Detrás de cada tribunal hay personas que necesitan apoyo para cumplir su deber y ciudadanos cuyo tiempo depende de nuestra capacidad de responder. 

El juramento que acaban de prestar les confía autoridad sobre asuntos que afectan la libertad, el patrimonio y las relaciones entre las personas. 

Ese compromiso encuentra su fundamento en la Constitución, las leyes y en una responsabilidad ética esencial: ejercer la autoridad judicial con independencia, preparación y respeto a quienes comparecen ante ustedes. 

Cada decisión debe poder explicarse desde el derecho. 

Este acto nos permite reconocer el trabajo constante de la judicatura y recordar que la responsabilidad que ustedes asumen también compromete a la institución que debe acompañarlos. 

Desde 2019 hemos sostenido el propósito de enfrentar la mora judicial. Ustedes han revisado expedientes, reorganizado despachos e implementado nuevas formas de trabajar.  

Durante la pandemia mantuvimos el servicio en circunstancias que exigieron adaptación y sacrificio. 

Ese esfuerzo merece el reconocimiento de toda la sociedad por lo que pido para ustedes un fuerte aplauso. 

Cada demora superada devuelve a alguien la posibilidad de tomar una decisión sobre su vida.  

Ese es el sentido del trabajo realizado y la razón para perseverar. 

En ese reconocimiento incluyo también a las secretarías, abogados ayudantes y personal de apoyo que acompañan a la judicatura. 

Junto a la mora, han enfrentado otra exigencia: decidir casos sometidos a una intensa atención pública.  

Supone un esfuerzo especial estudiar con serenidad un expediente mientras, fuera del tribunal, circulan opiniones que reclaman respuestas inmediatas. 

Reconozco su valentía para ejercer esa función.  

La independencia se demuestra al escuchar a las partes, valorar las pruebas y motivar la decisión, incluso cuando el resultado pueda ser impopular. 

La crítica forma parte de la vida democrática. Corresponde recibirla con respeto y preservar la libertad de juzgar conforme a la Constitución y las leyes. 

Ese cuidado debe alcanzar por igual a quien tiene presencia pública y a quien comparece sin que nadie conozca su nombre.  

La igualdad ante la justicia se hace efectiva en el trato, en la atención y en las garantías que ofrecemos durante el proceso. 

Esa independencia necesita también una carrera judicial que ofrezca certidumbre. 

Durante estos años dimos pasos importantes para hacer más predecible y transparente la carrera judicial. 

La implementación del modelo de escalafón permitió reconocer mejor la trayectoria de jueces y juezas, reducir espacios de discrecionalidad e identificar qué debemos preservar y qué debemos mejorar. 

También mejoramos las condiciones salariales. A los ajustes realizados se sumó la movilidad salarial progresiva, que reconoció a 607 jueces y juezas con evaluaciones de excelencia durante tres años consecutivos. 

Asimismo, la política de compensación variable por desempeño abrió otra vía para reconocer la dedicación sostenida. 

Estos instrumentos deben seguir perfeccionándose para considerar las condiciones concretas de cada tribunal y premiar aquello que realmente importa: decisiones oportunas y calidad del servicio. 

La evaluación del desempeño también fue modernizada, reduciendo componentes discrecionales y fortaleciendo criterios más objetivos. 

La Escuela Nacional de la Judicatura ha acompañado este proceso mediante la formación continua para dirigir audiencias, fortalecer el razonamiento jurídico y atender adecuadamente a personas en condición de vulnerabilidad. 

También se adoptaron medidas para fortalecer la seguridad social, incluyendo una inversión de 400 millones de pesos destinada a contribuir a la sostenibilidad del fondo de retiro de quienes sirven en este Poder del Estado. 

El Código de Comportamiento Ético ofrece además una guía preventiva y consultiva frente a los dilemas propios de la función judicial. 

En materia disciplinaria, hemos procurado fortalecer procedimientos que respeten el debido proceso y la independencia judicial. 

Una denuncia debe ser examinada con diligencia, y quien la enfrenta debe conocer los hechos, poder ejercer su defensa y recibir una decisión motivada en un plazo razonable. 

También hemos buscado reducir obstáculos en el trabajo cotidiano. 

La firma digital ha facilitado la emisión de sentencias y reducido dependencias del traslado físico de documentos. 

Su valor se concreta cuando una decisión llega antes a quien la espera. 

Las mesas de gestión departamental del Plan Justicia del Futuro 2034 permitieron además acercar los problemas de los tribunales a quienes deben tomar decisiones administrativas. 

Esa coordinación mejora la gobernanza y facilita que las necesidades del territorio reciban seguimiento. 

Estos avances nos obligan también a completar las reformas pendientes. 

Necesitamos un escalafón judicial objetivo, permanente y transparente, basado en mérito, capacidad y esfuerzo. 

Sus criterios deben ser públicos, verificables y ofrecer certeza sobre las posibilidades de desarrollo profesional. 

Quien sirve con integridad, se prepara y cumple sus responsabilidades debe saber cómo será reconocida su trayectoria. 

Esa certeza protege la independencia y permite construir un proyecto de vida dentro de la judicatura. 

También necesitamos una Ley Orgánica que articule de manera coherente la organización del Poder Judicial, su gobernanza y la carrera judicial. 

Debemos avanzar igualmente hacia una distribución más equitativa de la carga laboral, tomando en cuenta la cantidad y complejidad de los asuntos, el personal disponible y las condiciones de cada jurisdicción. 

La exigencia de resultados debe corresponderse con los medios para alcanzarlos. 

Esto incluye garantizar el descanso de jueces y juezas mediante una adecuada planificación de turnos, suplencias y apoyos. 

Cuidar a quienes juzgan también protege a las personas que esperan justicia. 

