La actitud que prevalece respecto de las obligaciones colectivas en la sociedad dominicana se construye a partir tanto de los discursos explícitos como de los implícitos u ocultos.

Cuando en organizaciones y entidades que deben tener por interés superior la atención de los derechos o las necesidades de las personas, prevalece la negligencia y la desatención, no importa cuántas veces repitan o reiteren su compromiso, pues el discurso de lo implícito, el de la negación de derechos, la negligencia o la desatención será el verdadero discurso que seguirán las personas.

La consecuencia de este tipo de comportamiento institucional será la de un cierto tipo de cinismo que enfatizará el descreimiento y el individualismo, minando el compromiso colectivo imprescindible para generar una cultura institucional.

La cultura institucional emana de un compromiso con reglas de interés colectivo. Pero ese compromiso no es sólo una formalidad pública, sino que también surge y se desarrolla a partir de instancias tan primigenias como la familia.

La apuesta por los valores de la convivencia democrática tiene su origen en la formación inicial, vital, pre escolar, en unas pautas que generen desde la niñez un entendimiento y adhesión a los pactos colectivos que van tejiendo el tramado de la democracia. La adhesión temprana a ese ideario y conjunto de valores tiene que verse reforzada por el respeto y cumplimiento de los mismos por los adultos, los padres y madres.

Trabajar para generar esos pactos, compromisos colectivos con la convivencia y la democracia, la institucionalidad, es una tarea de construir cultura y comportamientos colectivos.

Se necesita trabajar en una cultura de apego a la ley, a la norma que organiza la vida en sociedad trabajando el compromiso colectivo y la identificación en torno a los valores de construcción de la institucionalidad.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 21 Junio 2011, ver publicación en artículo del periódico

Grandes obras de la literatura como “Los Miserables”, de Víctor Hugo, retratan ese rol de las cárceles y las autoridades policiales y judiciales como engranajes de un aparato de sometimiento y administración del castigo, del dolor.

El desarrollo y la expansión de la democracia como sistema político y de inclusión social vino a renovar y refundar la legalidad, el derecho y el sistema penal, y, en la última etapa, sobre todo allí donde las prácticas y la cultura democrática están más afianzadas, los sistemas penitenciarios.

La universalización de los derechos humanos, de los principios democráticos, ha conllevado la paulatina reforma de la justicia, la policía y el sistema carcelario en muchos países en los que persiste un alto grado de exclusión social.

La insuficiencia de democracia social y económica limita el desarrollo y funcionamiento de un estado democrático de derecho, pues las garantías y cumplimiento de los pactos sociales son precarias.

La promoción de una cultura de legalidad democrática exige que el desarrollo social y económico alcance a las grandes mayorías. Por eso la lucha contra la pobreza y la exclusión constituye la base del desarrollo democrático y de la cohesión social.

Hay que exigir el cumplimiento de la ley, la superación de la impunidad y de la corrupción.

Eso aumentará la credibilidad y legitimidad entre todos los sectores de la sociedad, pero en la base de todo se encuentra la promoción de mayor equidad, de un compromiso que incluya también los derechos económicos y sociales.

Publicado en Santo Domingo, fecha 15 Junio 2011, ver publicación en artículo del periódico