Esa verdad, que puede parecer abstracta, tiene consecuencias concretas para la vida democrática. Cada decisión judicial no solo resuelve un conflicto particular; también envía un mensaje sobre el tipo de sociedad que queremos ser: una sociedad donde el poder se ejerce con límites, donde la dignidad se protege incluso en el desacuerdo y donde la ley prevalece sobre la emoción del momento.

La prudencia recuerda que cada expediente contiene vidas reales y que el error judicial erosiona la confianza colectiva.

El método garantiza que las decisiones se basen en pruebas, reglas y garantías, no en intuiciones ni presiones circunstanciales.

El carácter permite sostener la independencia cuando el poder presiona o cuando el aplauso fácil intenta seducir.

Cuando falta la prudencia, la justicia se precipita.

Cuando falta el método, se vuelve arbitrariedad.

Cuando falta el carácter, se somete al clima del momento.

Por eso el debido proceso judicial no es un obstáculo para la justicia: es su condición más importante. Las reglas probatorias y la motivación de las decisiones no debilitan la respuesta del Estado frente al delito; la legitiman.

La autoridad de una sentencia nace de su razonabilidad, no de su espectacularidad.

La transformación judicial que impulsamos parte de esa convicción. Buscamos una justicia que llegue a tiempo, pero que llegue bien: eficiente sin renunciar a las garantías, transparente sin sacrificar independencia y comprensible sin perder rigor. Modernizar procesos, incorporar tecnología y mejorar la gestión son pasos necesarios, pero no suficientes. El verdadero cambio es cultural: construir una institución donde la integridad sea la regla y la confianza el resultado.

La pedagogía judicial forma parte esencial de ese esfuerzo. Hoy las decisiones judiciales ya no permanecen confinadas al expediente: circulan de inmediato en los medios y en las redes sociales, generando interpretaciones, debates y juicios instantáneos. Explicar las decisiones y hacer comprensibles los procedimientos no es un ejercicio comunicacional accesorio, sino una responsabilidad democrática.

Sin comprensión no hay confianza; sin confianza no hay legitimidad sostenible.

En un mundo de respuestas instantáneas, la serenidad institucional puede parecer lenta. Pero es precisamente esa serenidad la que protege a la democracia de sus propios impulsos. Porque cuando la justicia actúa con prudencia, método y carácter, no solo resuelve conflictos: preserva la libertad, sostiene la igualdad y fortalece la convivencia.

La justicia del futuro no será la que grite más fuerte, sino la que inspire mayor confianza.

Ese es el compromiso.

ES DE JUSTICIA – Listín Diario

La fortaleza de una justicia que decide con serenidad

En ese sentido, los acuerdos penales no son una vía de escape ni una concesión, sino una herramienta legítima para hacer efectivo el principio de que la libertad debe ser la regla y la privación de libertad, la excepción. Cuando se utilizan con responsabilidad, los acuerdos permiten dar respuestas rápidas, evitar dilaciones innecesarias y proteger la dignidad de todas las personas involucradas.

Una salida acordada no es sinónimo de una salida “blanda” o condescendiente, la clave está en la proporcionalidad.

Por ejemplo, hace poco se conoció el caso de un homicidio resuelto en apenas una semana por la justicia de Puerto Rico. Lejos de ser una anomalía, ese proceso refleja el estándar de eficiencia al que debe aspirar un sistema penal moderno. En ese caso, la desestimación de ciertos cargos a cambio de una aceptación de culpa permitió imponer una sentencia de 35 años de prisión: una pena severa y proporcional, dictada sin el desgaste humano, institucional y económico que supone un litigio prolongado durante años. Resolver rápido no es ser indulgente; es ser responsable.

Cuando la defensa y el Ministerio Público alcanzan acuerdos en etapas tempranas, se elimina la incertidumbre de procesos dilatados y se garantiza que la persona imputada asuma su responsabilidad de manera inmediata. Al mismo tiempo, se ofrece a las víctimas y a la sociedad una respuesta oportuna. La justicia que llega tarde no repara: frustra. Por eso, desmitificar la idea de que la celeridad compromete la calidad de la justicia es una tarea central para quienes creemos en un Estado de derecho efectivo.

