Durante muchos años, los sistemas de justicia en distintas partes del mundo concentraron sus esfuerzos de medición en variables tradicionales: cantidad de casos resueltos, tiempos procesales, carga de trabajo o productividad institucional. Todos estos elementos siguen siendo importantes. Sin embargo, hoy sabemos que no son suficientes para comprender si la justicia realmente está respondiendo a las necesidades de las personas.

Una justicia centrada en las personas requiere hacerse nuevas preguntas.

¿Las personas entienden la información que reciben? ¿Saben cómo acceder a los servicios judiciales? ¿Encuentran barreras económicas, territoriales o tecnológicas? ¿Perciben transparencia en las instituciones? ¿Confían en los mecanismos de rendición de cuentas? ¿Pueden participar y hacer escuchar sus necesidades?

Estas preguntas son las que están en el centro de la Metodología de la Métrica de Justicia Abierta para la República Dominicana, que será presentada esta semana. Y precisamente ahí radica su enorme valor estratégico.

La Métrica de Justicia Abierta representa un cambio profundo en la manera de entender la transformación judicial. No se trata únicamente de medir instituciones; se trata de comprender cómo las personas viven, perciben y utilizan el sistema de justicia. Ese cambio de perspectiva es fundamental para construir una justicia más cercana, más transparente y más confiable.

Este esfuerzo, desarrollado junto al World Justice Project y con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incorpora una visión moderna de la justicia como ecosistema. Es decir, reconoce que las necesidades jurídicas de las personas no dependen exclusivamente de un tribunal o de un juez, sino de múltiples instituciones, servicios y mecanismos que deben funcionar de manera articulada para garantizar derechos y resolver conflictos de manera efectiva.

En ese contexto, los indicadores dejan de ser simples herramientas estadísticas. Los indicadores se convierten en instrumentos de aprendizaje institucional. Permiten identificar brechas, comprender necesidades, orientar decisiones, priorizar reformas y evaluar si las políticas públicas realmente están generando cambios concretos en la vida de las personas.

La métrica de Justicia Abierta precisamente busca construir esa capacidad institucional. A través de dimensiones como transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas permitirá contar con información más clara sobre cómo funcionan distintas instituciones vinculadas al ecosistema de justicia y cómo interactúan las personas con ellas. Además, incorpora elementos fundamentales como accesibilidad, lenguaje claro y enfoque centrado en las personas usuarias.

Esto tendrá un impacto directo sobre el Poder Judicial. En primer lugar, porque fortalecerá nuestra capacidad de gestión y mejora continua. En segundo lugar, porque fortalece la transparencia y la legitimidad institucional. En tercer lugar, porque consolida una cultura institucional basada en evidencia. Esto es especialmente relevante en los procesos de modernización judicial.

Pero el impacto de esta metodología va mucho más allá del propio Poder Judicial. Una justicia más abierta fortalece también la calidad democrática de un país.

Cuando las personas comprenden mejor sus derechos, pueden acceder con mayor facilidad a los servicios judiciales y perciben instituciones más transparentes y cercanas, se fortalecen el Estado de Derecho, la cohesión social y la confianza en las instituciones públicas.

Asimismo, contar con estándares claros y mecanismos de evaluación comparables facilita la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de políticas públicas más efectivas. La experiencia internacional demuestra que los sistemas judiciales que desarrollan capacidades sólidas de medición y apertura institucional están mejor preparados para responder a las demandas sociales y adaptarse a contextos de cambio acelerado.

En República Dominicana hemos avanzado significativamente en los últimos años en materia de transformación digital, transparencia, acceso a la información y mejora de los servicios judiciales. La presentación de la Métrica de Justicia Abierta representa un nuevo paso dentro de ese proceso de transformación institucional. Un paso importante porque consolida una visión de justicia basada en evidencia, participación, apertura y mejora continua, pero sobre todo porque nos permite comprender mejor cómo viven las personas su relación con el sistema judicial y cómo podemos responder de manera más efectiva a sus necesidades.

Porque ninguna transformación judicial será verdaderamente sostenible si no somos capaces de observar con honestidad cómo viven las personas su relación con la justicia.

Medir no es solamente evaluar. Medir también es escuchar.