Las herramientas digitales pueden ayudarnos a liberar tiempo para esa tarea. 

Debemos intensificar el uso ético de la inteligencia artificial en labores de apoyo, como organizar información, identificar precedentes o preparar insumos para revisión. 

Ya contamos con una experiencia concreta: en las solicitudes de prescripción de multas de tránsito, la combinación de automatización, intercambio de información e inteligencia artificial redujo de 21 a 3 días el tiempo de gestión y emisión de sentencias. 

Ese resultado demuestra que podemos hacer más sencillos y rápidos determinados procesos, siempre bajo evaluación y supervisión judicial. 

Toda aplicación tecnológica debe proteger los datos, permitir verificar sus resultados y preservar las garantías procesales. 

Lo que nunca cambiará es que cada decisión constituye una responsabilidad exclusiva y consciente del juez. 

Magistradas y magistrados: 

El Plan Justicia del Futuro 2034 nos convoca a dar continuidad a este esfuerzo.  

Su cumplimiento dependerá de nuestra capacidad de convertir las reformas en mejores condiciones de trabajo y en respuestas concretas para las personas. 

Cuando regresen a sus tribunales, encontrarán nuevamente expedientes, audiencias, decisiones difíciles y personas esperando una respuesta. 

Detrás de cada expediente hay una vida que no puede quedar suspendida indefinidamente. 

Que el juramento que hoy han prestado renueve en ustedes esa conciencia: ejercer su autoridad con independencia, escuchar con atención, decidir conforme al derecho y recordar siempre la dignidad de la persona que espera justicia. 

La institución, por su parte, tiene el deber de reconocer su mérito, cuidar las condiciones en que trabajan y darles las herramientas necesarias para cumplir esa misión. 

Reciban nuestra felicitación. 

Sigamos construyendo una justicia que responda a tiempo, trate a todos con igualdad y preserve, en cada decisión, la dignidad y la libertad de las personas. 

El juramento que presta una jueza o un juez al asumir sus funciones es mucho más que un simple acto protocolar. Es el momento en que la sociedad deposita en una persona una de las responsabilidades más delicadas: decidir sobre la libertad, el patrimonio, los derechos y los conflictos que atraviesan la vida de los demás.

Ese juramento exige conocimiento del Derecho, pero también templanza, prudencia y una profunda conciencia del impacto humano de cada decisión. Detrás de cada expediente existe una persona esperando una respuesta. Y el tiempo de la justicia es también tiempo de vida.

Por eso, desde 2019 asumimos como una prioridad enfrentar la mora judicial. El esfuerzo realizado por juezas, jueces, secretarías, abogados ayudantes y todo el personal de apoyo del Poder Judicial ha permitido reorganizar despachos, revisar expedientes acumulados, sostener el servicio durante la pandemia y transformar progresivamente la capacidad de respuesta del sistema judicial.

Cada retraso superado representa mucho más que una mejora estadística. Significa permitir que alguien pueda continuar con su vida, resolver un conflicto familiar, proteger un patrimonio, recuperar un derecho o cerrar una etapa de incertidumbre.

Pero administrar justicia no exige solamente eficiencia. Exige también valentía.

Las juezas y los jueces deciden hoy bajo un escrutinio público cada vez más intenso. La independencia judicial se demuestra precisamente cuando quien juzga es capaz de escuchar a las partes, valorar las pruebas con rigor, aplicar el Derecho y motivar su decisión, incluso cuando el resultado pueda resultar impopular.

La independencia está lejos de ser un privilegio de los jueces. Es una garantía de los ciudadanos.

La igualdad ante la ley se hace realidad cuando toda persona recibe las mismas garantías, el mismo respeto y el mismo trato digno, independientemente de su poder, notoriedad o condición social.

Para proteger esa independencia necesitamos también instituciones capaces de ofrecer certidumbre a quienes administran justicia. De ahí la importancia de consolidar una carrera judicial basada en mérito, trayectoria y reglas transparentes.

Durante estos años avanzamos en el modelo de escalafón, fortalecimos la evaluación del desempeño y mejoramos progresivamente las condiciones de la judicatura. En 2025, por ejemplo, 607 magistrados fueron reconocidos mediante mecanismos de movilidad vinculados a su trayectoria y desempeño.

La transformación también ha alcanzado la manera en que funciona la justicia. La firma digital, la interoperabilidad y el uso supervisado de herramientas de inteligencia artificial comienzan a permitir procesos más ágiles sin sustituir nunca la responsabilidad del juez. Un ejemplo concreto es la reducción de 21 a tres días en la gestión de sentencias relacionadas con multas de tránsito.

Pero ninguna transformación institucional puede considerarse terminada.

Todavía debemos consolidar un escalafón judicial permanente, objetivo y transparente avanzar hacia una Ley Orgánica que articule de manera sistémica la gobernanza del Poder Judicial; y distribuir mejor las cargas de trabajo para proteger también el bienestar de quienes tienen la responsabilidad de juzgar.

Porque cuidar a quienes juzgan es también proteger a quienes esperan justicia.

El Plan Justicia del Futuro 2034 plantea precisamente esa continuidad: una justicia al día, accesible y abierta, capaz de utilizar la tecnología sin perder humanidad y de fortalecerse institucionalmente sin depender de personas determinadas.

Las instituciones verdaderamente sólidas son aquellas que pueden continuar avanzando cuando cambian quienes temporalmente las dirigen.

Al final, todo vuelve al juramento inicial.

Cada generación de juezas y jueces recibe de la anterior una institución que debe cuidar, mejorar y entregar fortalecida a la siguiente. Ese compromiso (con la Constitución, con el Derecho y, sobre todo, con la dignidad de cada persona) es el que sostiene el presente y también el porvenir de la justicia.

