El rol de los profesionales del derecho es tan complejo y delicado que es labor de todos comunicar su esencia, la naiboa del quehacer jurídico, que no es otra que dirimir conflictos para hacer posible la convivencia.

Todos los principios, recursos, convenciones, derechos, usos, fuentes específicas del trabajo por la Justicia, confluyen en plazos y contextos, para dar como resultado los parámetros con que vivimos. Quienes ejercen el Derecho tienen el poder de moldear la realidad.

En la medida que los profesionales del Derecho conocen más su ciencia y su deber, más rápido se transforma y mejora el modo en que las sociedades se relacionan, y por ende también el objeto del trabajo de los abogados y jueces.

Por eso les llamo a seguir adaptándose y profundizando el estudio jurídico, sin olvidar que en este la legitimidad es un factor clave. En palabras del Papa Francisco: "para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas". "En muchos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses, los llevará a enfrentarse no sólo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder, que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda su honestidad y su probidad".

Hay que continuar firmes, serenos y serenas. Cuidar la Justicia y respetar sus marcos, reglas y procesos es una tarea difícil. Y es de todos y cada uno de sus auxiliares. Por eso a través de las palabras del líder de la Iglesia católica les exhorto a no desfallecer y poner el Derecho y la Justicia en primer lugar.

Alguien que siempre puso el Derecho y la Justicia en primer lugar fue la magistrada Margarita Tavares. Una de las juezas que más aportó a la participación de las mujeres en la judicatura y en el personal judicial. Comprometida con mejorar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad: las mujeres y los y las menores. Fue parte de una tradición familiar de profesionales destacados.

El Magistrado Jorge Subero Isa la llamaba “la consultora por excelencia” y “el libro de consulta” de la Suprema Corte de Justicia. Para la magistrada Margarita Tavares el juez era como un sacerdote, y lo que se hablaba con un juez, era un secreto de confesión. Fue una mujer justa, conservadora, austera y a la vez compasiva.

El Derecho se debe ejercer con dedicación y sentido de su deber ante la sociedad. “Ser más para servir mejor” son palabras de San Ignacio de Loyola, que aspiro a que queden guardadas en algún lugar de su memoria.

Mientras los latinoamericanos reclaman mano dura contra el crimen, la OEA advierte sobre el riesgo de que se empiecen a vulnerar los derechos civiles de los individuos amparándose en la necesidad de controlar la delincuencia.

En los últimos años, en nuestro país, muchos le han cargado el dado al Código Procesal Penal por los problemas de inseguridad que han aquejado a la ciudadanía. Más allá de criticar obtusamente al Código, como sociedad, tenemos el reto de mejorar lo mejorable. Una de las prioridades es garantizar a la Policía y al Ministerio Público las condiciones para que puedan llevar ante el juez un caso sólido que produzca una condena cuando así corresponda.

La policía tiene un papel protagónico en la construcción de un ambiente de seguridad ciudadana, por ser la institución del Estado que en mayor medida entra en contacto con la ciudadanía y los delincuentes. Actualmente, la institución tiene el desafío de mejorar considerablemente sus recursos humanos con una mayor tecnificación y entrenamiento logístico en la prevención del crimen.

De su parte, la ciudadanía tiene la responsabilidad de cooperar con la construcción de la Seguridad Ciudadana, apoyando al sistema de administración de justicia y denunciando a los delincuentes.

Los medios de comunicación construyen en gran medida la percepción que sobre el nivel de Seguridad Ciudadana posee la población, por eso tienen la responsabilidad de contribuir al clima de seguridad ciudadana comunicando con seriedad y sin sensacionalismo.

El problema de la inseguridad ciudadana es complejo. Resulta entonces necesario desarrollar una estrategia de largo plazo que apunte hacia la solución “definitiva” y sostenible, pero que esté sembrada de acciones y programas que vayan impactando de manera positiva el clima de Seguridad Ciudadana. Es tiempo de que, como sociedad en conjunto, asumamos la responsabilidad de resolver un problema que nos afecta a todos. Pongamos  manos a la obra.

Publicado en Santo Domingo en fecha 20 de marzo del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana y en el Periódico El Día de fecha 21 de marzo del 2013.

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La Procuraduría General y el Plan de Seguridad Ciudadana

República Dominicana aprobó hace poco una nueva Constitución y ha estado inmersa en un proceso de reforma judicial que impacta al sistema de administración de justicia. De manera que han sido tocados lo dos principales pilares del Estado de Derecho: La Constitución y la separación de los poderes del Estado.

En cuanto a la Constitución, si bien algunos consideraran que no es perfecta, lo cierto es que la mayoría coincide en que la nueva carta magna nos acerca más al Estado de Derecho que la anterior, no constituyó un retroceso.

Lo mismo puede decirse del sistema de administración de justicia, si bien los cambios y reformas necesarios no se han hecho con la celeridad necesaria, difícilmente podría encontrarse a alguien que, fuera de un discurso politiquero y coyuntural, no reconozca los avances que como sociedad hemos tenido en términos del fortalecimiento del rol del Poder Judicial como garante de los derechos de los ciudadanos.

No obstante, así como es innegable el avance del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia en general, también es cierto que como sociedad estamos lejos de que las personas sientan que sus derechos están realmente garantizados y que existe un sistema de administración de justicia imparcial, independiente, ante el cual acudir en caso de que sus derechos sean vulnerados. Estamos lejos de ser una sociedad en la que se pueda afirmar que nadie está por encima de la ley y que gozamos de un real Estado de Derecho.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 15 de enero del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana