Honorable primera dama, Raquel Arbaje, presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia.
Honorable presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria,
Licenciado Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública,
Magistrada Ola Diná Llaverías, Procuradora General de la Corte de Apelación y Directora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia (DINNAF)
Licenciada Ligia Jeannette Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Magistrada Vanessa Acosta, jueza de la 1ra Sala, Suprema Corte de Justicia
Magistrada Octavia Carolina Fernández, del Consejo del Poder Judicial
Su presencia hoy es una muestra del compromiso Inter-institucional con la protección integral de la niñez y la adolescencia, que debe ser transversal a todas las instituciones y figuras públicas del país.
Muy buenos días a todas y todos.
Hoy nos convoca una causa profundamente humana y ética: el lanzamiento de una guía que representa un paso firme hacia una justicia centrada en los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta herramienta reafirma nuestra determinación de actuar conforme a la doctrina de la protección integral, que nos llama a reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, en proceso de desarrollo, dignos de escucha, respeto y acompañamiento institucional.
El siglo XXI exige un modelo de justicia transformador que, lejos de ser distante e impenetrable, es pedagógico, comprensivo y accesible. Una justicia que, ante la presencia de un niño, niña o adolescente en conflicto con la ley, sepa traducir su lenguaje técnico en palabras comprensibles, decisiones justas y trato digno. Esta guía es un instrumento concreto para cumplir esa promesa.
La justicia reconoce que cada niño frente a un juez representa una deuda social
Una sociedad verdaderamente democrática no protege solo por reacción, sino por convicción. Cada vez que un niño, niña o adolescente es citado ante un tribunal, estamos ante una fractura del sistema de protección integral, no solo ante un hecho individual.
Nuestro rol judicial no puede limitarse a aplicar la ley; debe restaurar derechos vulnerados, reconstruir confianza y promover reintegración social. Esta guía nos orienta hacia una ética institucional del cuidado, la reparación y el acompañamiento con enfoque de derechos.
Dejamos atrás, de forma consciente y decidida, los vestigios de la doctrina de la situación irregular, que estigmatizaba y pretendía corregir al niño, niña o adolescente, para hoy actuar desde un paradigma que reconoce su autonomía progresiva, su dignidad y su derecho a una respuesta justa y restaurativa.
Comunicar bien también es hacer justicia
La forma en que hablamos, decidimos y escribimos nuestras decisiones forma parte esencial del acceso a la justicia.
Un sistema que garantiza los derechos de las personas se asegura de que todas entiendan lo que le ocurre, cómo le afecta, qué supone… y esto incluye, de manera prioritaria, a los más jóvenes.
Cito con orgullo el caso de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, que en febrero de 2025, bajo la presidencia del magistrado Francisco Pérez Lora, emitió una sentencia adaptada al lenguaje de una niña de ocho años, para explicarle claramente los detalles sobre la custodia y régimen de visitas de sus padres. Esa decisión no debe ser una excepción: debe marcar el estándar institucional de acceso comprensible a la justicia.
Y es preciso recordar también la decisión del magistrado Rodolfo Piza en Costa Rica, quien convirtió el mensaje de un niño “quiero ver a mi hermanito” en un recurso válido de amparo. Esa actuación nos interpela. Nos recuerda que los afectos también son argumentos. Que el acceso a la justicia comienza con la posibilidad de expresarse y ser tomado en cuenta. Y que el juez, ante esa voz, debe estar preparado para responder con claridad y con sentido humano.
La protección integral solo es posible con articulación interinstitucional
Ninguna institución, por sí sola, puede garantizar los derechos de la niñez. Esta guía nos brinda un lenguaje común, un marco ético compartido y una metodología coordinada entre actores clave: jueces, fiscales, defensores, personal técnico, CONANI y organizaciones de base.
No se trata solo de protocolos, sino de relaciones de confianza y compromiso institucional sostenido. La justicia amigable se construye desde entornos seguros, acompañamiento psicológico, decisiones con enfoque de desarrollo y mecanismos que prioricen siempre el interés superior del niño.
Un sistema amigable es uno que protege sin revictimizar, que actúa con firmeza y cuidado, que integra a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño debe vivirse todos los días en el sistema de justicia
La Convención no es un marco abstracto ni una referencia lejana: es un mandato operativo para la actuación cotidiana.
Esta Guía incorpora sus principios rectores: interés superior del niño, derecho a la participación según la edad y madurez, no discriminación, derecho a ser oído, derecho a la vida, al desarrollo y a la protección efectiva.
Desde 2019 hemos impulsado una transformación institucional centrada en las personas. Hoy damos un paso más al dotar a nuestros equipos de herramientas técnicas y éticas para operar conforme a esos principios, con especial énfasis en la formación continua, el enfoque psicojurídico y la escucha activa.
Una justicia que cuida, también educa y construye ciudadanía
La justicia no solo sanciona; también educa, repara y forma ciudadanía democrática desde la experiencia concreta de ser tratado con dignidad.
Cuando una niña o un adolescente se siente escuchado, comprendido y tratado con respeto por una jueza o un juez, esa experiencia marca un vínculo positivo con el Estado y con la legalidad.
Por eso, esta guía no solo tiene valor normativo; tiene un profundo valor cultural y pedagógico. Aporta a una nueva forma de ejercer justicia: más cercana, más humana, más comprometida con la vida y el futuro de las personas.
Esta Guía es una manifestación concreta de nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia, con su dignidad y su derecho a una justicia comprensiva y garante de su desarrollo.
Agradezco profundamente a quienes la hicieron posible. E invito a toda la comunidad judicial a hacerla suya, a aplicarla, evaluarla y enriquecerla con la experiencia y el compromiso diario.
Porque una justicia que cuida, escucha y acompaña a su infancia es una justicia que transforma a todo un país.
Muchas gracias.