Publicado en Listín Diario

La seguridad jurídica significa contar con reglas claras, aplicadas de manera coherente, y con mecanismos efectivos que hagan valer nuestros derechos. Tiene un significado concreto para una familia que reclama una propiedad, un trabajador que exige sus prestaciones, un emprendedor que invierte sus ahorros o una empresa que confía en que el Estado hará cumplir sus contratos cuando un proveedor le falle. Para todos ellos, importa encontrar una justicia accesible, recibir una decisión debidamente fundamentada y saber que esa decisión será ejecutada.

La relación con el desarrollo es directa: un Poder Judicial confiable fortalece la seguridad jurídica; la seguridad jurídica genera confianza; y esa confianza favorece la inversión, la convivencia y la cohesión social. Cuando las personas pueden confiar en las instituciones, cuentan con mejores condiciones para emprender, resolver sus diferencias y construir su futuro.

Por el contrario, la mora judicial, la incertidumbre y los trámites innecesarios funcionan como un impuesto invisible. Se pagan en traslados, honorarios, jornadas de trabajo perdidas y oportunidades que desaparecen mientras llega una respuesta. Encarecen las transacciones, desalientan la inversión y pueden llevar a una persona a abandonar un reclamo legítimo. Ese costo impacta más sobre quienes tienen menos recursos para soportar la espera.

Detrás de cada expediente hay personas que esperan una respuesta. Al observar las estadísticas judiciales, algunos ven números fríos; yo veo familias, trabajadores y empresas esperando una decisión. Un derecho que no puede hacerse efectivo corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía.

En la República Dominicana hemos dado pasos importantes. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, el país mejoró un 2,1 % su puntuación general respecto al año anterior y ocupó el puesto 76 entre 143 países y jurisdicciones, siendo el país que más avanzó en ese año.

En el mismo sentido, el informe del PNUD Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible documenta un aumento sostenido del volumen de asuntos resueltos entre 2021 y 2025, así como avances significativos en la gestión digital de los expedientes y servicios judiciales.

En este punto es importante aclarar que la digitalización es un medio al servicio de las personas. Su éxito debe medirse por cuánto reduce el tiempo, los costos y las barreras para ejercer los derechos. Cada trámite que evita un desplazamiento innecesario y cada herramienta que permite comprender el estado de un caso nos acercan a una justicia más humana y eficiente.

Estos avances nos comprometen a enfrentar con franqueza lo que falta. El propio informe indica que persisten barreras económicas y territoriales, así como una brecha digital que afecta a quienes carecen de conectividad, dispositivos o habilidades para utilizar los servicios. Nuestro desafío es lograr que la mayor capacidad institucional se traduzca en un acceso universal, efectivo y equitativo.

Por eso las recomendaciones del informe del PNUD ofrecen una ruta concreta: fortalecer la planificación territorial para acercar los servicios a donde más se necesitan; ampliar la mediación y la conciliación, lo que reduciría la duración de los procesos, especialmente en materias como la penal; ofrecer información comprensible; y acompañar las herramientas digitales con orientación y atención presencial. Construir confianza también exige escuchar, explicar y tratar con dignidad a cada persona que acude a la justicia.

La seguridad jurídica debe sentirse en la vida cotidiana de toda la ciudadanía. Ese es el horizonte de la justicia dominicana: que ninguna persona tenga que renunciar a un derecho por falta de recursos, distancia, complejidad o tiempo; y que todos puedan construir su proyecto de vida con la confianza de que las instituciones responderán. 

Una justicia que funciona no solamente resuelve conflictos. Crea confianza. Y donde existe confianza, existen mejores condiciones para el desarrollo, la paz y la cohesión social.

Publicado en Listín Diario

A menudo, el concepto de innovación se envuelve en un misticismo tecnológico, presentándose como un objetivo deslumbrante al que todas las organizaciones deben aspirar. Sin embargo, ¿qué es realmente innovar? 

Innovar es tener la capacidad de transformar ideas y herramientas en soluciones prácticas que generen un impacto positivo. Es fundamental comprender que la innovación es un medio, nunca un fin en sí mismo. No innovamos por el simple aplauso de la modernidad, sino para resolver los problemas reales de las personas.

El verdadero valor de innovar radica en que nos permite dar un salto cualitativo hacia la eficiencia. En el devenir institucional, es una ley ineludible que los modelos se agotan, al igual que las formas tradicionales de hacer las cosas. Las dinámicas sociales cambian a una velocidad vertiginosa, y quien no aprovecha las herramientas con las que cuenta, no solo queda desfasado frente a las demandas ciudadanas, sino que tenderá inevitablemente a desaparecer. En el ámbito de los servicios del Estado, desaparecer no significa el cierre de un negocio, significa la pérdida absoluta de la legitimidad y la confianza pública.

Existe una profunda diferencia entre la innovación en el sector público y el sector privado. En el ámbito privado, la innovación está impulsada por la competencia, la rentabilidad y la conquista de mercados. Si una empresa falla al innovar, sus accionistas pierden capital. En el sector público, el motor de la innovación es la garantía de los derechos fundamentales, la dignidad humana y el bienestar colectivo. No competimos por clientes, servimos a las personas.

Por lo tanto, cuando una institución pública no innova —por ejemplo, al no implementar sistemas eficientes de distribución de expedientes o al resistirse a la integración de medios digitales en sus normativas operativas—, el costo no se mide en balances financieros, sino en injusticia, desigualdad y exclusión ciudadana.

