El inicio del proceso ha estado marcado por el enriquecimiento y ampliación del marco y las formas de las discusiones, pues la metodología concebida originalmente y puesta a circular desde la emisión del referido decreto, ha sido objeto de análisis y discusión, siendo enriquecida, modificada, agregándole procesos, mecanismos y garantías para ampliar el espectro de actores que participarán en este proceso de concertación y  para asegurar la calidad de las acciones y sus resultados esperados.

Cada vez más actores sociales, organizaciones de la sociedad civil, laborales, empresariales, comunitarias y de otra naturaleza, indican su interés en participar, realizan planteamientos sobre el sentido que debe orientar el pacto y sobre todo llaman la atención sobre la necesidad de que la participación en el proceso del pacto por la reforma de la educación sea lo más amplia posible. Se plantea la necesidad de consultas territoriales, de involucramiento de las comunidades educativas, de padres y madres, docentes, estudiantes, así como de los ámbitos de la formación profesional y los estudios superiores.

Esas expectativas y llamados son un indicador muy importante, porque señalan que son cada vez más los actores sociales y económicos que entienden la urgencia y pertinencia de establecer el marco de orientación y referencia para que nos dotemos de un sistema educativo que, desde la base hasta los niveles más elevados, contribuya al desarrollo humano, a la cohesión social, a la creación de capacidades y productividad como sociedad, promoviendo la dignificación de docentes, estudiantes y todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, como una contribución fundamental a una mayor calidad de vida como sociedad. Y, hasta ahora, la reacción o respuesta de los responsables de la organización y gestión del proceso ha ido despejando cualquier duda sobre la vocación de amplitud y apertura del proceso.

La atención y sensibilidad hacia la necesidad de enfocarnos, de definir los principios y objetivos de la reforma educativa es consistente con la demostrada importancia que el Presidente Danilo Medina ha dado a la educación desde la formulación de su programa de gobierno, ratificada tanto en la puesta en marcha del conjunto de acciones, programas y políticas que lleva adelante esta administración como en los esfuerzos por transformar hacia la equidad y la eficiencia nuestro sistema de educación pre universitaria con la asignación del 4% del producto interno bruto.

El tema de la reforma educativa, el  concepto ampliamente democrático con que se ha diseñado, nos pone a prueba como sociedad. Si actuamos conforme a los valores y criterios que prácticamente todos los actores sociales están manifestando respecto del pacto educativo, entonces deberemos encarar las dificultades con una actitud abierta, constructiva, de acogida de toda propuesta y acción que vaya dirigida a fortalecer la calidad e integralidad.

Me parece que en ese sentido hemos comenzado bien, y no porque no hubiese aspectos y matices del inicio de la convocatoria que necesitaran mejoras, sino precisamente porque se ha entregado el proceso a sus protagonistas y hasta ahora se ha acogido e incorporado cuanta modificación o mejora haya sido planteada y justificada.

Siendo estas características las predominantes en el proceso del pacto por la reforma de la educación, entonces, lo que cabe es que cada sector, segmento u organización social asuma el reto de ir mejorando la calidad e integralidad del proceso: lo que se necesita es participación. Y no sólo participación sino incidencia, hacer que los resultados de cada fase o actividad tengan las características deseadas. Y eso sólo se logra generando un amplio espectro de trabajo colaborativo, de debate, de contraposición de criterios y de persuasión. En este sentido la capacidad de comunicación, de colocación de matices y temas en la agenda del pacto, en la opinión pública y en los diferentes escenarios de comunicación de la sociedad es un valor adicional.

Quienes estén preocupados porque algún tema, o algún actor o sector de la sociedad deba ser tomado en cuenta tiene las puertas abiertas para actuar, proponer, persuadir, incidir. Propongamos formas, generemos escenarios, coloquemos matices en el debate. Así avanzaremos hacia el pacto que necesitamos, el que recoja una verdadera concertación, una voluntad colectiva como expresión de un interés común construido mediante la negociación y la apertura.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 02 de octubre del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

Ciertamente que éstos no son los únicos propósitos de la educación, pero es el compromiso con la equidad y la ciudanía el acuerdo que debe preceder y orientar todo lo que nos propongamos respecto de la educación, y todavía más, respecto al modelo de desarrollo que necesitamos construir para superar los retos del siglo XXI.

