El magistrado Molina hizo este planteamiento durante la celebración de la XXXVII audiencia de Juramentación de Abogadas y Abogados, celebrada en la Sala Augusta por el Pleno del alto tribunal, realizada honor al jurista Juan Manuel Guerrero de Jesús. 

Durante sus palabras, explicó a los nuevos profesionales del derecho que el proceso judicial es una de las construcciones más valiosas del Estado de derecho, en el cual cada actor cumple una función y necesaria: el juez decide, el Ministerio Público acusa y el abogado defiende.   

“Este equilibrio institucional es una de las garantías más importantes de la justicia, porque impide que una sola voz se apropie del proceso. Permite que las decisiones judiciales surjan del contraste de argumentos, del examen de pruebas y del respeto a las reglas establecidas; pero ese equilibrio es frágil, funciona solo cuando cada actor comprende sus límites. De lo contrario, el proceso se convierte en un espacio de confrontación particular y no de solución de conflictos sociales”, manifestó Molina.  

Asimismo, exhortó a los nuevos abogados ejercer con prudencia, para comprender que detrás de cada expediente hay personas reales, conflictos humanos y decisiones que pueden alterar sus vidas; con método, para actuar conforme a las reglas del derecho, a las pruebas y a las garantías del proceso; y carácter para resistir presiones, prejuicios o tentaciones que puedan apartarlos del deber jurídico y de la integridad.  

“La justicia debe mantener el equilibrio de esas tres virtudes, porque su fortaleza no está en la severidad de sus decisiones, sino en la integridad de quienes las toman y la imparcialidad con que las aplican”, señaló Henry Molina.  

En ese sentido, puntualizó que un sistema judicial no se debilita por falta de leyes, sino por falta de integridad, al tiempo de afirmar que la ética del abogado exige defender con firmeza, pero siempre dentro del respeto al proceso, a las reglas y a los demás actores que lo integran.  

Honor a quien honor merece 

Juan Manuel Guerrero de Jesús fue un destacado jurista, académico y profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), cuya trayectoria dejó una huella profunda en la judicatura, la academia y el ejercicio profesional del derecho en el país. Se consolidó como una autoridad obligada en el estudio y la enseñanza del Derecho Administrativo en República Dominicana.  

El Juez presidente de la SCJ, Henry Molina, al referirse a Juan Manuel Guerrero de Jesús, dijo que fue un jurista completo, que recorrió el sistema de justicia en toda su complejidad, ejerciendo desde distintos roles: estudiante, defensor, miembro del Ministerio Público, profesor universitario, juez y abogado en ejercicio. 

“Su trayectoria le permitió comprender algo esencial: la justicia no es obra de un solo actor, sino el resultado de un equilibrio institucional entre funciones distintas, responsabilidades diferenciadas y deberes éticos que se complementan”, manifestó Molina. 

La juramentación  

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de familiares y allegados del homenajeado, fueron juramentados 1,254 abogadas y abogados, 686 mujeres y 568 hombres, destacando el rol creciente de la mujer en la comunidad jurídica.  

En la modalidad presencial, participaron 306 profesionales (161 mujeres y 145 hombres), mientras que de manera virtual se juramentaron 948 nuevos abogados (525 mujeres y 423 hombres), consolidando la virtualidad como una herramienta de acceso y eficiencia institucional.  

El acto se llevó a cabo en la Sala Augusta de la SCJ en modalidad presencial, y virtual, a través de plataformas digitales y transmitido en vivo a través del canal oficial YouTube de la institución.  

El acuerdo fue suscrito por Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y el Dr. Julio Castaños Guzmán, vicepresidente de la ADJL, en presencia del magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, y miembros de esa entidad. La firma se realizó en el marco del encuentro “La Jurisprudencia como Método: Enseñar Derecho desde la Jurisprudencia”, celebrado los días 25 y 26 de marzo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 

Mediante esta alianza, ambas instituciones impulsarán programas de formación continua, espacios de debate y divulgación sobre temas jurídicos, así como el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas, docentes e investigadores. 

