentos en que parecerá más rentable acomodarse que mantenerse firme.

Cuando llegue ese día —porque llegará— recuerden este momento. Recuerden que detrás de cada expediente existe una persona. Que detrás de cada conflicto existe una historia. Y que detrás de cada decisión existe una vida que puede cambiar para siempre.

Nunca permitan que la rutina les robe la capacidad de conmoverse. Que la técnica sustituya a la conciencia.  Que la velocidad sustituya a la prudencia. Ni que el éxito sustituya al servicio.

Porque el Derecho no es una profesión para quienes buscan únicamente prosperar. Es una vocación para quienes deciden hacerse responsables de la libertad y de la dignidad de los demás.

Les recuerdo que hace unos minutos pronunciaron un juramento. Quizá algún día ya no recuerden las palabras exactas. Pero habrá personas que sí sabrán si ese juramento fue verdadero.

Lo recordará la mujer que llegue a su oficina buscando protección. El niño que pudo ejercer sus derechos gracias a su trabajo. El empresario que deposite en ustedes su confianza. El juez que lea un escrito firmado por ustedes. Lo recordará la sociedad cada vez que ustedes decidan decir la verdad cuando resulte incómodo, defender la dignidad cuando parezca difícil y poner el Derecho por encima de cualquier interés.

Porque los juramentos no se cumplen con la voz. Se cumplen con la vida.

Y cuando, dentro de muchos años, su carrera termine, ojalá puedan mirar hacia atrás y decir, con la serenidad de quien ha sido fiel a su vocación:

“Las personas confiaron un poco más en la justicia porque yo ejercí el Derecho con responsabilidad.”

Si pueden decir eso, habrán honrado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Habrán honrado a la Suprema Corte de Justicia. Habrán honrado a la República. Y, sobre todo, habrán honrado el juramento que hoy han pronunciado.

Muchas gracias

El pasado 15 de julio, quince juristas dominicanos asumieron formalmente esa responsabilidad. Detrás de cada designación hay esfuerzo, mérito, formación y una historia muy humana. Pero también hay algo más esencial: la confianza que la República deposita en quienes, desde ahora, tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio, el honor y el futuro de muchas personas.

La carrera judicial dominicana descansa sobre una arquitectura institucional construida para proteger la independencia judicial. La reforma constitucional de 1994 otorgó al Poder Judicial la facultad de designar sus jueces. Luego, la Constitución de 2010 consolidó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura como parte esencial del sistema de ingreso y formación. No se trata de formalidades. El concurso público, la formación especializada y el mérito son garantías concretas para la ciudadanía.

La independencia judicial no es un privilegio del juez. Es un derecho de las personas.

Significa que quien acude a un tribunal debe poder confiar en que será escuchado sin favoritismos, sin presiones externas y sin que importen su origen, sus recursos, su posición social o el ruido que pudiera rodear su caso. Ante el juez, todos deben ser iguales. Esa igualdad no puede quedarse en el lenguaje de la Constitución; debe sentirse en cada audiencia, en cada trato y en cada sentencia.

Por eso la toga tiene un significado tan profundo. No es un ornamento ni una pieza ceremonial. Es un recordatorio permanente de que quien la viste debe subordinar sus opiniones, sus temores, sus simpatías y sus sesgos personales a la Constitución, la ley y la conciencia. La toga exige igualdad, neutralidad y responsabilidad.

Neutralidad no significa indiferencia. Un juez imparcial no es un juez distante del sufrimiento humano. Al contrario, debe comprender la realidad que existe detrás de cada expediente. Detrás de un caso hay una vida detenida, una familia en incertidumbre, una persona que busca amparo, una comunidad que espera una respuesta legítima.

Durante años hemos insistido en que una justicia lenta pierde el derecho a su nombre. La mora judicial no es un problema estadístico; es tiempo de vida perdido. Por eso, cada nuevo juez y cada nueva jueza se incorporan también a una gran causa nacional: consolidar una justicia pronta, cercana, comprensible y al día.

La justicia del futuro es más que tecnología, infraestructura o nuevos procesos. Se construye, sobre todo, con una cultura judicial capaz de escuchar mejor, decidir con prudencia y explicar con claridad. La pedagogía de la justicia es hoy una responsabilidad institucional. Una ciudadanía que comprende el valor del debido proceso y de la independencia judicial está mejor preparada para defender el Estado de derecho.