Los diagnósticos y estudios más rigurosos y autorizados que se hayan hecho sobre la sociedad dominicana en los últimos diez años mostraron que tenemos un serio déficit de desarrollo humano, que la inequidad lastra nuestras posibilidades de desarrollo, afecta el ejercicio de derechos y contraviene cualquier propósito declarado de que alcancemos la convivencia en una sociedad de derechos. Nada más severo que el título del último de los informes nacionales de desarrollo humano, el de 2008: “el desarrollo humano: una cuestión de poder”.

Las brechas en el ejercicio de derechos, en las capacidades y opciones (las libertades, según Amartya Sen), las disparidades que atraviesan las estructuras económicas, sociales y territoriales son las que producen nuestros problemas de cohesión social y las que fomentan la extensión y profundidad de fenómenos sociales, económicos y políticos indeseables.

En una sociedad con grandes dificultades de cohesión y con una altísima deuda social acumulada, la educación es el principal medio para proveer oportunidades equitativas para todos nuestros niños y niñas, futuros integrantes y responsables de la sociedad. Si logramos que nuestras escuelas cumplan con ese papel destinado a la educación, también estaremos haciendo justicia distributiva hacia la generación de padres y madres.

La educación es también el medio idóneo para crear actitudes, subjetividad, valores, sentido de pertenencia e identidad en una comunidad de personas marcadas por una cultura democrática de libertad y responsabilidad compartidas. Pocos procesos institucionalizados tienen el alcance e involucran tanto a nuestras comunidades como la educación.

Si queremos, en una generación o menos, cambiar el curso que nos ha llevado a situaciones inaceptables de desigualdad y al atascamiento del modelo de desarrollo –con sus cuestionables resultados en términos de empleo, distribución del ingreso y competitividad—tenemos que avanzar en cuanto a equidad. La educación puede y tiene que ser un eje central de la política social, de las estrategias de desarrollo económico y del ejercicio pleno de derechos.

Llegados a ese acuerdo capital, procede entonces abordar otros aspectos realmente importantes: las estrategias fundamentales o pilares de la educación. Y en este punto recuerdo lo que en su momento me llevó a apoyar la lucha del 4% promovida por la Coalición Educación Digna, que en su  documento de propuestas señaló que nuestra educación tiene que orientarse por cuatro principios: i) aprender a convivir; ii) Aprender a ser, a tener una identidad y subjetividad entre y con los demás; iii) aprender a hacer; y iv) aprender a aprender.

Esta orientación, sin lugar a dudas, recoge los planteamientos que comenté en el artículo anterior, los de Sir Ken Robinson sobre lo que debe promover la educación.

Y, basado en mi experiencia, y en lo que leo constantemente sobre el tema educativo, son estas orientaciones las que pueden conducirnos también a una sociedad más capaz, con más gobernabilidad, con innovación, con un modelo productivo competitivo, generador de empleos dignos, de mayores riquezas, con mejor distribución y crecimiento sostenible.

Creo que estos criterios deben estar presentes en todas las mesas y escenarios de discusión acerca de hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos en educación. Por eso creo que quienes integran la Coalición Educación Digna no deben excluirse de los debates y discusiones que ya se están iniciando a propósito de la convocatoria al pacto educativo, aunque fueran del todo válidas sus observaciones en aspectos de institucionalidad y legalidad.

En este punto, creo que mis amigos y amigas en la CED pueden contribuir a encontrar formas creativas de sustentar su importante punto de vista sobre el contexto institucional y promover que avancemos en ese aspecto, mientras asumen la situación de hecho de que ya son muchos los sectores y actores sociales y económicos que están comenzando a integrarse a las discusiones acerca del pacto educativo, y que este proceso continuará. La presencia de la Coalición, sin lugar a dudas, daría un gran impulso a la participación social y comunitaria en este proceso. Y aportaría riqueza en los debates e ideas orientadoras.