El encuentro reunió a jueces, docentes, académicos y estudiantes para reflexionar sobre el papel de la jurisprudencia como herramienta pedagógica en la enseñanza del Derecho y su contribución al fortalecimiento del razonamiento jurídico y la formación crítica de los futuros profesionales del área. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Héctor Alies, director de la Escuela de derecho de PUCMM y la conferencia central estuvo a cargo del Dr. Daniel Castaño Parra, doctor en Derecho (JSD) por la University of California, Berkeley, quien abordó el tema “El precedente judicial: su papel en la formación jurídica contemporánea y su valor como herramienta pedagógica para el desarrollo del pensamiento jurídico”. 

La jornada incluyó además un conversatorio dirigido a docentes sobre el uso del Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana como recurso didáctico en las aulas, con la participación de Antonio García Padilla, Mary Fernández, Laura Ilán Guzmán y Enmanuel Rosario. El programa continuó al día siguiente con una clase modelo sobre la enseñanza del Derecho a partir del análisis de la jurisprudencia, facilitada por el Dr. Daniel Castaño Parra, el Dr. Julio Castaños Guzmán y el Lic. Francisco Álvarez Martínez. 

El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Antonio Del Río Doñé, recibió en la sede de esa entidad al juez presidente de la SCJ, Henry Molina, así como a Rafael (Pepe) Abreu, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical.   

Al pronunciar las palabras de bienvenida, Del Río Doñé manifestó satisfacción por la visita del magistrado Molina a ese conglomerado que reúne a los principales líderes del movimiento sindical dominicano para tener un intercambio y conocer los avances del sistema de justicia y su visión de futuro.   

De su lado, Henry Molina compartió una reflexión personal sobre su vínculo con el mundo del trabajo, y relacionó el legado de su padre, un destacado líder sindical socialcristiano.   

“De él aprendí que los derechos se defienden con firmeza, pero también con responsabilidad, y que la dignidad no es una consigna, sino una práctica cotidiana”, expresó ante los representantes de los trabajadores.  

Asimismo, magistrado presidente pasó balance a los avances de su gestión, y destacó que la lucha contra la mora judicial ha sido una prioridad para devolver la confianza a la ciudadanía.    

Señaló que «una justicia que llega tarde se parece demasiado a la injusticia», y enfatizó que detrás de cada expediente hay un trabajador o una familia esperando una respuesta que garantice su tranquilidad y seguridad jurídica.   

Molina, quien estuvo acompañado de los jueces Nancy Salcedo y Rafael Vásquez Goico, jueces de la SCJ, subrayó que hoy el Poder Judicial responde con mayor oportunidad, resolviendo la gran mayoría de los casos que ingresan cada año y reduciendo tiempos procesales que históricamente parecían inamovibles.  

A pesar de los logros en eficiencia y transparencia, reconoció que persisten desafíos, especialmente en la resolución de conflictos laborales que suelen ser costosos y desgastantes, por lo que abogó por un modelo de justicia que priorice el diálogo, la mediación y la conciliación.  

“Necesitamos una justicia que promueva el equilibrio y la estabilidad social. Ustedes, los sindicalistas, conocen el valor del diálogo y saben que una sociedad no se sostiene solo en la confrontación, sino en la capacidad de entendimiento”, afirmó.   

En este orden, destacó el Plan Justicia del Futuro 2034 como una política de Estado a largo plazo, diseñada para consolidar una justicia al día y cercana a la gente, que no solo resuelva conflictos, sino que contribuya activamente a la paz social y a la protección de los derechos de los trabajadores.   

Finalmente, el magistrado cerró hizo un llamado a la unidad y a la confianza mutua, afirmando que “la justicia no puede construirse de espaldas al mundo del trabajo. Al final, todo se trata de las personas; esa es la razón de ser de la justicia”, sostuvo.

La primera de estas iniciativas actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y agilizar trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria; la tercera fortalecerá los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados, y la cuarta permite derribar barreras económicas a los más vulnerables. 

En ese sentido, el magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, visitó este jueves el Congreso Nacional y presentó ante los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como ante las Comisiones Coordinadoras y de Justicia de ambas cámaras legislativas, los avances, retos y proyecciones del sistema judicial dominicano en el período 2019-2025, resaltando una transformación enfocada en la eficiencia, la transparencia y la dignidad humana. 