Ese es también el sentido del plan Justicia del Futuro 2034. Hay que ir al territorio, escuchar a jueces y servidores judiciales, conocer las necesidades reales de cada comunidad y mejorar desde la experiencia cotidiana del servicio.

La justicia debe aprender de quienes la hacen posible todos los días.

El respeto a la investidura judicial no se impone. Se gana con sentencias sólidas, con templanza en las audiencias, con trato digno y con rectitud en la vida pública y privada. La autoridad que verdaderamente importa no nace del cargo, sino de la confianza que inspira quien lo ejerce.

A quienes el pasado miércoles ingresaron a la carrera judicial les corresponde honrar esa confianza. Espero que cada ciudadano que entre a su tribunal pueda sentir que ha llegado a un lugar donde será escuchado con respeto, donde las razones importan y donde la dignidad humana ocupa el centro.

Porque juzgar va más allá de administrar expedientes. Es servir a la República desde una de sus responsabilidades más altas: hacer que la justicia sea, para cada persona, una experiencia de protección, equilibrio y humanidad.

Nacido el 7 de abril de 1960 y fallecido el pasado lunes 25 de mayo, a los 66 años, don Cervante pertenecía a esa generación de hombres que entendía la vida como responsabilidad. De los que se levantaban con el trabajo en la cabeza, cumplían y amaban acompañando a los suyos, resolviendo problemas y estando presentes cuando hacía falta.

Mi suegro no era un hombre de grandes discursos ni protagonismos. Era serio, honesto y sobrio, más cómodo haciendo que explicando. Hablaba poco. Pero cuando un tema le apasionaba, se transformaba. Le interesaba profundamente la política y seguía con atención todo lo que ocurría en la República Dominicana. Aun viviendo fuera del país, se mantenía conectado a su tierra escuchando análisis, noticias y debates sobre la realidad nacional.

Y aunque no era particularmente expresivo, tenía una sonrisa genuina, tímida y serena, de esas que nacen más del corazón que de la costumbre.

Todavía puedo imaginarlo saliendo de su casa, con la lonchera que le preparaba doña Mayra (o “la licenciada”, como orgullosamente le llamaba) rumbo a otra jornada de trabajo. Aprendió joven que las cosas importantes se construyen trabajando.

Nació en San José de Ocoa, en una familia humilde y trabajadora. Fue uno de los hijos menores, mientras ayudaba a que sus hermanas y hermanos estudiaran y salieran adelante, él trabajaba.

Y quizás ahí habitaba una de sus mayores grandezas. Pertenecía a esa generación de dominicanos que muchas veces postergó sus propios sueños para abrirles camino a otros. Hombres que trabajaron para que sus hermanos estudiaran, para que sus hijos llegaran más lejos y para que sus familias tuvieran oportunidades que ellos nunca tuvieron. No hablaban demasiado de amor, sacrificio o dignidad. Simplemente vivían de acuerdo con esas palabras.

Era mecánico. Tenía una inteligencia natural y una extraordinaria capacidad para observar, comprender y reparar. Aprendió trabajando, resolviendo y tomando decisiones con firmeza. Como tantos hombres de su generación, su verdadera escuela fue la vida. Sus manos llevaban las marcas del trabajo duro, pero también la tranquilidad de quien sabía que estaba cumpliendo.

La amistad también ocupaba un lugar central en su vida. Para él, la amistad implicaba compromiso y lealtad. Ayudó a muchas personas desde su taller. Dio oportunidades de trabajo, impulsó a otros a crecer y, en más de una ocasión, comprometió incluso lo propio para tender la mano a quienes lo necesitaban.

Su gran proyecto de vida fue su familia. Tuvo un único matrimonio, contraído un 27 de febrero Día de la Independencia, con doña Mayra, a quien amó profundamente durante 42 años. Sus hijos (Yancarlo, Paola, Carli y Cristian) fueron el centro de su vida y la expresión más concreta de todos sus esfuerzos.

Lograron hacerse profesionales gracias al trabajo acumulado de años de disciplina y entrega familiar. Y quizás esa haya sido una de sus mayores victorias.

Porque hay personas que construyen edificios, negocios o fortunas. Pero hay otras que construyen generaciones. Don Cervante pertenecía a estas últimas.

