Santo Domingo. El Consejo del Poder Judicial dispuso este martes la ejecución de iniciativas para las mejoras y el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, la hoja de ruta que ha permitido al país avanzar hacia una justicia más ágil, más accesible y más transparente.

La decisión, adoptada en la sesión ordinaria núm. 12-2026 del Consejo del Poder Judicial, llega acompañada de un respaldo presupuestario clave: el Ministerio de Hacienda y Economía manifestó su disposición de habilitar de manera gradual los recursos presupuestarios necesarios en los presupuestos de 2026 y 2027 para sostener los objetivos estratégicos del Plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso y la infraestructura, la optimización de procesos y la lucha contra la mora. Este compromiso se enmarca en las reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el magistrado Henry Molina y el ministro de Hacienda y Economía.

Medidas inmediatas

El Consejo instruyó entre otras medidas, la presentación de una propuesta de hoja de ruta para la movilidad en la carrera judicial, así como la identificación de fondos para el pago de suplencias y agilizar la presentación de vacantes pendientes en tribunales.

Confirmó que los recientes planteamientos formulados por jueces, juezas y servidores judiciales, habían sido recogidos en los encuentros regionales realizados en el primer trimestre del 2026, como parte de la puesta en marcha del plan estratégico institucional.

Se dispuso que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial comunique las decisiones adoptadas por el Consejo del Poder Judicial a todos los jueces, juezas y servidores(as) judiciales, y de manera particular, a los firmantes de la comunicación de fecha 8 de mayo de 2026.

El Poder Judicial reitera que la transformación de la justicia dominicana requiere mecanismos permanentes de diálogo y construcción conjunta para responder de manera sostenible a las necesidades de la ciudadanía.

La administración de justicia ha sido, históricamente, un espacio donde se dirimen diferencias. Esa es su naturaleza y también su grandeza. Pero la experiencia acumulada y los desafíos de nuestro tiempo nos invitan a ensanchar ese horizonte: a entender que la justicia, además de dictar sentencias, está llamada a tender puentes, a propiciar entendimientos y a sostener la armonía social, requisito indispensable para garantizar la dignidad de las personas. Es un tránsito que exige paciencia, diálogo y el aporte de todos los que hacen vida en el sistema.

Cuando el Listín Diario propone fomentar el diálogo en los barrios, está apuntando al corazón del problema: la convivencia. La paz no se decreta, se construye. Y se construye en el día a día, en la resolución de esos conflictos pequeños en apariencia, pero grandes en impacto, que ocurren entre vecinos, en las comunidades y en las familias. Es ahí donde el diálogo se convierte en la herramienta más poderosa para el avance de los derechos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro apoyo a esta propuesta. Nuestra hoja de ruta, el Plan Justicia del Futuro 2034, tiene como pilar central una justicia accesible y centrada en las personas, construida con el aporte de todos: los jueces y servidores judiciales que la sostienen cada día, el foro de abogados, las instituciones del sector justicia, la academia y la ciudadanía. Esa construcción compartida es, en sí misma, una expresión del valor del diálogo: nos recuerda que las mejores soluciones surgen cuando nos sentamos a escuchar antes de decidir.

Esa apuesta por el entendimiento exige, en primer lugar, reconocer y valorar el esfuerzo cotidiano de quienes hacen posible la justicia. Jueces, defensores públicos, fiscales, abogados litigantes, servidores judiciales y profesionales auxiliares trabajan, muchas veces en condiciones complejas, para sostener un sistema que la ciudadanía necesita y demanda. Sus inquietudes, sus señalamientos y sus aportes son insumos legítimos e imprescindibles para una transformación que solo puede hacerse con ellos, nunca sin ellos. Escuchar es, también, una forma de hacer justicia.

El diálogo, además de ser una fortaleza democrática, es el reconocimiento de que ambas partes tienen razón, en una parte de lo que plantean, y de que la convivencia pacífica es el suelo fértil sobre el cual crecen el desarrollo, la confianza institucional y la estabilidad social.

Donde hay voluntad de escucharse, casi siempre hay un acuerdo posible.

Como institución queremos predicar con el ejemplo. Por eso mantenemos las puertas abiertas a toda iniciativa, propuesta o inquietud que aporte a la construcción de una mejor justicia, venga de donde venga. Este Poder Judicial, que es parte integral de la comunidad y se debe a ella, reafirma su disposición al diálogo permanente, a la escucha activa y a la búsqueda conjunta de soluciones, con la serenidad y la buena voluntad que los retos del momento requieren.

Agradezco al Listín Diario por elevar el tono del debate público hacia la convivencia. Convirtamos juntos esa visión en realidad: las instituciones, los profesionales del derecho, los gremios y la ciudadanía. Porque una sociedad que dialoga es una sociedad que progresa, y una justicia que escucha es una justicia que dignifica.

