¿Está el sistema político dominicano cumpliendo sus funciones de regulador del conflicto social? Hay indicios de que en este aspecto algo está fallando.

Mucho de lo que sucede en las interacciones cotidianas de los miembros de la sociedad está determinado por el funcionamiento del sistema político, en el que la dinámica competitiva entre las fuerzas políticas que pretenden ocupar cuotas mayores en la conducción del Estado fortalece la cohesión social.

El juego democrático competitivo, a través del sistema electoral, sirve para la agregación de preferencias y discrepancias en una lógica en la que las partes que compiten asumen la validez y legitimidad del tramado institucional, con lo que se refuerza la pertenencia a un marco mayor, una pertenencia competitiva y en la que cada cual quiere “ganar”, pero a la que todos y todas pertenecemos.

Superada la fase electoral, quien ejerce la cuota principal de gobierno (porque, de alguna manera siempre se co-gobierna) tendrá que trabajar para incrementar el consenso en una lógica a la que ya hemos dedicado algunos artículos.

Adicionalmente, las fuerzas políticas procesan parte del conflicto social al brindar una dinámica y unos canales y escenarios a través de los cuales, en teoría, se agregan intereses y puntos de vista que terminan aportando a la integración social.

Este es el aspecto que en los últimos tiempos se ha hecho evidente: la disfunción de nuestro sistema político.

Lo que se denomina como “clase política” ha perdido parte de sus atributos como mediación entre actores conflictivos y como productor de consenso, originándose un alejamiento respecto de la sociedad, a la cual la práctica política cotidiana no parece estar haciendo una contribución positiva.

Las causas, consecuencias y soluciones frente a esta disfunción deberán ser objeto de nuestra atención, porque su importancia es indiscutible.

Este artículo fue publicado en Santo Domingo, en fechas 10 y 22 de julio de  2014, en el Periódico El Día y Noticias SIN  respectivamente.

Gestionar la conflictividad social no es responsabilidad solamente de la administración gubernamental, del Poder Ejecutivo. Una de las definiciones más usadas del concepto de gobernabilidad es la que acentúa que la misma es la capacidad de la sociedad de producir acuerdos y tomar decisiones de interés colectivo, es decir, que no se limita a la acción de los gobernantes, de los actores políticos y de las instituciones públicas, sino que también incorpora las capacidades, actitudes y grado de cohesión en las relaciones entre los actores sociales, y entre éstos últimos y los actores e instancias políticas.

Las instancias de la administración pública y las del sistema político están llamadas a agregar las demandas o apelaciones de los intereses sociales, procesarlas y posteriormente transformarlas en acciones políticas a través de la representación, la deliberación (discusión y búsqueda de acuerdos), la organización y la conversión de toda esa energía social en voluntad política. En ese proceso intervienen no sólo el poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial, convirtiéndose en uno de los espacios por excelencia para resolver parte de la conflictividad social arbitrando y decidiendo sobre intereses contrapuestos. Igual peso tienen los partidos y el sistema político en su conjunto.

Pero no menos importante es la cultura desarrollada por las organizaciones de la sociedad civil respecto a la agregación, deliberación y expresión de las demandas sociales. Lo mismo puede decirse de la opinión pública y de los medios de comunicación.

Como puede verse, el asunto de la gobernabilidad se refiere a unas capacidades distribuidas transversalmente a lo largo y ancho de las dimensiones de la sociedad y del Estado. Son capacidades imprescindibles para la vida en colectividad, para la convivencia. Por eso, cualquier factor que afecte la cohesión social, al dificultar la convivencia, también es un factor que incide en la gobernabilidad y en la seguridad ciudadana.

Tomemos en cuenta, también, el contexto marcado por la hiperconectividad, la comunicación bilateral y multilateral inmediata, y el impacto de las tecnologías de comunicación que afectan tanto la percepción de los hechos como la configuración de las relaciones de poder. A causa del impacto de las TIC y la sociedad red los medios verticales, autoritarios o no democráticos, que producen consentimiento o “tranquilizan” a los actores sociales, han ido perdiendo eficacia y credibilidad.

Producir y estimular las capacidades que son fundamentales para la gobernabilidad es, entonces, una tarea de gobierno de primer orden, porque si una colectividad no está en condiciones de encontrar vías de solución a sus principales conflictos, bloquea la toma de decisiones y también la posibilidad de encaminar la acción colectiva hacia las metas y la satisfacción de las necesidades básicas.

La sociedad dominicana, en la que le ha tocado ejercer las funciones de gobierno al Presidente Danilo Medina, manifiesta grandes dificultades en lo que se refiere a la cohesión social, la convivencia y la gobernabilidad democrática. Quienes lo acompañamos en el equipo de gobierno estamos conscientes de esas restricciones y tenemos en nuestro quehacer diario la meta de generar una transición hacia mejores condiciones de gobernabilidad, dialogando, escuchando, tomando en cuenta todos los puntos de vista y encontrando modos de solucionar la conflictividad social, siempre considerando las restricciones y límites que impone la realidad.