Como tantos dominicanos de su tiempo, emigró a Estados Unidos buscando un cambio de vida y mayores oportunidades para su familia, aun cuando le iba bien en su país le hacía ilusión un cambio, no comodidad para sí mismo. Salía por la mañana , recorría largas distancias, regresaba tarde y trabajaba prácticamente todos los días. Los domingos reducía un poco el ritmo y acompañaba a doña Mayra a hacer las compras de la semana, en uno de esos gestos sencillos donde también habita el amor.

Como suegro fue igualmente generoso, sencillo y afectuoso a su manera. Su cariño no estaba en las grandes palabras, sino en la presencia, en el cuidado y en la responsabilidad cotidiana.

Tuvo tres nietos, a quienes quiso profundamente. Los dos mayores conocen hoy el dolor de la ausencia porque pudieron compartir con su abuelo y sentir ese cariño silencioso que ofrecía sin necesidad de grandes demostraciones. La más pequeña crecerá escuchando historias sobre él, reconstruyéndolo a través de fotografías, anécdotas y recuerdos compartidos.

Y quizás esa sea una de las formas más profundas de permanencia: seguir viviendo en la memoria afectiva de una familia.

Curiosamente, don Cervante casi no existe en internet. Y, sin embargo, existe profundamente en la vida de todos los que ayudó a levantar.

Vivimos tiempos donde pareciera que solo existe aquello que puede mostrarse, publicarse o medirse. Personas como él pertenecían a otro mundo. Un mundo donde el prestigio no venía de la exposición, sino de cumplir, sostener y estar presentes.

Hoy despedimos a Miguel Cervante Roa Castillo. Pero también despedimos un poco a una generación silenciosa que levantó familias enteras desde el sacrificio, la responsabilidad y la dignidad.

Porque los imprescindibles casi nunca hacen ruido. Están demasiado ocupados sosteniendo la vida de los demás.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

Don Miguel Cervante Roa Castillo: la dignidad silenciosa de una generación

La administración de justicia ha sido, históricamente, un espacio donde se dirimen diferencias. Esa es su naturaleza y también su grandeza. Pero la experiencia acumulada y los desafíos de nuestro tiempo nos invitan a ensanchar ese horizonte: a entender que la justicia, además de dictar sentencias, está llamada a tender puentes, a propiciar entendimientos y a sostener la armonía social, requisito indispensable para garantizar la dignidad de las personas. Es un tránsito que exige paciencia, diálogo y el aporte de todos los que hacen vida en el sistema.

Cuando el Listín Diario propone fomentar el diálogo en los barrios, está apuntando al corazón del problema: la convivencia. La paz no se decreta, se construye. Y se construye en el día a día, en la resolución de esos conflictos pequeños en apariencia, pero grandes en impacto, que ocurren entre vecinos, en las comunidades y en las familias. Es ahí donde el diálogo se convierte en la herramienta más poderosa para el avance de los derechos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro apoyo a esta propuesta. Nuestra hoja de ruta, el Plan Justicia del Futuro 2034, tiene como pilar central una justicia accesible y centrada en las personas, construida con el aporte de todos: los jueces y servidores judiciales que la sostienen cada día, el foro de abogados, las instituciones del sector justicia, la academia y la ciudadanía. Esa construcción compartida es, en sí misma, una expresión del valor del diálogo: nos recuerda que las mejores soluciones surgen cuando nos sentamos a escuchar antes de decidir.

Esa apuesta por el entendimiento exige, en primer lugar, reconocer y valorar el esfuerzo cotidiano de quienes hacen posible la justicia. Jueces, defensores públicos, fiscales, abogados litigantes, servidores judiciales y profesionales auxiliares trabajan, muchas veces en condiciones complejas, para sostener un sistema que la ciudadanía necesita y demanda. Sus inquietudes, sus señalamientos y sus aportes son insumos legítimos e imprescindibles para una transformación que solo puede hacerse con ellos, nunca sin ellos. Escuchar es, también, una forma de hacer justicia.

El diálogo, además de ser una fortaleza democrática, es el reconocimiento de que ambas partes tienen razón, en una parte de lo que plantean, y de que la convivencia pacífica es el suelo fértil sobre el cual crecen el desarrollo, la confianza institucional y la estabilidad social.

Donde hay voluntad de escucharse, casi siempre hay un acuerdo posible.