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El valor del diálogo: Una cultura del encuentro y el entendimiento

Aplicar el derecho no es un acto mecánico. Es una tarea humana, prudencial y esencialmente ética. Eduardo Couture lo expresó con una sencillez que conserva plena actualidad: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando y el deber es luchar por la justicia. Su célebre decálogo no es solo una guía para abogados; es también una advertencia para todo jurista: el conocimiento técnico sirve de poco si se separa de la lealtad, la tolerancia, la paciencia, la fe en el derecho y el amor por la profesión.

Esa enseñanza adquiere una fuerza especial en la función judicial. El juez no gobierna, no representa intereses, no administra la voluntad popular ni actúa para agradar a las mayorías. Su misión es más delicada: decidir conflictos concretos desde la Constitución, la ley, la razón y su conciencia. Por eso, la legitimidad de una decisión judicial no descansa solo en que sea jurídicamente correcta, sino en que pueda ser comprendida como el resultado del trabajo de una persona independiente, íntegra y responsable.

La confianza en la justicia se construye antes de la sentencia. Se forma en la trayectoria de quien decide, en la sobriedad de su conducta, en su capacidad para mantener distancia de intereses indebidos y en su disposición a rendir cuentas sin convertir la función en espectáculo.

La sociedad observa, y esa observación no debe ser vista como una amenaza. En democracia, la mirada pública es parte del ecosistema de legitimidad. El desafío está en no actuar para complacerla, sino en vivir de manera que esa mirada encuentre coherencia.

El Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial dominicano parte precisamente de esa premisa: la ética judicial no es un adorno de la función, sino una condición para fortalecer la confianza pública. Entre sus principios se destacan la conciencia funcional e institucional, la credibilidad, la integridad, la lealtad, la legalidad, la motivación de las decisiones, la prudencia, la humildad, la igualdad, la independencia, la transparencia, la responsabilidad y la vocación de servicio.

Estos principios recuerdan algo fundamental: el juez no solo debe decidir conforme al derecho; debe vivir de manera compatible con la dignidad de su investidura. La exigencia no es la perfección imposible, sino porque la autoridad de juzgar reclama una forma particular de responsabilidad. Quien decide sobre la libertad, el patrimonio, la familia, el trabajo o la honra de otros no puede tratar su conducta personal como un asunto enteramente desvinculado de la función pública que ejerce.

De ahí la importancia de la moderación. No como renuncia a la vida, sino como expresión de prudencia. No como aislamiento, sino como conciencia de los límites. Una justicia cercana no es una justicia familiarizada con intereses, presiones o protagonismos. La verdadera cercanía se construye desde la previsibilidad, la claridad, la empatía institucional y la confianza de que quien decide no está capturado por aquello que debe juzgar.

La ética judicial, en ese sentido, no puede reducirse a un catálogo de prohibiciones. Es una cultura. Se expresa en hábitos, en gestos, en silencios oportunos, en palabras medidas, en decisiones motivadas y en la capacidad de resistir tanto la presión externa como la vanidad interna.

Couture hablaba de estudiar, pensar, trabajar, luchar, ser leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, olvidar y amar la profesión. Traducido al mundo judicial, ese decálogo invita a comprender que aplicar el derecho exige también formar el carácter.

Las instituciones judiciales tienen, además, una responsabilidad colectiva. No basta con confiar en virtudes individuales. El sistema debe formar, acompañar, evaluar y promover una ética compartida. Debe generar condiciones para que la independencia no sea soledad; para que la rendición de cuentas no sea persecución; para que la comunicación no sea propaganda; y para que la autoridad judicial no se confunda con distancia humana ni con exposición innecesaria.

En tiempos de desconfianza, aplicar el derecho ya no puede entenderse como una operación puramente técnica. La ciudadanía exige razones, coherencia y conducta. Quiere saber que detrás de cada decisión hay una persona preparada, independiente, prudente y consciente del peso de su función. Quiere una justicia que hable con sus sentencias, pero también con su ejemplo.

Al final, la pregunta decisiva es sencilla: ¿qué hace que una decisión sea aceptada, incluso por quien no resulta favorecido? La respuesta no está solo en el expediente. Está en la confianza que inspira quien decide. Y esa confianza no se improvisa el día de la sentencia; se construye antes, en la forma de estudiar, pensar, trabajar, vivir y servir.

Porque aplicar el derecho es una responsabilidad. Pero vivir éticamente es la condición que permite que esa responsabilidad produzca confianza.

Formado en una tradición de pensamiento social que reconocía en el trabajo una base de dignidad, y profundamente influido por la visión de Rafael Caldera sobre la centralidad de la cuestión social, mi padre entendía que los derechos laborales se sostienen en la conciencia de las personas y en su capacidad de organizarse para hacerlos efectivos.

De él aprendí una idea esencial: el trabajo expresa dignidad y ciudadanía. Esa convicción me acompaña hasta hoy.

Desde el Poder Judicial, esa responsabilidad se concreta cada día. La jurisdicción laboral convierte principios en garantías: resuelve conflictos, equilibra relaciones y protege la dignidad del trabajo.