Confío en que como en otros momentos de su trayectoria, la Coalición seguirá sabiendo encontrar formas de incidir y ayudar a la creación de consensos positivos, progresivos, en torno a un eje tan fundamental de nuestras políticas públicas.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 25 de septiembre del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

Como sociedad, hemos actuado frente al creciente deterioro de la seguridad ciudadana cual si se tratara de acontecimientos de contingencia: se actúa frente a la emergencia, se manejan las crisis y luego se pretende volver al estado anterior a la violencia criminal. Ni los factores de vulnerabilidad, ni las causas, ni mucho menos las fuerzas que generan la criminalidad y la violencia han sido atendidos de forma sostenida y eficaz.

El reclamo de medidas coercitivas y acciones drásticas, periódicamente levantado por agentes de opinión y actores de la sociedad es una expresión clara de que no hemos encontrado soluciones sino que hemos aplacado episódicamente las situaciones de inseguridad y sus causas.

La evidencia disponible apunta a que la promoción del enfoque coercitivo-punitivo sólo ha deteriorado más la situación de derechos humanos, generando más violencia estructural a corto y mediano plazos. La cultura de la emergencia ha sido agravada con las políticas institucionales y administrativas aplicadas: la implantación de la logística y método militar para tratar un asunto de naturaleza civil.

Se imponen la logística y la administración militar del fenómeno de la criminalidad cuando se concibe el tema como el conflicto entre unas fuerzas delictivas que pura y simplemente antagonizan a la sociedad, porque esa es su naturaleza. Cuando se asume esta visión errónea, la noción de territorio es pensada con las características de campo de batalla o centro de operaciones y los actores criminales como efectivos o irregulares de un ejército contrario. Es obvio que este enfoque se traducirá en situaciones de excepción, de supresión de las garantías civiles que son consustanciales a la seguridad ciudadana como virtud y condición de la convivencia civil.

Desde esa postura es muy alto el riesgo de declinar hacia la criminalización de la pobreza, la generación de estereotipos de personas sospechosas por prejuicios sociales, económicos o hasta étnicos y la producción de situaciones de abuso y vulneración de derechos.

La seguridad ciudadana es un asunto civil. La presencia de las autoridades que necesitamos fortalecer en el territorio no es la antagónica de adversarios como si constituyeran ejércitos o fuerzas en guerra, sino la presencia inclusiva de la institucionalidad del Estado, sembrar el territorio de la acción mediadora, generadora de protección social y oportunidades, que reducen la incertidumbre y se derivan de la vigencia de un Estado social, democrático y de derecho: educación, salud, formación para el trabajo, mediación social, resolución de conflictos, orden y previsibilidad.

Entre las estrategias u operaciones consistentes con la visión de la seguridad ciudadana como un asunto civil  se encuentran: la prevención social, que significa actuar contra la vulnerabilidad y los factores generadores de violencia; la prevención situacional, que va desde medidas de ordenamiento espacial a la inclusión de programas de disuasión; la funcionalidad del régimen de consecuencias o sistema penal; la policía de proximidad o comunitaria como elemento de generación de confianza y disuasión; y la reinserción y rehabilitación de personas que han estado en conflicto con la ley penal. Las mismas darían lugar a un contexto en el que adecuadas políticas económicas para el desarrollo humano generen cada vez mayor inclusión, expectativas positivas y sentido de la integración y la cohesión en la sociedad.

Más que operaciones propias de la visión antagónica militarizada, la gestión de la seguridad ciudadana es una cuestión de desarrollo humano: económico, social, político e institucional. El territorio no es, entonces un centro de operaciones, sino una construcción social, económica e institucional en el que las medidas de contención y disuasión como el actual incremento y despliegue de patrullaje mixto es solo eso: una acción temporal, de corto plazo; con un mensaje a la ciudadanía de que la administración del Estado está consciente de la urgencia y el temor que infunde la criminalidad.  Es por ello que nuestros esfuerzos se dirigen a atacar el problema de raíz, mediante la implementación de cambios sustanciales en la visión y forma de construir la paz social a que todos aspiramos.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 12 de Junio del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

Thomas Hobbes, en su Leviathan, nos ilustró acerca de cómo el pacto social y la delegación del tema de la seguridad al Estado, representó en su momento una solución a la guerra de todos contra todos. Una de las interpretaciones de la obra de Hobbes pone el acento en la delegación de la “legítima defensa” a un cuerpo especial dotado de autoridad y responsable de proveer la seguridad pública.