Nacido el 7 de abril de 1960 y fallecido el pasado lunes 25 de mayo, a los 66 años, don Cervante pertenecía a esa generación de hombres que entendía la vida como responsabilidad. De los que se levantaban con el trabajo en la cabeza, cumplían y amaban acompañando a los suyos, resolviendo problemas y estando presentes cuando hacía falta.

Mi suegro no era un hombre de grandes discursos ni protagonismos. Era serio, honesto y sobrio, más cómodo haciendo que explicando. Hablaba poco. Pero cuando un tema le apasionaba, se transformaba. Le interesaba profundamente la política y seguía con atención todo lo que ocurría en la República Dominicana. Aun viviendo fuera del país, se mantenía conectado a su tierra escuchando análisis, noticias y debates sobre la realidad nacional.

Y aunque no era particularmente expresivo, tenía una sonrisa genuina, tímida y serena, de esas que nacen más del corazón que de la costumbre.

Todavía puedo imaginarlo saliendo de su casa, con la lonchera que le preparaba doña Mayra (o “la licenciada”, como orgullosamente le llamaba) rumbo a otra jornada de trabajo. Aprendió joven que las cosas importantes se construyen trabajando.

Nació en San José de Ocoa, en una familia humilde y trabajadora. Fue uno de los hijos menores, mientras ayudaba a que sus hermanas y hermanos estudiaran y salieran adelante, él trabajaba.

Y quizás ahí habitaba una de sus mayores grandezas. Pertenecía a esa generación de dominicanos que muchas veces postergó sus propios sueños para abrirles camino a otros. Hombres que trabajaron para que sus hermanos estudiaran, para que sus hijos llegaran más lejos y para que sus familias tuvieran oportunidades que ellos nunca tuvieron. No hablaban demasiado de amor, sacrificio o dignidad. Simplemente vivían de acuerdo con esas palabras.

Era mecánico. Tenía una inteligencia natural y una extraordinaria capacidad para observar, comprender y reparar. Aprendió trabajando, resolviendo y tomando decisiones con firmeza. Como tantos hombres de su generación, su verdadera escuela fue la vida. Sus manos llevaban las marcas del trabajo duro, pero también la tranquilidad de quien sabía que estaba cumpliendo.

La amistad también ocupaba un lugar central en su vida. Para él, la amistad implicaba compromiso y lealtad. Ayudó a muchas personas desde su taller. Dio oportunidades de trabajo, impulsó a otros a crecer y, en más de una ocasión, comprometió incluso lo propio para tender la mano a quienes lo necesitaban.

Su gran proyecto de vida fue su familia. Tuvo un único matrimonio, contraído un 27 de febrero Día de la Independencia, con doña Mayra, a quien amó profundamente durante 42 años. Sus hijos (Yancarlo, Paola, Carli y Cristian) fueron el centro de su vida y la expresión más concreta de todos sus esfuerzos.

Lograron hacerse profesionales gracias al trabajo acumulado de años de disciplina y entrega familiar. Y quizás esa haya sido una de sus mayores victorias.

Porque hay personas que construyen edificios, negocios o fortunas. Pero hay otras que construyen generaciones. Don Cervante pertenecía a estas últimas.

Como tantos dominicanos de su tiempo, emigró a Estados Unidos buscando un cambio de vida y mayores oportunidades para su familia, aun cuando le iba bien en su país le hacía ilusión un cambio, no comodidad para sí mismo. Salía por la mañana , recorría largas distancias, regresaba tarde y trabajaba prácticamente todos los días. Los domingos reducía un poco el ritmo y acompañaba a doña Mayra a hacer las compras de la semana, en uno de esos gestos sencillos donde también habita el amor.

Como suegro fue igualmente generoso, sencillo y afectuoso a su manera. Su cariño no estaba en las grandes palabras, sino en la presencia, en el cuidado y en la responsabilidad cotidiana.

Tuvo tres nietos, a quienes quiso profundamente. Los dos mayores conocen hoy el dolor de la ausencia porque pudieron compartir con su abuelo y sentir ese cariño silencioso que ofrecía sin necesidad de grandes demostraciones. La más pequeña crecerá escuchando historias sobre él, reconstruyéndolo a través de fotografías, anécdotas y recuerdos compartidos.

Y quizás esa sea una de las formas más profundas de permanencia: seguir viviendo en la memoria afectiva de una familia.