Como institución queremos predicar con el ejemplo. Por eso mantenemos las puertas abiertas a toda iniciativa, propuesta o inquietud que aporte a la construcción de una mejor justicia, venga de donde venga. Este Poder Judicial, que es parte integral de la comunidad y se debe a ella, reafirma su disposición al diálogo permanente, a la escucha activa y a la búsqueda conjunta de soluciones, con la serenidad y la buena voluntad que los retos del momento requieren.

Agradezco al Listín Diario por elevar el tono del debate público hacia la convivencia. Convirtamos juntos esa visión en realidad: las instituciones, los profesionales del derecho, los gremios y la ciudadanía. Porque una sociedad que dialoga es una sociedad que progresa, y una justicia que escucha es una justicia que dignifica.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

El valor del diálogo: Una cultura del encuentro y el entendimiento

La Conferencia no es solo una cita en la agenda institucional. Es, desde su origen en el año 2000, un espacio pensado para algo muy concreto: abrir la justicia, escuchar, conversar y construir en conjunto. La justicia no puede transformarse en silencio; necesita diálogo, contraste de ideas y participación.

Por eso, en esta nueva edición volvemos a convocar a jueces, servidores judiciales, abogados, académicos, estudiantes, representantes de otros poderes del Estado, medios de comunicación y a toda persona interesada en la justicia. Porque creemos que el futuro de la justicia no se diseña desde un solo lugar, sino entre todos.

Este año, además, la Conferencia tiene un significado especial. Es el espacio donde damos vida al Plan Justicia del Futuro 2034. No como un documento teórico, sino como una hoja de ruta que se revisa, se discute y se ajusta de manera permanente.

Aquí vamos a mirar lo que hemos logrado, pero también lo que debemos mejorar. Vamos a analizar avances, identificar desafíos y, sobre todo, renovar compromisos. Porque planificar no es solo proyectar, es también tener la capacidad de corregir el rumbo cuando sea necesario.

Los países que han logrado sistemas de justicia sólidos no lo han hecho por casualidad. Han apostado por la planificación, por el diálogo institucional y por la continuidad de sus políticas. Eso es precisamente lo que buscamos consolidar. Una justicia moderna no se improvisa: se construye, se evalúa y se sostiene en el tiempo.

En ese camino, el Plan Justicia del Futuro 2034 nos plantea una dirección clara. Queremos una justicia más accesible, donde las personas puedan realizar sus gestiones sin barreras innecesarias. Queremos una justicia más ágil, que responda en plazos razonables y reduzca la complejidad de los procesos. Y queremos una justicia más transparente e íntegra, donde las reglas estén claras y la confianza se fortalezca.

En definitiva, una justicia centrada en las personas, donde el sistema se organice en función de su dignidad y no al revés.

Es cierto que en los últimos años hemos logrado avances importantes. Hoy contamos con tribunales más eficientes, con procesos digitalizados y con servicios que permiten a muchos usuarios interactuar con la justicia sin necesidad de desplazarse. Son pasos relevantes, pero sabemos que aún queda camino por recorrer.

Por eso esta Conferencia es tan necesaria. Porque nos permite detenernos, mirar el conjunto y preguntarnos, con honestidad, qué estamos haciendo bien y qué debemos mejorar. Y, sobre todo, nos permite hacerlo juntos.

También será una oportunidad para conocer experiencias internacionales, intercambiar ideas con expertos y enriquecer nuestra visión con otras perspectivas. Pero, más allá de eso, será un espacio para reafirmar algo esencial: la justicia es una tarea colectiva, que necesita del compromiso de toda la sociedad.

La presencia de representantes de distintos sectores del país, así como de invitados internacionales, es una señal clara de que la transformación de la justicia dominicana importa, genera interés y merece ser acompañada.

Me gustaría, por eso, hacer una invitación abierta. A participar, a escuchar, a cuestionar, a proponer. Porque el futuro de la justicia no está escrito de antemano: lo estamos construyendo cada día con nuestras decisiones.

Tenemos por delante jornadas de trabajo intensas, pero también valiosas. Jornadas que deben ayudarnos a consolidar lo avanzado y a proyectar con mayor claridad lo que viene.

Estoy convencido de que, si mantenemos este espacio de encuentro, si seguimos apostando por el diálogo y la planificación, podremos avanzar hacia una justicia cada vez más confiable, más cercana y más útil para las personas.