Uno de los impactos más visibles de estos mecanismos es la racionalización del uso de los recursos públicos. Mientras un juicio tradicional puede generar expedientes de miles de folios, audiencias suspendidas y años de trabajo acumulado, aquel proceso en Puerto Rico se resolvió mediante una glosa de apenas 14 páginas que contenía todas las actuaciones y la sentencia definitiva. 

La síntesis no es una falta de rigor, sino la expresión de un sistema que prioriza la resolución del conflicto por encima del ritual burocrático.

Esta reflexión no es teórica. En los últimos años en República Dominicana, se han resuelto numerosos casos a través de acuerdos y otras soluciones alternas, sin llegar a la etapa de juicio. Esto incluye procesos vinculados a medidas de coerción y anticipos de prueba que encontraron una salida en la fase intermedia, reduciendo de manera significativa la duración de los procesos, la litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales.

Estos resultados fueron presentados en el marco de la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional del Programa de Optimización del Proceso Penal (POPP), espacio en el que confluyen jueces, fiscales, defensores públicos y otros actores del sistema.

Estos avances son relevantes en la duración de los procesos penales con imposición de prisión preventiva. Durante años, estos casos superaban los 24 meses para obtener una sentencia de fondo. Sin embargo, este tiempo se ha reducido bastante, incluso considerando la etapa de apelación.

Asimismo, la duración para la emisión de órdenes de libertad también se redujo en los últimos años. Esta tendencia continuará fortaleciéndose gracias a los avances en interoperabilidad con la Procuraduría General de la República, que permitirán agilizar flujos de información y reducir tiempos muertos innecesarios.

Un hito particularmente significativo fue el piloto desarrollado en el distrito judicial de Hermanas Mirabal. Este distrito registró un incremento en los acuerdos alcanzados, como resultado de la revisión sistemática de casos, la coordinación interinstitucional y el uso estratégico de los mecanismos alternos previstos en la ley.

En paralelo, la Mesa de Coordinación consolidó sus propuestas de reforma al Código Procesal Penal, contribuyendo a un marco normativo más coherente, garantista y orientado a la eficiencia. Para asegurar la sostenibilidad de estos avances, se ratificó un esquema de seguimiento quincenal, que permitirá monitorear de forma sistemática los acuerdos alcanzados, la duración de los procesos y la emisión de órdenes de libertad, consolidando al POPP como una política pública judicial de alcance nacional.

Detrás de cada cifra hay personas concretas. Detrás de cada indicador hay tiempo devuelto a las personas, derechos efectivamente restituidos y un acceso a la justicia más cercano y digno. Ese es el horizonte que guía este esfuerzo: un sistema penal que sea firme cuando debe serlo, pero también humano, inteligente y fiel a los principios constitucionales que lo sustentan.

Por este motivo, como cada año, el pasado 30 de enero, quien suscribe este artículo presentó su informe de Desempeño 2025 tanto en su condición de juez del Pleno como en el ejercicio de las atribuciones propias de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

El informe recoge las actuaciones realizadas en el ejercicio de las distintas funciones institucionales vinculadas a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, a la Escuela Nacional de la Judicatura, al Registro Inmobiliario y a la Defensa Pública. Más allá de las cifras (sesiones celebradas, decisiones adoptadas o resoluciones aprobadas), su valor central reside en el mensaje que transmite: la función judicial puede y debe ser evaluada, sin menoscabo de su independencia.

Uno de los avances más significativos que refleja el informe es el impacto concreto de las políticas orientadas a reducir la mora judicial. En 2025, se asumió como compromiso que ningún expediente permanezca sin decisión por más de seis meses, con resultados verificables en la mayoría de las jurisdicciones y una reducción sostenida de los tiempos promedio de resolución.

Resolver en plazos razonables no es solo una exigencia de eficiencia; es una condición de dignidad para las personas que esperan una respuesta del sistema de justicia.

En esa misma línea, la transformación digital dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica cotidiana. El uso generalizado del Sistema de Gestión de Casos, la expansión del Portal de Acceso Digital y la automatización de servicios como la publicación de boletines judiciales han cambiado la forma en que ciudadanos, abogados y operadores interactúan con la justicia. Como hemos explicado en otros momentos, la digitalización no sustituye al juez ni al juicio, pero sí reduce tiempos, elimina barreras innecesarias y mejora la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

Esta práctica de rendición de cuentas se inscribe, además, en una concepción moderna de la ética judicial. La ética no se limita a la conducta individual del juez, sino que se proyecta como una responsabilidad institucional permanente. El fortalecimiento del Comité de Comportamiento Ético, la incorporación de expertos nacionales e internacionales y la aprobación de protocolos para la protección de datos personales y para la atención de personas en condición de vulnerabilidad son expresiones concretas de esa visión.