Precisamente por estas razones, innovar requiere valentía y carácter, sobre todo en el sector público. Cuestionar el statu quo, transformar procesos que llevan décadas operando por inercia y proponer nuevas métricas de eficiencia exige un liderazgo decidido y resiliente. El funcionario público que apuesta por la innovación se enfrenta a la resistencia natural al cambio, a la rigidez burocrática y, a menudo, a la incomprensión. Pero es un desafío ineludible. Reformar las estructuras normativas y operativas para abrazar la modernización requiere la valentía de tomar decisiones hoy pensando en la sostenibilidad de las instituciones de las próximas décadas.

El compromiso con nuestras sociedades nos exige abandonar la resignación y adoptar una cultura de mejora continua. La innovación permanente es el único camino viable para construir un Estado ágil, transparente y verdaderamente humano. Solo a través de un liderazgo audaz y sostenido lograremos que nuestras instituciones estén a la altura de la dignidad que cada persona merece.

Publicado en Listín Diario

La confianza no es una promesa retórica, es el resultado tangible de decisiones íntegras, apegadas a la ley y sometidas al escrutinio público.

Hace algunos años los científicos confirmaron la existencia del bosón de Higgs, un campo invisible en el que las partículas elementales adquieren masa y, con ella, la materia se organiza en átomos y en todo lo que percibimos en el universo. 

En la vida en sociedad opera una fuerza equivalente: la confianza. Ella es el elemento invisible que sostiene la cohesión social, blinda la estabilidad de nuestra economía y facilita la convivencia en un Estado de derecho.

Aunque no siempre le ponemos atención, cuando esa fuerza falta su ausencia se siente: la inversión se contrae, los capitales emigran, el turismo se retrae, la informalidad avanza, los conflictos aumentan y las instituciones pierden credibilidad. Sin confianza, el Estado social y democrático de Derecho se vuelve una aspiración.

La confianza, sin embargo, no es un estado natural ni ocurre por accidente. Se construye —y mantiene— día a día, a través de prácticas y decisiones institucionales íntegras, apegadas a la ley y sometidas al escrutinio público. La experiencia comparada y la propia práctica judicial permiten identificar cuatro elementos que resultan fundamentales para lograrla.

El primero es la previsibilidad jurídica. Existe evidencia de que los países que lideran de forma sostenida los índices globales de desarrollo humano —como Dinamarca, Finlandia o Singapur— comparten un rasgo común: el respeto a la ley y a los procedimientos establecidos no es negociable. En ellos ningún interés particular se sitúa por encima del marco normativo.

Cuando un sistema público actúa bajo reglas claras e impersonales, la arbitrariedad se reduce. Esa previsibilidad se traduce en certeza para las personas, certidumbre para las inversiones y garantía de derechos para los sectores más vulnerables. Por el contrario, cuando las normas se flexibilizan o se subordinan a conveniencias circunstanciales, la institucionalidad se erosiona y el costo lo asume la sociedad.

El segundo elemento es la transparencia. La legitimidad de una institución descansa en su capacidad de rendir cuentas con total apertura. Por eso, desde el Poder Judicial hemos asumido que abrirnos al escrutinio ciudadano es, más que una necesidad, una obligación democrática ineludible.

Medir el desempeño institucional no debilita a los poderes públicos: los fortalece. Permite diagnosticar brechas con objetividad técnica, acotar los márgenes de arbitrariedad y fundamentar cada mejora en evidencia verificable. Las instituciones maduras no temen a la mirada ciudadana ni al examen de sus procedimientos; así es como se construye confianza.

El tercer elemento —quizás el más cercano al ciudadano— es la imparcialidad. Detrás de cada expediente existe una vida, una familia o un proyecto esperando ser escuchado y recibir una respuesta clara, equitativa y a tiempo. 

La imparcialidad y el apego a la norma son la mayor garantía de igualdad que el Estado puede ofrecer a sus ciudadanos, mientras que la integridad moral de quienes aplican la ley consolida la confianza ciudadana.

El cuarto elemento es la continuidad. Ninguno de los anteriores rinde frutos si se aplica de forma aislada o coyuntural: consolidar la confianza exige una articulación interinstitucional responsable, interoperabilidad técnica y una visión de país que trascienda a cada gestión. Una institución confiable no depende de la voluntad de quien circunstancialmente la dirige, sino de principios convertidos en procedimientos, capacidades y cultura institucional.

Así como el campo de Higgs, invisible pero decisivo, permite que las partículas adquieran masa y den forma al universo, la confianza permite que la sociedad adquiera orden y mantenga su estabilidad. Ninguna de las dos fuerzas se percibe sin esfuerzo, pero ambas se revelan en sus efectos, sobre todo cuando faltan. 

Por eso, construir confianza va más allá de una simple proclamación. Requiere coherencia constante entre lo que el Estado dice y lo que efectivamente realiza.

Publicado en Listín Diario

Una justicia eficiente genera crecimiento, atrae inversión extranjera, protege los negocios y reduce activamente la desigualdad. Por eso la confianza en las instituciones judiciales representa un activo estratégico fundamental para cualquier nación que aspire al desarrollo sostenible.

Cuando la ley se aplica con predictibilidad y celeridad, la economía prospera, el crédito se abarata y las reglas del juego permanecen claras para todos los actores.

Durante décadas, las reformas al sistema judicial se vieron afectadas por la falta de continuidad. Cambios de gestión, visiones de corto plazo o planes condicionados a ciclos electorales limitaban el impacto real del sistema. Ese esquema se agotó. Las transformaciones judiciales no deben responder a períodos de gobierno. Tienen que convertirse en políticas de Estado sostenidas en el tiempo. La estabilidad institucional requiere acuerdos de nación que trasciendan coyunturas políticas y garanticen continuidad a largo plazo.