Resolver a tiempo es hacer justicia. Esa idea orienta nuestra acción. Hemos fortalecido la capacidad de respuesta con procesos más ágiles, mayor acceso y decisiones más comprensibles. Una justicia que llega a tiempo protege derechos, genera confianza y aporta estabilidad a la vida social y económica.

El trabajo también se honra desde adentro. Los servidores y servidoras judiciales sostienen cada avance. Su compromiso diario hace posible una justicia que responde.

Fortalecer sus condiciones de trabajo forma parte de nuestra visión institucional. Impulsamos formación continua, bienestar y entornos adecuados, convencidos de que una justicia de calidad se construye sobre condiciones de trabajo dignas. Cuidar a quienes cuidan la justicia fortalece la institución.

Esta visión integra derechos laborales, calidad institucional y condiciones de trabajo. Así, las normas adquieren sentido en la vida real y se convierten en herramientas efectivas para las personas.

El mundo del trabajo evoluciona con intensidad. La digitalización y la inteligencia artificial marcan un cambio civilizatorio en la forma de trabajar y generar valor.

Este proceso abre oportunidades y exige dirección. El futuro del trabajo se construye con justicia. Un entorno dinámico requiere reglas claras, protección efectiva de derechos y condiciones que promuevan la equidad.

Avanzar implica anticipar, adaptar y preparar. La justicia acompaña esa transformación, aporta equilibrio y ofrece certeza. El 1 de mayo reafirma un principio esencial: el trabajo merece respeto, protección y reconocimiento.

También nos recuerda que cada generación cumple su papel. A algunos les tocó escribir sobre la dignidad del trabajo. A nosotros nos corresponde asegurarla. Honrar el trabajo es construir su futuro con justicia, diálogo, organización y dignidad. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

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1 de mayo: Memoria, justicia y transformación del trabajo

Desde esta perspectiva, la legitimidad de la actividad judicial trasciende la autoridad formal de los fallos. No basta con que las decisiones sean jurídicamente correctas; resulta indispensable que la institución disponga de las capacidades necesarias para hacer visible que cada resolución responde a un proceso deliberado, razonado y transparente. La explicación pública, en consecuencia, se convierte en un componente esencial de la institucionalidad judicial, pues permite conectar la racionalidad jurídica con la comprensión social.

La experiencia comparada muestra que las transformaciones institucionales no siempre derivan de reformas explícitas. Con frecuencia, emergen de prácticas excepcionales que, al reiterarse, terminan configurando nuevos patrones de actuación.

Cuando decisiones inicialmente adoptadas en contextos extraordinarios comienzan a reproducirse sin el debido acompañamiento explicativo, se introduce una tensión que afecta tanto los procedimientos como la percepción pública de la justicia. En esos casos, el problema deja de ser únicamente técnico para convertirse en un desafío de legitimidad.

En este punto, adquiere especial relevancia la dimensión pedagógica de la justicia. Cada decisión no solo resuelve un caso concreto, sino que también orienta conductas, fija estándares y contribuye a la construcción de confianza pública. Esta función resulta particularmente crítica en contextos de alta visibilidad. Precisamente en esos escenarios, la claridad y oportunidad de la explicación adquieren mayor importancia, ya que, en ausencia de una comunicación institucional comprensible se podría ceder espacio a interpretaciones fragmentadas o desinformadas.

En la República Dominicana, este desafío ha sido asumido como parte de una visión integral de transformación judicial. La construcción de una justicia al día, accesible y transparente implica tanto la reducción de la mora y la modernización de los servicios —apoyada en procesos de digitalización— como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para comunicar con claridad.

El impulso de prácticas de lenguaje claro, la accesibilidad de las decisiones y el desarrollo de una comunicación institucional directa se convierten en herramientas clave para acercar la justicia a la ciudadanía.

Conviene subrayar que la transparencia en la justicia, además de la disponibilidad de información, implica garantizar que las personas entiendan por qué se adopta una decisión, cuáles principios la sustentan y de qué manera incide en sus derechos constituye una condición esencial para la legitimidad democrática.

Por ello, la transformación judicial exige ir más allá de la gestión de expedientes y de la incorporación de tecnologías. Supone integrar, de manera sostenida, prácticas de lenguaje claro, pedagogía judicial y rendición de cuentas. En otras palabras, requiere una justicia que no solo actúe, sino que sea visible; que no solo decida, sino que haga comprensible su decisión.

En un contexto en el que la confianza institucional se construye de manera cotidiana, la justicia ocupa un lugar central. Su legitimidad depende, en última instancia, de su capacidad para ofrecer decisiones que, además de ser suficientemente motivadas, resulten comprensibles para la sociedad a la que sirven. Solo así es posible consolidar una justicia que, al decidir en derecho, también fortalezca la confianza pública que la sostiene.

Esa es la diferencia entre una justicia que se limita a funcionar y una justicia que, además, logra ser comprendida. Y solo en esa comprensión compartida es donde la confianza realmente se consolida.