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien dirigió los trabajos del encuentro, destacó los avances que ha experimentado el Poder Judicial, “un proceso de modernización, orientado a consolidar una justicia más ágil, accesible y transparente; una justicia, que responde con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía, y que fortalece la confianza en nuestras instituciones”. 

De los Santos valoró los esfuerzos del Poder Judicial, enfatizando en que una justicia eficiente y confiable es pilar fundamental para el desarrollo democrático, la seguridad jurídica, la paz social y las inversiones que propician el desarrollo. 

“Este encuentro es un ejercicio de diálogo constructivo que nos permite identificar oportunidades de mejora, armonizar ideas y propuestas legislativas y seguir fortaleciendo el Estado de Derecho. Una interacción respetuosa como esta, entre los Poderes Legislativo y Judicial, es clave para una gobernanza moderna y efectiva”, destacó.  

Concluyó en que ambos Poderes, Legislativo y Judicial, continuarán trabajando de la mano para dotar al país de leyes que contribuyan con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.  

Entre las leyes aprobadas que robustecen el sistema de justicia, enumeró: el Código Penal; el Código Procesal Penal; la Ley sobre Recurso de Casación; la Ley que Crea el Ministerio de Justicia; la Ley de Uso de Medios digitales en el Poder Judicial, aprobada en el día de ayer, entre otras importantes iniciativas.  

En el encuentro, el magistrado Molina expresó su gratitud por el respaldo histórico del Congreso Nacional en el proceso de modernización de la justicia y reafirmó que el fortalecimiento del Estado de Derecho exige una rendición de cuentas absoluta.  

Enfatizó que la transformación judicial no es un destino estático, sino un proceso continuo para materializar la promesa constitucional de una justicia pronta, humana y confiable”.  

“Debemos consolidar una justicia que sea un puente seguro para el que busca amparo y un escudo firme para quien necesita protección. Esa es la justicia que le debemos al país”, concluyó el magistrado Molina, enfatizando que el trabajo unido de los poderes del Estado engrandece la democracia dominicana.  

Expuso que esta cultura de eficiencia se ha extendido a nivel nacional, logrando que al cierre de 2025 más del 80% de los tribunales del país se encuentren al día, reduciendo trámites que antes tomaban años a solo días.  

En cumplimiento de la Ley 339-22 de Uso de Medios Digitales, dijo que el Poder Judicial consolidó una plataforma digital con más de 33 mil usuarios y la emisión de más de cinco millones de documentos con firma digital.  

“De esta manera, continuamos cumpliendo el objetivo que expusimos ante ustedes hace un año: extender de manera progresiva la justicia digital”, apuntó.  

El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, destacó dentro de los hitos de infraestructura la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, eliminando la precariedad de los furgones y sustituyéndolos por espacios modernos, dignos y accesibles, “con ello dimos cumplimiento al compromiso que asumimos ante este Congreso en abril del año pasado, de poner en operación esa obra en el segundo semestre de 2025”. 

Asimismo, Henry Molina resaltó la consolidación del Registro Inmobiliario como eje del Plan Nacional de Titulación y los altos estándares de transparencia institucional, reflejados en la calificación de 100 puntos en el Índice de Transparencia del Estado y el liderazgo regional de la República Dominicana en la Cumbre Judicial Iberoamericana.  

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como columna vertebral la colaboración legislativa que mantiene el Congreso con el sistema judicial, que sirve como soporte para erradicar la impunidad y desconfianza. 

“La transparencia y la fiscalización mutua son instrumentos indispensables para preservar el Estado Social Democrático y de Derecho, que fortalecen la legitimidad y protegiendo a la ciudadanía de arbitrariedades”, dijo Alfredo Pacheco.  

Dijo que desde el Congreso Nacional se impulsa la aprobación de importantes iniciativas, y sentirse comprometido a continuar garantizando y protegen los derechos fundamentales de las personas.  

“Cuando los legisladores y los actores del poder judicial compartimos una visión de país y priorizamos el interés público, los resultados se multiplican”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.   

El magistrado Molina, estuvo acompañado por los jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia: Justiniano Montero, Vanessa Acosta Peralta, Miguelina Ureña Núñez, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, María Garabito Ramírez, Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico. Además, el magistrado Manuel Hernández Victoria, representante de los jueces de la SCJ ante el Consejo del Poder Judicial. 