El vínculo entre seguridad jurídica y desarrollo económico es directo. Diversos análisis y organismos multilaterales confirman que los países con sistemas judiciales eficientes reducen los costos de transacción para sus empresas hasta en un 30%. Del mismo modo, la reducción de los tiempos de resolución de disputas comerciales incrementa la confianza de los inversionistas y estimula el flujo de capitales hacia sectores productivos. Por el contrario, la mora judicial y los fallos impredecibles operan como un impuesto invisible que frena la competitividad, encarece el financiamiento y desincentiva la creación de empleo formal.

Para convertir la justicia en una verdadera política de Estado, ejecutamos acciones estructurales sobre tres pilares concretos:

1. Predictibilidad y seguridad jurídica

El inversionista nacional e internacional, la pequeña empresa y el ciudadano común necesitan saber cuáles son las reglas de juego. Sentencias contradictorias o procesos interminables generan desconfianza. Fortalecemos la uniformidad del criterio jurisprudencial y aceleramos los tiempos de respuesta. Un sistema predecible elimina las brechas de discrecionalidad y combate frontalmente la arbitrariedad.

2. Eficiencia operativa y transformación digital

La lentitud procesal destruye valor económico y social. Atacamos la mora mediante la digitalización integral de los tribunales, la interoperabilidad institucional y la optimización de las audiencias. Un expediente resuelto a tiempo preserva empleos, protege activos y dinamiza la economía. La innovación tecnológica en el Poder Judicial no es un lujo técnico; es una herramienta clave de acceso a la justicia y de competitividad nacional.

3. Inclusión y reducción de desigualdades

Un Estado de derecho débil castiga con mayor dureza a los sectores más vulnerables. La falta de acceso a la justicia perpetúa la exclusión y rompe la paz social. Garantizar que cada persona reciba una respuesta ágil y transparente nivel las condiciones. Una justicia accesible reduce los márgenes de informalidad y asegura que los beneficios del crecimiento económico alcancen a toda la población.

Las naciones que lideran los índices globales de desarrollo humano y económico comparten un rasgo común: instituciones judiciales sólidas, independientes e indestructibles frente a las presiones del momento. La sostenibilidad de nuestro crecimiento depende de la fortaleza de nuestras reglas.

Esa es la visión que predomina cuando vemos la justicia como un sistema interconectado con todas las áreas de la República. Esa es la estrategia que durante siete años hemos impulsado y que debe continuar adelante.

Continuemos consolidando un modelo judicial que sirva de ancla para el desarrollo de la República Dominicana. No hay avance económico fuerte sin un Estado de derecho robusto. La reforma de la justicia es la mejor política de desarrollo que podemos legar al futuro del país.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

La justicia como política de Estado

Hace apenas unos minutos levantaron su mano (derecha) y pronunciaron un juramento, un gesto sencillo que duró unos segundos.

Hay decisiones que nos cambian la vida, y ésta es una de ellas. Porque si bien un título acredita lo que una persona sabe, un juramento compromete lo que una persona es.

Hasta hace unos minutos sólo eran licenciados en Derecho. Pero desde este instante son abogados y abogadas de la República Dominicana. Para algunos podría parecer un cambio de nombre. Sin embargo, es mucho más que eso: es un cambio de responsabilidad.

Desde hoy habrá personas que depositarán en ustedes sus libertades, su patrimonio, sus conflictos familiares, sus proyectos, sus derechos y, muchas veces, sus mayores temores. Habrá ciudadanos que confiarán en ustedes cuando sientan que todo lo demás ha fallado. Y esa confianza no se gana con un diploma. Se honra con una vida.

Por eso, lejos de marcar el final de una formación académica, esta ceremonia señala el inicio de una responsabilidad pública.

El puente entre generaciones y el desafío tecnológico

Hoy celebramos también la trayectoria del magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Además de reconocer su carrera ejemplar, su vida representa el puente entre dos generaciones de juristas.

En 1967 recibió su título de doctor en Derecho. Ese mismo año yo nacía. Mientras él comenzaba su vida profesional, comenzaba también mi propia historia… y para mí es un privilegio que hoy nos encontremos aquí.

Don Amadeo Julián representa una generación que nos entrega una herencia. Ustedes representan otra que deberá decidir qué hacer con ese legado. Entre 1967 y 2026, más allá de los cambios de fecha en el calendario, ha cambiado el mundo.

El magistrado Julián comenzó su carrera en el tiempo del expediente físico, de las bibliotecas jurídicas, de la consulta paciente de los códigos, de las notas manuscritas y del estudio silencioso. Ustedes la comienzan en la era del expediente en línea, de la gestión del conocimiento digital, de las audiencias virtuales, de la firma electrónica y de la inteligencia artificial.

Sería fácil pensar que la diferencia entre ambas generaciones está en las herramientas con que cuentan. Creo que es más que eso. La verdadera diferencia está en las preguntas que cada época obliga a responder.

La generación del magistrado Amadeo Julián tuvo que crear y consolidar instituciones democráticas. La de ustedes deberá preservar la dignidad humana en tiempos en los que la transformación es más rápida que nuestra capacidad para asimilarla. Este es el desafío de su tiempo. Y también su oportunidad.

Durante siglos, los abogados fueron valorados por la información que podían recordar, por la biblioteca que poseían o por el acceso que tenían al conocimiento jurídico. Ustedes pertenecen a la primera generación para la cual la información dejará de ser la principal ventaja profesional.

Con las directrices humanas correctas, la inteligencia artificial encontrará normas. Encontrará precedentes. Comparará contratos. Organizará expedientes. Redactará borradores. Realizará en segundos tareas que antes requerían días de trabajo.

Pero hay algo que jamás podrá hacer. Nunca podrá prestar un juramento. Nunca podrá responder moralmente por una decisión. Nunca podrá asumir la responsabilidad de una firma. Nunca podrá comprender el miedo de quien enfrenta un proceso penal, la incertidumbre de una familia que espera una sentencia o la angustia de quien siente amenazada su dignidad.