La Conferencia fue un espacio de intercambio, aprendizaje y proyección, y , sobre todo, fue un punto de encuentro entre distintas generaciones, trayectorias y responsabilidades institucionales. En ese cruce, se hizo visible que la transformación de la justicia dominicana es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo.

En esa perspectiva, resulta inevitable mirar hacia atrás. Recordar el liderazgo del magistrado Jorge Subero Isa en los años noventa no es un gesto simbólico aislado, sino el reconocimiento de un momento fundacional. Allí se establecieron bases esenciales de independencia, institucionalidad y profesionalización que hoy siguen dando frutos. 

Las transformaciones profundas no comienzan de cero: se apoyan en decisiones valientes del pasado.

Esa continuidad institucional también se expresa en quienes han tenido la responsabilidad de conducir el Poder Judicial en distintas etapas. La gestión de Mariano Germán contribuyó a consolidar avances institucionales clave, mientras que figuras como Olga Herrera representan el compromiso sostenido con una justicia al servicio de las personas.

Lo que vimos durante la Conferencia fue, en muchos sentidos, la materialización de ese recorrido. La presencia del presidente de la República, de expresidentes, del presidente del Tribunal Constitucional y del presidente del Senado no solo aportó relevancia institucional al evento. Fue, sobre todo, una señal de que la justicia ocupa un lugar central en el proyecto de país y convoca a todos los poderes del Estado.

A ese respaldo se sumaron también voces independientes y respetadas que han acompañado críticamente el desarrollo institucional del país. Servio Tulio Castaños Guzmán, quien tuvo la generosidad de referirse a nuestra gestión como un “excelente desempeño” y destacó la evolución positiva de los indicadores internacionales.

Precisamente, la mejora experimentada en el Índice de Estado de Derecho adquiere un significado aún mayor cuando se observa el contexto internacional: en un momento en el que muchos países enfrentan retrocesos en sus indicadores institucionales, la República Dominicana avanza. Y ese avance no es casual. Es el resultado de voluntades consistentes, de esfuerzos acumulados y de una institucionalidad que ha sabido sostener el rumbo.

La Conferencia permitió, precisamente, hacer visible ese hilo conductor. Ver reunidos a actores del pasado, del presente y del futuro de la justicia dominicana no solo tiene un valor simbólico. Es una forma de reafirmar que la transformación depende de la capacidad de construir consensos duraderos en torno a un horizonte común.

Es importante entender qué representó realmente la Conferencia. No fue un evento aislado ni una cita puntual en el calendario institucional. Es en esencia el espacio de gobernanza, del Plan Justicia del Futuro, un mecanismo que nos permitió evaluar avances, alinear prioridades y renovar compromisos de manera colectiva. La Conferencia, con celebración bienal, es el lugar donde la visión se contrasta con la realidad, donde los planes se traducen en acciones y donde la transformación se organiza de forma consciente y participativa.

Entre los temas principales tratados en las distintas comisiones, estuvieron la gestión de casos y la optimización del proceso penal, el acceso digital a la justicia a través de justicia.gob.do, los métodos alternos de resolución de conflictos, la transparencia y la ética judicial, la infraestructura, la justicia restaurativa, las reformas estructurales, las buenas prácticas internacionales y la innovación aplicada al sistema de justicia.

Al cerrar la Conferencia, la sensación no fue de culminación, sino de continuidad. De estar en medio de un proceso que ha avanzado, que ha sido reconocido, pero que  tiene mucho por construir. 

Lo más valioso de una visión compartida es que no se agota en lo logrado, sino que proyecta lo que aún es posible.

Por eso, el desafío hacia adelante es claro: seguir construyendo sobre lo alcanzado, cuidar lo que se ha logrado y profundizar las transformaciones necesarias para responder a las demandas de la sociedad. Con la misma convicción, con el mismo compromiso y, sobre todo, con la misma capacidad de trabajar juntos.

Porque, al final, la justicia que queremos no se construye en un momento ni por una sola generación: se construye todos los días, sobre lo que otros hicieron antes y con la mirada puesta en quienes vendrán después.

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Construir sobre lo logrado, la fuerza de una visión compartida

EN FOTOS – CONFERENCIA DEL PODER JUDICIAL

Durante varios días, la Conferencia se convirtió en un espacio vivo de intercambio, reflexión y construcción conjunta. Alcanzamos un total de 71 actividades, organizadas en torno a ejes que hoy son centrales para el presente y el futuro de la justicia: Bootcamp, Justicia del Futuro, Optimización del Proceso Penal, Reformas estructurales, Mejores prácticas y Justicia Abierta. Cada uno de estos espacios permitió contrastar ideas, compartir experiencias y, sobre todo, identificar caminos concretos de mejora.