Durante el encuentro, Molina destacó que la región norte cuenta con condiciones favorables para impulsar mejoras en el servicio judicial, entre ellas el alto nivel de capacitación del personal y el desempeño de sus tribunales. 

En ese contexto, explicó que uno de los principales retos es avanzar en la digitalización de los servicios, con la meta de que el 80% de los trámites judiciales se realicen en modalidad virtual para el año 2026, lo que permitirá ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia. 

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la cultura de resolución busca que 30 de cada 100 casos no penales se solucionen mediante métodos alternos de resolución de conflictos, contribuyendo a una justicia más ágil y cercana a las personas. 

El magistrado Molina también destacó el desempeño de jueces y juezas de la región, quienes mantienen niveles de evaluación del 100% en desempeño, lo que calificó como una base importante para seguir impulsando las transformaciones institucionales. 

 “La justicia no se imparte en aislamiento; debemos trabajar como un solo equipo, un solo sistema, porque la transformación de la justicia se construye todos los días”, afirmó el juez presidente. 

Resultados y metas de la Región Norte 

Durante el encuentro se presentaron indicadores sobre el desempeño actual de la región y las metas proyectadas dentro del Plan Justicia 2034. 

Actualmente, 7 de cada 10 casos se resuelven en menos de un año, con la meta de alcanzar 9 de cada 10. Asimismo, 8 de cada 10 tribunales se encuentran al día, y el objetivo es lograr el 100% de tribunales sin mora. 

En materia de justicia ágil, el 75% de las plazas estratégicas se cubre dentro del plazo establecido, con la meta de alcanzar el 95%. 

En cuanto al modelo de gestión penal, 38 de cada 100 casos utilizan salidas tempranas, con la proyección de llegar a 90 de cada 100, mientras que en el ámbito digital solo 10 de cada 100 trámites se realizan actualmente en línea, cifra que se espera elevar al 80%. 

Encuentro Regional 

En el encuentro participaron jueces, juezas y servidores judiciales de los departamentos judiciales de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi y Puerto Plata, así como autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, la comunidad jurídica, entre otras personalidades. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez Danilo Tineo, coordinador del Departamento Judicial de Santiago, quien explicó que estos encuentros regionales buscan recoger insumos territoriales para orientar la implementación del Plan Justicia 2034. 

“Este espacio está diseñado para escuchar, identificar prioridades y convertir esas ideas en acciones concretas para fortalecer el servicio judicial en cada territorio”, señaló. 

Previo a este encuentro se realizó una primera jornada en el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, luego en la Región Este, mientras que un último encuentro está programado con los departamentos judiciales de la Región Sur. 

Santiago de los Caballeros, R.D. – El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, afirmó que la justicia constituye la infraestructura de la convivencia social, al ser el espacio donde una sociedad resuelve sus conflictos, protege derechos y establece límites al poder.

Durante su intervención en el Desayuno-Conferencia Empresarial ¨Manuel Arsenio Ureña¨, el magistrado sostuvo que una justicia eficiente también representa una ventaja competitiva para el país. Además, expresó que la inversión necesita confianza y que esta, a su vez, requiere reglas claras que garanticen seguridad jurídica.

El juez presidente expuso que fortalecer el sistema judicial implica dignificar el acceso a la justicia y promover soluciones pacíficas a los conflictos. En ese sentido, destacó avances como el impulso de las salidas alternas mediante la creación de un Centro de Mediación en Santiago y la puesta en funcionamiento del portal justicia.gob.do, herramientas que contribuyen a reducir costos y facilitar el acceso al sistema judicial, especialmente en asuntos de familia.

Molina anunció que Santiago contará próximamente con una Ciudad Judicial, y que el actual Palacio de Justicia será reorganizado y remodelado como parte de los esfuerzos por modernizar y fortalecer el servicio judicial en la región.

¨Cuando la familia, la empresa y el Estado trabajan juntos, la dignidad se convierte en realidad y con ella llega el desarrollo¨, subrayó Molina.