Curiosamente, don Cervante casi no existe en internet. Y, sin embargo, existe profundamente en la vida de todos los que ayudó a levantar.

Vivimos tiempos donde pareciera que solo existe aquello que puede mostrarse, publicarse o medirse. Personas como él pertenecían a otro mundo. Un mundo donde el prestigio no venía de la exposición, sino de cumplir, sostener y estar presentes.

Hoy despedimos a Miguel Cervante Roa Castillo. Pero también despedimos un poco a una generación silenciosa que levantó familias enteras desde el sacrificio, la responsabilidad y la dignidad.

Porque los imprescindibles casi nunca hacen ruido. Están demasiado ocupados sosteniendo la vida de los demás.

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Don Miguel Cervante Roa Castillo: la dignidad silenciosa de una generación

Santo Domingo, D. N.— El Consejo del Poder Judicial anunció hoy un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda y Economía para la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, resultado del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.

Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de gestiones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.

El acuerdo contempla un incremento general de 30% para la mayoría de los puestos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, que se aplicarán de forma escalonada en 2026 y 2027.

El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.

Una mesa de diálogo amplia

La reunión contó con la participación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.

Compensaciones por suplencia

El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.

Movilidad en la carrera judicial

Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.

Cobertura de vacantes y servidores interinos

Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.

Gobernanza territorial

En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.

Próximos pasos

En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.

El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.

Santo Domingo. El Consejo del Poder Judicial dispuso este martes la ejecución de iniciativas para las mejoras y el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, la hoja de ruta que ha permitido al país avanzar hacia una justicia más ágil, más accesible y más transparente.

La decisión, adoptada en la sesión ordinaria núm. 12-2026 del Consejo del Poder Judicial, llega acompañada de un respaldo presupuestario clave: el Ministerio de Hacienda y Economía manifestó su disposición de habilitar de manera gradual los recursos presupuestarios necesarios en los presupuestos de 2026 y 2027 para sostener los objetivos estratégicos del Plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso y la infraestructura, la optimización de procesos y la lucha contra la mora. Este compromiso se enmarca en las reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el magistrado Henry Molina y el ministro de Hacienda y Economía.

Medidas inmediatas

El Consejo instruyó entre otras medidas, la presentación de una propuesta de hoja de ruta para la movilidad en la carrera judicial, así como la identificación de fondos para el pago de suplencias y agilizar la presentación de vacantes pendientes en tribunales.

Confirmó que los recientes planteamientos formulados por jueces, juezas y servidores judiciales, habían sido recogidos en los encuentros regionales realizados en el primer trimestre del 2026, como parte de la puesta en marcha del plan estratégico institucional.

Se dispuso que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial comunique las decisiones adoptadas por el Consejo del Poder Judicial a todos los jueces, juezas y servidores(as) judiciales, y de manera particular, a los firmantes de la comunicación de fecha 8 de mayo de 2026.

El Poder Judicial reitera que la transformación de la justicia dominicana requiere mecanismos permanentes de diálogo y construcción conjunta para responder de manera sostenible a las necesidades de la ciudadanía.

La administración de justicia ha sido, históricamente, un espacio donde se dirimen diferencias. Esa es su naturaleza y también su grandeza. Pero la experiencia acumulada y los desafíos de nuestro tiempo nos invitan a ensanchar ese horizonte: a entender que la justicia, además de dictar sentencias, está llamada a tender puentes, a propiciar entendimientos y a sostener la armonía social, requisito indispensable para garantizar la dignidad de las personas. Es un tránsito que exige paciencia, diálogo y el aporte de todos los que hacen vida en el sistema.

Cuando el Listín Diario propone fomentar el diálogo en los barrios, está apuntando al corazón del problema: la convivencia. La paz no se decreta, se construye. Y se construye en el día a día, en la resolución de esos conflictos pequeños en apariencia, pero grandes en impacto, que ocurren entre vecinos, en las comunidades y en las familias. Es ahí donde el diálogo se convierte en la herramienta más poderosa para el avance de los derechos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro apoyo a esta propuesta. Nuestra hoja de ruta, el Plan Justicia del Futuro 2034, tiene como pilar central una justicia accesible y centrada en las personas, construida con el aporte de todos: los jueces y servidores judiciales que la sostienen cada día, el foro de abogados, las instituciones del sector justicia, la academia y la ciudadanía. Esa construcción compartida es, en sí misma, una expresión del valor del diálogo: nos recuerda que las mejores soluciones surgen cuando nos sentamos a escuchar antes de decidir.

