La gobernabilidad es la capacidad de una sociedad de tomar las decisiones necesarias para su funcionamiento colectivo y sobre todo, la capacidad de ejecutar esas decisiones.

Este concepto es el que nos ha llevado a afirmar en varias ocasiones que la gobernabilidad es tanto responsabilidad de los actores de gobierno como de la sociedad civil, los actores económicos, políticos y sociales.

La administración pública, como instancia o dinámica de la sociedad en la que nos ocupamos de los intereses colectivos, es un proceso determinante en la producción de la gobernabilidad porque en desde ella se moldean y construye la cultura de convivencia y se le da o no respuesta a las necesidades de la sociedad.

Por esta razón la administración pública debe ser sometida constantemente a evaluación en términos de su eficiencia y eficacia.

Para determinar la correspondencia entre los recursos disponibles y las necesidades sociales y  si se está haciendo el mejor uso posible de los recursos puestos al servicio de las necesidades comunes.

Esta sería la perspectiva de eficiencia de la administración pública.

La otra sería de su eficacia, que nos permitiría saber si frente a las necesidades y situaciones sociales que deben ser confrontadas se están formulando las políticas públicas necesarias, las que corresponden, de tal manera que las medidas de política pública definidas y puestas en marcha tiendan a la solución de los problemas planteados.

Puede ocurrir que una determinada política cuente con definiciones adecuadas, se esté ejecutando de la manera prevista y se entienda que su ejecución nos llevará a la situación deseada, pero entonces podríamos identificar problemas de magnitud o de escala, porque lo que estemos haciendo no alcance la cobertura y profundidad de las necesidades que se busca atender.

Entonces tendremos una política pública correctamente definida, pero pobremente dotada, lo que nos llevará, más temprano que tarde, a crisis en el ámbito de que se trate.

Me parece que si hiciéramos un análisis de la evolución de la administración pública dominicana en los últimos 50 años, nos encontraríamos con varias situaciones en las que se definieron acciones e instrumentos de política pública que se correspondían con las necesidades, pero que nunca fueron asumidas con la intensidad, cobertura, extensión y profundidad que ameritaban las situaciones a las que se quería confrontar.

Esto produjo una acumulación de déficits en lo económico y social, eso que solemos llamar nuestra deuda social.

Produjo también una situación de falta de sincronización o sintonía entre la magnitud de las demandas sociales no atendidas y las capacidades del Estado de intervenir para retornar a un punto de equilibrio.

Si algo caracteriza la actual gestión gubernamental, del Presidente Danilo Medina, es una preocupación por dotar a las entidades de la administración  pública de los recursos, competencias, dinamismo y capacidades necesarias para cumplir con la misión que les ha sido encargada.

Si contamos con una visión de futuro y un plan correspondiente para alcanzar las metas de desarrollo y equidad social y económica que han sido formuladas como deseables por la sociedad dominicana, entonces es preciso que la administración pública pueda cumplir su papel de proveedora de bienes, servicios y productora de cohesión e integración social.

Pero en ninguna situación los actores sociales y políticos operamos con plena libertad, partiendo de cero, sino que por el contrario se toma el control de la maquinaria del Estado en el marco de unas tendencias y contexto que son el resultado de años o décadas, que están arraigados y que constituyen constreñimientos para conducir la gestión de lo público en una dirección distinta.

La transformación de la administración pública, entonces, se convierte en una tarea que exige energía, consistencia, perseverancia.

Porque hay una cultura de los actores públicos y de la sociedad alrededor de los procesos y procedimientos de la gestión pública que determinará la visión y las actitudes sociales acerca de la misma.

Donde la administración pública ha sido una fuente permanente de insatisfacciones, la percepción social sobre la misma estará marcada por la desconfianza y las bajas expectativas. Así sucede en la sociedad dominicana.

Transformar la administración pública, reformarla para que satisfaga las expectativas y necesidades de la sociedad, se convierte, en este contexto, en una prioridad para poder construir las capacidades imprescindibles para la gobernabilidad.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 05 de noviembre del 2013,  ver publicación en Perspectiva Ciudadana, y el 06 de noviembre del 2013 en Noticias SIN

Muchos son los cambios introducidos en las técnicas y procedimientos de gestión. La reforma del Estado no se ha limitado a los aspectos administrativos, sino que ha tocado atributos institucionales importantes, como lo ocurrido al amparo de dos reformas constitucionales que abordaron dimensiones muy relevantes, como las de 1994 y la de 2010.

Leyes como la de administración pública, la de los municipios, la creación de órganos constitucionales como las altas cortes, reforma de lo electoral,  introducción de sistemas de control y gestión financiera y administrativa se encuentran entre las diversas renovaciones.

En fin, en el 2014 serán casi 20 años de reformas ininterrumpidas en aspectos fundamentales, institucionales y administrativos. Sin embargo, la calidad de nuestras administraciones, la Estatal y la municipal, la gestión del sistema de justicia, la prestación de servicios básicos para la convivencia, a pesar de las reformas, renovaciones y modernizaciones, siguen siendo percibidas como deficientes por la mayoría de la población y por los estudiosos y críticos más perspicaces.