El magistrado participó como orador invitado en la duodécima edición del Desayuno-Conferencia Empresarial Manuel Arsenio Ureña, organizado por la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA), actividad celebrada en el Gran Salón Samán del Hotel Santiago Curio Collection by Hilton para respaldar las labores del Arzobispado de Santiago.

La invocación estuvo a cargo de monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago, mientras que las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Juan Manuel Ureña, presidente de FASA. Tras su exposición, el magistrado sostuvo un diálogo con Christian Molina, socio de la firma Ecija DVMS y presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas.

El Desayuno Empresarial contó con el respaldo de Banco Popular, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Grupo BOCEL, Universal de Seguros, Manuel Arsenio Ureña CxA, Grupo TADUG, Global B Asesores de Seguros, Magnetar Global Partners, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Banco BHD y Estrella & Tupete.

Sobre el magistrado

Luis Henry Molina Peña es el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana desde 2019, cargo al que fue elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y realizó estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile.

Dirigió la Escuela Nacional de la Judicatura durante doce años consecutivos, período en el que lideró la implementación de la Reforma Procesal Penal y fue el primer secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.

En esta versión, bajo el lema “Mujeres que florecen y transforman su entorno”, fueron reconocidas un total de 30 damas en las categorías: servicio jurisdiccional, servicio administrativo judicial y de apoyo, aporte al acervo judicial dominicano y apoyo a la labor institucional del Poder Judicial. Adicional se realizó un reconocimiento especial y dos póstumo. 

Durante el acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina aseguró que la mujer que integra el sistema de justicia es un ente productivo con una capacidad estratégica inigualable. 

El magistrado Henry Molina destacó el rol fundamental de la mujer dentro del sistema de justicia, calificándola como el «corazón del Poder Judicial».  

En su intervención, Molina resaltó con orgullo que la institución cuenta con una fuerza laboral predominantemente femenina, donde las mujeres representan el 64% de la nómina, siendo ellas quienes sostienen la operatividad y el servicio diario de la justicia dominicana. 

“No aceptamos que la mujer sea una cuota que hay que cumplir o un requisito para aparentar equidad; nuestro compromiso es asegurar que las mujeres tengan voz y voto en las decisiones que definen el rumbo del país. Cuando las mujeres participan plenamente, nuestras instituciones encuentran el equilibrio necesario para que los procesos fluyan con integridad”, aseguró el Juez presidente. 

Por su lado, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, manifestó que el Premio a las Mujeres del Poder Judicial es una iniciativa que refleja el compromiso de la institución con el reconocimiento al mérito, la excelencia y la equidad. 

“Este premio surge como una respuesta concreta a la necesidad de visibilizar y valorar la trayectoria, el desempeño y los aportes significativos de las mujeres que, desde distintas funciones jurisdiccionales, administrativas y de apoyo, contribuyen diariamente al fortalecimiento del sistema de justicia dominicano”, dijo la jueza Salcedo.  

En el acto de premiación, la arqueóloga dominicana, Kathleen Martínez y la escritora e investigadora Senior de Género, Ylonka Nacidit-Perdomo, dictaron la conferencia “El derecho ancestral de las mujeres «al saber» de la/su memoria y, de las otras. ¿Porque Kathleen Martínez?”.  

Las galardonadas  

En el renglón Servicio Jurisdiccional fueron reconocidas: la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en Santiago, las juezas de corte Leonor Reyes Canalda y Francisca García Fadul, Sagrario del Río Castillo, jueza del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, en Puerto Plata Miguelina Beard Gómez, jueza de Corte de apelación y su par de San Juan de la Maguana, Ramona Aquino Cepeda. 

Mientras que en el Departamento Judicial de La Vega fueron premiadas las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Miguelina Vargas Santos de San Francisco de Macorís, Dayana Gil Díaz de San Cristóbal, Yenny Muñoz Muñoz de Santo Domingo y Ana Jiménez Ventura de Montecristi. 