Esa apuesta por el entendimiento exige, en primer lugar, reconocer y valorar el esfuerzo cotidiano de quienes hacen posible la justicia. Jueces, defensores públicos, fiscales, abogados litigantes, servidores judiciales y profesionales auxiliares trabajan, muchas veces en condiciones complejas, para sostener un sistema que la ciudadanía necesita y demanda. Sus inquietudes, sus señalamientos y sus aportes son insumos legítimos e imprescindibles para una transformación que solo puede hacerse con ellos, nunca sin ellos. Escuchar es, también, una forma de hacer justicia.

El diálogo, además de ser una fortaleza democrática, es el reconocimiento de que ambas partes tienen razón, en una parte de lo que plantean, y de que la convivencia pacífica es el suelo fértil sobre el cual crecen el desarrollo, la confianza institucional y la estabilidad social.

Donde hay voluntad de escucharse, casi siempre hay un acuerdo posible.

Como institución queremos predicar con el ejemplo. Por eso mantenemos las puertas abiertas a toda iniciativa, propuesta o inquietud que aporte a la construcción de una mejor justicia, venga de donde venga. Este Poder Judicial, que es parte integral de la comunidad y se debe a ella, reafirma su disposición al diálogo permanente, a la escucha activa y a la búsqueda conjunta de soluciones, con la serenidad y la buena voluntad que los retos del momento requieren.

Agradezco al Listín Diario por elevar el tono del debate público hacia la convivencia. Convirtamos juntos esa visión en realidad: las instituciones, los profesionales del derecho, los gremios y la ciudadanía. Porque una sociedad que dialoga es una sociedad que progresa, y una justicia que escucha es una justicia que dignifica.

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El valor del diálogo: Una cultura del encuentro y el entendimiento

Aplicar el derecho no es un acto mecánico. Es una tarea humana, prudencial y esencialmente ética. Eduardo Couture lo expresó con una sencillez que conserva plena actualidad: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando y el deber es luchar por la justicia. Su célebre decálogo no es solo una guía para abogados; es también una advertencia para todo jurista: el conocimiento técnico sirve de poco si se separa de la lealtad, la tolerancia, la paciencia, la fe en el derecho y el amor por la profesión.

Esa enseñanza adquiere una fuerza especial en la función judicial. El juez no gobierna, no representa intereses, no administra la voluntad popular ni actúa para agradar a las mayorías. Su misión es más delicada: decidir conflictos concretos desde la Constitución, la ley, la razón y su conciencia. Por eso, la legitimidad de una decisión judicial no descansa solo en que sea jurídicamente correcta, sino en que pueda ser comprendida como el resultado del trabajo de una persona independiente, íntegra y responsable.

La confianza en la justicia se construye antes de la sentencia. Se forma en la trayectoria de quien decide, en la sobriedad de su conducta, en su capacidad para mantener distancia de intereses indebidos y en su disposición a rendir cuentas sin convertir la función en espectáculo.

La sociedad observa, y esa observación no debe ser vista como una amenaza. En democracia, la mirada pública es parte del ecosistema de legitimidad. El desafío está en no actuar para complacerla, sino en vivir de manera que esa mirada encuentre coherencia.

El Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial dominicano parte precisamente de esa premisa: la ética judicial no es un adorno de la función, sino una condición para fortalecer la confianza pública. Entre sus principios se destacan la conciencia funcional e institucional, la credibilidad, la integridad, la lealtad, la legalidad, la motivación de las decisiones, la prudencia, la humildad, la igualdad, la independencia, la transparencia, la responsabilidad y la vocación de servicio.

Estos principios recuerdan algo fundamental: el juez no solo debe decidir conforme al derecho; debe vivir de manera compatible con la dignidad de su investidura. La exigencia no es la perfección imposible, sino porque la autoridad de juzgar reclama una forma particular de responsabilidad. Quien decide sobre la libertad, el patrimonio, la familia, el trabajo o la honra de otros no puede tratar su conducta personal como un asunto enteramente desvinculado de la función pública que ejerce.