Porque la inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas. Esa es la diferencia que seguirá definiendo esta profesión. La herramienta puede asistir, mientras que la responsabilidad seguirá siendo humana.

El papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humánitas, advierte que el verdadero desafío de la inteligencia artificial no consiste únicamente en desarrollar máquinas más inteligentes, sino en evitar que los seres humanos renunciemos a nuestra propia humanidad. Más allá de cualquier convicción religiosa, esa afirmación contiene una verdad universal.

Cuanto mayor sea nuestro poder, mayor deberá ser nuestra responsabilidad. Cuanto más rápidas sean nuestras herramientas, mayor deberá ser nuestra prudencia. Y cuanto más capaces sean nuestras máquinas, más necesario será recordar que ninguna innovación tiene sentido si olvida al ser humano.

Ésta ha de ser la ética de su generación. Custodiar la verdad frente a la desinformación. Custodiar la confidencialidad frente al poder de los datos. La igualdad frente a los sesgos. El debido proceso frente a la presión de la inmediatez. Y custodiar, por encima de todo, la dignidad de cada persona.

La justicia: confianza y servicio a la República

Cada generación es recordada por las herramientas que inventó. Pero la historia juzga a las generaciones por aquello que decidieron proteger con esas herramientas. Nosotros debemos decidir proteger la dignidad humana. Ésa es la razón por la que existe el Derecho. Ésa es la razón por la que existe la justicia. Y ésa es la razón por la que hoy ustedes han prestado juramento.

Con frecuencia decimos que la justicia existe para resolver conflictos. Es verdad. Pero ese decir es insuficiente. La justicia existe para algo todavía más importante. Existe para hacer posible la confianza.

La confianza de que la ley estará por encima de la fuerza. De que quien tiene poder deberá explicar cómo lo ejerce. De que toda persona será escuchada antes de ser juzgada. La confianza de que la dignidad humana no dependerá de la riqueza, de la influencia ni de la posición social.

Cada sentencia resuelve un caso. Pero también educa a una sociedad. Cada abogado íntegro fortalece la confianza pública. Cada juez independiente fortalece la democracia. Cada servidor judicial respetuoso fortalece la dignidad de las personas.

Porque la justicia no solo administra únicamente procesos, administra confianza. Y allí donde crece la confianza, también crece la libertad.

Por eso la profesión que hoy abrazan es mucho más que una actividad técnica. Es una forma de servicio a la República.

El legado del magistrado Amadeo Julián y la ética de la nueva generación

El homenaje que hoy rendimos al magistrado Amadeo Julián tiene precisamente ese significado. Su legado no reside solamente en los cargos que ocupó ni en las responsabilidades que ejerció. Reside, sobre todo, en una manera de entender el Derecho.

Estudiar antes de opinar. Comprender antes de juzgar. Servir antes de presumir.

En un tiempo que premia la inmediatez, su trayectoria nos recuerda el valor de la profundidad. En un tiempo que confunde visibilidad con prestigio, nos recuerda que las instituciones se construyen muchas veces desde el trabajo silencioso.

Y en un tiempo que parece fascinado por la velocidad, nos recuerda que la prudencia sigue siendo una de las virtudes más altas de la justicia. (Gracias por tanto Don Amadeo)

Honrar el juramento con la vida

Abogadas y abogados:

Habrá días en que ejercer esta profesión será difícil. Habrá derrotas. Frustraciones. Habrá momentos en que parecerá más rentable acomodarse que mantenerse firme.

Cuando llegue ese día —porque llegará— recuerden este momento. Recuerden que detrás de cada expediente existe una persona. Que detrás de cada conflicto existe una historia. Y que detrás de cada decisión existe una vida que puede cambiar para siempre.

Nunca permitan que la rutina les robe la capacidad de conmoverse. Que la técnica sustituya a la conciencia.  Que la velocidad sustituya a la prudencia. Ni que el éxito sustituya al servicio.

Porque el Derecho no es una profesión para quienes buscan únicamente prosperar. Es una vocación para quienes deciden hacerse responsables de la libertad y de la dignidad de los demás.

Les recuerdo que hace unos minutos pronunciaron un juramento. Quizá algún día ya no recuerden las palabras exactas. Pero habrá personas que sí sabrán si ese juramento fue verdadero.

Lo recordará la mujer que llegue a su oficina buscando protección. El niño que pudo ejercer sus derechos gracias a su trabajo. El empresario que deposite en ustedes su confianza. El juez que lea un escrito firmado por ustedes. Lo recordará la sociedad cada vez que ustedes decidan decir la verdad cuando resulte incómodo, defender la dignidad cuando parezca difícil y poner el Derecho por encima de cualquier interés.

Porque los juramentos no se cumplen con la voz. Se cumplen con la vida.

Y cuando, dentro de muchos años, su carrera termine, ojalá puedan mirar hacia atrás y decir, con la serenidad de quien ha sido fiel a su vocación:

“Las personas confiaron un poco más en la justicia porque yo ejercí el Derecho con responsabilidad.”

Si pueden decir eso, habrán honrado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Habrán honrado a la Suprema Corte de Justicia. Habrán honrado a la República. Y, sobre todo, habrán honrado el juramento que hoy han pronunciado.

Muchas gracias

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, exhortó este jueves a las nuevas abogadas y abogados de la República Dominicana a asumir el ejercicio profesional como una responsabilidad pública orientada a proteger la libertad, la dignidad humana y la confianza de la sociedad en la justicia. 

Durante el acto de juramentación de 1,239 profesionales del derecho, celebrado en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, dedicado al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano, Molina sostuvo que la nueva generación de profesionales del Derecho inicia su trayectoria en un momento de profundas transformaciones tecnológicas, en el que el acceso a la información dejará de constituir la principal ventaja competitiva de los abogados. 