En la Categoría servicio administrativo judicial y de apoyo fueron reconocidas: María Núñez Valerio (Distrito Nacional), Seneida Marcelino Reyes (Santiago), Carmen Cueto (San Pedro de Macorís), Ana Guzmán Pérez (San Juan de la Maguana), Ana Jiménez Gómez (La Vega), Yanilka Fabián (San Francisco de Macorís), Lisadeidy Rivera Olivo (Santo Domingo), Rafaelina Martínez Aquino (San Cristóbal), Genny Montilla Pérez (Barahona) y Cesarina Rodríguez por Montecristi. 

En el reglón Apoyo a la labor Institucional del Poder Judicial las distinguidas son: las magistradas Esmirna Gisselle Méndez (Distrito Nacional); Iris Duarte Duarte (San Francisco de Macorís) y Aura Genao Pérez (Montecristi); también, la secretaria Yorki Brito Rivera (San Pedro de Macorís). 

Finalmente, en el renglón aporte al acervo judicial dominicano y formación jurídica las galardonadas son las juezas Kenya Romero (Distrito Nacional), Felicita Pérez Victoriano (Santiago), Ana Pérez Zapata (San Pedro de Macorís), Martha Cristina Villafaña (San Francisco de Macorís) y Arelis Ricourt por el Departamento Judicial de La Vega. 

Con el galardón nacional las reconocidas fueron: Renglón Servicio jurisdiccional: María Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; en Servicio administrativo judicial y de apoyo, Carmen Cueto, secretaria de la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Pedro de Macorís.  

Mientras que, en la categoría Apoyo a la labor institucional del Poder Judicial fue distinguida Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y en el renglón Aportes al acervo judicial dominicano y formación jurídica Martha Cristina Díaz Villafaña, jueza presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y coordinadora departamental adjunta. 

Recibió reconocimiento especial en la categoría de pensionada la magistrada Marcelina Hernández Japa, que desempeñó sus funciones como jueza por más de 33 años. 

De manera póstuma fueron reconocidas la magistrada Margarita Tavares, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, destacada por su integridad, compromiso con la justicia, sus contribuciones doctrinales y defensa de derechos humanos, dejando un legado imperecedero en el sistema judicial y doña Grimilda Acosta de Subero por haber ejercido la función judicial de forma honorable que impactó de manera positiva el servicio de justicia, en el trato distinguido a las personas usuarias y realizar su labor con esmero y alto sentido de compromiso y pertenencia institucional. 

El premio  

El Consejo del Poder Judicial considerando el gran número de mujeres valiosas con que cuenta este poder del Estado, en sesión ordinaria núm. 07-2023 de fecha 7 de marzo de 2023, instauró el “Premio a las Mujeres del Poder Judicial”, con el objetivo de reconocer a las juezas y servidoras judiciales que exhiban un alto nivel de eficiencia en el desempeño de sus funciones, tomando en cuenta el tiempo de servicio en la institución, excelencia en la evaluación del desempeño, aportes al fortalecimiento del servicio, así como otros méritos en favor de la labor que desempeña. 

En el acto participaron jueces de la Suprema Corte de Justicia, integrantes del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y servidores judiciales en general, quienes entonaron con fervor el Himno Nacional dominicano. 

El juez Henry Molina manifestó que sin justicia no hay estabilidad ni continuidad democrática; y la sostenibilidad del desarrollo económico y humano del país se vuelven una quimera.  

En ese contexto, el juez presidente de la SCJ reiteró que el compromiso patriótico del Poder Judicial no es solo simbólico, sino operativo, por lo que fortalecer la gestión, reducir la mora y garantizar decisiones oportunas son parte del deber institucional con la República. 

Asimismo, el magistrado Molina destacó que la ética judicial no es una opción, sino un imperativo patriótico a tiempo de poner de relieve que cada vez que un juez dicta una sentencia apegada a la ley y a la verdad, está honrando el trabucazo de Mella. 

“Un Estado se mide por la solidez de sus instituciones, y la justicia es la piedra angular que evita que el edificio de la República se desmorone ante las presiones de la arbitrariedad o la violación de la ley”, afirmó el magistrado Molina. 

En ese escenario, Henry Molina hizo un llamado a dar importancia, ahora más que nunca, a la educación cívica, porque conocer la historia o respetar el protocolo, se trata de comprender que ser dominicano conlleva una responsabilidad ética. 

Asimismo, Henry Molina afirmó que el sacrificio de los Trinitarios no fue para que tuviéramos un país simplemente libre, sino justo. 