Otro hito mencionado en el informe es la presentación del Plan Estratégico Decenal 2025–2034, Justicia del Futuro, refleja la voluntad del Poder Judicial de pensar más allá del corto plazo, anticipar desafíos y fortalecer sus capacidades institucionales con una visión centrada en las personas, la innovación responsable y la toma de decisiones basada en evidencia.

Mirando hacia el futuro, rendir cuentas no debe ser una práctica excepcional ni limitada a los más altos cargos. Debe consolidarse como una cultura judicial, en la que todos los jueces, en el ámbito de sus competencias, asuman que informar sobre su trabajo es parte esencial del servicio público que prestan. 

La justicia del siglo XXI exige jueces técnicamente competentes, éticamente íntegros y socialmente responsables. Cuando la justicia se explica, se entiende. Y cuando se entiende, se confía en ella. Ese es uno de los mayores aportes que puede hacer un Poder Judicial comprometido con la dignidad humana, la legalidad y el futuro democrático del país.

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Publicado en Listín Diario

Rendir cuentas fortalece la justicia.

Henry Molina hizo su planteamiento durante su participación en el Congreso Internacional en Estrategia Legal (CIEL) 2025, organizado por el Instituto OMG, espacio en donde abordó el tema “Transformación de la Estrategia Legal: el cumplimiento empresarial y el rol de la tecnología en el mundo actual”. 

Molina, quien también explicó que la tecnología es la herramienta de la transformación judicial, su lenguaje es el cumplimiento y la confianza su resultado. 

“Una justicia que inspira confianza, fortalece el desarrollo económico y honra la dignidad de las personas. El futuro del Derecho exige instituciones éticas, empresas responsables y ciudadanos conscientes, solo así consolidaremos un Estado Social y Democrático de Derecho que funcione no solo en los textos, sino en la vida cotidiana de la gente”, sostuvo, Henry Molina. 

El magistrado Molina afirmó que el Poder Judicial de República Dominicana ha demostrado que la transformación judicial está dando resultados y que frenarla no sería justicia, porque lo que está en juego no es un nombre, sino un modelo que sirve mejor al país. 

“Con la política Justicia al Día, más del 80% de los tribunales están libres de mora judicial, y en la Suprema Corte de Justicia el 90% de los casos son resueltos en el plazo de seis meses. Un hito que no es menor, teniendo en cuenta que en el año 2019 el margen de los casos sin solución databa del 1982 hasta el 2018, es decir, hemos vencido un rezago de 40 años”, puntualizó. 

Puso como ejemplo La Ley de Casación de 02- 2023 que redujo de dos años a 37 días el tiempo promedio para asignar un expediente de casación a la sala correspondiente y que el 100 % de los jueces y servidores judiciales operan con firma digital. 

También destacó el Portal de Acceso Digital y la Mudanza Digital Judicial que permiten gestionar procesos y audiencias desde cualquier lugar. 

En lo relacionado al Registro Inmobiliario, informó que ya recibe todos los documentos electrónicamente, tramita expedientes 100 % digitales y ofrece alertas registrales que fortalecen la transparencia y previenen el fraude. 

“Estos avances son prueba de que la digitalización judicial no es una mejora operativa, sino una transformación estructural que busca garantizar acceso, eficiencia y transparencia para todos los ciudadanos”, afirmó Molina. 

Al destacar la importancia de la tecnología afirmó que estas herramientas redefinen  la justicia y que el desafío no es resistirla, sino gobernarla con ética. 

En ese sentido, puso de relieve Ley 339-22 sobre Medios Digitales con la cual el Poder Judicial ha incorporado herramientas que garantizan trazabilidad, inclusión y rendición de cuentas. 

El Observatorio Judicial mide en tiempo real la mora y el desempeño con datos abiertos, y la Juriteca integra doctrina, jurisprudencia y legislación en un solo espacio accesible a toda la comunidad jurídica. 

“La inteligencia artificial y la analítica de datos ya asisten la gestión en materia de tránsito, automatizando tareas repetitivas y reduciendo la carga de trabajo; pero lo tenemos claro: la tecnología puede asistir, nunca sustituir. Porque la conciencia humana sigue siendo el corazón de la justicia”, aseguró. 