De ahí la importancia de la moderación. No como renuncia a la vida, sino como expresión de prudencia. No como aislamiento, sino como conciencia de los límites. Una justicia cercana no es una justicia familiarizada con intereses, presiones o protagonismos. La verdadera cercanía se construye desde la previsibilidad, la claridad, la empatía institucional y la confianza de que quien decide no está capturado por aquello que debe juzgar.

La ética judicial, en ese sentido, no puede reducirse a un catálogo de prohibiciones. Es una cultura. Se expresa en hábitos, en gestos, en silencios oportunos, en palabras medidas, en decisiones motivadas y en la capacidad de resistir tanto la presión externa como la vanidad interna.

Couture hablaba de estudiar, pensar, trabajar, luchar, ser leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, olvidar y amar la profesión. Traducido al mundo judicial, ese decálogo invita a comprender que aplicar el derecho exige también formar el carácter.

Las instituciones judiciales tienen, además, una responsabilidad colectiva. No basta con confiar en virtudes individuales. El sistema debe formar, acompañar, evaluar y promover una ética compartida. Debe generar condiciones para que la independencia no sea soledad; para que la rendición de cuentas no sea persecución; para que la comunicación no sea propaganda; y para que la autoridad judicial no se confunda con distancia humana ni con exposición innecesaria.

En tiempos de desconfianza, aplicar el derecho ya no puede entenderse como una operación puramente técnica. La ciudadanía exige razones, coherencia y conducta. Quiere saber que detrás de cada decisión hay una persona preparada, independiente, prudente y consciente del peso de su función. Quiere una justicia que hable con sus sentencias, pero también con su ejemplo.

Al final, la pregunta decisiva es sencilla: ¿qué hace que una decisión sea aceptada, incluso por quien no resulta favorecido? La respuesta no está solo en el expediente. Está en la confianza que inspira quien decide. Y esa confianza no se improvisa el día de la sentencia; se construye antes, en la forma de estudiar, pensar, trabajar, vivir y servir.

Porque aplicar el derecho es una responsabilidad. Pero vivir éticamente es la condición que permite que esa responsabilidad produzca confianza.

Formado en una tradición de pensamiento social que reconocía en el trabajo una base de dignidad, y profundamente influido por la visión de Rafael Caldera sobre la centralidad de la cuestión social, mi padre entendía que los derechos laborales se sostienen en la conciencia de las personas y en su capacidad de organizarse para hacerlos efectivos.

De él aprendí una idea esencial: el trabajo expresa dignidad y ciudadanía. Esa convicción me acompaña hasta hoy.

Desde el Poder Judicial, esa responsabilidad se concreta cada día. La jurisdicción laboral convierte principios en garantías: resuelve conflictos, equilibra relaciones y protege la dignidad del trabajo.

Resolver a tiempo es hacer justicia. Esa idea orienta nuestra acción. Hemos fortalecido la capacidad de respuesta con procesos más ágiles, mayor acceso y decisiones más comprensibles. Una justicia que llega a tiempo protege derechos, genera confianza y aporta estabilidad a la vida social y económica.

El trabajo también se honra desde adentro. Los servidores y servidoras judiciales sostienen cada avance. Su compromiso diario hace posible una justicia que responde.

Fortalecer sus condiciones de trabajo forma parte de nuestra visión institucional. Impulsamos formación continua, bienestar y entornos adecuados, convencidos de que una justicia de calidad se construye sobre condiciones de trabajo dignas. Cuidar a quienes cuidan la justicia fortalece la institución.

Esta visión integra derechos laborales, calidad institucional y condiciones de trabajo. Así, las normas adquieren sentido en la vida real y se convierten en herramientas efectivas para las personas.

El mundo del trabajo evoluciona con intensidad. La digitalización y la inteligencia artificial marcan un cambio civilizatorio en la forma de trabajar y generar valor.

Este proceso abre oportunidades y exige dirección. El futuro del trabajo se construye con justicia. Un entorno dinámico requiere reglas claras, protección efectiva de derechos y condiciones que promuevan la equidad.

Avanzar implica anticipar, adaptar y preparar. La justicia acompaña esa transformación, aporta equilibrio y ofrece certeza. El 1 de mayo reafirma un principio esencial: el trabajo merece respeto, protección y reconocimiento.