“La justicia es la garantía de que el sacrificio de nuestros padres de la patria no fue en vano. Es el compromiso de que los sueños de Duarte se traduzcan en realidades para el dominicano de a pie. Es la promesa de que la libertad que Sánchez defendió hasta el patíbulo sea protegida hoy por tribunales independientes y honorables”, afirmo el Juez presidente. 

Día de la Bandera y natalicio del Patricio Ramón Matías Mella 

El acto cívico se realiza este 25 de febrero, fecha en que se conmemora el día del lienzo patrio y el 210 aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella. 

Esta actividad, que se enmarca en la celebración correspondiente al Mes de la Patria, se realizó de forma simultánea en los 11 departamentos judiciales a nivel nacional. 

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del gremio, el magistrado reconoció el papel estratégico del sector industrial en el desarrollo nacional, destacando que la AIRD es más que un gremio: “constituye un motor clave de la estabilidad macroeconómica, el empleo formal y el posicionamiento de la marca país en los mercados globales”.  

Asimismo, sostuvo que “un sector industrial moderno requiere una justicia moderna. Las reglas claras y la estabilidad institucional son tan vitales para la exportación como la logística o la energía”.  

Señaló que, así como la AIRD trabaja el desarrollo y la diversificación productiva, el Poder Judicial trabaja para garantizar que los contratos, las inversiones y los derechos de propiedad cuenten con una protección judicial previsible, rápida y eficaz.  

Molina destacó avances concretos en la justicia, como la eliminación de la mora histórica en la alta corte.   

Informó que actualmente el 90 % de los casos se decide en menos de un año, que los conflictos civiles y comerciales se resuelven en un promedio de 12 meses y que, en materia inmobiliaria, clave para la expansión industrial, los tiempos de respuesta se redujeron a seis meses en la Tercera Sala de la SCJ.  

En cuanto a transformación digital, resaltó que el Portal de Acceso Digital facilita la gestión de procesos para las empresas, reduciendo trámites presenciales y costos operativos.   

De igual forma, anunció que la Juristeca pone a disposición de los departamentos legales de los mercados más de 400 mil decisiones judiciales, convirtiendo la información jurisprudencial en una herramienta estratégica para la gestión de riesgos.  

El magistrado también destacó el posicionamiento internacional del país, señalando que República Dominicana fue una de las naciones que más avanzó en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, mejorando 11 posiciones, lo que impacta positivamente la calificación riesgo-país y las condiciones de financiamiento internacional.  

En ese contexto, explicó, que el Plan Justicia del Futuro 2034 tiene como meta consolidar una justicia ágil, transparente e interoperable con el Estado, capaz de responder a la dinámica de la industria 4.0 y a los desafíos geopolíticos y sociales actuales.   

“República Dominicana grande y próspera que todos queremos necesita una justicia que piense y una industria que confíe. Sigamos construyendo juntos el clima de negocios que garantice el desarrollo sostenible de nuestra nación”, concluyó el magistrado Henry Molina, quien aprovechó la ocasión para invitar a la AIRD a integrarse activamente en las comisiones estratégicas de seguimiento del Plan y a participar en la Conferencia del Poder Judicial, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de abril en Santo Domingo Este.  

De su lado, el presidente de la AIRD, Julio Brache, señaló que esa entidad reafirma la disposición de continuar promoviendo espacios de diálogo constructivo que contribuyan al fortalecimiento institucional y al desarrollo productivo nacional.  

“Agradecemos al presidente Henry Molina y a su equipo por la apertura, la receptividad y la disposición al diálogo, así como por su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad y la consolidación de un sistema de justicia cada vez más moderno, transparente y eficiente”, indicó.  

Por la AIRD, estuvieron presentes los ejecutivos Mario Pujols, Juan José Attias, José Fernando Paliza, y Ricardo Koenig  

En la reunión estuvieron presentes el magistrado Francisco Jerez y magistrada Yorlin Vásquez, de la Suprema Corte de Justicia; Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, y Ángel Brito, director Escuela Nacional de la Judicatura.