Asimismo, puntualizó que cada herramienta digital puede ser un modo de cuidar la dignidad de las personas, al tiempo de explicar que el Plan Justicia del Futuro 2034 no es un proyecto técnico, sino una apuesta por reinstaurar la humanidad en la práctica judicial. 

En cuanto a la seguridad jurídica, aseguró que cuando la justicia inspira confianza, la inversión florece, por lo que la reforma judicial también es una política económica. 

“Nuestro progreso, reflejado en la mejora de ocho posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, demuestra que los resultados llegan cuando las reformas se sostienen y se evalúan con transparencia”, afirmó el magistrado Molina. 

Asimismo, sostuvo que la articulación entre justicia y empresa es esencial para el desarrollo sostenible, porque ambos sectores están llamados a construir un ecosistema donde la legalidad, la ética y la tecnología se unan en favor del progreso común. 

Finalmente, el juez presidente de la SCJ aseguró que en América Latina compartimos un mismo desafío: fortalecer instituciones confiables, “ahí la transformación tecnológica del sistema judicial abre caminos a la colaboración regional”. 

Documental: Henry Molina, en la Sombra de la Democracia

Mi padre nació en Borojol, en Villa Francisca. Creció entre mudanzas apresuradas y trabajos tempranos, de niño lustró zapatos y vendió periódicos. De joven leyó contadores en la Corporación Dominicana de Electricidad. Solía bromear con que sí, que era “contador”, porque había pasado la adolescencia leyendo contadores. Ese humor, tan simple como orgulloso, decía mucho de su identidad de trabajador. También decía mucho su gratitud, a su hermana mayor, que sostuvo la casa, a los sacerdotes que lo acompañaron y a los amigos que lo empujaron a estudiar cuando el estudio parecía un lujo.

La fe cristiana fue una de las principales dimensiones de su vida. Muy pronto encontró un segundo hogar en el Oratorio María Auxiliadora y más tarde en Nueva York, conoció la labor de las JOC de Monseñor Cardjin  donde también participó el Padre Arango,S.J. una de tantas experiencias que, con el tiempo, tendría yo en común con mi padre. Allí en la JOC  aprendió una práctica que hizo suya para toda la vida: ver, juzgar y actuar. Ese orden sencillo, que parece un método, fue para él una ética cotidiana.

El exilio le abrió el mundo. En Venezuela aprendió el valor de las alianzas y la disciplina organizativa, conoció dirigentes sindicales y democristianos que marcaron su pensamiento y su carácter. Ese recorrido no fue una aventura personal, fue una escuela para entender que la justicia social necesita estructuras, formación y paciencia.

Desde entonces dedicó su vida al sindicalismo, a la formación técnica y al diálogo social. Fundó instituciones como la Confederación Autónoma Sindical Clasista anteriormente Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos de (CASC), el INFAS y el INFOTEP, convencido de que la justicia debía empezar por el trabajo, por el pan, por la educación. Fue maestro, diputado, asesor, pero sobre todo un hombre que creyó en el poder transformador de la dignidad. La justicia que él defendió desde el movimiento obrero y la que hoy buscamos desde las instituciones comparten una raíz, la dignidad humana.

Esa convicción marcó a su familia y, con los años, se convirtió también en un hilo que une generaciones. Crecí viendo cómo la justicia podía asumirse desde distintos frentes, desde el sindicalismo, la educación, la política o el derecho. En todos ellos, el propósito era el mismo, el de abrir oportunidades, equilibrar fuerzas, hacer valer la dignidad humana.

En casa, esa convicción se traducía en hábitos, la mesa compartida sin distinciones, las discusiones encendidas pero respetuosas y una regla no declarada que marcó a todos era que primero se practica, luego se predica.

La historia pública de mi padre se cruzó con la historia del país en momentos decisivos, como la Revolución de Abril de 1965, cuando muchos dominicanos sintieron que el destino nacional les pertenecía por primera vez. En casa conservamos una foto suya con uniforme caqui y los zapatos impecables. Él solía reírse de esa imagen, porque su combate, decía, no fue solo con armas, sino con ideas y organización.