Pero dado el clima de inseguridad creciente en casi todos los países de América Latina y específicamente en República Dominicana, hay quienes interpretan que se necesita más autoridad, con un ejercicio más punitivo, con más capacidad de persecución, penalización y castigo. De ahí los reclamos por el incremento de la imputabilidad y de las penas, característicos del populismo penal.

Ninguna evidencia, ningún estudio riguroso del devenir de la seguridad en las diversas sociedades contemporáneas ha demostrado que ese camino garantice  la seguridad ciudadana. En el planteamiento de Hobbes se establece la existencia del “pacto social” como origen de la autoridad del Estado.

Un pacto social que genere inclusión, cohesión y acogida, sentido de pertenencia, ejercicio pleno de derechos y expectativas razonables de un futuro mejor, es lo que hace falta para la construcción de una sociedad donde impere la seguridad. Sólo desde la cohesión social es posible reducir la agresividad, vulnerabilidad y, en definitiva, la violencia en todos los niveles.

Poco se podrá lograr a partir de acciones represivas e incremento del castigo en una sociedad, como la nuestra, donde una gran parte de la población posee una sensación de desamparo y pocas expectativas de futuro. Se trata, entonces de cambiar radicalmente esa perspectiva, esa percepción y las sensaciones asociadas a la misma; y esto sólo puede ser logrado desde un gran pacto, que implique acciones inmediatas de extensión de derechos y accesos y que genere una percepción de que tendemos una reducción de la inequidad.

Lograr este pacto social es una corresponsabilidad en la que toca al Estado tomar la iniciativa y extender el ejercicio de derechos, pero  también son responsables la sociedad civil, las empresas y la ciudadanía en general: existen múltiples situaciones de deterioro en las que la inseguridad es una manifestación de la superficie. En la profundidad del tramado social se han estado engendrando por décadas factores que generan inseguridad como expresión de múltiples inequidades.

Debemos superar la falsa dicotomía de “nosotros”, agredidos por la inseguridad, contra “ellos”, portadores de la violencia y agresores, causantes de la inseguridad.

No podemos seguir aferrados a ese “nosotros” excluyente, porque es precisamente lo que hemos estado haciendo desde hace décadas y no ha funcionado. El modelo de ser y de entender las cosas tiene que cambiar, o no estaremos seguros. Lo que necesitamos es: más tolerancia, más acogida, más protección de los débiles, más restauración de aquellos que sufren o han sufrido a causa de la inseguridad, más y mejores vínculos, más y mejor tejido social; porque al final la sociedad somos todos.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 28 de mayo del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

La preocupación por la vulnerabilidad social y personal y la escalada informaciones y anécdotas acerca de actuaciones criminales que afectan a las personas, es ya un tópico permanente en las conversaciones de quienes asisten a actividades, reuniones y encuentros de la más diversa índole, donde las historias sobre atracos, asaltos y otras vulneraciones de la seguridad constituye uno de los motivos de mayor preocupación y aprensión de la gente cuando deja los salones de reuniones, las clases, tiendas o cualesquiera otras actividades cotidianas y les corresponde ir a sus vehículos, esperar el taxi o desplazarse hacia las rutas que habrán de llevarles de nuevo a sus hogares.

Las soluciones ensayadas a la fecha han significado, fundamentalmente, en un recrudecimiento de medidas represivas y la puesta en marcha de una serie de medidas disuasorias. Ha habido, también, intentos de llevar a cabo medidas de cohesión comunitaria y social. Pero, justo es decir, que la mayoría de lo intentado ha operado luego de cometidos los hechos, es decir, con las consecuencias de los factores generadores del conflicto social y personal que luego se traducen en crímenes y delitos. Hemos estado tratando los efectos y no las causas.

La criminalidad, la agresividad y la violencia interpersonal son expresiones de conflictividad social y del déficit o la incapacidad de los mecanismos de solución institucional. Es cierto que necesitamos una mayor capacidad de reacción, mayor celeridad en las respuestas institucionales y eficacia en los procesos y procedimientos con que estas manifestaciones de conflictividad deben ser atendidas. Pero la solución no es simple: el ensayo de políticas que sigan el paradigma de “tolerancia cero”,  si bien puede entenderse hasta cierto punto necesario, será insuficiente  para resolver las causas de esta conflictividad social expresada en la criminalidad, la agresividad y el recurso de la violencia. Y lo que es peor, este tipo de políticas, aupadas por el populismo criminológico y penal, derivan en irrespeto a los derechos de los estamentos más vulnerables, lo que incrementa las causas reales de la vulnerabilidad social frente al crimen y el delito.