Nos vemos en la Conferencia.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

La Conferencia del Poder Judicial 2026: Todos invitados a construir la justicia del futuro

Esto no es restar valor a los tribunales de justicia, más bien es reforzarlo. Tampoco se trata de aumentar la burocracia ni de añadir pasos innecesarios; al contrario, buscamos que los trámites se atiendan en las instituciones del Estado que tienen mayor vocación para prestarlos, con la agilidad y cercanía que la ciudadanía necesita. Los tribunales deben concentrarse en resolver conflictos reales entre personas o instituciones, no en certificar trámites que otras instancias pueden asumir con igual seguridad jurídica.

De ahí que en los últimos años hayamos impulsado la desjudicialización de ciertos procesos, como las ratificaciones de actas del Estado Civil, el registro de prenda sin desapoderamiento o los deslindes de terrenos registrales (sobre los que abrimos una consulta pública que culminó el pasado jueves 25 de septiembre), convencidos de que existen vías más ágiles y apropiadas para resolverlos.

Esta orientación no es una ocurrencia aislada, sino una tendencia internacional. España, por ejemplo, desde 2015 permite que los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores se formalicen directamente ante notario mediante escritura pública. Con esta reforma, los trámites dejaron de congestionar los juzgados, se redujeron tiempos de espera y se brindó a las personas un acceso más sencillo y menos costoso al servicio. En Portugal el camino fue aún más directo: los divorcios por mutuo consentimiento se resuelven en las conservadurías del registro civil, incluso en línea, con tarifas predecibles y razonables. En ambos casos, la justicia se fortaleció porque los jueces quedaron liberados para dedicarse a lo que realmente requiere su intervención. Algo parecido ha ocurrido con la coordinación catastro–registro en España: al permitir que los conflictos sobre linderos y descripciones gráficas se encaucen por expedientes registrales, se redujeron fricciones y litigios que antes abarrotaban a los tribunales.

La experiencia internacional confirma que desjudicializar significa ganar tiempo y dinero para la sociedad. Procesos que antes tardaban meses en despachos judiciales hoy se resuelven en días o incluso horas en una notaría, un registro civil o una plataforma digital. Los usuarios ahorran desplazamientos y costos, el Estado reduce la presión sobre su sistema judicial, y los jueces pueden concentrarse en causas que de verdad demandan su criterio y autoridad.

En la República Dominicana hemos desjudicializado el cambio de nombre, la ratificación de declaraciones tardías del estado civil y el registro de prenda sin desapoderamiento. Gracias a estas medidas, más de 90,000 asuntos anuales dejaron de ingresar a los tribunales de la República Dominicana en su conjunto, liberando capacidad para que los jueces atiendan con mayor calidad los conflictos que sí requieren decisión jurisdiccional .

Solo en 2024 ingresaron 453,544 asuntos al Poder Judicial, de los cuales un 36 % fueron procesos graciosos o no contenciosos. Aunque esa cifra aún es alta, representa una reducción de más del 40% en comparación con 2017, cuando la mitad de la demanda judicial correspondía a este tipo de trámites .

Esta simplificación ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los poderes del Estado y órganos extrapoder. Sin el apoyo del Poder Legislativo, del Consejo Nacional de Competitividad, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de la Junta Central Electoral y de otras instituciones públicas, esta importante reducción no habría sido posible .

Pero todavía queda camino por recorrer. Queremos avanzar en la desjudicialización de la renuncia, enajenación o sustitución de bienes de familia; el registro de asociaciones sin fines de lucro; la inscripción de testamentos y poderes; y los trámites relacionados con el rompimiento de sellos realizados por los jueces de paz y el registro de protocolos notariales .

La meta que nos hemos propuesto es ambiciosa: reducir del 36 % actual al 10 % en 2034 la proporción de asuntos no contenciosos que ingresan a los tribunales.

Alcanzarla exige mejorar el acceso digital, otorgar incentivos inteligentes a quienes trabajan en el sistema de justicia y asegurar que cada institución cumpla el papel que le corresponde, sin duplicidades innecesarias.

Ese es el camino que asegura que la justicia se concentre en lo verdaderamente esencial: que, cuando una persona realmente necesite a un juez, lo encuentre disponible, con más tiempo, con más atención y con la serenidad que da saber que la justicia responde a lo que de verdad importa.

En esa ocasión quise transmitir un mensaje sencillo, pero profundo: la justicia no puede organizarse para la comodidad de jueces, abogados o funcionarios. La justicia existe para servir a las personas. Lo mismo que una firma prestigiosa debe preocuparse más por la experiencia de sus clientes que por la opinión de sus colegas, el Poder Judicial debe organizarse pensando en la dignidad de quienes acuden a resolver un conflicto. Y en este tiempo de cambio civilizatorio, esa dignidad pasa inevitablemente por el acceso digital.