También nos recuerda que cada generación cumple su papel. A algunos les tocó escribir sobre la dignidad del trabajo. A nosotros nos corresponde asegurarla. Honrar el trabajo es construir su futuro con justicia, diálogo, organización y dignidad. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

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1 de mayo: Memoria, justicia y transformación del trabajo

Desde esta perspectiva, la legitimidad de la actividad judicial trasciende la autoridad formal de los fallos. No basta con que las decisiones sean jurídicamente correctas; resulta indispensable que la institución disponga de las capacidades necesarias para hacer visible que cada resolución responde a un proceso deliberado, razonado y transparente. La explicación pública, en consecuencia, se convierte en un componente esencial de la institucionalidad judicial, pues permite conectar la racionalidad jurídica con la comprensión social.

La experiencia comparada muestra que las transformaciones institucionales no siempre derivan de reformas explícitas. Con frecuencia, emergen de prácticas excepcionales que, al reiterarse, terminan configurando nuevos patrones de actuación.

Cuando decisiones inicialmente adoptadas en contextos extraordinarios comienzan a reproducirse sin el debido acompañamiento explicativo, se introduce una tensión que afecta tanto los procedimientos como la percepción pública de la justicia. En esos casos, el problema deja de ser únicamente técnico para convertirse en un desafío de legitimidad.

En este punto, adquiere especial relevancia la dimensión pedagógica de la justicia. Cada decisión no solo resuelve un caso concreto, sino que también orienta conductas, fija estándares y contribuye a la construcción de confianza pública. Esta función resulta particularmente crítica en contextos de alta visibilidad. Precisamente en esos escenarios, la claridad y oportunidad de la explicación adquieren mayor importancia, ya que, en ausencia de una comunicación institucional comprensible se podría ceder espacio a interpretaciones fragmentadas o desinformadas.

En la República Dominicana, este desafío ha sido asumido como parte de una visión integral de transformación judicial. La construcción de una justicia al día, accesible y transparente implica tanto la reducción de la mora y la modernización de los servicios —apoyada en procesos de digitalización— como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para comunicar con claridad.

El impulso de prácticas de lenguaje claro, la accesibilidad de las decisiones y el desarrollo de una comunicación institucional directa se convierten en herramientas clave para acercar la justicia a la ciudadanía.

Conviene subrayar que la transparencia en la justicia, además de la disponibilidad de información, implica garantizar que las personas entiendan por qué se adopta una decisión, cuáles principios la sustentan y de qué manera incide en sus derechos constituye una condición esencial para la legitimidad democrática.

Por ello, la transformación judicial exige ir más allá de la gestión de expedientes y de la incorporación de tecnologías. Supone integrar, de manera sostenida, prácticas de lenguaje claro, pedagogía judicial y rendición de cuentas. En otras palabras, requiere una justicia que no solo actúe, sino que sea visible; que no solo decida, sino que haga comprensible su decisión.

En un contexto en el que la confianza institucional se construye de manera cotidiana, la justicia ocupa un lugar central. Su legitimidad depende, en última instancia, de su capacidad para ofrecer decisiones que, además de ser suficientemente motivadas, resulten comprensibles para la sociedad a la que sirven. Solo así es posible consolidar una justicia que, al decidir en derecho, también fortalezca la confianza pública que la sostiene.

Esa es la diferencia entre una justicia que se limita a funcionar y una justicia que, además, logra ser comprendida. Y solo en esa comprensión compartida es donde la confianza realmente se consolida.

La Conferencia fue un espacio de intercambio, aprendizaje y proyección, y , sobre todo, fue un punto de encuentro entre distintas generaciones, trayectorias y responsabilidades institucionales. En ese cruce, se hizo visible que la transformación de la justicia dominicana es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo.

En esa perspectiva, resulta inevitable mirar hacia atrás. Recordar el liderazgo del magistrado Jorge Subero Isa en los años noventa no es un gesto simbólico aislado, sino el reconocimiento de un momento fundacional. Allí se establecieron bases esenciales de independencia, institucionalidad y profesionalización que hoy siguen dando frutos. 

Las transformaciones profundas no comienzan de cero: se apoyan en decisiones valientes del pasado.