Explicó que herramientas como la inteligencia artificial ya poseen la capacidad de localizar normas y precedentes, comparar contratos, organizar expedientes y producir borradores en pocos segundos. Sin embargo, subrayó que ninguna tecnología puede prestar juramento, responder moralmente por una decisión, asumir la responsabilidad de una firma ni comprender plenamente la angustia de las personas cuyos derechos, libertades o proyectos de vida dependen de un proceso judicial. 

“La inteligencia artificial puede procesar información, pero la conciencia responde por las personas”, expresó Molina. Afirmó que el valor diferencial de los profesionales del Derecho estará cada vez menos en la acumulación de información y más en su capacidad para discernir, actuar con integridad, comprender el impacto humano de sus decisiones y rendir cuentas por ellas. 

El planteamiento se inscribe en la visión del Plan Justicia del Futuro 2034, que concibe la transformación judicial no solo como modernización tecnológica, sino como un cambio institucional y cultural centrado en las personas. Esta hoja de ruta establece que la innovación solo adquiere sentido cuando mejora el servicio, amplía el acceso, reduce las demoras, fortalece la transparencia y protege la dignidad de quienes acuden al sistema de justicia. 

Molina advirtió que el avance tecnológico debe ir acompañado de una ética más exigente. A mayor capacidad de las herramientas, señaló, mayor debe ser la responsabilidad de quienes las utilizan; y cuanto más rápida sea la respuesta tecnológica, más necesaria será la prudencia para examinar sus consecuencias. La innovación pierde legitimidad cuando convierte la eficiencia en un fin desligado de los derechos fundamentales. 

En ese contexto, identificó como deberes esenciales de la nueva generación de juristas la defensa de la verdad frente a la desinformación, la protección de la confidencialidad ante el poder creciente de los datos, la preservación de la igualdad frente a los sesgos tecnológicos y la garantía del debido proceso ante la presión de la inmediatez. Por encima de estos compromisos, colocó la obligación de custodiar la dignidad de cada persona. 

Asimismo, sostuvo que la justicia no existe únicamente para resolver conflictos. Su función más profunda consiste en hacer posible la confianza: la certeza de que la ley se encuentra por encima de la fuerza; de que quien ejerce poder debe explicar y justificar sus decisiones; de que toda persona tiene derecho a ser escuchada antes de ser juzgada; y de que la dignidad no depende de la riqueza, la influencia o la posición social. 

“Cada sentencia resuelve un caso, pero también educa a una sociedad”, afirmó. Añadió que la actuación de cada integrante del sistema produce consecuencias institucionales que trascienden el expediente particular. Un abogado íntegro fortalece la confianza pública; un juez independiente fortalece la democracia; y un servidor judicial respetuoso reafirma el valor de las personas que acuden a los tribunales. 

Molina indicó que el sistema judicial administra procesos, pero también administra confianza. Por esa razón, el ejercicio de la abogacía no puede ser concebido exclusivamente como una actividad técnica, una vía de prosperidad personal o un medio para obtener reconocimiento. Se trata de una forma de servicio a la República y de una vocación que compromete a cada profesional con la libertad y la dignidad de los demás. 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que el verdadero cumplimiento del juramento profesional no será medido por las palabras pronunciadas durante la ceremonia, sino por la conducta sostenida a lo largo de los años. Ese compromiso será evaluado por la mujer que busque protección, por el niño cuyos derechos puedan ser garantizados, por el empresario que deposite su confianza en un profesional, por el juez que reciba un escrito firmado con responsabilidad y por la sociedad que observe la actuación de sus abogados. 

Al concluir, el juez presidente expresó que la aspiración más elevada de una carrera jurídica no debe ser únicamente alcanzar posiciones, reconocimiento o éxito económico, sino contribuir a que las personas confíen más en la justicia. Ese resultado, indicó, representa la medida más auténtica del servicio prestado a la sociedad. 

El próximo jueves, una nueva generación de abogadas y abogados prestará juramento ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Será una ceremonia breve: unas palabras pronunciadas con solemnidad, una mano levantada, un compromiso asumido públicamente… hay actos que duran apenas unos segundos y obligan durante toda una vida.

Ese es el verdadero significado del juramento. Desde ese instante, el ejercicio del Derecho deja de ser únicamente una profesión para convertirse en una responsabilidad pública.

La sociedad entrega a los abogados algo más valioso que un caso: les confía su libertad, su patrimonio, sus conflictos familiares, sus proyectos y, muchas veces, sus mayores temores. Por eso, la abogacía consiste en defender intereses legítimos y, sobre todo, en hacer posible la convivencia dentro de la ley. Cada juramento fortalece la confianza pública en el Estado de Derecho.

La audiencia solemne del próximo jueves estará dedicada al magistrado Amadeo Modesto Julián Cedano. Su trayectoria representa mucho más que una carrera ejemplar: representa el puente entre dos generaciones de juristas.

Cuando inició su ejercicio profesional, el trabajo jurídico transcurría entre expedientes físicos, bibliotecas y el estudio paciente de los códigos. Quienes hoy ingresan a la profesión lo hacen en un tiempo de expedientes digitales, audiencias virtuales, firma electrónica e inteligencia artificial.

Las herramientas evolucionan. Los principios permanecen.

Durante siglos, el prestigio del abogado descansó, en buena medida, sobre el acceso privilegiado al conocimiento jurídico. Esa realidad está cambiando. La información será cada vez más abundante y accesible. El verdadero valor diferencial será el criterio para interpretarla, la prudencia para aplicarla y la integridad para responder por sus consecuencias.