Nuestra travesía ha sido intensa. Lo que empezó como una innovación tímida en medio de la pandemia (audiencias virtuales, expedientes electrónicos, notificaciones en línea) hoy es práctica cotidiana. Todos los expedientes que llegan a los jueces lo hacen de manera digital y en jurisdicciones como la del Distrito Nacional, más del noventa por ciento de los trámites ya se realiza en línea. El portal de Acceso Digital, que cuenta con más de quince mil usuarios registrados entre abogados, ciudadanos y entidades, se ha convertido en la nueva puerta de entrada a la justicia. Esa mudanza del papel a la nube no es un detalle tecnológico: es una revolución en la forma en que concebimos el servicio.

He recordado muchas veces la frase de Manuel Castells: “la exclusión digital es exclusión social”. Por eso, mientras impulsamos el acceso en línea, también mantenemos espacios de acompañamiento presencial, interfaces accesibles y servicios diseñados para personas con discapacidad o barreras lingüísticas. Digitalizar no es sustituir, sino ampliar y garantizar derechos. Y al mismo tiempo, hemos avanzado en la desjudicialización de procesos que no requieren un juez, como la prenda sin desapoderamiento o la rectificación de actas, reduciendo la carga en los tribunales y permitiendo que se concentren en resolver verdaderos conflictos.

Todo esto forma parte de una visión más amplia que hemos llamado Plan Justicia del Futuro 2025-2034. Una hoja de ruta que busca no solo modernizar procesos, sino redefinir el papel de la justicia en la sociedad. En ella, la apertura es esencial. La justicia del siglo XXI no puede ser opaca. Por eso hemos creado herramientas como la Juriteca y el Observatorio Judicial, que ponen a disposición del público leyes, jurisprudencia y estadísticas actualizadas. Y por eso celebramos este año la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, que concluyó con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso regional que vincula transparencia con democracia.

Pero si algo quise destacar en el almuerzo es que la justicia no es solo un servicio público: es también una infraestructura del desarrollo. Los países que logran resolver conflictos con rapidez y previsibilidad son los que atraen inversiones, generan empleo y sostienen crecimiento. El interés de la República Dominicana en incorporarse a la OCDE, expresado por el decreto presidencial 408-25, se apoya precisamente en esta idea: que la fortaleza institucional, la seguridad jurídica y la justicia digital son parte de nuestra carta de presentación al mundo.

Richard Susskind, experto en transformación de los tribunales, suele decir que la justicia en línea no es simplemente trasladar lo que hacíamos al formato digital, sino repensar los recorridos de servicio desde la perspectiva del usuario. Son ideas que refuerzan nuestra convicción: la transformación digital no es un accesorio, sino el núcleo de la legitimidad en este tiempo.

En este camino, el papel de los abogados y de las firmas es decisivo. Ellos son la primera línea de contacto con quienes necesitan justicia. Su capacidad de detectar fricciones en los procesos, de proponer mejoras en el portal digital, de usar la Juriteca y el Observatorio para fundamentar mejor sus argumentos, o de acompañar a sus clientes en la transición hacia la justicia en línea, es insustituible. También pueden contribuir en la discusión de estándares, en la simplificación de trámites y en la construcción de confianza. El futuro de la justicia no se construye solo en los tribunales: también se moldea en los despachos, en las aulas universitarias y en la asesoría cotidiana a ciudadanos y empresas.

Viéndolo en retrospectiva, lo que parecía una transición tecnológica se ha convertido en una transformación ética. Hemos pasado del papel a la nube, pero también de una justicia centrada en el expediente a una justicia centrada en la experiencia de las personas. Y esa travesía no la podemos hacer solos. Necesitamos a los abogados y abogadas, a las empresas, a las universidades, a toda la sociedad.

Por eso agradezco profundamente el espacio de Revista Mercado y de la comunidad jurídica reunida en el Top Lawyers Lunch. Igual que en sus despachos la confianza del cliente lo es todo, para nosotros la confianza de la ciudadanía es el bien más preciado. Construirla no es un acto individual, es un esfuerzo compartido. Si seguimos este camino con visión ética, apertura y compromiso, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea una fuente de confianza y prosperidad compartida.