A lo largo de estas jornadas contamos con la asistencia de más de 6,000 personas. Participaron además 68 expositores internacionales de 21 países, junto a  delegaciones de 10 presidentes de poderes judiciales. Esta diversidad va más allá de un indicador de convocatoria; es una condición clave para aprender, comparar y acelerar nuestros propios procesos de transformación. La justicia, en el mundo contemporáneo, se construye también desde el diálogo entre sistemas, culturas jurídicas y experiencias institucionales distintas.

Lo que verdaderamente marcó esta Conferencia fue su capacidad de aterrizar las discusiones en la práctica, por encima de las cifras. En el ámbito de la Optimización del Proceso Penal, se evidenció con claridad que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son una herramienta efectiva para lograr respuestas más ágiles y oportunas. La posibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes, incluso en situaciones complejas, confirma que es posible avanzar hacia una justicia más eficiente, con pleno respeto a las garantías. Incluso pudimos observar cómo estos mecanismos se aplican en la práctica, confirmando su impacto real en la resolución de casos.

En esa misma línea, se hizo evidente que la eficiencia del sistema de justicia no depende únicamente de reformas normativas. Requiere nuevas formas de gestionar los conflictos, optimizar recursos y reducir cargas innecesarias. Esto responde a una responsabilidad institucional clara frente a la ciudadanía.

Otro de los espacios que dejó reflexiones profundas fue el dedicado a la ética judicial. A veinte años de los marcos iberoamericanos en la materia, surgió una coincidencia clara: la ética judicial también debe evolucionar. Hoy enfrentamos desafíos que no existían hace dos décadas, en un contexto atravesado por la tecnología, la digitalización y nuevas formas de interacción social. El reto es asegurar que esos principios sigan siendo válidos y útiles en un entorno que cambia rápidamente, fortaleciendo su capacidad de orientar la función judicial.

Precisamente, la tecnología y la inteligencia artificial ocuparon un lugar central en la Conferencia. La tecnología no sustituye al juez, pero redefine el entorno en el que decide. Su incorporación permite optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a la justicia. El desafío es también organizacional y cultural: implica repensar cómo se produce, se gestiona y se ofrece el servicio de justicia, integrando nuevas herramientas sin perder su esencia humana.

En paralelo, el enfoque en justicia abierta aportó una dimensión fundamental: la legitimidad. La transparencia, la rendición de cuentas y la apertura fortalecen la confianza ciudadana. Una justicia que se muestra, que explica sus decisiones y que permite el escrutinio público consolida su base democrática y su cercanía con la sociedad.

Las discusiones sobre reformas estructurales también apuntaron en una dirección clara. El objetivo es simplificar la experiencia de las personas dentro del sistema judicial. Cada reforma debe traducirse en procesos más accesibles, comprensibles y eficientes para quienes acuden a la justicia. Ese es el estándar con el que debemos evaluar cada cambio que impulsamos.

En medio de estas reflexiones, hubo un dato que apareció de manera recurrente y que merece una mención especial. Coincidimos en la importancia que tiene que, en la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho, la República Dominicana haya sido el país con mayor crecimiento entre 143 naciones, en contraste con la tendencia de retroceso observada en la mayoría de los países. Este reconocimiento internacional refleja el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones y el compromiso sostenido con la mejora del sistema de justicia. Es un avance significativo que, al mismo tiempo, nos compromete a seguir profundizando en la mejora continua.

Al hacer este balance, tengo la convicción de que la Conferencia marcó un punto de inflexión. La verdadera transformación ocurre en la práctica diaria de la justicia, más allá de los eventos. Lo que allí se discutió y se compartió debe traducirse en acciones concretas en cada tribunal, en cada proceso y en cada decisión.

Si algo dejó claro esta edición es que estamos ante un proceso que ya ha adquirido una dimensión colectiva. La reforma judicial es un patrimonio compartido, construido entre todos y al servicio de todos los dominicanos.

Por eso, el desafío es claro: seguir adelante. Debemos consolidar lo logrado, ampliar su alcance y asegurar su continuidad. Porque lo que está en juego es la garantía efectiva de derechos y la confianza de la ciudadanía.

Ese es el verdadero sentido de todo lo que hemos construido en la Conferencia del Poder Judicial 2026. Y ese es también el compromiso que asumimos: seguir avanzando, sin pausas, hacia una justicia cada vez más cercana, más eficiente y más digna. Porque cuando la justicia avanza, también se fortalece la democracia.

La Conferencia del Poder Judicial 2026 en fotos

El conversatorio “Nuestro Futuro con Justicia” fue abordado en el segundo día de la Conferencia del Poder Judicial, en el cual, a través de dinámicas de juego, Arbaje y el magistrado Molina hablaron sobre la justicia, los derechos fundamentales, la protección de derechos, el rol del juez, del órgano acusador y otros actores, así como del Proyecto de Ley de Crianza Positiva. 

De manera muy emotiva, la primera dama Raquel Arbaje expresó que los niños, niñas y adolescentes son el presente y futuro del país y que sus voces son importantes. 