Generar y gestionar la apertura y la disposición al diálogo, propiciar y producir confianza, restablecer la autoridad basada en el consentimiento libre de los actores sociales, en el respeto a la ley y las instituciones, son tareas de gran complejidad, sin horarios, sin fines de semana, sin pausa, porque no hay un día del año en que en nuestra sociedad no emerjan situaciones que demandan la acción del gobierno en el sentido enunciado.

Pero hemos logrando avanzar. La valoración altamente positiva que ha logrado este primer año de gestión del Presidente Medina así lo refleja. La misma es el resultado de trabajar arduamente por mejorar las condiciones de gobernabilidad, un accionar complejo que es difícil de expresar y mucho más de medir. Pero la gente lo percibe y los resultados se evidenciarán a medida que pase el tiempo y  continúe el cumplimiento de los programas y estrategias de esta administración.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 14 de agosto del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana, el 14 de agosto publicado en el Periódico El Día, el 15 de agosto en Noticias SIN 

La aprobación por el Congreso de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 es un paso en la dirección correcta. Mucho más significativa en momentos en que en la dimensión de la gobernabilidad económica global el panorama es preocupante.

Los países europeos llegan a un momento de decisión de cuyos resultados dependerá en gran medida la estabilidad financiera y la posibilidad de relanzar las economías de esa zona, afectadas por una tendencia a la recesión que tiene impactos muy negativos en las economías del resto del mundo.

La economía de los Estados Unidos comienza a dar signos leves de recuperación, pero todavía falta mucho por hacer para que esa potencia mundial vuelva a ser una de las locomotoras que arrastre el comercio y el crecimiento mundial.

En América Latina se sienten los efectos de esta prolongada crisis. Lo mismo en China. Se está produciendo una desaceleración del ritmo de crecimiento que caracterizó la última década.

La Estrategia Nacional de Desarrollo prevé un conjunto de programas y medidas que deberían reorientar nuestro modelo de desarrollo, propiciar mayor nivel de crecimiento y una reducción de la desigualdad y la pobreza, imprescindibles para alcanzar el desarrollo humano y afianzar un estado democrático de derecho.

Aunque haya aspectos que de seguro requerirán modificación posteriormente, como el que se refiere al financiamiento de la educación, la END tiene características alrededor de las cuales es factible construir un consenso nacional y nos provee de una orientación para el desarrollo.

La construcción de ese consenso y la toma de las medidas oportunas para recuperar legitimidad y afianzar la confianza ciudadana acerca del rumbo que llevamos no deben ser postergadas. Serán claves para mantener la gobernabilidad necesaria para manejarnos en tiempos de crisis a través de los cuales habrá que atravesar.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 08 de diciembre, ver publicación en el Periódico El Día

henry@henrymolina.com

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Ese modelo de desarrollo ya ha sido cuestionado por destacados representantes del mundo académico, intelectual, social y empresarial. Es claro que tenemos que construir una visión y estrategias alternativas para impulsar a toda la sociedad hacia mayores niveles de bienestar. Pero no basta con que contemos con propuestas, proyectos y documentos de calidad para orientar el necesario desarrollo.

Lo que más necesitamos es el acopio de grandes capacidades de procesar diferencias, unificar criterios, seleccionar proyectos de solución, gestionar recursos escasos, mediar en situaciones de conflicto, construir la cohesión social y mantenerla, mientras paulatinamente se va produciendo la integración social necesaria para alcanzar las metas de desarrollo humano y creación de riquezas imprescindibles para alcanzar bienestar generalizado, estabilidad y seguridad para toda la sociedad.

La construcción de esas capacidades sociales depende sobre todo de que los liderazgos en todos los estamentos y sectores relevantes para la producción de la cohesión social, sean capaces de alcanzar los pactos y la confianza imprescindibles para que construyamos capital social. El capital social, la madeja de redes de colaboración, interacción y confianza entre los actores sociales es justamente lo que en los últimos años ha brillado por su ausencia con consecuencias gravísimas para la paz ciudadana y la existencia de un orden y unas reglas de convivencia compartidas y respetadas por todos.

Reconstruir la credibilidad es, entonces, un imperativo si queremos restaurar las bases de la confianza, que constituye el fundamento del capital social. Corresponde a los liderazgos políticos, económicos y sociales el cumplimiento de esa meta, sin la cual es improbable que podamos alcanzar las demás.