La combinación entre la profunda inequidad social y económica, la negación de derechos efectivos y la pérdida de cohesión social no se resuelven ni en el corto plazo, ni con medidas represivas y disuasorias. Hay que mejorar todo el sistema de prevención, disuasión y combate a la delincuencia. Pero tenemos que entender que necesitamos políticas económicas y sociales que reviertan la exclusión, la negación de derechos y la inequidad. Porque el problema no está en la superficie, sino en las profundidades de una estructura social que ha consagrado la inequidad, en un modelo de desarrollo que no ha sido inclusivo y que ha producido unas situaciones de privación y falta de oportunidades que han convencido a gran parte de la población de que en el contexto actual no tienen futuro.

Sin un porvenir posible para cada dominicana y dominicana, que genere expectativas positivas y la sensación de que vale la pena comprometerse como miembro de una comunidad que nos garantiza realización personal y colectiva y derecho a la felicidad, lo que experimentemos en el corto plazo no va a revertir las actuales condiciones de vulnerabilidad frente al crimen y la violencia. Necesitamos eso: cohesión social, compromiso y garantías de que la gente tendrá opciones de vida digna. Entonces las medidas preventivas, disuasorias y represivas irán surtiendo efectos de contención que nos urge frente a la inseguridad. “No seamos, con nuestra desidia e indiferencia, cómplices silenciosos del dolor de nuestras familias. Colaboremos con las autoridades, sumémonos a las iniciativas por la convivencia social, y cumplamos las normativas. Hagamos de nuestros actos un ejemplo para los demás.” Danilo Medina.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 22 de mayo del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana, y en el Periódico El Día, el 24 de mayo en Noticias SIN 

Son muchos los que reclaman modificaciones al Sistema Judicial que incluyan penas más duras para los criminales. No obstante, existen numerosas investigaciones que demuestran que el endurecimiento de las penas no desincentiva la criminalidad y, por ende, no contribuye a la Seguridad Ciudadana. Esto no quiere decir que las penas previstas a los criminales no deban ser las adecuadas acorde a la gravedad del crimen cometido y a las nuevas modalidades de delito.

Siempre ha estado de moda hablar de “mano dura” contra el crimen, ya que una gran parte de la sociedad, víctima de la inseguridad e ignorante de las causas reales de esta problemática, entiende que la solución de la misma tiene un carácter meramente punitivo. Sin embargo, tal y como plantea Bernardo Kliksberg en ¿Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina? La falacia de la mano dura (2008), “El gran reto para las autoridades en una sociedad democrática, según el criterio de mayor consenso entre los expertos, no está tanto en aplicar ‘mano dura’, sino más bien en disciplinar civilizadamente a la población para vivenciar y resolver los conflictos y carencias por vías institucionales aprobadas”.

Desde la aprobación de nuestro actual código penal, se ha venido dando en la sociedad dominicana un fenómeno que aparece siempre en todas las sociedades que atraviesan una crisis en lo que a la seguridad ciudadana se refiere: se pide reformar leyes, endurecer penas y se le atribuye a los jueces respetar demasiado los derechos a los delincuentes. Lo cierto es que nuestro código no es blando y los jueces, en general, no son permisivos. Sencillamente, la Policía junto al Ministerio Público tienen la responsabilidad de hacer su trabajo correctamente para que al juez llegue un caso suficientemente documentado como para que pueda dar un veredicto de culpabilidad sin faltar a la ley.