“Seguiremos trabajando, y estamos trabajando para educar a los papás y a las familias. Estamos en el proceso de modificar la Ley 136-03, pero también hay un proyecto de ley de crianza positiva. Tenemos tanto por hacer y seguiremos haciendo”, expresó la primera dama, al enfatizar su compromiso con la niñez de República Dominicana. 

De su lado, el juez presidente de la SCJ, Henry Molina, interactuó de manera muy animada con los jóvenes, a quienes respondió en un lenguaje claro algunas de sus inquietudes. 

“Estamos trabajando para dejarles la justicia que ustedes merecen, una justicia mejor en la que ustedes puedan vivir hoy, pero todavía no la tenemos”, indicó el magistrado Molina, al interactuar con uno de los jóvenes, a quien le habló del rol de juzgador de los jueces. 

En el encuentro, Esther Hierro, socia y directora de Marinva, entidad especializada en el uso del juego como metodología para la transformación, realizó distintas dinámicas para que los adolescentes se expresaran sobre situaciones y la forma en cómo deberían reaccionar. 

En el juego, los menores expresaron sus respuestas a situaciones de vulnerabilidad que se les pueden presentar; algunos de ellos manifestaron que en esos casos es necesario buscar la ayuda de un adulto o autoridad competente. 

El conversatorio “Nuestro Futuro con Justicia” se desarrolla en el marco del Espacio de Gobernanza del Plan Justicia del Futuro 2034, iniciativa estratégica del Poder Judicial orientada a construir una justicia más accesible, humana y centrada en las personas. En el mismo estuvieron presentes jueces, juezas, invitados internacionales y representantes de entidades que trabajan con la niñez y la adolescencia. 

 La Conferencia del Poder Judicial 2026 se desarrolla del 9 al 11 de abril, en la Ciudad Judicial. 

Inicio/Noticias/Inauguran Conferencia del Poder Judicial 2026 con llamado a consolidar avances y acelerar la transformación de la justicia

La conferencia del Poder Judicial 2026 se desarrollará del 9 al 11 de abril en la Ciudad Judicial Santo Domingo Este, con la participación de expositores nacionales e internacionales 

Quedó inaugurada este jueves la Conferencia del Poder Judicial 2026, iniciativa que marca el camino hacia la Justicia del Futuro al año 2034, dirigida a consolidar consenso para la transformación del sistema de justicia dominicano, cuyo acto fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, y contó con la presencia del expresidente de la República, Leonel Fernández. 

El acto inaugural también contó con la participación de los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crepo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, el expresidente de la SCJ, Mariano Germán; así como jueces, juezas, miembros de la comunidad jurídica, la academia y representantes de la sociedad en general.  

Al pronunciar su discurso ante todos los sectores de la sociedad, el magistrado Molina afirmó que el objetivo del Poder Judicial de República Dominicana es construir una justicia que responda a la realidad del país, alineada con los mejores estándares internacionales, siendo esta la visión que sustenta al Plan Justicia del Futuro 2034. 

En ese orden de ideas, manifestó que la planificación se convierte en gobernanza y logra que la visión de largo plazo trascienda el documento y se traduzca en prioridades ejecutables. 

“Por eso esta Conferencia constituye el espacio rector del Plan Justicia del Futuro 2034, porque es preciso revisar avances, corregir el rumbo cuando las circunstancias lo aconsejen, y renovar compromisos y voluntades”, dijo Henry Molina. 

Explicó que el Plan Justicia del Futuro 2034 fue diseñado con el consenso de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto, al tiempo de destacar que esta iniciativa fue apoyada por el presidente Abinader en los momentos relevantes de su construcción. 

Asimismo, dijo que ese tipo de madurez democrática ocurre en países que quieren progresar, al tiempo de destacar los avances, que se han constituido en hitos que hoy puede exhibir el Poder Judicial, entre estos, la eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia, en donde el 90% de los casos tienen solución dentro de un año o menos. 

Asimismo, agregó, que el 100% de los documentos judiciales se firma digitalmente y se gestiona en expedientes electrónicos con trazabilidad total; y el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos, acceder gratuitamente a sus casos, sin traslados, sin filas. También destacó la realización de audiencias virtuales y consulta de expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero. 

“Les invito a mantener este ritmo de trabajo para preservar el impulso logrado. Porque los indicadores también nos recuerdan que hay espacio para mejorar y, sobre todo, porque no podemos permitir que estos avances retrocedan, se detengan o pierdan coherencia”, puntualizó Molina. 

En ese sentido, destacó que la justicia debe ser accesible y cercana; estar al día; con sentencias ejecutables, íntegra, y “una justicia abierta a la observación, a la crítica, al diálogo, a la mejora constante”. 

Finalmente, aseguró que la Conferencia del Poder Judicial 2026 es de gran importancia al constituirse en una oportunidad para trabajar juntos la justicia que República Dominicana merece, al tiempo de expresar que la presencia del presidente Abinader Corona en la misma,  

reafirma la madurez de “nuestra democracia y de nuestro sistema judicial”. 