Hoy, su nieto ha decidido mirar esa historia desde otro lugar. Con una cámara en las manos, ha querido contar quién fue su abuelo y por qué su ejemplo sigue siendo una referencia. El resultado es un documental  “Henry Molina, en la sombra de la democracia” que está ya disponible gratuitamente en su propia página web así cómo en Youtube.

Ver esa historia desde los ojos de mi hijo me obligó a un examen sencillo, recordar qué nos dejó y qué hacemos hoy con esa herencia.

Me recuerda que la justicia no se enseña solo con el conocimiento de las leyes, sino ante todo con ejemplo. Y que, cuando ese ejemplo de dignidad se vuelve herencia, el deber se convierte también en gratitud.

Porque la justicia que él perseguía desde el sindicalismo y la que hoy buscamos desde las instituciones judiciales comparten una misma raíz: la dignidad del ser humano. Aun desde espacios distintos, nuestros caminos parten de la certeza de que la justicia no es un discurso ni una técnica, sino una práctica diaria que exige escuchar, comprender y servir.

Lo que él impulsó desde el movimiento obrero, el acceso a oportunidades, la formación, la igualdad ante la ley, es lo mismo que hoy nos guía a poner a las personas en el centro. Por eso, la transformación del Poder Judicial que hoy impulsamos también es una continuación de ese legado. De la idea de que las instituciones deben servir para abrir caminos, no para cerrarlos.

Mi padre entendía que la justicia empezaba por ofrecer oportunidades, y ese principio sigue guiando nuestro esfuerzo por construir un sistema judicial más accesible, humano y eficiente. Su ejemplo nos recuerda que modernizar no es solo digitalizar procesos, sino poner la tecnología y la gestión al servicio de la dignidad humana. En cada reforma, en cada avance hacia una justicia más cercana, hay algo de aquella convicción que él sembró: que el trabajo y la justicia social son inseparables.

Por todo esto, este documental es, al mismo tiempo, memoria y promesa. Memoria de un hombre que hizo de la justicia una causa colectiva, y promesa de que esa causa sigue viva en las generaciones que lo suceden.

La convicción de la dignidad de la persona humana no es solo una frase, es una herencia que se agradece y se transmite ejerciéndola y trabajando por ella.

En esa ocasión quise transmitir un mensaje sencillo, pero profundo: la justicia no puede organizarse para la comodidad de jueces, abogados o funcionarios. La justicia existe para servir a las personas. Lo mismo que una firma prestigiosa debe preocuparse más por la experiencia de sus clientes que por la opinión de sus colegas, el Poder Judicial debe organizarse pensando en la dignidad de quienes acuden a resolver un conflicto. Y en este tiempo de cambio civilizatorio, esa dignidad pasa inevitablemente por el acceso digital.

Nuestra travesía ha sido intensa. Lo que empezó como una innovación tímida en medio de la pandemia (audiencias virtuales, expedientes electrónicos, notificaciones en línea) hoy es práctica cotidiana. Todos los expedientes que llegan a los jueces lo hacen de manera digital y en jurisdicciones como la del Distrito Nacional, más del noventa por ciento de los trámites ya se realiza en línea. El portal de Acceso Digital, que cuenta con más de quince mil usuarios registrados entre abogados, ciudadanos y entidades, se ha convertido en la nueva puerta de entrada a la justicia. Esa mudanza del papel a la nube no es un detalle tecnológico: es una revolución en la forma en que concebimos el servicio.

He recordado muchas veces la frase de Manuel Castells: “la exclusión digital es exclusión social”. Por eso, mientras impulsamos el acceso en línea, también mantenemos espacios de acompañamiento presencial, interfaces accesibles y servicios diseñados para personas con discapacidad o barreras lingüísticas. Digitalizar no es sustituir, sino ampliar y garantizar derechos. Y al mismo tiempo, hemos avanzado en la desjudicialización de procesos que no requieren un juez, como la prenda sin desapoderamiento o la rectificación de actas, reduciendo la carga en los tribunales y permitiendo que se concentren en resolver verdaderos conflictos.

Todo esto forma parte de una visión más amplia que hemos llamado Plan Justicia del Futuro 2025-2034. Una hoja de ruta que busca no solo modernizar procesos, sino redefinir el papel de la justicia en la sociedad. En ella, la apertura es esencial. La justicia del siglo XXI no puede ser opaca. Por eso hemos creado herramientas como la Juriteca y el Observatorio Judicial, que ponen a disposición del público leyes, jurisprudencia y estadísticas actualizadas. Y por eso celebramos este año la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, que concluyó con la Declaración de Santo Domingo, un compromiso regional que vincula transparencia con democracia.