La inteligencia artificial podrá localizar precedentes, analizar normas, comparar contratos y elaborar borradores con una velocidad extraordinaria. Pero el juramento pertenece a la persona. La responsabilidad moral corresponde a quien decide. Y el honor acompaña únicamente a quien firma.

Cuanto más poderosa sea la tecnología, más imprescindible será el criterio humano.

Ese será, probablemente, el gran desafío ético de esta generación: utilizar herramientas cada vez más capaces preservando aquello que las hace legítimas: la verdad, la independencia, el debido proceso y la dignidad de las personas.

La justicia existe para resolver conflictos y, sobre todo, para hacer posible la confianza: la confianza de que la ley estará por encima de la fuerza; de que quien ejerce poder deberá responder por sus decisiones; de que toda persona será escuchada antes de ser juzgada; de que la dignidad humana será reconocida con independencia de la riqueza, la influencia o la posición social.

Cada sentencia resuelve un caso. Cada abogado íntegro fortalece una institución. Cada actuación ética consolida la confianza pública. Allí donde la confianza crece, también se fortalece la democracia.

Vivimos una época en la que la velocidad suele confundirse con el progreso y la visibilidad con el prestigio. Y, aun en medio de esa transformación, las instituciones siguen edificándose mediante el estudio, la prudencia, la independencia y el servicio.

Por eso, el mejor homenaje que podemos rendir al magistrado Amadeo Julián trasciende el reconocimiento de su trayectoria. Consiste en recordar que las generaciones son juzgadas por los principios que preservan cuando cambian las herramientas.

El próximo jueves veremos unas manos levantarse durante apenas unos segundos. Parecerá un gesto sencillo. En realidad, inaugura una responsabilidad para toda la vida. En ese instante comenzará una promesa que deberá renovarse cada día, en cada consulta, en cada escrito, en cada audiencia y en cada decisión profesional.

Porque los juramentos comienzan cuando se pronuncian y se honran cada día con la vida.

Y quizá, al final de una vida profesional, la mayor aspiración de un abogado pueda resumirse en una sola frase: “las personas confiaron un poco más en la justicia gracias a mi ejercicio responsable del Derecho”.

PUBLICADO EN LISTÍN DIARIO

 El juramento del siglo XXI

El pasado 15 de julio, quince juristas dominicanos asumieron formalmente esa responsabilidad. Detrás de cada designación hay esfuerzo, mérito, formación y una historia muy humana. Pero también hay algo más esencial: la confianza que la República deposita en quienes, desde ahora, tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio, el honor y el futuro de muchas personas.

La carrera judicial dominicana descansa sobre una arquitectura institucional construida para proteger la independencia judicial. La reforma constitucional de 1994 otorgó al Poder Judicial la facultad de designar sus jueces. Luego, la Constitución de 2010 consolidó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura como parte esencial del sistema de ingreso y formación. No se trata de formalidades. El concurso público, la formación especializada y el mérito son garantías concretas para la ciudadanía.

La independencia judicial no es un privilegio del juez. Es un derecho de las personas.

Significa que quien acude a un tribunal debe poder confiar en que será escuchado sin favoritismos, sin presiones externas y sin que importen su origen, sus recursos, su posición social o el ruido que pudiera rodear su caso. Ante el juez, todos deben ser iguales. Esa igualdad no puede quedarse en el lenguaje de la Constitución; debe sentirse en cada audiencia, en cada trato y en cada sentencia.

Por eso la toga tiene un significado tan profundo. No es un ornamento ni una pieza ceremonial. Es un recordatorio permanente de que quien la viste debe subordinar sus opiniones, sus temores, sus simpatías y sus sesgos personales a la Constitución, la ley y la conciencia. La toga exige igualdad, neutralidad y responsabilidad.

Neutralidad no significa indiferencia. Un juez imparcial no es un juez distante del sufrimiento humano. Al contrario, debe comprender la realidad que existe detrás de cada expediente. Detrás de un caso hay una vida detenida, una familia en incertidumbre, una persona que busca amparo, una comunidad que espera una respuesta legítima.

Durante años hemos insistido en que una justicia lenta pierde el derecho a su nombre. La mora judicial no es un problema estadístico; es tiempo de vida perdido. Por eso, cada nuevo juez y cada nueva jueza se incorporan también a una gran causa nacional: consolidar una justicia pronta, cercana, comprensible y al día.

La justicia del futuro es más que tecnología, infraestructura o nuevos procesos. Se construye, sobre todo, con una cultura judicial capaz de escuchar mejor, decidir con prudencia y explicar con claridad. La pedagogía de la justicia es hoy una responsabilidad institucional. Una ciudadanía que comprende el valor del debido proceso y de la independencia judicial está mejor preparada para defender el Estado de derecho.

Ese es también el sentido del plan Justicia del Futuro 2034. Hay que ir al territorio, escuchar a jueces y servidores judiciales, conocer las necesidades reales de cada comunidad y mejorar desde la experiencia cotidiana del servicio.

La justicia debe aprender de quienes la hacen posible todos los días.

El respeto a la investidura judicial no se impone. Se gana con sentencias sólidas, con templanza en las audiencias, con trato digno y con rectitud en la vida pública y privada. La autoridad que verdaderamente importa no nace del cargo, sino de la confianza que inspira quien lo ejerce.

A quienes el pasado miércoles ingresaron a la carrera judicial les corresponde honrar esa confianza. Espero que cada ciudadano que entre a su tribunal pueda sentir que ha llegado a un lugar donde será escuchado con respeto, donde las razones importan y donde la dignidad humana ocupa el centro.

Porque juzgar va más allá de administrar expedientes. Es servir a la República desde una de sus responsabilidades más altas: hacer que la justicia sea, para cada persona, una experiencia de protección, equilibrio y humanidad.