Publicada en Santo Domingo,  fecha 4 de agosto de 2010, ver publicación en Perspectiva Ciudadana

Estamos llamados a tomar parte activa en la definición y ejecución de las políticas públicas para garantizar que las mismas comiencen a responder al interés ciudadano, que no puede ser otro , que el de iniciar un proceso sostenido de alcanzar mayores logros en materia de desarrollo humano.

También es imprescindible que establezcamos condiciones y procedimientos que obliguen a aquellos a los que encarguemos de la gestión pública, la gestión de “los asuntos de los seres humanos” (Edgar Morín), a que cumplan sus responsabilidades siguiendo estándares adecuados y a que rindan cuentas por su desempeño.

Tenemos que incrementar el compromiso activo de las personas en lo que respecta a los dos aspectos anteriores: la decisión sobre las metas colectivas a perseguir y las condiciones y calidad de las funciones de gobierno y de liderazgo. Incrementar ese compromiso activo se traduce en capital social y gobernanza.

Una política pública no es sólo la enunciación de unas metas colectivas, ni la declaración de un compromiso con la prosecución de dichas metas. La asignación de recursos financieros, logísticos, institucionales y humanos, así como los procedimientos, la energía, visión, coraje y disposición del liderazgo respecto de su ejecución son esenciales.

En nuestro país es usual que las autoridades en las diversas esferas de gobierno y el liderazgo social y económico se pongan a tono con aquellos temas que están en boga. Lo que no es frecuente es que se dispongan y ejecuten las medidas concretas imprescindibles y suficientes para alcanzar las metas declaradas.

Los que nos comprometamos con la superación del déficit de poder  que afecta tan negativamente a la mayoría de las personas de esta sociedad, tenemos que comenzar por establecer un consenso práctico acerca de cuáles son las políticas fundamentales que tendrán que ser puestas en marcha por un período lo suficientemente largo como para que sus efectos se tornen en irreversibles. Junto con ese conjunto de políticas tenemos que establecer las herramientas para darles seguimiento y evaluar continuamente su eficacia y la eficiencia de su ejecución.

Reflexionar y actuar con respecto a la gestión pública, coincidiendo con las metas colectivas,  mediante el desarrollo de un proceso, eso es política.

No podemos seguir dejando la política como un coto privilegiado para una casta de audaces e inescrupulosos que no tienen reparos en actuar conforme a sus intereses de grupo, particulares e individuales, antes que cumplir con el mandato de la ley y las atribuciones que son puestas a su cargo.

Si no definimos unas calidades exigibles para el desempeño de las funciones públicas y actuamos para que éstas sean alcanzadas y cumplidas por quienes asuman posiciones de autoridad, de nada servirá que coincidamos en cuanto a las metas y condiciones de ejecución. Porque las autoridades, electas o designadas, constituyen una especialización de recursos humanos, una división técnica del trabajo, que encarga a una parte de la sociedad la responsabilidad de dirigir y gestionar el avance de toda la sociedad.

Por lo tanto, si resumimos lo hasta aquí expuesto, tenemos como ámbitos primordiales de actuación, de ejercicio de la responsabilidad ciudadana en este momento, estos tres:

1. Establecer consenso sobre los que deben ser los objetivos y metas que tiene que acometer la sociedad dominicana en la actual etapa para emprender una equiparación del acceso a oportunidades, que es en esencia el desarrollo humano, así como los procesos y formas en que los alcanzaremos.
2. Comprometernos en lo que respecta a cómo debe gestionarse la sociedad.
3. Actuar de forma colectiva para garantizar que tanto el interés general como la calidad de la gestión sean consecuentemente buscados y obtenidos por la sociedad.

De la coincidencia en cuanto a estos tres propósitos se deriva la urgencia de expandir continuamente entre las personas tanto el compromiso como la disposición de actuar en correspondencia con el mismo.

Y esto último hoy es más factible que nunca. La experiencia reciente en diversos países en los que una masa crítica, inicialmente no mayoritaria, fuertemente motivada y concernida por asuntos de interés la colectividad, ha logrado desencadenar procesos institucionales de cambio por las vías democráticas.

Los medios y tecnologías de información y comunicación, así como las estrategias y herramientas de organización en red, de sincronización y articulación de que disponemos, utilizados adecuadamente, apuntan a la posibilidad de desarrollar este tipo de actuación política y a que podamos lograr los objetivos de la misma en un plazo relativamente corto.

Descubrir, adaptar y adoptar un repertorio de herramientas de gestión y actuación política coherente con lo hasta aquí esbozado no es una tarea sencilla , y  requerirá de revisiones y ajustes constantes. Pero no es que se trate de algo fuera del alcance los que estamos dispuestos a hacerlo. Emprender esta tarea con creatividad, iniciativa y continuidad es lo que corresponde al momento actual que vive la República Dominicana.

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