Esa continuidad institucional también se expresa en quienes han tenido la responsabilidad de conducir el Poder Judicial en distintas etapas. La gestión de Mariano Germán contribuyó a consolidar avances institucionales clave, mientras que figuras como Olga Herrera representan el compromiso sostenido con una justicia al servicio de las personas.

Lo que vimos durante la Conferencia fue, en muchos sentidos, la materialización de ese recorrido. La presencia del presidente de la República, de expresidentes, del presidente del Tribunal Constitucional y del presidente del Senado no solo aportó relevancia institucional al evento. Fue, sobre todo, una señal de que la justicia ocupa un lugar central en el proyecto de país y convoca a todos los poderes del Estado.

A ese respaldo se sumaron también voces independientes y respetadas que han acompañado críticamente el desarrollo institucional del país. Servio Tulio Castaños Guzmán, quien tuvo la generosidad de referirse a nuestra gestión como un “excelente desempeño” y destacó la evolución positiva de los indicadores internacionales.

Precisamente, la mejora experimentada en el Índice de Estado de Derecho adquiere un significado aún mayor cuando se observa el contexto internacional: en un momento en el que muchos países enfrentan retrocesos en sus indicadores institucionales, la República Dominicana avanza. Y ese avance no es casual. Es el resultado de voluntades consistentes, de esfuerzos acumulados y de una institucionalidad que ha sabido sostener el rumbo.

La Conferencia permitió, precisamente, hacer visible ese hilo conductor. Ver reunidos a actores del pasado, del presente y del futuro de la justicia dominicana no solo tiene un valor simbólico. Es una forma de reafirmar que la transformación depende de la capacidad de construir consensos duraderos en torno a un horizonte común.

Es importante entender qué representó realmente la Conferencia. No fue un evento aislado ni una cita puntual en el calendario institucional. Es en esencia el espacio de gobernanza, del Plan Justicia del Futuro, un mecanismo que nos permitió evaluar avances, alinear prioridades y renovar compromisos de manera colectiva. La Conferencia, con celebración bienal, es el lugar donde la visión se contrasta con la realidad, donde los planes se traducen en acciones y donde la transformación se organiza de forma consciente y participativa.

Entre los temas principales tratados en las distintas comisiones, estuvieron la gestión de casos y la optimización del proceso penal, el acceso digital a la justicia a través de justicia.gob.do, los métodos alternos de resolución de conflictos, la transparencia y la ética judicial, la infraestructura, la justicia restaurativa, las reformas estructurales, las buenas prácticas internacionales y la innovación aplicada al sistema de justicia.

Al cerrar la Conferencia, la sensación no fue de culminación, sino de continuidad. De estar en medio de un proceso que ha avanzado, que ha sido reconocido, pero que  tiene mucho por construir. 

Lo más valioso de una visión compartida es que no se agota en lo logrado, sino que proyecta lo que aún es posible.

Por eso, el desafío hacia adelante es claro: seguir construyendo sobre lo alcanzado, cuidar lo que se ha logrado y profundizar las transformaciones necesarias para responder a las demandas de la sociedad. Con la misma convicción, con el mismo compromiso y, sobre todo, con la misma capacidad de trabajar juntos.

Porque, al final, la justicia que queremos no se construye en un momento ni por una sola generación: se construye todos los días, sobre lo que otros hicieron antes y con la mirada puesta en quienes vendrán después.

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Construir sobre lo logrado, la fuerza de una visión compartida

EN FOTOS – CONFERENCIA DEL PODER JUDICIAL

Durante varios días, la Conferencia se convirtió en un espacio vivo de intercambio, reflexión y construcción conjunta. Alcanzamos un total de 71 actividades, organizadas en torno a ejes que hoy son centrales para el presente y el futuro de la justicia: Bootcamp, Justicia del Futuro, Optimización del Proceso Penal, Reformas estructurales, Mejores prácticas y Justicia Abierta. Cada uno de estos espacios permitió contrastar ideas, compartir experiencias y, sobre todo, identificar caminos concretos de mejora.

A lo largo de estas jornadas contamos con la asistencia de más de 6,000 personas. Participaron además 68 expositores internacionales de 21 países, junto a  delegaciones de 10 presidentes de poderes judiciales. Esta diversidad va más allá de un indicador de convocatoria; es una condición clave para aprender, comparar y acelerar nuestros propios procesos de transformación. La justicia, en el mundo contemporáneo, se construye también desde el diálogo entre sistemas, culturas jurídicas y experiencias institucionales distintas.