Finalmente,  no tenemos mayor inseguridad por el código penal que tenemos, y aunque los códigos deben ser sujeto de revisión en los casos que se amerite, no podemos olvidar que para problemas complejos no existen respuestas rápidas, ni recetas mágicas.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 10 de abril del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

La importancia del rol policial viene dado por varios factores:

• Entre los actores del Sistema Judicial, los policías son los que más de cerca interactúan con la ciudadanía.
• En nuestro país, la Policía juega un papel primordial en las investigaciones criminales. La calidad de los expedientes que llegan a los tribunales y la validez de las pruebas que contienen dependen de la eficacia de la acción policial, lo que a su vez repercute en la probabilidades de una sentencia de culpabilidad.
• La desconfianza en el accionar policial está directamente relacionada con percepción de inseguridad ciudadana.

No es posible ganar la batalla a la delincuencia, al menos en los aspectos disuasivo y represivo, si no se cuenta con un cuerpo policial capaz de realizar su trabajo de manera efectiva, lo cual amerita que esta institución sea sometida a una profunda reforma que tome en cuenta diversos aspectos claves.

Uno estos aspectos vitales es la actualización de la estructura policial a los estándares internacionales más avanzados. Como es sabido, nuestra policía aún presenta una estructura militar que desde hace años se considera universalmente obsoleta dentro de este tipo de institución.

Otro de los aspectos que se han citado como claves para una reforma policial es la actualización de los esquemas de beneficios de estos importantes servidores públicos, ya que esto puede contribuir enormemente a contrarrestar la corrupción en las filas policiales y a motivar el ingreso de mayores cantidades de policías de vocación.

Finalmente, dotar a la policía de equipamientos modernos y vehículos adecuados es otro aspecto vital en la agenda de una reforma necesaria y provechosa, pero es de suma importancia valerse en este punto de formulas económicamente posibles y sostenibles, que permitan la renovación periódica de los equipos

Como sociedad, debemos abocarnos a la construcción de un cuerpo policial acorde con los tiempos y a conseguir, a la vez, que los ciudadanos seamos capaces de cumplir con nuestro rol de colaborar con la policía y darles nuestro voto de confianza en sus labores. En el difícil reto de construir un clima de seguridad ciudadana, todos tenemos una parte de responsabilidad.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 03 de abril del 2013,  ver publicación en Perspectiva Ciudadana

Contaba yo con 11 años durante aquel viaje y, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde entonces, dos imágenes permanecen indelebles en mi cabeza. La primera es la de un enorme barco crucero que se encontraba anclado en el muelle (en un tiempo en que esto no era una visión de todos los días) y la segunda, la casa de un abogado muy culto que vivía en el pueblo, se trataba del Doctor Víctor Emilio Almonte Jiménez (5 de abril de 1921 – 5 de enero del año 2007).

Almonte, como era conocido en Puerto Plata, vivía en una casa de madera muy bien decorada. En mi memoria permanecen las nobles estanterías llenas de libros que poblaban toda la casa. Entre los presentes aquel día, además de mi padre y yo, se encontraban el Dr. Pedro A. Green, Danilo Escoto y otras personas más. Todos hicimos un círculo alrededor de Don Víctor quien demostró ser un conversador exquisito y muy instruido; en cada tramo de la conversación hacía referencia a un libro que se apresuraba a señalar en su biblioteca. Me impresionó enormemente que dijera que era de poco dormir, que se levantaba de madrugada y que salía muy temprano a dar vueltas en su carro por el malecón de Puerto Plata.

En algún momento de la conversación, alcanzó en uno de los estantes un libro de caratula dura y azul, sobre el cual hizo varias referencias. Días después, mi papá dejó aquel libro en el estante que estaba en la habitación que compartíamos mis hermanos y yo. Recuerdo haberlo tomado en mis manos en algún momento. Fue la primera vez que toqué un libro de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, se trataba de un ejemplar de “Finanzas en la Isla de Santo Domingo”, obra que pude leer cuando ya fui un adulto pues, a mi corta edad no pude entender, pero que despertó en mi un anhelo.

En el camino de regreso hacia Santo Domingo, todos comentaban admirados sobre las horas que compartimos con Almonte. Mi papá aportó interesantes anécdotas sobre Don Víctor, como la del litigio que ganó siendo abogado para Brugal; o una que me causó mucha gracia, la del viaje que hizo a Ginebra como delegado patronal del país durante la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en mayo de 1972 en Suiza. En dicho viaje, compró dos relojes; a uno le puso la hora de Puerto Plata y otro le puso la hora de Suiza.