Pero si algo quise destacar en el almuerzo es que la justicia no es solo un servicio público: es también una infraestructura del desarrollo. Los países que logran resolver conflictos con rapidez y previsibilidad son los que atraen inversiones, generan empleo y sostienen crecimiento. El interés de la República Dominicana en incorporarse a la OCDE, expresado por el decreto presidencial 408-25, se apoya precisamente en esta idea: que la fortaleza institucional, la seguridad jurídica y la justicia digital son parte de nuestra carta de presentación al mundo.

Richard Susskind, experto en transformación de los tribunales, suele decir que la justicia en línea no es simplemente trasladar lo que hacíamos al formato digital, sino repensar los recorridos de servicio desde la perspectiva del usuario. Son ideas que refuerzan nuestra convicción: la transformación digital no es un accesorio, sino el núcleo de la legitimidad en este tiempo.

En este camino, el papel de los abogados y de las firmas es decisivo. Ellos son la primera línea de contacto con quienes necesitan justicia. Su capacidad de detectar fricciones en los procesos, de proponer mejoras en el portal digital, de usar la Juriteca y el Observatorio para fundamentar mejor sus argumentos, o de acompañar a sus clientes en la transición hacia la justicia en línea, es insustituible. También pueden contribuir en la discusión de estándares, en la simplificación de trámites y en la construcción de confianza. El futuro de la justicia no se construye solo en los tribunales: también se moldea en los despachos, en las aulas universitarias y en la asesoría cotidiana a ciudadanos y empresas.

Viéndolo en retrospectiva, lo que parecía una transición tecnológica se ha convertido en una transformación ética. Hemos pasado del papel a la nube, pero también de una justicia centrada en el expediente a una justicia centrada en la experiencia de las personas. Y esa travesía no la podemos hacer solos. Necesitamos a los abogados y abogadas, a las empresas, a las universidades, a toda la sociedad.

Por eso agradezco profundamente el espacio de Revista Mercado y de la comunidad jurídica reunida en el Top Lawyers Lunch. Igual que en sus despachos la confianza del cliente lo es todo, para nosotros la confianza de la ciudadanía es el bien más preciado. Construirla no es un acto individual, es un esfuerzo compartido. Si seguimos este camino con visión ética, apertura y compromiso, dejaremos como legado una República Dominicana donde la justicia sea una fuente de confianza y prosperidad compartida.

El evento Top Lawyers 2025, organizado por Mercado Events, se consolidó como una plataforma de análisis y reconocimiento para el sector legal dominicano. En esta edición, dos intervenciones marcaron la agenda: la conferencia magistral de Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, titulada “El futuro de la Justicia: Construir un Sistema que Genere Confianza y Promueva la Prosperidad Compartida”. También el Vision Talk de Carolina Figuereo, directora de Legal y Cumplimiento de ALTIO SAFI, denominado “Fondos de Inversión: Regulación e Innovación para un Futuro Sostenible”. 

Ambas ponencias ofrecieron una visión integral sobre cómo la justicia y el derecho empresarial deben evolucionar. Lo hicieron en un contexto marcado por la transformación digital, la demanda de transparencia y la necesidad de atraer inversiones. A continuación, las cinco claves principales que dejó el encuentro.

1. La digitalización judicial es imparable

Henry Molina dejó claro que la justicia dominicana vive un punto de inflexión: la digitalización llegó para quedarse. Recordó que durante la pandemia, más del 70 % de las audiencias se realizaron en formato digital, lo que aceleró un cambio cultural que hoy ya se traduce en resultados concretos. 

Actualmente, “todo expediente que entra al Poder Judicial se tramita en formato digital”, aseguró. Esta innovación ha permitido mayor trazabilidad en los casos, reducción de tiempos y transparencia en el seguimiento de los procesos. Según el magistrado, la meta es que los ciudadanos puedan consultar el estado de sus casos con la misma facilidad con que rastrean un paquete en línea. 

2. El ciudadano es el centro del sistema

Otra idea central de Molina fue la necesidad de colocar al usuario final en el corazón de la administración de justicia. El magistrado reconoció que la experiencia ciudadana no siempre ha sido la mejor, y que el reto actual es ofrecer un servicio cercano, claro y confiable. 