Si alguna duda cabe, sólo hay que remitirse a los diversos estudios, informes, barómetros, estándares y evaluaciones en múltiples documentos de organismos nacionales e internacionales, académicos, de cooperación y hasta de consultorías de gran relieve internacional. Y si quedara alguna evidencia por identificar, veamos cómo nos encontramos en lo que más importa, en los índices de equidad, en la calidad de vida, en la cohesión social.

Ciertamente algo ha estado sucediendo al mismo tiempo que todas esas reformas, que debería explicar por qué no estamos logrando los objetivos de elevar la calidad de vida, la cohesión social, la productividad, la distribución del ingreso y el avance hacia una sociedad de derechos y responsabilidades, con menos precariedades y vulnerabilidad para las grandes mayorías.

Mi hipótesis es que mucho de lo que se ha renovado, muchas de las dinámicas administrativas, no tienen el efecto deseado porque no hemos estado actuando sobre el marco de comprensión e interpretación de lo que es una convivencia digna, de derechos y garantías.

Nuestra noción de lo público desde hace siglos ha estado afectada por lo que algunos han denominado la concepción patrimonial del Estado. Desde la colonia, la relación entre la población y la administración de los intereses y bienes comunes ha sido de enajenación. Y la relación entre los detentadores del poder público, del poder político y la administración ha sido de apropiación particular.

La era de Trujillo es un ejemplo paradigmático de las dos tendencias: la enajenación de la sociedad respecto de lo público y la apropiación patrimonial, privada o particular de las funciones de Estado por parte de grupos muy reducidos, articulados alrededor de una figura autoritaria. Otras etapas en que ha habido ausencia de una figura única, articuladora de la apropiación patrimonial de lo público, se han caracterizado por bandas, gavillas o grupos que se disputaban la apropiación de lo estatal para fines particulares.

Eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos que los gobernados nos comportemos con lo público como un espacio de acuerdo y garantías, de obligaciones y responsabilidades compartidas que permiten que los intereses comunes sean protegidos para a su vez garantizar que un mínimo básico de lo que importa a cada uno sea protegido y provisto por la acción estatal.

Y, más aún, necesitamos que los que tenemos la responsabilidad de gestionar lo público, dejemos de comportarnos como si esto fuera un patrimonio personal o de grupo y comencemos a referir nuestro accionar, nuestra comprensión y nuestro discurso a un referente colectivo, institucional con fuertes ataduras a una ética pública, a un deber ser compartido por toda la sociedad, validado y legitimado por todos y todas. Esta es la cuestión por resolver.

La validación moral o ética y la social, gregaria, son imprescindibles si queremos que lo legal y lo institucional funcionen conforme a las prescripciones de nuestras leyes y códigos. Necesitamos un gran pacto nacional de todos los actores sociales, económicos y políticos. O una serie de acuerdos o pactos parciales que articulados conformen un gran convenio, una coalición de intereses para producir el cambio necesario.

Es un reto difícil. En su búsqueda, la administración del Presidente Danilo Medina está fraguando nuevas formas y referencias de lo que es el ejercicio del poder. Nuevas formas y referencias de lo que es el servicio público. Hacia esos grandes propósitos nos encaminamos. Y es mucho lo que falta por hacer.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 06 de noviembre del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana

En una sociedad con instituciones fuertes, se puede confiar en que las necesidades de la población estarán cubiertas mediante la implementación eficaz de las políticas trazadas por un programa nacional de desarrollo. No parece ser el caso de la República Dominicana, donde las instituciones sufren de evidentes debilidades estructurales y muchas están infectadas con el problema de la corrupción y falta de transparencia.

La cura de esta problemática empieza por la implementación de un correcto sistema de monitoreo de la gestión pública. Y no se trata de supervisar el desempeño gubernamental a través de los medios de comunicación, aunque estos pueden llegar a cumplir un papel importante. Estamos hablando de la puesta en práctica desde el propio estado de un esquema de evaluación periódica del desempeño tanto de las instituciones públicas como de su personal a nivel individual, permitiendo a la vez, una evaluación vinculada de ambos desempeños.

Hoy en día, la tecnología provee efectivas herramientas y métodos de medición que facilitan una evaluación precisa de cualquier gestión e indican las áreas que necesitan atención. La empresa privada ha desarrollado procesos que sirven de bench marking en el desarrollo de una metodología eficaz para la evaluación del desempeño de la gestión pública. Es imprescindible que el estado desarrolle y fortalezca su capacidad de sacar conclusiones de sus yerros.

La iniciativa del SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) se presenta como una solución prometedora en la medida que evaluaría en base al cumplimiento de la Ley de Función Pública a la vez que incorporaría a la sociedad civil en el monitoreo.

Lo que no se mide no se puede gestionar. Es tiempo de que el país cuente con un adecuado monitoreo de la administración pública.

Publicado en Santo Domingo, fecha 13 de junio del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana