Cada dos veces al mes tengo la oportunidad de presidir las audiencias de juramentación de Abogados, junto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Un espacio donde estoy frente a nuevos profesionales del Derecho, que juran respetar la Constitución y las leyes de la República, conducirse con dignidad y decoro en toda circunstancia y mantener una conducta ética que garantice la confianza que debe tener todo buen abogado.

Este espacio es uno de honra. Engrandece la solemnidad de la sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia dedicando cada acto a juristas cuya vida y trayectoria profesional han sido en favor de la justicia dominicana.

Muchos son los jueces que han dejado una impronta en el Poder Judicial. Jueces que han sido o son modelos y ejemplos a seguir. Maestros que se han destacado por su trabajo por varias generaciones como el Dr. Bernardo Fernández Pichardo, a quien fue dedicado el más reciente acto de juramentación.

Un jurista consagrado y maestro de generaciones. Ejemplo de capacitación y profesionalidad. Un estudioso actualizado y constante, de aportes de impacto imperecedero en el Derecho civil y comercial.

El Derecho requiere los cuidados delicados del estudio como cultivo. Y como ejemplo ilustrador para ello, están los aportes del profesor Fernández Pichardo, un faro que debe ser reconocido y ponderado con justeza, pues su estatura es de los grandes estudiosos dominicanos. Ahí, en ese espacio, al rendirle honor, destacamos también la experiencia profesional y la labor que los jueces dominicanos vienen ejerciendo.

Más de 700 jueces y juezas de la república también han dedicado especial cuidado al estudio como cultivo. Han entrado al sistema de justicia a través de la Carrera Judicial, que comenzó en 1997. Son jueces capacitados gracias a procesos alejados de la coyuntura política, sustentados en marcos legales y constituidos en garantía, a través de un sistema diseñado y ordenado por la Constitución de la República.

Los jueces y juezas que componen el Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles. Están sometidos a lineamientos que impiden presiones y legalmente dan seguridad. Es parte del diseño constitucional y legal. Sus decisiones se contrastan solamente con las leyes y normas que aplican, y el Derecho plantea las vías de su cuestionamiento.

Ese proceso de institucionalización de la Justicia ha estado a su vez solventado por la formación en la Escuela Nacional de la Judicatura. Dos años en donde los jueces y juezas cursan y absorben contenidos y herramientas desde mecanismos pedagógicos. Cuentan además con una formación avanzada y avalada por los cánones internacionales, por su calidad y son un orgullo para nosotros.

El Poder Judicial está conformado por hombres y mujeres que han sabido asumir la responsabilidad de impartir justicia con probidad pero también con un alto grado de compromiso. Un compromiso colectivo y particular. Nuestros jueces tienen años trabajando duro, decidiendo y dándolo todo para que este país cuente con una administración de justicia eficaz.

En ese sentido, el sistema de justicia, sus jueces, juezas y servidores que le componen, hacen y harán todo lo que está en sus manos. Trabajan para mejorar sus servicios y asegurar convertir al Poder Judicial en un modelo de justicia para la región.

Quienes impartimos justicia, tenemos la misión de ejercer nuestras funciones inflamados de patriotismo constitucional, de respeto por las reglas, de compromiso y amor por el Poder Judicial, el Derecho y la República. Esto sin duda, debe ser razón de orgullo.