Sin dudas, hay personas que con pequeñas acciones y sin proponérselo impactan nuestras vidas, como el Dr. Almonte en aquella visita, donde aunque todos teníamos experiencias distintas de vida, máxime yo, quien era apenas un niño, dejan una grata e inolvidable impresión en nuestro ser, contribuyendo así a despertar el deseo por cultivar un aprendizaje que un día pudiese llegar a asemejarse al que él logro acumular durante su vida, y quizás si proponérnoslo impactar la de otros

Desde entonces, cada vez que regreso a Puerto Plata, mis recuerdos reviven aquella inolvidable conversación a orillas del Atlántico.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 13 de marzo del 2013, ver publicación en Perspectiva Ciudadana y en el periódico El Día en fecha 14 de marzo 2013.

Referencias:

Ventura, Juan (2004, 6 de diciembre). Victor Almonte Jimenez. Hoy en Línea. página(s/n). Obtenido el (2013, 5 de marzo) de http://www.hoy.com.do/opiniones/2004/12/6/30677.

Ventura, Juan (2007, 11 de enero). Victor E. Almonte Jimenez. Hoy en Línea. página(s/n). Obtenido el (2013, 5 de marzo) de http://www.hoy.com.do/opiniones/2007/1/11/233071.

El 48% de la población dominicana tiene menos de 18 años, esto implica que nuestro progreso económico y social esta íntimamente relacionado con las políticas y acciones dirigidas este segmento.

El país ha venido avanzando en materia de protección de los derechos fundamentales de su población mas joven. No obstante, resulta necesario continuar los esfuerzos en mater ia de salud y educación.

La mortalidad neo-natal, que representa cerca del 70% de las muertes infantiles, se ha mantenido estancada por dos décadas, con una tasa de 22 x 1000 nacidos vivos. Esta tasa responde a causas en su mayoría prevenibles, lo que reclama mejoras urgentes en el Sistema de Salud en materia de vigilancia.

En cuanto a la educación, el país cuenta con una alta asistencia (tasa neta de 92%, a partir del 2006), sin embargo el 26% de la población de 5 años está fuera del nivel pre-escolar obligatorio. El 48% de las mujeres y el 63% de los varones de 13 a 17 años no asisten a la secundaria, cifra que aumenta al 75% de las mujeres y al 85% de los varones en la zona fronteriza. El porcentaje de alumnos con edad superior al promedio es del 12% en la primaria y del 21% en la secundaria.

La pobreza, la carencia de partidas de nacimientos para asistir a la secundaria, la violencia en el hogar y fuera de él, el embarazo precoz y el abandono del hogar, son factores muy concretos que generan rupturas insalvables entre los jóvenes y la escuela.

La próxima generación requiere de un país con estabilidad y progreso económico, pero también donde haya mayores oportunidades para el desarrollo y mejor atención sanitaria.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 19 de Diciembre del 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana 

En materia de educación, existen grandes oportunidades de mejora en la cobertura preescolar. La deserción sigue siendo un problema grave y existen grandes diferencias entre las distintas regiones del país en la mayoría de los indicadores de medición de la eficiencia y calidad del sistema educativo.

La violencia contra los menores de edad y el trabajo infantil constituyen dos elementos que siguen atentando contra el sano desarrollo psico-emocional de la niñez dominicana.

Nuestro marco jurídico protector está contenido en el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), una norma avanzada que establece el Sistema Nacional de Protección. Sin embargo, la falta de recursos financieros y de seguimiento ha impedido que varias de sus iniciativas hayan fructificado.

Para que nuestro Sistema de Protección de la Niñez sea realmente eficiente es necesario erradicar la duplicidad en las intervenciones, la fragmentación de respuestas sociales y la falta de supervisión de los servicios prestados por el Sistema; desarrollar programas especiales que tengan por finalidad la incorporación o reincorporación a la sociedad de los adolescentes que delincan; fortalecer la capacidad de adherencia de los escolares con la escuela; y crear un hilo conductor que garantice la articulación de los esfuerzos entre el gobierno y otros sectores interesados en la protección, entre muchas otras acciones posibles.

Publicado en Santo Domingo, en fecha 05 2012, ver publicación en Perspectiva Ciudadana