Durante el diálogo, el magistrado Molina agradeció el rol de veeduría que históricamente ha desempeñado la FINJUS en la defensa del Estado de Derecho y valoró este espacio como una oportunidad para hablar con franqueza sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes.  

“La Justicia es la infraestructura institucional que sostiene la democracia, garantiza derechos fundamentales y crea las condiciones de estabilidad que permiten el desarrollo económico y la paz social. Los avances logrados deben transformarse en reformas estructurales irreversibles”, afirmó.  

En el encuentro, el magistrado Molina destacó la implementación de herramientas digitales, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, la apertura de datos (Observatorio del Poder Judicial y JURISTECA), entre otras iniciativas en marcha, que han marcado un antes y un después en términos de transparencia y modernización.  

Además, afirmó que la confianza en la Justicia ha sido recuperada, citando como ejemplo los avances en índices globales como el WJP 2025, en el que el país avanzó 11 posiciones en Estado de Derecho, lo que, a su entender, refleja que el Poder Judicial dominicano va por buen camino.   

Sin embargo, reconoció que persisten desafíos y que los avances exhibidos son cimientos, no la estructura definitiva, la cual, sin consolidación normativa, operativa y presupuestaria, ninguna reforma se vuelve irreversible.  

En ese orden, ve necesario seguir combatiendo la mora judicial la cual ha sido superada en la Suprema Corte de Justicia, en donde se logró poner «la casa en orden», y sostuvo que los tribunales ordinarios se están poniendo al día en todo el país. De igual manera, reconoció que aún quedan instancias donde este problema persiste y compromete la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.   

“Si no seguimos abordando la mora estructural en todo el sistema, ningún avance tecnológico será suficiente”, afirmó Molina, quien aboga por la promoción de una cultura de acuerdos en materia penal.  

En ese sentido, recalcó necesario promover la implementación de los acuerdos previstos en el nuevo Código Procesal Penal como solución para reducir la cantidad de casos que están llegando a juicio de fondo, lo que sobrepasa la capacidad real de respuesta de los tribunales. Agregó que esa cantidad de litigios desbordaría cualquier sistema acusatorio adversarial en cualquier parte del mundo.   

“No es posible pretender que la salida estándar para la mayoría de casos penales sea un juicio de fondo. Si no hacemos un cambio cultural y procesal hacia acuerdo entre las partes, la justicia penal seguirá acumulando retrasos que lesionan derechos y degradan la confianza”.  

En el encuentro del juez presidente de la SCJ con directivos de la FINJUS fue presentado el »Plan Justicia del Futuro 2034″, una política de Estado orientada a blindar la institucionalidad a través de la justicia.  

El Plan tiene como meta consolidar una justicia con estándares claros de duración razonable y mora estructural controlada; un sistema interoperable y coordinado; crear mecanismos permanentes de monitoreo y rendición de cuentas; una cultura orientada a resultados y una justicia centrada en la dignidad humana y la reinserción social.  

Finalmente, exhortó a la FINJUS a convertirse en aliados activos en la construcción de las reformas estructurales que permitan cerrar esta década con un sistema de justicia fortalecido.   

“El país necesita que sociedad civil, sector privado y sistema de justicia actúen de manera articulada para consolidar los avances y corregir las debilidades. Cuenten con un Poder Judicial abierto al escrutinio, comprometido con la transparencia y enfocado en culminar las reformas pendientes”, afirmó el Juez Molina.  

El magistrado Henry Molina estuvo acompañado por los jueces de la SCJ, María Garabito, integrante de la Sala Pena; y Justiniano Montero, juez presidente Primera Sala. Además, Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos; y Ángel Brito, director Escuela Nacional de la Judicatura.  

Mientras que, por la FINJUS, participaron su presidente Rafael del Toro Gómez, los vicepresidentes Elena Viyella y Rafael Izquierdo, así como los directores Flavio Darío Espinal, Robinson Peña, Práxedes Joaquín Castillo, Rafael Blanco Canto, Omar Victoria, Gustavo Ariza y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, quienes agradecieron al magistrado Molina su visita y por tener la oportunidad de conocer en detalle los retos que se abren al Poder Judicial. Reiteraron el compromiso institucional de contribuir a la consolidación del sistema de Justicia, el Estrado de derecho y las reformas alcanzadas.