Lo que verdaderamente marcó esta Conferencia fue su capacidad de aterrizar las discusiones en la práctica, por encima de las cifras. En el ámbito de la Optimización del Proceso Penal, se evidenció con claridad que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son una herramienta efectiva para lograr respuestas más ágiles y oportunas. La posibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes, incluso en situaciones complejas, confirma que es posible avanzar hacia una justicia más eficiente, con pleno respeto a las garantías. Incluso pudimos observar cómo estos mecanismos se aplican en la práctica, confirmando su impacto real en la resolución de casos.

En esa misma línea, se hizo evidente que la eficiencia del sistema de justicia no depende únicamente de reformas normativas. Requiere nuevas formas de gestionar los conflictos, optimizar recursos y reducir cargas innecesarias. Esto responde a una responsabilidad institucional clara frente a la ciudadanía.

Otro de los espacios que dejó reflexiones profundas fue el dedicado a la ética judicial. A veinte años de los marcos iberoamericanos en la materia, surgió una coincidencia clara: la ética judicial también debe evolucionar. Hoy enfrentamos desafíos que no existían hace dos décadas, en un contexto atravesado por la tecnología, la digitalización y nuevas formas de interacción social. El reto es asegurar que esos principios sigan siendo válidos y útiles en un entorno que cambia rápidamente, fortaleciendo su capacidad de orientar la función judicial.

Precisamente, la tecnología y la inteligencia artificial ocuparon un lugar central en la Conferencia. La tecnología no sustituye al juez, pero redefine el entorno en el que decide. Su incorporación permite optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a la justicia. El desafío es también organizacional y cultural: implica repensar cómo se produce, se gestiona y se ofrece el servicio de justicia, integrando nuevas herramientas sin perder su esencia humana.

En paralelo, el enfoque en justicia abierta aportó una dimensión fundamental: la legitimidad. La transparencia, la rendición de cuentas y la apertura fortalecen la confianza ciudadana. Una justicia que se muestra, que explica sus decisiones y que permite el escrutinio público consolida su base democrática y su cercanía con la sociedad.

Las discusiones sobre reformas estructurales también apuntaron en una dirección clara. El objetivo es simplificar la experiencia de las personas dentro del sistema judicial. Cada reforma debe traducirse en procesos más accesibles, comprensibles y eficientes para quienes acuden a la justicia. Ese es el estándar con el que debemos evaluar cada cambio que impulsamos.

En medio de estas reflexiones, hubo un dato que apareció de manera recurrente y que merece una mención especial. Coincidimos en la importancia que tiene que, en la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho, la República Dominicana haya sido el país con mayor crecimiento entre 143 naciones, en contraste con la tendencia de retroceso observada en la mayoría de los países. Este reconocimiento internacional refleja el esfuerzo conjunto de nuestras instituciones y el compromiso sostenido con la mejora del sistema de justicia. Es un avance significativo que, al mismo tiempo, nos compromete a seguir profundizando en la mejora continua.

Al hacer este balance, tengo la convicción de que la Conferencia marcó un punto de inflexión. La verdadera transformación ocurre en la práctica diaria de la justicia, más allá de los eventos. Lo que allí se discutió y se compartió debe traducirse en acciones concretas en cada tribunal, en cada proceso y en cada decisión.

Si algo dejó claro esta edición es que estamos ante un proceso que ya ha adquirido una dimensión colectiva. La reforma judicial es un patrimonio compartido, construido entre todos y al servicio de todos los dominicanos.

Por eso, el desafío es claro: seguir adelante. Debemos consolidar lo logrado, ampliar su alcance y asegurar su continuidad. Porque lo que está en juego es la garantía efectiva de derechos y la confianza de la ciudadanía.

Ese es el verdadero sentido de todo lo que hemos construido en la Conferencia del Poder Judicial 2026. Y ese es también el compromiso que asumimos: seguir avanzando, sin pausas, hacia una justicia cada vez más cercana, más eficiente y más digna. Porque cuando la justicia avanza, también se fortalece la democracia.

La Conferencia del Poder Judicial 2026 en fotos