Destacó que este enfoque implica un cambio de mentalidad en jueces, abogados y fiscales. La meta, insistió, es una justicia abierta, en la que cada individuo tenga acceso a información clara, tiempos definidos y resultados oportunos.

3. La nube como nuevo territorio judicial

El presidente de la Suprema Corte planteó que el espacio digital se ha convertido en el nuevo territorio de la justicia. A su juicio, la virtualidad no es un recurso accesorio, sino la forma natural en la que se gestionarán los procesos legales en adelante. 

Esto significa que cada vez será menos necesario acudir físicamente a los tribunales, ya que la mayoría de trámites podrá realizarse en línea.

4. Justicia moderna, motor de competitividad

Molina también vinculó la transformación judicial con el desarrollo económico del país. Enfatizó que una justicia rápida, predecible y transparente es un factor determinante para atraer inversión extranjera y fortalecer la competitividad de República Dominicana. 

En este sentido, recordó que el Poder Judicial ya trabaja con indicadores de la OCDE, como parte del esfuerzo por proyectar al país como un destino confiable en materia de seguridad jurídica. La justicia, concluyó, no es solo un servicio público: es un pilar de la economía y de la democracia. 

5. Innovación y regulación, claves para los fondos de inversión

El evento también ofreció un espacio para abordar la relación entre derecho e inversión, a través del Vision Talk de Carolina Figuereo. La directora de Legal y Cumplimiento de ALTIO SAFI explicó que los fondos de inversión no solo generan retornos financieros, sino que “son capaces de transformar sectores enteros de la economía”.

Figuereo subrayó tres ejes esenciales para el futuro del sector: transparencia, protección al inversionista y gestión de riesgos. Además, resaltó que la innovación y la autorregulación son elementos indispensables para consolidar la confianza de los mercados. En sus palabras, “el futuro que debemos construir juntos es un sistema donde los fondos de inversión eleven no solo el desarrollo financiero, sino también el desarrollo del país”.

Para verlo en perspectiva en solo cuatro años, hemos escalado 135 posiciones: del lugar 139 al número 4 de entre 186 entidades del Estado.

Realmente cada vez parecen más distantes los días en los que los despachos y hasta los pasillos de los juzgados estaban llenos de pilas y pilas de documentos, y sin embargo esa era nuestra realidad hace tan solo unos pocos años.

Por eso quiero felicitar a todos los miembros de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial, por el trabajo constante que han estado realizando para hacer posible esta transformación.

Pero también quiero dar mi más sentida felicitación a todos los jueces, jueces, servidoras y servidores judiciales que han sabido romper con las inercias que arrastramos desde hace décadas.

Sé que en ocasiones no ha sido fácil adaptarse a nuevas maneras de hacer las cosas, pero todos ustedes han demostrado no solo que podían adaptarse a esta nueva realidad sino que, de hecho, eran capaces de ponerse al frente, de liderarla.

El resultado de todo esto lo hemos visto esta semana certificado por un organismo externo y objetivo. Somos ya sin duda referentes de innovación tecnológica y de Gobierno Abierto en la administración pública dominicana.

Más importante aún: es un reconocimiento al compromiso colectivo con un Poder Judicial más accesible, más eficiente y más cercano a las personas.

Un compromiso por modernizar nuestros servicios, simplificar procesos y ofrecer herramientas digitales que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía, ya sea mediante el expediente digital, la firma electrónica,  la plataforma de Acceso Digital o, sencillamente, la reducción de los tiempos de espera que se desprenden de todo esto.

Este reconocimiento, sin embargo, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. En los próximos meses y años seguiremos trabajando para consolidar un Poder Judicial abierto, moderno, ágil y orientado a las personas.

Gracias a todos y todas por liderar esta transformación. Gracias por creer que era posible. Sigamos trabajando juntos por un mejor servicio para toda la sociedad.

Durante su participación en el diálogo con los operadores de la mesa interinstitucional, realizadas por separado en ambas provincias del Departamento Judicial de Barahona, el juez presidente propuso una alianza para fortalecer vínculos entre jueces(as), fiscales, defensores(as) públicos, legisladores (as) y los diferentes sectores sociales, para que se puedan alcanzar esos objetivos. 