Durante sus palabras en el acto de apertura, la señora Elizabeth Clement, presidenta del National Center for State Courts afirmó que el Plan Estratégico Justicia del Futuro 2034 es admirable, al entender que la iniciativa recorre el tema de la confianza pública.  

“Lo que más destaca no es solo el plan en sí, sino la forma en que se elaboró. Mediante el diálogo intersectorial, la reflexión honesta sobre la incertidumbre y la voluntad de afrontar no solo lo que esperamos que suceda, sino también lo que podría suceder. Eso es liderazgo”, señaló. 

De su lado, el señor Alejandro Ponce, director ejecutivo del World Justice Project dijo que, según el Índice de Estado de Derecho, República Dominicana fue el país con mayor crecimiento en 2025, con un 2.1%, en una medición que incluyó 143 países; este crecimiento fue atribuido a avances en el sistema de pesos y contrapesos, control de la corrupción y la efectividad en el Sistema de Justicia. 

“Esto no es una casualidad, es el resultado de decisiones, de reformas para fortalecer los mecanismos anticorrupción, modernizar los procesos judiciales, ampliar el acceso a los servicios legales y apostar por una mayor transparencia”, afirmó. 

Reconocimiento 

El escenario también sirvió para realizar un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su trayectoria y aportes en la administración de Justicia, formando parte del sistema de justicia nacional ejerciendo como jueza de Primera Instancia y presidenta de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Herrera Carbuccia ha realizado su labor con dignidad y verdadera vocación, honrando la judicatura de la República Dominicana. Es la primera dominicana en integrar la Corte Penal Internacional en la Haya, Holanda. 

Recibió una placa de manos del presidente Luis Abinader y del Juez presidente de la SCJ, Henry Molina. 

Un espacio para alinear la Justicia del Futuro  

La Conferencia del Poder Judicial es el espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.  Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta

Jueves 9 de abril 2026, 10:00 a.m. Ciudad Judicial Santo Domingo Este

APERTURA Y SALUTACIONES

Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

Honorable presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Honorable presidente de la Cámara de Diputados, Señor Alfredo Pacheco Osoria.

Juez presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier.

Senador Omar Fernández y diputado Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia.

Señora Elizabeth Clement, Presidenta del National Center for State Courts.

Señor Alejandro Ponce, director ejecutivo del World Justice Project.

Señores Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, expresidentes de la República.

Señores Jorge Subero Isa y Mariano Germán Mejía, ex presidentes de la Suprema Corte de Justicia.

Un saludo especial a mi esposa, Paola Roa.

Distinguidos invitados nacionales e internacionales.

Es un honor darles la bienvenida a la Conferencia del Poder Judicial.

Nos reunimos para dialogar sobre el rumbo de la justicia dominicana y el país que estamos llamados a construir…

…porque esta Conferencia es una oportunidad para la conversación pública sobre los pasos que hemos dado y para reafirmar los compromisos de la justicia con la nación y de la nación con la justicia. 

INTRODUCCIÓN: Motivación

Creemos que la justicia debe transformarse a puertas abiertas, por eso necesita diálogo, necesita escucharse a sí misma y escuchar al país.

Desde su inicio en el año 2000, esta Conferencia es un espacio de acercamiento entre el Poder Judicial y la sociedad.

Y en esta ocasión se reafirma como el foro en el que compartimos resultados, ajustamos estrategias y consolidamos consensos.

Hoy, como nunca, vivimos tiempos que exigen claridad: de propósito, de palabra y de conciencia institucional. Son tiempos en los que las instituciones están llamadas a ser faros de concordia y serenidad para el bien común.

En ese contexto, la justicia es puente y escudo. Puente, porque conecta a las personas con sus derechos. Escudo, porque protege a la sociedad frente al abuso y la arbitrariedad.

Esa es la responsabilidad de la justicia: decidir conflictos, contribuir a sostener la confianza pública, proteger la dignidad y reafirmar la vigencia del Estado de Derecho.

Importancia de la planificación

Por eso esta Conferencia constituye el espacio rector del Plan Justicia del Futuro 2034…

…porque es preciso revisar avances, corregir el rumbo cuando las circunstancias lo aconsejen, y renovar compromisos y voluntades.

Aquí la planificación se convierte en gobernanza y hacemos que la visión de largo plazo trascienda el documento y se traduzca en prioridades ejecutables.

En efecto, los países que progresan planifican su desarrollo. Lo conversan, lo visualizan y lo sostienen en el tiempo con acciones concretas. Lejos de improvisar, ellos diseñaron su justicia, la corrigieron, la fortalecieron y la hicieron cada vez más cercana a las personas, y más fuerte e institucional para el Estado.

Esos países son referentes para aprender buenas prácticas. Y en ese camino, valoramos el acompañamiento de instituciones como el National Center for State Courts y el World Justice Project, que aportan evidencia, experiencia y visión comparada.

