Intentaré establecer algunas de las preguntas y más adelante me referiré a las respuestas y cómo hacerlas realidades.
¿Cómo vamos a mantener el crecimiento económico superando la inequidad social y económica que nos mantiene en el atraso como país?

La institucionalidad ha sido considerada como una condición para el desarrollo, ¿mediante qué estrategia vamos a construir una institucionalidad democrática que funcione, que dé respuestas y genere confianza?

Todos coincidimos en que se requieren grandes cambios en los sistemas de salud y seguridad social, pero si no hemos logrado concertar acerca de cómo producirlos (por las dificultades para llegar a acuerdos a cuestiones cardinales), mucho menos acerca de cómo financiaremos el incremento de la inversión en salud como porcentaje del PIB.

El Estado dominicano debe continuar reformándose para ser más eficiente, pero sobre todo más democrático, proveedor de seguridad y cohesión, ¿esto implica un Estado más grande o más pequeño? ¿Cómo hacemos avanzar lo acordado en la END en este sentido? ¿Cómo creamos una cultura de legalidad?

Partiendo de nuestro retraso comparativo en términos de capital humano, según los informes globales más recientes, deberíamos concentrar bastante esfuerzo en definir cómo superar las brechas actuales y qué medidas inmediatas nos garantizan ser más competitivos en el futuro inmediato y posterior.

Finalmente, por ahora, se percibe con claridad que el hecho de que más del 60% de la población sobreviva en la informalidad afecta todos los demás aspectos señalados en los párrafos previos, pero no tenemos una idea clara, ningún acuerdo acerca de cómo vamos a superar esta informalidad en términos sociales, de cohesión, de aprendizajes y apego a ciertos grados de disciplina.

Artículo publicado en Santo Domingo en fecha 22 de enero de 2014 en el periódico El Día.

Esto representa un reto para el gobierno que juega el rol de equilibrista nivelando las relaciones entre los diferentes actores sociales e institucionales.

Por un lado está la agenda de la sociedad, con sus consabidas demandas y problemáticas que ameritan toda la atención del gobierno que ella eligió precisamente para resolver tales dilemas. Por otro lado están las agendas de los diferentes poderes del estado: la legislativa, la jurídica y la del propio poder ejecutivo. Finalmente, podemos encontrar la agenda de las relaciones internacionales, que incluye a los inversores y a los países con los que se tienen relaciones comerciales.

Ese cúmulo de intereses diversos tiene el potencial de crear epicentros de tensión a lo largo del calendario que amenazan la gobernabilidad.

Es por esta razón que se impone que los equipos de gobierno sean capaces de monitorear constantemente el universo de todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos de manera que se tracen con anticipación los planes y estrategias capaces de aliviar esos nodos de tensión con propuestas democráticas.

Las luchas de intereses son parte de la democracia, lo importante es que el gobierno se transforme en el gerente y referente de estas complejas interrelaciones guiado por un plan que ha sido capaz de prever los focos de conflicto y sus soluciones. Es lo que se llama una Agenda.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 19 de septiembre del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana

La gobernabilidad democrática del país, o la capacidad para alcanzar y poner en ejecución acuerdos viables para mantener la estabilidad económica, política y la cohesión institucional y social será sometida a pruebas muy difíciles en los años por venir.

Retos planteados por el incremento de la criminalidad, tanto la derivada del narcotráfico como del delito común; la emergencia de demandas y protestas por efecto de la insuficiencia de las políticas sociales y de la gestión de los servicios públicos; la pobreza de ingresos y por necesidades básicas insatisfechas que confronta un porcentaje importante de nuestra población; el desencanto de una buena proporción de los sectores medios urbanos y de la juventud en particular; el predominio de una cultura de la ilegalidad, de la impunidad y de la corrupción. Todos estos son factores que articulados con la deficiencia que presentan los actores políticos para devenir en interlocutores de las apelaciones de la sociedad, nos pueden colocar frente a crisis institucionales similares a las que consecutivamente fueron llevando a algunos de los países de la región a encrucijadas institucionales.

Reflexionemos sobre los grandes riesgos y amenazas que se ciernen sobre el futuro inmediato de nuestro país. Con humildad: retomemos el diálogo, busquemos soluciones, seamos creativos. No dejemos que esta democracia –que pese a todos sus déficits cuenta con innegables factores de avance para nuestra nación– muera en nuestras manos. Las oportunidades de relanzar los necesarios pactos sociales, políticos e institucionales están ahí, en los propios problemas que nos aquejan: lo que necesitamos son respuestas que de manera creativa den cuenta de las exigencias de equidad, competitividad y gobernabilidad. ¿Están estas necesidades entre las prioridades de la agenda nacional en construcción? Revisar lo que tenemos definido es tarea prioritaria, y de todos los actores de nuestra sociedad.

Publicado en  Santo Domingo,  fecha 9 de junio de 201, ver publicación en  Perpectiva Ciudadana