La gran promesa de la i‑Justicia no es un eslogan, ni un documento más, es una invitación a hacer justicia con propósito

Siempre he creído que los marcos conceptuales, lejos de ser abstracciones teóricas, son herramientas útiles para transformar realidades complejas. En el caso de la justicia, conceptos como la E‑Justicia, la X‑Justicia o la más reciente propuesta de i‑Justicia nos ayudan a ordenar ideas, anticipar dilemas y tomar decisiones con un horizonte claro. Nos permiten preguntarnos para qué y para quién digitalizamos. ¿Lo hacemos solo para ser más rápidos? ¿más costo-efectivos? ¿O también para ser más justos?.

La E‑Justicia fue un paradigma surgido en los albores de la era digital, en 2006, en el marco de la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada también en Santo Domingo. Con su promesas me mayor eficiencia, trazabilidad y acceso remoto, la E-justicia cambió nuestras rutinas en tribunales y fiscalías, nos obligó a repensar formatos y a dejar atrás el papel. Pero también dejó en evidencia que la tecnología, sin dirección ética, puede reproducir desigualdades o desdibujar derechos.

La X‑Justicia apareció entonces como correctivo, como una advertencia necesaria: no todo lo que puede automatizarse debe automatizarse. Se valora así el control humano sobre los algoritmos, el respeto al debido proceso, inclusión digital y el control democrático de los sistemas automatizados (Barata, 2022; Wischner, 2021).

Así se fueron definiendo estándares como el Código Iberoamericano de Ética Judicial y las Reglas de Brasilia, que nos recuerdan que toda reforma judicial debe centrarse en la dignidad humana, especialmente de quienes están en situación de vulnerabilidad.

Más recientemente, la Cumbre ha impulsado agendas de transformación digital, estrategias de interoperabilidad y guías para el uso ético de la inteligencia artificial. Así evolucionó el concepto en diversas ediciones de la Cumbre como San José 2016; Quito 2020;  y finalmente, la semana pasada, aquí en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana de Santo Domingo. Se completa así un ciclo de casi 20 años que tiene como resultado una propuesta cada vez más madura de I‑Justicia.

Lo que me convence de esta visión es que no pretende ser neutral. La “i” no es solo de Iberoamérica: también es de inclusión, de integridad, de institucionalidad y de innovación con propósito. Es una invitación a orientarse por valores y no por modas tecnológicas. La I‑Justicia entiende que no basta con incorporar medios digitales, hay que hacerlo con sentido. Que no basta con digitalizar procesos; hay que hacerlo garantizando derechos.

Que no basta con hablar de eficiencia; hay que medir también el impacto social y la percepción ciudadana. Y, sobre todo, que no basta con dejarlo en manos de técnicos; es necesario que jueces, operadores, ciudadanía y academia dialoguen sobre qué tipo de justicia queremos.

La i-Justicia nos invita a un cambio cultural, estructural y tecnológico que ya estamos realizando en República Dominicana.

Este enfoque empieza a tomar forma concreta en nuestro trabajo diario. No se trata solo de tener expedientes electrónicos o audiencias virtuales —que ya son una realidad cotidiana—, sino de transformar la cultura institucional. Estamos viendo cambios en la forma de comunicar, con lenguaje más claro y cercano.

En la forma de decidir, con datos que orientan políticas públicas. En la forma de servir, con atención al trato digno y a la accesibilidad. Más de setecientos jueces firmando digitalmente, más de cien mil audiencias virtuales realizadas, miles de personas formadas en competencias digitales. No es solo infraestructura: es una nueva forma de pensar la justicia.

Y esa transformación no termina en la tecnología. Nos obliga a revisar nuestras propias prácticas, nuestros modelos de gobernanza, nuestras formas de evaluar el desempeño.

Para mí, esa es la gran promesa de la i‑Justicia. No es un eslogan, ni un documento más. Es una invitación a hacer justicia con propósito. A no renunciar a la eficiencia, pero tampoco a la ética. Construir un modelo que nos permita mirar a los ojos a la ciudadanía y decirle, con honestidad: la justicia está cambiando y lo está haciendo pensando en todas y todos.

El juicio de Jesús de Nazaret ha sido considerado, con razón, el proceso más injusto de la historia. Un símbolo de lo que ocurre cuando la justicia es desplazada en favor del miedo, la presión de la popularidad o el servicio al poder. Más allá de las creencias individuales, su figura ofrece un punto de partida esencial para reflexionar sobre la justicia, el rol de las instituciones y el deber ético de quienes las representan.