Pero nuestro objetivo es claro: construir una justicia que responda a nuestra realidad, alineada con los mejores estándares internacionales.

Esa es la visión que sustenta al Plan Justicia del Futuro 2034…

Hemos buscado el consenso de los diversos sectores, actores judiciales, políticos, empresariales, académicos y sociales.

Los hemos invitado a pensar en los escenarios posibles y en las decisiones necesarias para alcanzarlos.

El propio señor presidente de la República fue partícipe de este proceso. Lo apoyó en momentos relevantes de su construcción.

Y eso tiene un enorme valor histórico e institucional, porque expresa algo que debemos cuidar: la justicia se fortalece cuando el país -todo el país-, comprende su importancia y respeta, con madurez democrática, la separación de poderes.

Y esto solo ocurre en los Estados que quieren progresar.

Progresar con una justicia que se organice en torno a la persona y a su dignidad.

Una justicia accesible y cercana, sin traslados innecesarios, con menos costos y procesos simples. Donde todos los trámites puedan hacerse desde cualquier lugar; pero, sobre todo, una justicia que las personas comprendan.

Debe ser una justicia al día… que resuelva en plazo razonable. Predecible, con menos reenvíos, menos formalismos, menos burocracia y más soluciones tempranas.

También debe ser una justicia que ejecute. Porque una sentencia que se incumple suspende el derecho.

Debe ser una justicia íntegra con instituciones que facilitan hacer lo correcto y que no toleran lo incorrecto. 

Igualmente, debe ser una justicia abierta a la observación, a la crítica, al diálogo, a la mejora constante.

¡Esa es la justicia en la que la gente cree y confía!

Por eso esta Conferencia importa tanto. Porque es una oportunidad para trabajar juntos la justicia que la República Dominicana merece.

Ya sabemos que se puede… Y muestra de que se puede, es que…

Eliminamos la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia; donde el 90% de los casos tiene solución en un año o menos. Ya el recurso de casación dejó de ser un instrumento para detener los derechos de la gente. Tan solo, el tiempo promedio de tramitación pasó de 707 días a solo 27.

Y esta disciplina, se va extendiendo a los tribunales del país.

El 100% de los documentos judiciales se firma digitalmente y se gestiona en expedientes electrónicos con trazabilidad total; así que ahora, nada se pierde o se queda en una gaveta.

Además, el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos, acceder gratuitamente a sus casos, sin traslados, sin filas. Hoy pueden participar en audiencias virtuales y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.

¡Esto demuestra que sí podemos!

En este proceso debemos reconocer la labor del Congreso Nacional, que aprobó las leyes de Casación y de Uso de medios digitales.

Y para seguir ampliando las facilidades de los usuarios, el Senado recientemente aprobó una actualización a la ley de uso de medios digitales, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión.

Y estos resultados no son casualidad.

Son fruto de una obra colectiva. Del compromiso de todo un país: juezas, jueces, servidores judiciales, fiscales, abogados, defensores públicos, sociedad civil, iglesias, sindicatos, gremios empresariales, partidos políticos y el Estado en su conjunto.  

Esto es un verdadero logro país y merece un aplauso.

Les invito a mantener este ritmo de trabajo para preservar el impulso logrado. Porque los indicadores también nos recuerdan que hay espacio para mejorar y, sobre todo, porque no podemos permitir que estos avances retrocedan, se detengan o pierdan coherencia.

La confianza se gana. Se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación.

¿Y ustedes saben por qué?

Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y, con ello, la confianza de la gente en la justicia.

Cierre:

Señor presidente, expresidentes de la República y de la Suprema Corte de Justicia, señores presidentes de los órganos constitucionales del Estado:

Su presencia reafirma la madurez de nuestra democracia y de nuestro sistema judicial.

La justicia se construye desde su autonomía y se fortalece cuando el Estado, en su conjunto, la respeta y la respalda.

Al final, de eso se trata.

De entender que la justicia no es un edificio, ni un expediente, ni un procedimiento.

La justicia es lo que pasa una persona cuando más la necesita.

Es la respuesta que llega a tiempo… o no.

Es la decisión que se entiende… o no.

Es la confianza de saber que el sistema funciona… o no.

Por eso, lo que estamos construyendo es más que una reforma institucional.

Estamos construyendo una justicia que funcione para la gente.

Una justicia que sea accesible, transparente y confiable.

Pero, sobre todo, una justicia que respete la dignidad de cada persona.

Ese es el camino del Plan Justicia del Futuro 2034.

El camino que debe continuar y fortalecerse

con decisiones, con trabajo y compromiso.

¡Por eso esta Conferencia importa!

Porque es el espacio donde ese futuro se piensa, se discute… y se construye.

Los invito a participar, a cuestionar, a proponer.

A ser parte activa de este proceso.

Porque el futuro de la justicia no está escrito.

¡Lo escribimos juntos, cada día,

con cada una de nuestras decisiones!

Muchas gracias.