“Nos reunimos hoy no solo para evaluar lo que hemos logrado, sino para construir juntos lo que sigue. La justicia no es una estructura aislada, es un sistema interconectado con todas las instituciones que inciden en la vida de la ciudadanía, por eso, el trabajo conjunto es esencial”, enfatizó Henry Molina. 

Dijo que los avances en el Departamento Judicial de Barahona son reales, ya que se ha logrado superar la mora judicial, lo que refleja mayor confianza en el sistema de justicia, aunque reconoció que quedan retos por enfrentar. 

Esto se evidencia, en que este Departamento Judicial, con un objetivo a lograr del 90% de sus salas al día, han sobrepasado la meta al colocarse en un 98%, según corte del Servicio Judicial del 23 de abril del presente año. 

Esto significa que de las 47 salas que tiene ese Departamento Judicial 46 están al día, distribuidas de la siguiente manera: en los Distritos Judiciales de Bahoruco e Independencia ambos con 9 salas están en un 100% al día, al igual Pedernales con sus 5 salas, mientras que las 23 de Barahona están al día en un 96%. 

En lo que va de año, a ese Departamento Judicial ingresaron 3 mil 482 casos, le dieron salida a 3 mil 224 para un 93% de solución; mientras que casos pendientes con más de seis meses solamente tienen 79. 

Asimismo, Henry Molina indicó que el acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables sigue siendo una prioridad, y consideró necesario mejorar la respuesta a quienes tienen más dificultade para acceder al sistema judicial. 

“Hoy quiero que este espacio sea un verdadero intercambio. Escuchemos propuestas, pensemos juntos en soluciones y, sobre todo, comprometámonos con pasos concretos que nos ayuden a mejorar”, señaló el magistrado al considerar que “una justicia que escucha, que se abre al diálogo y que trabaja de manera articulada es una justicia más legítima y fuerte”. 

El juez presiente de la SCJ escuchó sugerencias de la comunidad sobre cómo mejorar la eficiencia en el proceso penal y las prácticas a implementar para obtener una respuesta más rápida y justa en esa materia. Asimismo, cómo fortalecer la pedagogía judicial y la rendición de cuentas para que la sociedad comprenda mejor el papel del sistema de justicia. 

Durante el encuentro, el magistrado Alejandro Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) afirmó que una justicia fuerte y bien estructurada es un aval para los inversionistas y visitantes de la provincia Pedernales. 

“Toda Sociedad que quiere avanzar debe tener un Sistema Judicial sólido, fuerte, porque ahí está en juego la seguridad jurídica”, expresó. 

Asimismo, el magistrado Joselin Moreta, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, destacó que ese departamento judicial ha desempeñado trabajo encomiable en procura de erradicar la mora, al punto de que, hoy en día, la misma ha sido ya erradicada y se continúa laborando para mantener esa demarcación con cero retrasos, resolver los problemas de los presos preventivos y acelerar los procesos en los tribunales. 

Tanto en el encuentro de Barahona como en el Pedernales participaron legisladores, alcaldes, gobernadores provinciales, representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Colegio de Abogados, sector gubernamental, la academia, el empresariado y la sociedad civil, así como miembros de organizaciones religiosas. 

Justicia y Sociedad 

El programa Justicia y Sociedad 2025 una iniciativa que desarrolla la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y que busca acercar el Poder Judicial a las comunidades para contribuir con la transparencia y el acceso de las y los usuarios del sistema. 

El programa inició el mes pasado en el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, y se llevará a todos los departamentos y distritos judiciales del país. 

Todos ellos profesionales comprometidos, personas que dedicaban su día a día a construir una justicia más digna, más humana y más cercana a la gente.

Con el mismo pesar, lamentamos la pérdida de Lirisset Ventura, hermana del magistrado José Antonio Núñez, juez de la Cámara Penal de Puerto Plata.

Hoy el duelo nos envuelve. Nos unimos al dolor de sus familias, sus amigos, y a todo el pueblo dominicano que llora la pérdida irreparable de cada una de las víctimas de esta tragedia.

Desde lo más profundo de nuestro ser, elevamos una plegaria por sus almas y por la fuerza que ahora necesitarán quienes los amaban para seguir adelante.

No hay palabras que llenen el vacío. Pero sí hay memoria, hay gratitud, y hay amor. Y con eso honraremos sus vidas, su legado y su paso por esta institución que también era su casa.

Que descansen en paz.