Hace varias décadas, el expresidente de la República y jurista Salvador Jorge Blanco publicó El juicio de Jesús, un análisis desde el Derecho que, con rigor técnico, advertía lo que muchos hoy seguimos repitiendo: que en aquel proceso se violaron garantías elementales que, aun bajo los estándares de la época, debieron haber protegido a cualquier acusado. Con mayor razón, al revisar ese juicio desde los principios contemporáneos (la presunción de inocencia, la defensa técnica, la imparcialidad judicial y la legalidad del procedimiento), no cabe duda de que estamos ante un paradigma de la injusticia institucional.

Desde su arresto nocturno y sin acusación formal, hasta la condena dictada sin pruebas concluyentes ni derecho a defensa, el juicio de Jesús estuvo plagado de vicios estructurales. El interrogatorio ante el Sanedrín ocurrió a puerta cerrada, de madrugada, violando la publicidad y legalidad del proceso. No se le permitió testigo de descargo alguno. Se recurrió a testimonios inconsistentes y manipulados. El veredicto fue dictado con prisa, sin motivación suficiente y sin espacio para la deliberación. La decisión, más que judicial, fue política. Y Pilato lo sabía.

Poncio Pilato, gobernador romano, interrogó a Jesús y declaró no hallar falta en él. Sin embargo, ante la presión del Sanedrín y el clamor de la multitud, cedió. Lavó sus manos. Y autorizó una condena que reconocía injusta. (Pilato es, para muchos, el “romano perfecto”: símbolo del poder que prioriza el orden sobre la justicia, que administra sin convicción y elude la verdad para preservar el sistema.) Su gesto no fue de ignorancia, sino de resignación.

Entonces cabe preguntarse: ¿fue la justicia la que condenó a Jesús?

No. Fue, más bien, su ausencia. Fue la renuncia a la justicia. La escena que hoy recordamos como “juicio” fue una formalidad hueca, revestida de legalidad pero desprovista de legitimidad. La justicia no se equivoca cuando actúa conforme a sus principios. Se corrompe cuando abdica de ellos. Pilato no falló por ignorancia, sino por debilidad. Y esa renuncia convirtió el tribunal en instrumento del poder, no en garante del Derecho.

Si Jesús fuese juzgado hoy, ¿qué garantías tendría? ¿Tendría defensa efectiva, acceso a prueba, igualdad ante el tribunal? ¿O sería víctima de linchamientos mediáticos, prejuicios anticipados y discursos de odio amplificados en redes? La pregunta no es retórica. En un mundo donde el populismo penal se expande, donde la justicia se exige como castigo inmediato y no como proceso garantizado, el juicio de Jesús adquiere nueva vigencia.

El populismo penal erosiona las bases del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, la legalidad, la proporcionalidad, el derecho a un juicio justo. Bajo esta lógica, se condena no por lo que se prueba, sino por lo que se teme o se desea castigar. La figura de Jesús nos interpela: ¿estamos dispuestos a defender el debido proceso aun cuando se trate de personas impopulares, distintas o incómodas? ¿O volveremos a lavar nuestras manos, dejando que otros griten el veredicto?

El juicio de Jesús nos llama a construir instituciones que no dependan del volumen del grito en la plaza, sino de la fuerza del Derecho. Que actúen con valentía, incluso cuando el fallo sea impopular. Que protejan al imputado no como obstáculo para la justicia, sino como garantía para todos de que seremos tratados con dignidad, aun en los momentos más difíciles.

El respeto al debido proceso no es una formalidad. Es la esencia misma de la justicia. El Derecho no es simplemente un conjunto de formas: es el compromiso de las instituciones con la verdad, con la equidad, con la dignidad de las personas. El juicio de Jesús, con todo su peso simbólico, nos advierte lo que ocurre cuando ese compromiso se rompe.

Por eso, hoy más que nunca, recordar ese proceso es también un llamado: a no ceder ante la presión, a no disfrazar de justicia la voluntad de favorecer al poder o a la calle, y a no repetir (ni en lo simbólico ni en lo real) las sombras de aquella madrugada que la historia no ha dejado de juzgar.

Imagen: ’Ecce Homo' (1871), pintura al óleo sobre lienzo de Antonio Ciseri